NACIONALES
2024: El año en que todo cambió
Opinión, por Iván Arrazola //
El año 2024 marca un punto clave para reflexionar sobre la naturaleza del cambio político en México. ¿Estamos frente a un auténtico cambio de régimen, o simplemente presenciamos una nueva concentración de poder, similar a otras tantas que han ocurrido a lo largo de nuestra historia política?
Si hablamos de un cambio de régimen, estamos ante un proceso en el que se establecen nuevas reglas del juego político, diseñadas para atender las demandas de la ciudadanía y mejorar la eficiencia institucional del país. Este tipo de transformación implicaría reformas estructurales en áreas clave, como el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia gubernamental, y la construcción de un sistema democrático más incluyente y funcional.
En este caso, el cambio no sería meramente simbólico, sino sustancial, con un impacto tangible en la vida diaria de los ciudadanos y en la dinámica del poder político.
Por otro lado, si lo que ocurre es una simple concentración de poder, estaríamos ante un fenómeno que México ha experimentado en múltiples ocasiones: un cambio superficial, disfrazado de transformación, pero que en el fondo perpetúa las prácticas clientelistas y centralistas. Bajo este escenario, las «nuevas reglas» serían diseñadas para beneficiar exclusivamente al grupo político en el poder, consolidando su control sobre las instituciones y restringiendo el espacio para la competencia democrática y la participación ciudadana.
El verdadero desafío radica en determinar si los cambios impulsados hasta ahora tienen el potencial de transformar profundamente las condiciones de un país que demanda con urgencia justicia y servicios públicos más eficientes. La capacidad de estas reformas para responder a las necesidades de la ciudadanía, será el indicador clave para evaluar si el cambio político en curso es sustancial o meramente superficial.
Consideremos un ejemplo: la elección judicial programada para junio de 2025. Uno de los principales desafíos será lograr que la ciudadanía responda al llamado del gobierno y participe en este proceso, votando por los miembros del Poder Judicial. Desde ahora, el panorama se vislumbra complicado, ya que este tipo de elección carece del atractivo de otros procesos electorales, como la elección presidencial, que tradicionalmente movilizan a una mayor parte del electorado.
A esto se suma un obstáculo adicional: las restricciones impuestas al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar esta elección. Estas incluyen limitaciones presupuestales y operativas que afectan directamente su capacidad para garantizar un proceso electoral eficiente, transparente y confiable. Esta situación plantea una paradoja significativa para el gobierno: mientras promueve la idea de democratizar el Poder Judicial, simultáneamente restringe los recursos del organismo encargado de llevar a cabo esta tarea.
Más allá de estos problemas logísticos, surge una pregunta central: ¿logrará la renovación del Poder Judicial cumplir con las expectativas de transformación que la sociedad demanda? Esto incluye cuestiones fundamentales como un acceso más amplio y equitativo a la justicia, la garantía de una justicia pronta y expedita, y la construcción de un sistema judicial menos corrupto y más eficiente.
La elección de jueces por voto popular no solo implica un cambio en los mecanismos de designación, sino también un desafío estructural para un sistema judicial que históricamente ha enfrentado problemas de opacidad, corrupción y desigualdad.
¿Serán estas elecciones un paso hacia un Poder Judicial más transparente y cercano a la ciudadanía, o simplemente una maniobra simbólica que no resuelve los problemas de fondo? La verdadera disyuntiva radica en determinar si la elección de jueces es simplemente un mecanismo diseñado para que las instancias gubernamentales controlen los perfiles que participarán en la contienda
Por otro lado, se han implementado medidas para blindar los programas sociales mediante una reforma constitucional y aumentar el salario mínimo. Sin duda, estas acciones son necesarias para atender problemas apremiantes; sin embargo, surge una pregunta crucial en relación con los programas sociales: ¿la cantidad de recursos destinada a este propósito afecta negativamente a otros sistemas esenciales, como los de educación y salud, que también requieren recursos? Esta situación podría interpretarse como un intento de fortalecer un sistema clientelista más que de garantizar una distribución equilibrada de los recursos.
En cuanto al aumento del salario mínimo, aunque representa un avance necesario para mejorar las condiciones laborales, no necesariamente está acompañado de la certeza de que las decisiones económicas actuales sean las más adecuadas. Factores como los gastos en obras inconclusas y la falta de certidumbre para los socios comerciales plantean riesgos para la estabilidad económica del país. Estas inconsistencias podrían debilitar la confianza en el manejo económico, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la inversión y el desarrollo.
Al final, el riesgo latente es que todo cambie, pero todo siga igual. Esta es una realidad común en la política cuando los cambios no son cuidadosamente planificados y responden únicamente a la coyuntura política de un grupo que busca conservar el poder a cualquier costo.
– Opinión, por Amaury Sánchez G.
La visita de Luisa María Alcalde a Guadalajara no fue un acto rutinario de partido. Fue, más bien, una demostración de músculo político en territorio donde Morena aún tiene que disputar cada esquina con los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y el escenario no fue casual: la colonia Cuauhtémoc, ubicada en el distrito 11, bastión que representa la diputada Mery Pozos, una de las voces más firmes y cercanas al trabajo de base en Jalisco.
Ahí, en el corazón popular de la ciudad, la presidenta nacional de Morena encabezó la entrega de credenciales y presumió cifras: 260 mil afiliados y 3,905 comités distritales en formación. Los números son importantes, sí, pero lo decisivo fue la narrativa: Morena no solo crece en afiliaciones, sino en la capacidad de organizarse barrio por barrio, manzana por manzana. Y esa tarea no es posible sin liderazgos locales como el de Pozos, quien ha sido clave para traducir el discurso nacional de la Cuarta Transformación en trabajo cotidiano con vecinos y comunidades.
Alcalde lo dijo con claridad: “Jalisco será clave para consolidar la Cuarta Transformación; los comités seccionales serán el primer frente de batalla”. Sin embargo, la frase habría sonado hueca sin la presencia de Mery Pozos, quien reafirmó algo más valioso: que Morena ya no se explica solo desde la dirigencia nacional, sino desde diputadas y liderazgos que conocen el pulso real de sus distritos.
El discurso de Alcalde también tuvo filo. Señaló al gobierno de Movimiento Ciudadano por encarecer servicios como el agua, un golpe directo al bolsillo ciudadano que se siente con más crudeza en colonias como Cuauhtémoc. Y, como era de esperarse, defendió a José Ramón López Beltrán de las acusaciones de la oposición, descalificándolas como parte de la guerra sucia que no cesa.
La coincidencia con la visita de Marcelo Ebrard a Lagos de Moreno añadió contraste al tablero político: mientras Alcalde fortalecía estructuras y territorio, Marcelo buscaba reflectores. Dos estilos, un mismo partido, y la inevitable pregunta de hacia dónde confluirán esas rutas rumbo a 2027.
Finalmente, Morena Jalisco aprovechó el momento para cuestionar las reglas de paridad de género impuestas por el IEPC, acusándolas de manipulación política. En un estado donde la paridad debería ser motor de inclusión, el debate se convirtió en trinchera.
En conclusión: la visita de Luisa María Alcalde dejó un mensaje claro, pero el eco más fuerte se escuchó en el distrito 11, donde la diputada Mery Pozos demostró que la Cuarta Transformación en Jalisco no se construye en oficinas nacionales, sino en el diálogo cercano con colonias como la Cuauhtémoc. Morena podrá presumir números, pero lo que hará la diferencia son liderazgos locales con raíces firmes.
– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz
Los congresos locales, también conocidos como legislaturas estatales, tienen funciones cruciales, quizás incomprendidas por la población. Esto se debe a que, en sus campañas, los candidatos a menudo se promocionan con un exceso de ego político, presentándose ante la ciudadanía como los rescatadores de causas que, la mayoría de las veces, ni siquiera forman parte de las funciones legislativas para las que existen los legisladores locales.
Los congresos locales son la representación de la ciudadanía y el contrapeso más importante que tiene el Poder Ejecutivo. La calidad de una legislatura siempre será fundamental para un estado, debido a que sus funciones consisten en expedir leyes, decretos o acuerdos que regulen diversos aspectos de la vida, como la administración pública, el medio ambiente, la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo urbano.
Sin embargo, han existido todo tipo de legislaturas en Jalisco, desde las más desvergonzadas hasta aquellas que brillaron por su ausencia en sus funciones legislativas. Por desgracia, nuestro maravilloso país también cuenta con una increíble y descarada clase política que usa los escaños, no para el beneficio de la sociedad y la prosperidad de la entidad federativa. No buscan crear, modificar o derogar leyes mediante iniciativas que promuevan el desarrollo, la calidad de vida y una gobernanza acorde con los tiempos que vivimos.
Por el contrario, buscan hacer peso político para mantener o evitar mayorías, según sea el caso de lo que se tenga que aprobar en beneficio de grupos de poder o de partidos políticos. Algunas legislaturas incluso evitan ser el contrapeso constitucional de los gobernadores, llegando a convertirse en su mano derecha para lograr aprobaciones.
En ese sentido, el tema de cuánto cuesta y gana la clase legisladora siempre ha sido percibido por la sociedad como un abuso. Los sueldos y beneficios extraordinarios que reciben, adicionales a su “dieta” o salario base, resultan desproporcionados en un país con una importante brecha de pobreza.
Mientras que la clase trabajadora tiene un salario mínimo precario, a pesar de los aumentos en el último sexenio, y el costo de vida en México es elevado, la dieta y los beneficios de los diputados son un insulto para los ciudadanos.
A menudo, no existe la voluntad ni el interés político para generar desarrollo y derechos para la ciudadanía. Un trabajador, sin duda, podría enumerar al menos veinte necesidades laborales que deberían legislarse para proteger a la clase trabajadora, las cuales serían parte de las necesidades de la entidad federativa.
A pesar de lo que ya conocemos sobre las legislaturas, actualmente en Jalisco se aprobó un aumento salarial del 3.5% para los diputados locales. El argumento principal para este incremento es que no habían aprobado un aumento propio en mucho tiempo. Con esta medida, los legisladores percibirán casi 1.8 millones de pesos anuales, lo que eleva su salario mensual a 112,887 pesos por cada diputado.
¿Qué se espera de los diputados? Que trabajen basándose en las necesidades de la sociedad y no en la política local. Que sean el contrapeso constitucional, que es la razón de su existencia. Es fundamental que en cada iniciativa o decreto produzcan lo que los jaliscienses requieren para vivir de forma acorde a los tiempos actuales.
En su lista de prioridades, deberían cambiar de lugar prioritario a su partido o grupo político y colocar a la ciudadanía en la cima, de modo que su función legislativa se perciba en la comunidad.
Vivimos cambios que no beneficiarán a la sociedad, como los sufridos en el Poder Judicial federal y, próximamente, en el estatal. La tarea de los diputados es ser ese contrapeso que disuelva el impacto negativo y mantenga la certeza de que contaremos con juzgadores de calidad probada. Por ejemplo, una de sus tareas pendientes en esta legislatura es asegurar que la transparencia y el acceso a la información se mantengan en Jalisco.
De ellos depende que la posible desaparición de los órganos garantes no convierta al Estado en uno lleno de opacidad y corrupción. En resumen, de los legisladores depende que las situaciones sociales en Jalisco se resuelvan, se atiendan, se legislen y dejen de ser un problema que se agrava con el tiempo.
En conclusión, la brecha entre la función ideal de los legisladores y su actuación en la realidad tiene un desajuste que se evidencia en la percepción social. Por lo tanto, se hace un llamado a la acción, exigiendo a los diputados que asuman su verdadero rol: ser un contrapeso efectivo, promover leyes que beneficien a la sociedad y justifiquen su salario.
– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
Es una decisión ya tomada; la reforma electoral va, con todo el poder del gobierno, impulsándola a través de una comisión integrada por funcionarios públicos en su totalidad.
No es extraño que venga una revisión de las reglas y normas electorales después de procesos importantes como la elección presidencial y la del Poder Judicial, lo que llama la atención es que la iniciativa provenga de quien ganó, de quien utilizó y abusó del sistema electoral para llegar al poder y construir una artificial mayoría que hoy quieren hacer valer como legítima.
Por regla general, es la oposición la que busca generar condiciones más favorables en la competencia electoral para mejorar su posición en el tablero político, pero ahora, sorprendentemente, es el gobierno con sus estructuras quien la promueve, aduciendo que quiere hacer más justas y menos onerosas tanto las elecciones como la participación de los partidos, cuando a todas luces busca más ventajas para perpetuarse en el poder.
La iniciativa presidencial nace con la semilla de la sospecha y, si acatamos el dicho popular, piensa mal y acertarás; parece que la oposición y conocedores van por buen camino, si nos atenemos a los dichos y declaraciones del nombrado presidente de la comisión, Pablo Gómez, que a voz en cuello ha proclamado que harán valer su mayoría.
Esa aseveración suena a una abierta amenaza a las minorías y en la actitud de Gómez se percibe un tufo dogmático que suena más a consolidación de una hegemonía que a la configuración de un sistema democrático que permita la competencia equitativa y justa entre todos los participantes de las lides democráticas.
Oficialmente, la comisión ha señalado que la consulta tiene por objeto abordar 14 temas, como el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, el sistema de votación incluyendo urnas electrónicas, la representación proporcional, la difusión de ideas y propaganda gubernamental, la revocación de mandato y libertades políticas, entre otros.
El sospechosísimo, que es solo especulativo, pues aún no hay nada escrito ni formalizado, nos lleva a pensar que, en el primero de estos temas, el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, tratarán de hacer legales los carruseles de depósitos y retiros que tan bien operó el que fuera secretario particular de AMLO, al igual que los sobres amarillos, los descuentos laborales para la causa y las donaciones anónimas.
En el sistema de votación tendrán que hacer milagros para que votar sea un ejercicio accesible para millones de mexicanos pues la tendencia a hacer coincidentes elecciones federales con locales y encima la elección judicial llevándose a cabo en la misma fecha, hará de los centros de votación núcleos de confusión.
En el tema de la difusión de ideas y propaganda gubernamental y de partidos tal vez pretendan que en la plataforma informativa de presidencia sea legal incluir propaganda a favor del partido gobernante y que la presidente pueda denostar, descalificar, condenar a opositores y revelar cuentas y datos personales como lo hizo impunemente AMLO cada que pudo y quiso.
Un capítulo importante será el de los organismos electorales, en el que se ha dicho que pretenden que los consejeros del INE, a los cuales les cambiarían el nombre, sean elegidos por votación popular, es decir, por la mayoría que harán valer (Pablo Gómez dixit), terminando de cooptar al organismo antes independiente. Los tribunales electorales, sus magistrados, ya son por elección con lo cual la justicia electoral ahora estará en manos de la nueva mayoría.
Otra joya no menos reluciente, o más todavía, será la representación de las minorías que ahora, según ha trascendido, no serán electas por listas propuestas por los partidos, sino que las posiciones, sean 300 o menos como pretenden, se adjudiquen a la primera minoría resultante de cada elección.
Esto quiere decir que donde ganen por mayoría no tendrán problema, pero donde pierdan serán la primera opción para representación proporcional y así, entre ganadores y perdedores, ganar una sobrerrepresentación sin tener que recurrir a dictámenes amañados o malabares de leguleyo para obtener mayorías dominantes en el poder legislativo.
En fin, a la fecha todo es especulación, pero se le miran los dientes al lobo tras la piel de oveja de una reforma anunciada con buenas intenciones, pero repleta de manzanas envenenadas. La última palabra la tendrá el Congreso, según afirmó Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, pero sabemos que a nuestros ilustres diputados les gusta el trámite rápido y no se distinguen por su capacidad de análisis o de lectura, de comprensión.
La reforma va y solo esperamos que dejen el voto libre y la participación ciudadana en el conteo como remota garantía de que el voto será respetado, y que tengan cuidado con sus criterios de austeridad, porque la futura elección puede convertirse en el más pavoroso desorden que se haya conocido.
