Por Francisco Junco //

Ante una auténtica y real amenaza de quiebra en algunas empresas del trasporte público en Guadalajara, los trasportistas solicitan al gobierno del Estado que se realice un subsidio directo a los usuarios del trasporte urbano, para evitar que se disminuyan las unidades, ya que ante los aumentos del diésel, pago de los camiones y salarios a los choferes.

Y es que el pasado 21 de enero, empresarios del ramo sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Movilidad en las instalaciones de la CTM Jalisco, donde se analizó proponer que el subsidio que otorga directamente el gobierno estatal al transportista sea para el usuario.

«La tarifa sería general, el tema es que el apoyo ya no sea el subsidio para el transportista, sino directamente para el usuario. Ahorita es una propuesta respecto al aumento real de la tarifa para este año sea de 66 centavos», indicó el Secretario General de la CTM Jalisco, Juan Huerta Péres quien encabezó la mesa de análisis.

Explicó que con ello la tarifa del transporte sería general, por lo que los choferes cobrarían el pasaje de manera directa desde la tarjeta, sin esperar a que se les cubra la diferencia por parte de las autoridades.

Dos días después, la respuesta del Gobierno del estado, que encabeza Pablo Lemus Navarro, fue contundente en su respuesta y a través de la Secretaría de Transporte, informó, mediante un comunicado de prensa, que la tarifa general del transporte público en el estado se mantendrá en $9.50 durante este año que está comenzando.

De acuerdo con la información oficial el Comité Técnico Tarifario, compuesto por representantes de los transportistas, votó a favor de la propuesta de mantener la tarifa sin cambios, evidenciando un consenso en el sector sobre la importancia de garantizar la estabilidad de los costos del servicio.

Sin embargo, ante la propuesta de los empresarios del trasporte público, el gobernador Pablo Lemus, anunció la creación del Fondo de Apoyo a Usuarios del Transporte, que tendrá como objetivo amortiguar los efectos de la inflación en los costos operativos del servicio sin trasladar esa carga económica a los usuarios.

La Secretaría de Transporte informó que se mantendrá el dialogo con los transportistas para evaluar y considerar propuestas que contribuyan al mejoramiento de los servicios de transporte público.

Alfonso Hernández, vocero de la Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Público, en la reunión que sostuvieron en la CTM, aseguró que solamente en el 2024 su ingreso bajó considerando, en mil millones de pesos, debido solamente al subsidio a pasajeros que pagan la mitad del costo del pasaje.

Por lo que la propuesta, dijo, sin llamarlo aumento a la tarifa, ya que esto políticamente no es rentable y se tienen que buscar un lenguaje que sea adecuado para todas las partes y poder avanzar, por lo que insistió en el esquema de que el subsidio que da el gobierno al transportista se le dé directamente al usuario, pero al que realmente lo requiera, porque es evidente que no “alcanza para todos”.

La propuesta de Alfonso Hernández es que sin afectar al usuario y que sigan pagando los 9.50 pesos, pese a que la tarifa es de 11.16 pesos, se subsidie a usuarios que pagan con descuento, como adultos mayores, personas que viven con discapacidad o estudiantes, quienes representan alrededor del 30% de usuarios diarios.

“Pueden regalar cien tarjetas o un millón de tarjetas, pero subsidiando al usuario y no al transportista, sería de gran ayuda y no se necesitaría más tarifa, ni incremento y claro que mejoraría el servicio”.

«Estamos proponiendo que el subsidio sea directo al usuario y no al transportista y que partamos de una tarifa de 11.70 pesos en tarjeta a partir de la indexación y 12.50 pesos en efectivo, con la finalidad que la gente migre al pago digital o con tarjeta y con eso encontraríamos el punto de equilibrio entre ingreso y egresos», explicó a Conciencia Pública, Juan Huerta Péres.

Alfonso Hernández, en su intervención, aseguró que algunos empresarios del transporte público esta en quiebra, muchos están poniendo dinero de otras empresas o de otro lado para sostener al trasporte público o están previendo eliminar algunas rutas, ya que no es rentable continuar con la situación.

Y es que, a decir de Juan Huerta, uno de los grandes problemas que enfrenta en este momento el trasporte público es, sin lugar a duda, la tarifa, ya que el ingreso no alcanza para los pagos que tienen que hacer los transportistas.

“Porque ya el ingreso contra el egreso no alcanza. Además, lo cierto es que ha disminuido el aforo de las rutas como entre el 20 y 30 por ciento en algunos casos. O sea, ya no mueven al mismo pasajero. Por lo tanto, el ingreso se baja. Y tenemos un problema más fuerte, que es el problema de falta de conductores y choferes. Que genera mucho conflicto”, resalto el líder sindical.

Juan Huerta, también reconoció la apertura de la Secretaría de Movilidad y del propio gobernador que busca conocer y saber cómo está, en qué condiciones se encuentra el transporte público, así como los temas de la tarifa, que acotó habrá que revisar con cautela y buscar un punto de equilibrio para no afectar a nadie.

“Vamos a resolver el tema, estamos buscando resolver el tema de los trabajadores, con el tema del incremento. Entonces, la problemática del pago al trabajador es porque se paga en porcentajes. Algunos pagan el 17, otros entre el 17 y el 20. La diferencia del sueldo es en que algunas rutas traen a foro de 300, otros de 500 clientes. El que trae miles va muy bien. Tenemos que buscar algo más equilibrado y que sea más benéfico para el trabajador”, concluyó el representante de la CTM y dirigente de la Federación de Trabajadores de Jalisco.

Lo cierto es que los empresarios del transporte enfrentan una situación seria y delicada porque aunque quieran continuar brindando un servicio de calidad al usuario es más la inversión que realizan y no le generan utilidades, de acuerdo con lo que se analizó en la reunión de los empresarios, donde incluso estuvo un representante de la Secretaría de Movilidad.

«Estamos buscando un punto de equilibrio, vamos a hacer una revisión profesional para que no tengamos afectaciones, ni el usuario, ni al gobierno, algo que realmente sea equilibrado para generar un servicio de calidad en la ciudad», explicó al finalizar la reunión, Juan Huerta.

Señaló que la diversidad de problemas que enfrenta el transporte público, se refleja en una merma en el servicio al usuario, aunque este se ha cubierto de alguna forma en coordinación con la Secretaría del Transporte y se ha logrado que el conductor cubra jornadas de 12 a 14 horas. Afortunadamente existe mucha apertura de la Secretaría del Transporte del Estado y del Gobernador Pablo Lemus Navarro para revisar con cautela y evitando no afectar el bolsillo del usuario lo referente a la tarifa, lo que se busca es llegar a un equilibrio.

Aunque, aclaró que los empresarios no están en la postura de irse a paro, sino al contrario están buscando un dialogó constante con la autoridad, pero al final lo que se busca es que el usuario del transporte público esté satisfecho con el servicio por la tarifa que paga.

Por Mario Ávila //

La estrategia que utilizaría el gobierno del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga en México, una vez que han sido declarados como organizaciones terroristas, no sería como Estados Unidos lo hizo en el caso de Irak, ni como lo hizo en Colombia; lo más probable es que lo haga como el mismo Trump lo hizo en Irán, el 3 de enero del 2020 al asesinar al militar iraní más poderoso, Qasem Soleimani.

Ello en opinión del doctor Miguel Alejandro Híjar Chiapa, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCSH de la UdeG, quien recordó que en la recta final de la anterior etapa de su gobierno, el presidente Donald Trump aseguró con esa acción su gobierno no buscaba un cambio de régimen en Irán, ni tampoco iniciar una guerra, solo ejecutar con éxito un ataque de precisión que mató, en ese entonces, al considerado terrorista número uno del mundo y que las acciones se tomaron para detener una guerra, no para comenzar una guerra.

Y de acuerdo con las declaraciones que ha realizado el propio presidente Trump, el investigador de la UdeG considera que en el caso de los cárteles de la droga en México, no se combatirían con una incursión militar en nuestro territorio, sino que se actuaria con el uso de la tecnología bélica.

Recordar que aquella noche del 3 de enero, medios de Estados Unidos aseguran que, en realidad, la operación se realizó con un avión no tripulado: un MQ-9 Reaper, un dron también conocido como Predator B que puede alcanzar una velocidad máxima de 480 km/h. y que de acuerdo con fuentes del gobierno de EE.UU. citadas por The New York Times, lanzó dos misiles de alta precisión contra los dos carros del convoy poco después de que saliera del aeropuerto de Bagdad, en Irak.

El tema del combate a los cárteles de la droga en México, es en opinión del doctor Miguel Híjar, una de las tres graves consecuencias que podría impactar a Jalisco con la llegada al poder de Donald Trump, junto con el tema de las deportaciones de indocumentados y la posible imposición de aranceles a los productos de exportación mexicanos.

Esta cuestión -dijo-, puede preocupar también al gobierno de Jalisco porque está ya la orden ejecutiva que ha declarado a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas y por tanto esto le da los poderes al presidente Trump, de combatir a los cárteles de la droga también por la vía militar; obviamente esto tiene implicaciones mucho más grandes para todo el país, porque él ha insistido en la necesidad de utilizar por ejemplo drones para bombardear posiciones estratégicas de los carteles de las drogas.

LA COOPERACIÓN Y EL RESPETO A LA SOBERANÍA, SERÍA LO IDEAL

Al hablar de una de las situaciones que mayor impacto tendrían para Jalisco con el fenómeno Trump, el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Miguel Alejandro Híjar Chiapa, se refirió a la materia de política exterior, que es donde según dijo, Trump tiene mayor manga ancha, ya que normalmente por este sistema de pesos y contrapesos, justamente no aplica en este terreno, sino que es donde han tenido mayor flexibilidad y margen de maniobra los presidentes de los Estados Unidos.

Y con estas órdenes ejecutivas -abundó-, que no necesitan que se pase una ley a través del Congreso, todavía con mayor razón en esa capacidad de actuar, ya que solamente las Cortes de los Estados Unidos, es decir las Cortes federales o la Suprema Corte, podrían detener las órdenes ejecutivas, como por ejemplo lo que ya está pasando en estos días que se firmó una orden ejecutiva para terminar con el derecho de ciudadanía por nacimiento, y ya un juez Federal declaró que es inconstitucional porque va en contra de la enmienda número 14 de la Constitución y no puede hacerlo además de que 22 estados también ya están interponiendo recursos jurídicos.

Explicó también que con este margen de maniobra en política exterior, “sí puede hacer uso de la opción militar para casos que están considerados como terrorismo, y esto es la herencia obviamente del 11 de septiembre del 2001 y todo lo que pasó después; entonces cuando se trata de terrorismo sí hay esta posibilidad de actuar sin tantos frenos y sin tantos candados”.

Sobre el modus operandi que podría utilizar Donald Trump en este caso, planteó que más que una opción como lo fue en su momento el caso de Irak o de Afganistán, de realmente enviar tropas e invadir un país, esa es una opción prácticamente imposible en el caso de México, porque el gobierno no lo permitiría, sería un atentado contra la soberanía nacional “y yo creo que en general la comunidad internacional no apoyaría a Estados Unido”.

Dijo que lo que podría suceder es lo que más bien pienso es bombardear con drones, es una posibilidad más factible y es algo que vimos por ejemplo en el caso de Irán cuando a través de drones con un misil acabaron con la vida del general Solaimani y esto fue sin necesidad de entrar directamente en el territorio iraní.

“Es un escenario que podría ser mucho más factible, pero al mismo tiempo se ve un escenario en el que México reclamaría ese atentado contra la soberanía mexicana y la falta de coordinación y cooperación en materia de seguridad entre ambos países que históricamente ha sido importante y que es quizá uno de los puntos, o el más importante puntos en la agenda bilateral”.

En síntesis -dijo-, lo ideal sería que hubiera una cooperación entre los gobiernos federales de Estados Unidos en México y por supuesto una coordinación con las agencias estatales y municipales de policía y de seguridad en general, pero esto sí implica importantes retos porque no sabemos si ese diálogo y esa cooperación efectivamente se van a llevar a cabo.

“La presidenta Sheinbaum ha insistido en que ella va a buscar un diálogo en términos de respeto, en términos de soberanía, de independencia, no de subordinación, pero el presidente Trump rara vez trata a otros líderes con el respeto que es debido y por supuesto muchas veces quiere hacer cosas que transgreden el derecho internacional, que transgreden la soberanía de los países y no sabemos si realmente va a haber esa cooperación o si simplemente habrá de actuar de manera unilateral buscando atacar las posiciones estratégicas de los cárteles de la droga en distintas partes de México”.

Además del tema de la seguridad, Miguel Alejandro Híjar Chiapa, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCSH de la UdeG, dijo que hay otras dos grandes preocupaciones para Jalisco, con el efecto Trump: 1.- La que tiene que ver justamente con la situación de la migración porque Jalisco es uno de los principales expulsores de migrantes a los Estados Unidos y 2.- La cuestión comercial, sabemos que si bien no se han firmado órdenes ejecutivas con respecto al comercio, sí se han anunciado ya que a partir del primero de febrero buscará la administración Trump implementar aranceles del 25% a Canadá y a México sus dos socios en el tratado.

Por Francisco Junco //

Desde el lunes muy temprano, apenas se asomaba el sol en la plancha principal del centro histórico de Guadalajara, cuando integrantes de asociaciones civiles y colectivos en favor de la vida, se comenzaban a reunir en las inmediaciones del Congreso del estado. La cita era porque, este día se había programado subir a la tribuna legislativa la iniciativa que legalmente da a los menores de edad la posibilidad de cambiar su nombre y su género en las actas de nacimiento en el Registro Civil de Jalisco.

Con pancartas como “No a las infancias trans”, “Con los niños NO”, “Con mis hijos no te metas”, los integrantes de esos colectivos se preparaban para protestar y ser escuchados, no sólo por los diputados, sino por la ciudadanía para alertar el daño que les ocasiona, este tipo de medidas, a los menores de edad.

Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de Cabildeo del Frente Nacional por la Familia, y quien coordinó las acciones para impedir “un madruguete” o “voto en lo oscurito” que terminará con la aprobación en sesión extraordinaria, convocada para ese lunes 20 de enero y llevar acabo la reforma a la Ley del Registro Civil en Jalisco.

DIÁLOGO CON LA DIPUTADA BRENDA CARRERA

“Estuvimos hablando de la importancia de considerar a los padres de familia en este proceso y sobre todo especialistas que nos hagan ver cómo, como sociedad no debemos abandonar a un menor a una decisión cuando él no tiene el criterio ni la madurez suficiente para tomar este tipo de decisiones”, apuntó Jaime Cedillo.

Y agregó: “La verdad es que estamos contentos, porque el ir a enfrentarte a una posibilidad de un madruguete donde ellos por una Comisión Extraordinaria, pudieran dictaminarlo, a favor y meterse al pleno, como lo hicieron con el tema de aborto y lo han hecho con otras cosas, mejor vamos dialogando”.

Elena González, presidenta del Frente Nacional por la Familia, capitulo Jalisco, señaló a Conciencia Pública, que tras un cabildeo con las diferentes fracciones de las bancadas en el Congreso Local, lograron acceder con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, la diputada de Morena, Brenda Carrera, “estuvimos hablando con varios diputados sobre el tema, preocupados obviamente, lo que queremos es que se vote en contra o que no se vote. Varios diputados afines, con muy buena disposición”.

“A punto de hacerse la votación en la de Estudios Legislativos y Reglamentos, diez minutos antes, pudimos hablar con Brenda Guadalupe Carrera, que es de Morena y que es presidenta de esta comisión que se iba a votar la iniciativa”, narró la representante del organismo provida.

“Le dimos argumentos, sobre cómo se provoca un daño tan grande a nuestros niños. Ya que primero es el papel (Acta de nacimiento), le sigue todo lo demás, que sería la hormonización, los bloqueos hormonales, y después las cirugías, con la mutilación, etcétera. Además de los daños tan graves que se ocasionarían a la infancia”.

La diputada morenista, Brenda Carrera, tras escuchar los argumentos de los representantes del FNF, accedió a que se realicen foros de consulta donde especialistas y expertos participen para analizar las consecuencias y repercusiones en los infantes de aprobarse la reforma a la Ley del Registro Civil, conocida como la Ley de Infancias Trans.

“Creemos que es muy importante, que no se pueden tomar estas decisiones así a la ligera, que se tiene que buscar información objetiva, científica y fehaciente, con estudios, con médicos, especialistas, psicólogos, de todos los ámbitos, para conocer bien el fondo de esta reforma”, destacó Elena González.

La presidenta de FNF capítulo Jalisco, resaltó que uno de los argumentos más relevantes y que convenció a la diputada de Morena es que se busque el bien de los niños, y este fue el punto de encuentro entre las diversas posturas de la reforma.

“Creo que eso lo buscamos todos, ella quiere estar abierta a escuchar lo que tienen que decir los especialistas, buscando siempre lo mejor para los niños. Lo vimos muy bien de parte de ella, a pesar de ser de Morena, que promueve todas esas ideologías que van en contra de vida, familia y libertad. La vimos con muy buena apertura y sobre todo vimos que está abierta al diálogo y a escuchar a los especialistas”, apuntó Elena González.

Explicó, que se había acordado el 29 de enero para el foro de análisis de la reforma, pero hasta el cierre de esta edición, aun no se había aprobado la petición de la diputada morenista para realizar los foros de consulta.

Elena González explicó que con independencia de definir la fecha de este encuentro, las organizaciones de la sociedad civil están trabajando para conseguir a especialistas para que participen den sus argumentos para convencer y advertir a los diputados de que esta iniciativa “es una aberración” por donde se le quiera ver.

UN ASUNTO COMPLEJO

Por su parte, la diputada de Morena, Brenda Carrera, aseguró que el tema de las infancias transgénero es un asunto complejo y trascendental, que impacta de una u otra manera a las familias jaliscienses, “lo entendemos y enfocamos nuestras fuerzas en ello”, dijo.

Pero también, aclaró que está consciente de la existencia del mandato de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde obliga el Legislativo de Jalisco “a otorgar el derecho a la obtención de una nueva acta de nacimiento acorde a la identidad autopercibida a los menores de edad”.

“En este tema debemos acatar y cumplir a cabalidad el mandato, pues en caso de no hacerlo, todos los diputados que integramos esta legislatura podríamos caer en desacato y ser destituidos para enfrentar un proceso penal. Mi labor como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos en este tema es clara, cumplir con lo que dicta la Suprema Corte y establecer una legislación que escuche a todas las partes”, señaló la morenista.

Aseguró que bajo la premisa de escuchar a todas las partes involucradas, como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, decidió aplazar la discusión en el Pleno del Congreso que estaba programada para el lunes 20 de enero, para tener los diferentes puntos de vista de información de algunos grupos integrantes de la sociedad civil y colectivos “que nos lo pidieron”.

“La realización de un foro y mesas de trabajo con expertos y ciudadanos, donde nos permitirá dialogar y construir la mayor posible de concensos en donde se dé cumplimiento a los ocho puntos que nos indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No será un tema sencillo y sabemos que cualquier dictamen que salga aprobado será controversial y no será del agrado de todos, pero haremos nuestro mejor esfuerzo y escucharemos a cada uno de los sectores involucrados”, subrayó en su mensaje.

Señaló que ya presentó al Pleno, a través de Junta de Acuerdos Legislativos y después tiene que aprobarlo todos los diputados en una sesión plenaria, la cual podría ser convocada para el marte o miércoles próximo.

La Junta de Coordinación Política es la que decide si se hace los foros o no, y para ellos se presentó, por escrito la propuesta a Acuerdo Legislativos en el que se pretende hacer un foro de trabajo con todas las partes involucradas

“Ya presentamos ante el Pleno un acuerdo legislativo para que nos autoricen a realizar los foros que involucren a todos los sectores. Sólo falta su aprobación”, señaló la diputada morenista.

Al ser cuestionada sobre su postura personal y como legisladora al respecto de la ley de infancias trans, dijo con firmeza y categóricamente que “aquí no importa mi opinión o la de alguna de mis compañeras o compañeros. Aquí lo importante es la ley”.

Sobre el desacato a la Suprema Corte de Justicia, en que podría incurrir los diputados de Jalisco, ante el ordenamiento de armonizar la ley sobre este tema, la presidenta del FNF en la entidad, Elena González, aseguró que la reforma no se tiene que votar a favor, con que se vote, aunque sea en contra se está cumpliendo con la orden del Tribunal Superior, ya que se pondría a escrutinio de los legisladores.

“Si ellos ya la votan, ya están cumpliendo con el mandato de la Suprema Corte de votarlo, entonces no estarían cayendo en ningún desacato, es lo que queremos y les estamos diciendo a ellos que estén tranquilos por ese lado y que pueden votarlo en contra, porque entonces ¿dónde quedaría la división de poderes? Y ¿la soberanía de los Estados?”.

Elena González, en representación de diversas organizaciones intermedias que están a favor de la vida, aseguró que estarán en alerta, no sólo como sociedad civil, sino como padres de familia, para apoyar a “nuestros hijos en su formación y orientación”.

“Verdaderamente tenemos varios testimonios de jóvenes arrepentidísimos de haberse hormonizado y que tienen daños graves en su salud y daños irreversibles que lo van a tener y lo van a cargar toda la vida. Tenemos que estar conscientes de que esta iniciativa, si en el caso de que se apruebe, esperemos en Dios que no, haría muchísimo daño a nuestros jóvenes”.

Fue así que después de más de dos horas de la manifestación afuera del Palacio Legislativo, que los integrantes de los organismos intermedios, comenzaron a guardar sus pancartas, una batalla se había ganado, pero aun falta mucho por lo que los carteles y mantas sólo los guardarán, pero siempre al alba para desplegarlos las veces que sea necesario para “¡defender a nuestro hijos, con los niños, NO¡”, se escuchó al finalizar la manifestación.