– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.

Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.

El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.

El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.

El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.

En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.

El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.

No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.

Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.

Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.

Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.

El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.

Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?

La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.

La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.

El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.

Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.

Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.

Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.

En X: @DEPACHECOS

– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

En circunstancias diferentes el informe de la presidente debiera arrojar luces más de lo que se avecina que de lo pasado. Los informes presidenciales fueron, en momentos de euforia post revolucionaria, verdaderas “fiestas” donde el presidente en turno era el bebé del bautizo, la novia de la boda y el muerto del funeral.

El triunfalismo presidencial era una manera de ensalzar el ego, de por sí inflado, del mandatario en turno, al que le quemaban incienso los lamebotas de su partido, los beneficiados con obras y servicios, algunos sectores de la prensa y no pocos de la oposición.

Eran los días de los “grandes logros” que los presidentes creaban. No les importaba maquillar cifras y magnificar minucias. Cumplir con su obligación; desempeñar su responsabilidad se convirtió en una ceremonia de auto lisonjas, de “espejito, espejito”, con selectos aplaudidores invitados del partido en el poder y representantes sociales.

La farsa de cada informe fue desenmascarada por la realidad. Los periodistas que se atrevieron a cuestionar los miles de “logros” fueron desestimados (ni los oigo ni los veo, dijo una vez Salinas); fueron también perseguidos, amenazados, algunos muertos o desaparecidos.

El origen de los informes presidenciales, dicen fue una legítima reclamación de ciudadanos para conocer en qué se emplean los recursos económicos, principalmente, pero se tergiversó su fin para convertirse en “el día del presidente”.

¿Qué se espera del informe de la presidente Claudia Sheinbaum? Lo que escasamente se ha dicho en todos y cada uno de los informes: datos verdaderos, sin triunfalismos. Que reflejen “la realidad real” y no la felicísima de quienes detentan el poder y tienen su propio cristal para mirarla y hacernos creer que es la única y verdadera.

Como lo más probable es que siga la tradición de tener un país visto desde el olimpo y otro desde los arrabales, el informe de la presidente solo servirá para tratar de leer entre líneas lo que acontece y muy poco para entender lo que nos depara el próximo destino, hasta el año entrante.

Mientras tanto, sigue el chismorreo sobre el zafarrancho en el Senado. A los mexicanos poco nos asustan esas “caídas” del pancracio político. Las cachetadas guajoloteras de Alito a Fernández Noroña y asociados solo constatan lo que ya se sabía: que los legisladores, de las dos cámaras, siguen en su empecinamiento de echar a perder al país.

Ya con leyes que desmantelan al país, ya con dimes y diretes de la más baja estofa que muestran a los “representontos” de un país de ítems. El nivel de los senadores implicados en el mitote de los aventones es el que desde hace unos años se ha manifestado en la cámara alta y no pocas veces en la baja.

A Gerardo Fernández Noroña le cayó “como anillo al dedo” este distractor. Para hacerse la víctima y capotear la tormentosa andanada de informaciones sobre su súbito e inexplicable enriquecimiento que le permite, ostentosamente, sin recato y menos escrúpulos, pasear en clase VIP en aviones a Europa y tener una finca de valuada en 12 millones de pesos que, para un potentado o próspero empresario es poco, pero mucho para el pobretón que siempre dijo ser.

No para este individuo que, cuando era oposición, vociferaba, gritaba y condenaba a los políticos enriquecidos gracias a los “bisnes” y “lana” que les llegan merced a sus puestos gubernamentales.

Sobran videos de esa pose de Noroña quien, cínicamente, dice que “tiene derecho” a los lujos, a los excesos que antes condenó. Ni sus compañeros de partido lo soportan. Tienen que defenderlo porque van todos en el mismo paquete.

Incluso la presidente se atrevió a comentar a su favor y llamar “porros” a los involucrados en el zafarrancho. En automático, la oposición sacó fotos, videos e informaciones sobre los “otros porros” de la UNAM, muchos de los cuales hoy gobiernan a este país.

Mientras tanto, el defensor de la virginidad del Senado, Ricardo Monreal, con el “Jesús en la boca” y casi invocando al “ave María” salió dándose golpes de pecho a lamentar que las cachetadas guajoloteras, aventones e insultos “le dieron la vuelta al mundo”, infiriendo que hay una vergüenza entre los senadores por el escándalo, más no por su pobre desempeño y baja productividad. Eso sí, es una vergüenza, pero como no hay gritos ni sombrerazos, logran eludirla con gran desfachatez.

Acá en Jalisco no hay novedad en el frente: las lluvias siguen inundando a la ciudad; el transporte público sigue hundido —el privado y el público— y solo hay ocurrencias de contraflujos, sin que se adviertan medidas de fondo. Los gobernantes rezan para que ya pase el temporal y que el aguante de los usuarios del transporte siga sin protesta alguna.

Al gobernador Lemus le dieron su lección de aritmética: “primero es el cuatro que el cinco”, en alusión al retraso que sufre la línea 4 del Tren Ligero. El 5 es el transporte que tiene preocupado al gobernador por el “qué dirán” los cientos de miles de turistas futboleros que se apostarán en estos lares por el Mundial de Futbol. Un 5 protestado, rechazado y muy criticado, por cierto.

– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

La corrupción es un mal que aqueja a nuestro país. Se posiciona en un estatus de privilegio y poder, y se crea y crece mediante la simulación política. Los escándalos alrededor de personajes con privilegios no merecidos, que viven de lo heredado y que lideran grupos políticos para agrupar a su gente en lugares clave, nunca han traído ni traerán ningún beneficio a la sociedad. Por el contrario, son grupos poderosos que por años mantienen su dominio sin buscar el beneficio de la comunidad.

En México, la corrupción de la clase política es un tema grave. Aunque la solución existe bajo el concepto de la ética e integridad en el servicio público, que dan como resultado buenas prácticas y transparencia, erradicar las malas prácticas y simulaciones de los gobiernos y de la clase política es una labor conjunta de la sociedad y una cuestión de conciencia individual.

Actualmente, Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y enfrenta dos situaciones de pago de nómina y contratación opaca, temas de corrupción que deben ser tratados por su nombre y con sus consecuencias. El combate a los actos de corrupción es un deber y una obligación de la sociedad y de los gobiernos en turno.

Ahora, se expone en redes sociales y medios de comunicación el caso de la exalcaldesa del municipio de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, quien cobra en la nómina del Gobierno del Estado la cantidad de setenta y ocho mil pesos mensuales. Además de ser un acto de corrupción, estos son salarios que en este país superan por mucho el promedio, que es de doce a quince mil pesos para la clase trabajadora.

Mientras un gran sector marginado de la clase trabajadora gana un salario mínimo de 278 pesos diarios e intenta vivir con él en un Jalisco caro en impuestos y servicios, la exalcaldesa gana 2 mil 600 pesos diarios. Este personaje político, con liderazgo en el municipio, goza del privilegio de ganar casi diez salarios mínimos al día, quizás porque en etapa electoral puede aportar votos y por su posición política dentro del partido Movimiento Ciudadano.

Habría que sumarle a este caso el de la exconductora de televisión Elizabeth Castro, quien también en esta administración cobraba en el SIAPA sin perfil técnico ni asistencia. En este caso reciente, falta observar su proceso de jubilación en Pensiones del Estado para transparentar y constatar que, si bien ya no puede figurar en nómina gubernamental, su ventaja política no se mantenga con una pensión dorada.

Sin duda, estos son dos casos de corrupción e impunidad que deben salir a la luz pública. Erradicar políticas como estas y ser gobiernos congruentes con la realidad y con el combate a la corrupción es la única manera de mantener una percepción social sana.

La sociedad ha cambiado en las últimas tres décadas; ya no idolatra a los políticos, ahora exige gobiernos abiertos y transparentes. Por lo tanto, debe ser decisivo que los gobiernos y partidos actuales erradiquen viejas y nefastas prácticas. Intentar perpetuar liderazgos con favores políticos, nombramientos por amistad o estrategia, y permitir que personajes cobren salarios absurdos sin trabajar, son actos de corrupción y sin defensa. Esta política gubernamental opaca y contradictoria demuestra que los privilegios son producto de la corrupción, no del mérito.

Pero esto no para aquí, estimado lector. Mientras existan escándalos y señalamientos de estas prácticas que desvirtúan la política jalisciense y a los gobiernos en turno, deberemos poner especial atención en la lista de personas que cobran nóminas jugosas del erario público a cambio de situaciones opacas o estatutos incomprensibles para la sociedad. Estos son, además, actos de abuso y corrupción.

Demandar que los gobiernos se comprometan con la transparencia y la rendición de cuentas es un derecho. Evaluar si un acto que genera opacidad es un aviso de una administración corrupta debe darnos la capacidad de analizar las próximas campañas electorales. Es nuestro deber premiar o castigar a los partidos y grupos políticos, ya que ellos no tienen el verdadero poder del cambio, sino el votante.

Es importante que todo lo que tenga tinte de corrupción salga a la luz y que quienes se benefician de ella no tengan regreso a los gobiernos de nuestro Jalisco. La exigencia social es lo que debe encarrilar a los gobiernos que pretenden simular y gastar el presupuesto público para mantener favores.

Jalisco tiene un cúmulo de necesidades, entre ellas la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental que los gobiernos y la clase política comprendan que están en esos puestos por el favor del voto, no para atender favores de terceros.