Opinión, por Iván Arrazola //

Se podría pensar que el país ha llegado a un punto crítico tras la publicación del índice de Corrupción 2024. Durante su gestión, López Obrador afirmó que la corrupción debía catalogarse como una enfermedad y llegó a declarar que en su gestión: “Se acabó la corrupción”. Sin embargo, la realidad parece estar alcanzando a un gobierno que hizo del combate a la corrupción su principal bandera.

Transparencia Internacional ha ubicado a México en la posición 140 de 180 países, con una calificación de 26 sobre 100 puntos posibles en la medición que hizo sobre la corrupción en el año 2024. Este resultado refleja un deterioro en los indicadores de percepción de la corrupción en el país. Durante el sexenio anterior, la mejor posición alcanzada fue en 2022, cuando México se situó en el lugar 126 con una puntuación de 31 puntos.

De acuerdo con Transparencia Internacional, varios factores explican este descenso. En primer lugar, persiste la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de reformas en materia de transparencia, anticorrupción y el Poder Judicial, lo que genera desconfianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción.

Además, ha habido un incremento en los casos de corrupción a nivel estatal, muchos de los cuales involucran al crimen organizado. A esto se suma el aumento en el número de empresas identificadas como fantasma o controladas por el crimen organizado, que continúan recibiendo contratos gubernamentales sin consecuencias significativas.

Otro factor clave es la baja efectividad en la aplicación de sanciones por responsabilidades administrativas, lo que fomenta la impunidad y permite que funcionarios y actores privados continúen con prácticas corruptas sin consecuencias reales. Finalmente, la impunidad en casos emblemáticos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la llamada Estafa Maestra y Segalmex refuerza la percepción de que en México la corrupción no solo persiste, sino que sigue sin ser castigada de manera efectiva.

La respuesta de la presidenta no tardó en llegar. Si bien evitó el error de desviar la discusión afirmando que tiene “otros datos”, sostuvo que el índice que mide la corrupción no refleja la percepción de la gente.

En su declaración, aseguró: “Afortunadamente, la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación casi se duplicó entre 2018 y 2024 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción.” Asimismo, enfatizó: “¿Cómo se pueden explicar las obras estratégicas que se realizaron, los programas de bienestar y la reducción de nueve millones de personas en situación de pobreza sin una reforma fiscal?”

Para la presidenta, estos resultados evidencian una transformación profunda en la administración pública: “Evidentemente, lo que hay es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y servicio al pueblo, y vamos a continuar.”

Sin embargo, su discurso omite un punto crucial: el índice en cuestión no mide la recaudación fiscal ni la efectividad de los programas de reducción de pobreza, sino la percepción sobre la corrupción en el país. Este enfoque es clave, ya que el informe señala que la corrupción sigue siendo un problema estructural que afecta al gobierno en sus distintos niveles, con especial énfasis en los gobiernos locales.

Uno de los aspectos más cuestionables de su argumento es el relativo a las obras estratégicas, donde ha prevalecido la opacidad. En lugar de reconocer esta problemática, la presidenta insiste en que su gobierno ha erradicado la corrupción, un planteamiento que contrasta con las evidencias presentadas por organismos internacionales.

Ante este escenario, el gobierno debería tomar cartas en el asunto en lugar de desestimar el informe, ya que el combate a la corrupción ha sido su principal bandera. No obstante, su estrategia parece estar más enfocada en desmontar la estructura creada durante el periodo de la alternancia para enfrentar este problema, en lugar de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Sin el INAI, con un Poder Judicial que en cuestión de meses estará subordinado al gobierno y con estructuras institucionales que, lejos de combatir la corrupción, parecen diseñadas para fortalecer un discurso político—como es el caso de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno—el país se encamina hacia una de sus etapas más oscuras en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Desde el propio gobierno se ha impulsado una estrategia de impunidad, evitando sancionar a sus propios integrantes para no asumir costos políticos y, en muchos casos, protegiéndolos activamente. Un ejemplo claro de esto son las reformas a la Ley de Infonavit, justificadas bajo el argumento de combatir la corrupción. Sin embargo, después de seis años de administración, el problema persiste, y uno de los directores señalados ahora ocupa un escaño como legislador de Morena.

La corrupción a quien más termina afectando es a la ciudadanía que deberá pagar las consecuencias por una realidad que el gobierno prefiere evadir.