Por Francisco Junco //

Veinte de las cincuenta ciudades más violentas del mundo están en México, reveló el estudio anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPyJP), este documento que mide la incidencia de homicidios en urbes con más de 300 mil habitantes, coloca a siete ciudades mexicanas entre las diez más peligrosas del planeta.

“De las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 corresponden a México, lo que equivale al 40% del total. Además, siete ciudades mexicanas ocupan los primeros diez lugares del ranking, con tasas de homicidios alarmantes. El máximo de ciudades de México, en el ranking hasta ahora, había sido en el año 2019 con 19 ciudades”, señaló José Antonio Ortega Sánchez, presidente del CCSPyJP.

El estudio fue presentado en una conferencia de prensa organizada por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), donde además de Ortega Sánchez, se encontraba René Bolio, presidente de la CMDH, y Horacio Rodríguez Jiménez, vicecoordinador nacional de Misión Rescate México (MRM).

Y es que el estudio se realiza con una metodología que se basa en una rigurosa recopilación de datos de homicidios dolosos, tanto oficiales como estimados, de diversas fuentes confiables.

Este enfoque, dijo, busca reflejar la realidad urbana de manera más precisa, permitiendo que el ejercicio sea verificable y replicable, lo que asegura la credibilidad de los resultados presentados.

Ortega Sánchez abrió la presentación con un dato contundente y aseguró que San Pedro Sula, Honduras, que fue primer lugar mundial durante cuatro años consecutivos, salió del ranking, pero que este “gran logro” no se obtuvo pactando o protegiendo criminales, sino aplicando la ley y en contraste destacó que Puerto Príncipe, Haití, se ha convertido en la ciudad más violenta del mundo.

«Puerto Príncipe, Haití, es ahora la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de 139.31 por cada 100 mil habitantes. Puerto Príncipe, es un claro ejemplo, de lo que depara una ciudad de un país cuando se permite que los grupos criminales disputen y arrebaten al Estado el monopolio de la violencia. Hoy más del 80 por ciento de la urbe haitiana está bajo el control de las pandillas y en esas zonas el gobierno formal no existe”, explicó Ortega Sánchez.

También denunció la manipulación de cifras, por parte de las autoridades mexicanas, para simular una incidencia criminal menor, y subrayó que “no hay que olvidar la manipulación de cifras, por parte de autoridades del gobierno mexicano, para simular una incidencia criminal inferior a la real”.

“Aunque ocurrió hace años, el caso más patente de falsificación, es el del asesinato de seis niños y tres mujeres familiares de Adrián LeBaron, en el municipio de Bavispe, Sonora sucedido el 4 de noviembre de 2019”, recordó.

“En esa fecha, la cifra oficial de víctimas de homicidio, no en el municipio de Bavispe, sino en todo el estado de Sonora, fue de cinco, cuatro víctimas menos de las registradas, nada más en el municipio de Bavispe, si en un caso que ha tenido resonancia mundial, las autoridades mexicanas se atrevieron a falsificar cifras para simular una incidencia criminal inferior a la real, de qué han sido capaces respecto a casos menos conocidos”.

Y resaltó que años después, de esos terribles hechos, se siguen acumulando evidencias de falsificación de datos y de maquillaje de cifras, pero reconoció que “los carteles de la droga y los grupos criminales juegan un papel fundamental en la tasa de homicidios, no sólo en México sino en toda América Latina”.

“ES LA IMPUNIDAD”: RENÉ BOLIO

Por su parte, el presidente de la CMDH, René Bolio, enfatizó que la impunidad es el principal factor que permite el crecimiento de la violencia y subrayó que el año pasado, salieron del ranking San Pedro Sula y Tegucigalpa, y la razón es clara: aplicaron la ley y rompieron la protección del poder público a los grupos criminales.

“Para obtener, estos notables logros, los gobiernos respectivos, no usaron excusas tales, como la pobreza, el elevado consumo de drogas en las ciudades desarrolladas o que los criminales obtienen armas de Estados Unidos, tampoco recurrieron a negociar con los causantes de la violencia, ni siguieron la política de “abrazos, no balazos” o cosa parecida, estos gobernantes por el contrario, lo que hicieron, fue algo muy fundamental, aplicaron la ley, cesaron la protección del poder público a los grupos criminales, que incluía el garantizarles impunidad a sus jefes”, remarcó en su intervención.

También, destacó que el gobierno de México ha sido acusado por Estados Unidos de ser cómplice de organizaciones criminales.

“Estamos viendo con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como está insistiendo, primero en la protección del gobierno mexicano con los carteles de la droga y segundo ofreciendo colaboración de inteligencia o hasta donde quiera el gobierno mexicano para poder abatir a los grupos criminales y evidentemente para bajar esa violencia”.

Respecto a la violencia por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la ocurrida en Medio Oriente, Ortega Sánchez, aclaró que no está incluida en este ranking de violencia criminal, ni ninguna de las ciudades, donde sus países están en guerra reciente.

Además, agregó que respecto a la violencia de este año en Culiacán, Sinaloa y en Villahermosa, Tabasco se verá reflejada en la investigación de 2025 que se presentará el próximo año.

“La investigación respecto a México, no incluye a los miles de desaparecidos en 2024, que en nuestro país fueron más de 13 mil 304, que no están tampoco incluidos en este ranking”, aclaró el presidente del Consejo Ciudadano.

Horacio Rodríguez Jiménez, vicecoordinador nacional de MRM, sostuvo que la participación ciudadana es clave para revertir la situación y realizó un llamado a la sociedad civil organizada a participar, denunciando, actuando y lo que sea necesario para detectar donde están los focos rojos.

“El llamado de la sociedad civil es a indicar dónde están los focos rojos para que, de manera conjunta, gobierno y ciudadanos podamos desarrollar estrategias que contribuyan a reducir la violencia», puntualizó.

Los ponentes coincidieron en que la aplicación efectiva de la ley es la clave para revertir esta crisis y existen casos concretos y reales donde se pueden ver como algunos gobiernos, con el simple hecho de aplicar la ley, cambie el rumbo de una nación, como el caso de Colombia.

ROMPER CON VÍNCULOS CON CRIMINALIDAD

A la entrada de Álvaro Uribe Vélez, como presidente de Colombia, en 2002, relató Ortega Sánchez, varias de sus ciudades tenían una gran violencia y lo que hizo fue empezar a aplicar la ley “y a romper esos vínculos de algunos de sus autoridades con los grupos criminales”.

“Tuvimos una conversación con él y lo que él nos decía, que aplicando la ley, y para el 2006-2008, nos decía, que lo que él estaba viendo, es que estaban regresando las inversiones a Colombia, estaban regresando los colombianos que se habían expatriado y estaban regresando los turistas a las ciudades colombianas”, recordó.

“Entonces esto está demostrado y así nos lo han dicho algunas autoridades que han aplicado la ley, como es el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez”.

Entre los factores que contribuyen a la violencia, mencionaron la impunidad, la corrupción, la falta de colaboración internacional y la protección de criminales por parte del gobierno.

Rodríguez Jiménez agregó que el crimen organizado no sólo opera con total impunidad en varias regiones de México, sino que se ha diversificado y apuntó que “ya no se trata sólo del narcotráfico, sino del cobro de derecho de piso, secuestros y extorsión a pequeños comerciantes. Esto ha generado un clima de terror en muchas comunidades donde la ley no se aplica con contundencia”.

También destacó que la violencia, en las urbes, tienen diversos impactos, entre ellos el impacto económico, donde las inversiones se reducen drásticamente en las ciudades con altos índices de homicidios, “y esto afecta el desarrollo económico y social de la población”.

«La solución no es un secreto», concluyó Rene Bolio, “quienes han logrado salir de este ranking lo han hecho aplicando la ley. Es lo que urge en México”.

El CCSPyJP, una organización de la sociedad civil, creada en 2002, realiza un trabajo fundamental en la lucha contra la violencia en América Latina y otras partes del mundo. Constituida por diversas organizaciones empresariales, académicas, universitarias y sindicales, su misión principal es colaborar con las autoridades de seguridad pública para reducir la violencia y fomentar la paz en las ciudades.

Una de las iniciativas más importantes del Consejo es este Ranking de Ciudades Más Violentas, el cual ha sido elaborado anualmente desde 2009. Este estudio tiene un objetivo claro: llamar la atención sobre la violencia en las urbes, especialmente en América Latina, e incidir en los gobiernos para que asuman su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar su derecho a la seguridad pública.

A través de este ranking, el Consejo no sólo visibiliza las ciudades con las tasas más altas de homicidios dolosos, sino que también busca que las autoridades se comprometan a trabajar en soluciones reales para reducir dichos índices.

“Lo que buscamos es que nadie, ni gobernantes ni gobernados, quieran que sus ciudades figuren en este ranking. Y si ya están, queremos que hagan el máximo esfuerzo para salir de él lo antes posible”, señaló José Antonio Ortega para Conciencia Pública.

En este sentido, los avances son bienvenidos, ya que las noticias de la disminución de homicidios y de ciudades que logran salir del ranking son motivo de satisfacción para la organización, agregó.

Es importante destacar, dijo, que, si bien el ranking busca reflejar con la mayor precisión posible la situación de cada ciudad, no es un ejercicio completamente exacto debido a las limitaciones de tiempo y de la información disponible.

En algunos casos, las cifras oficiales no están disponibles al cierre de la edición, por lo que se recurren a estimaciones conservadoras. «Cuando hay indicios de que las cifras oficiales son incorrectas o manipuladas, hacemos los ajustes necesarios y explicamos detalladamente los criterios y métodos utilizados para los cálculos», explicó.

El esfuerzo por evaluar de manera rigurosa las tasas de homicidios en las ciudades también busca ampliar el alcance de las mediciones, no limitándose sólo a las ciudades capitales de los países, sino incluyendo todos los municipios que conforman una conurbación urbana. Este enfoque busca abarcar el sistema urbano completo, considerando zonas metropolitanas que, aunque administrativamente se dividen en varios municipios, en la práctica forman una única ciudad.

Lista de las 20 ciudades mexicanas incluidas en el ranking, con sus tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes:

Colima – 126.95

Acapulco – 102.2

Manzanillo – 91.35

Tijuana – 91.35

Ciudad Obregón – 89.20

Celaya – 86.9

Zamora – 85.17

Cuernavaca – 74.56

Ciudad Juárez – 71.38

Culiacán – 60.82

Uruapan – 59.64

Irapuato – 57.22

Chihuahua – 43.4

Chilpancingo – 43.09

Zacatecas – 42.02

León – 41.15

Tapachula – 36.22

Cancún – 36.05

Villahermosa – 35.38

Morelia – 29.85

Por Juan Huerta Peres (*)

En el caminar de la segunda década del siglo XXI, la agenda laboral mexicana enfrenta inéditos y persistentes retos a la par que una nueva etapa política se inaugura con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien impulsa espacios de debate y concertación para avanzar en una reforma laboral de gran calado en beneficio de los trabajadores de México.

Legítimas y en algunos casos añejas demandas perduran en la lucha del movimiento obrero. Entendemos que el quehacer sindical detona de manera constante propuestas, programas, movilizaciones, defensa y conquista de nuevos derechos, quehacer sindical que se ha registrado en la memoria histórica de la clase obrera.

México ha transitado durante el siglo pasado por diversas reformas laborales, algunas que inspiradas en las reformas del Constituyentes de 1917 fueron de avanzada, progresistas y con reconocimiento mundial. En otras, nos hemos enfrentado a los intentos por retroceder en los derechos conquistados, pero esos intentos han sido estériles cuando se topan con un movimiento sindical unido, vigoroso y con claridad de ideas.

UNA AGENDA QUE NO ES ESTÁTICA

La agenda del movimiento obrero no es estática, proviene de los espacios sindicales en donde el trabajador vive y experimenta las transformaciones que se registran en su entorno social y en su fuente de trabajo. Hoy en día, la clase trabajadora es sujeto y objeto de vertiginosos cambios que conllevan riesgos, pero también oportunidades. No cabe duda de que vivimos un punto de inflexión en el quehacer sindical derivado de cambios de paradigmas que globalmente se registran en el mundo del trabajo. Llegamos a una cita con el presente y futuro de la agenda laboral que no podemos eludir, postergar o minimizar.

Los vientos provenientes del Norte replantean los escenarios de certeza en torno al Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, TMEC. Sobre los libres flujos comerciales se pronostican gravámenes y aranceles con consecuencias negativas para el crecimiento económico de la región especialmente en aquellos sectores especializados en la agricultura y la industria, con cientos de miles de empleos directos e indirectos. La construcción de opciones y alternativas productivas y laborales urgen para amortiguar posibles adversidades que lleguen del exterior.

Bajo estos escenarios visualizamos una agenda sindical que por definición debe ser democrática, nacionalista, renovada e inclusiva, agenda que nos exige altura de miras, compromiso con nuestro ideario y nuestros representantes y un elevado sentido de responsabilidad.

Pero todo lo anterior solo será pertinente y viable y, no quedará en buenas intenciones o en solo palabras, sí construimos un gran acuerdo nacional de unidad sindical como punto de lanza para el diálogo y los acuerdos con el gobierno federal y las representaciones patronales a fin de impulsar con sentido de clase, los intereses de los trabajadores de México.

Esta agenda laboral que nos encamina en el primer cuarto del siglo XXI integra los siguientes ejes sustantivos:

Primero: Sindicalismo, democracia y soberanía nacional

La vida sindical no ha sido ajena a la ruta de apertura, participación y democratización que se ha registrado en la esfera pública del país. Así, la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo ha marcado una nueva dinámica del sindicalismo mexicano. La representación sindical proyecta su fuerza y legalidad a través de la decisión consciente e informada tomada por los trabajadores en sus centros de trabajo. La legitimación arraiga la democracia en las organizaciones obreras, fortalece su vida interna y favorece en las negociaciones obrero-patronales nuevas conquistas laborales.

En la CTM, en la FTJ, la consulta democrática con sus trabajadores nos ha fortalecido, ha significado movilización, dialogo, comunicación y convencimiento. Los trabajadores encuentran sentido de pertenencia a su sindicato e identidad con sus representantes. La legitimación no termina con las consultas, la legitimación es un quehacer cotidiano de los representantes con sus representados. Así se consolidan nuestras organizaciones y se nutren sus demandas.

Sindicalismo y democracia se traducen en legitimidad y legalidad, pilares incuestionables de la lucha sindical.

La defensa de la soberanía nacional reclama un espacio privilegiado de la agenda laboral. La defensa de los intereses nacionales necesariamente implica la defensa de los intereses de los trabajadores mexicanos, de sus empleos, de su estabilidad laboral. Históricamente la clase obrera ha sido un pilar de la soberanía nacional y en el contexto de sus luchas libertarias siempre ha cerrado filas en defensa de la nación.

En los tiempos que nos está tocando enfrentar y bajo el liderazgo de la presidenta de México, el sindicalismo mexicano afín a su sentido de pertenencia y nacionalismo asumimos nuestra parte a favor de la unidad y la soberanía de nuestro país. México es primero.

Segundo: Consolidación de la conciliación en las relaciones laborales

La consolidación institucional del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales nos define rutas de conciliación y de respeto de los derechos sindicales.

Dicha institución deberá encaminarse a la resolución eficaz, oportuna e imparcial de las negociaciones y conflictos laborales.

Su tarea es clave en la generación de un clima de armonía laboral, de colaboración entre los factores de la producción y de favorecer una cultura de entendimiento y paz laboral. Un centro federal que sea sensible al reclamo del trabajador, que reconozca las asimetrías entre los actores del conflicto y con un actuar apegado a derecho, a la ética y a la moral que se exige en el ámbito público.

Al llevar el registro nacional de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos de trabajo, los contratos -ley y los reglamentos interiores de trabajo, el centro federal tiene la enorme responsabilidad de la certeza jurídica del quehacer sindical, de la interlocución en el conflicto laboral y del respeto de los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene que convertirse en el espacio institucional que descargue la tarea de los Tribunales, que como espacio previo de conciliación favorezca acuerdos que beneficien a los actores económicos, evitando el juicio laboral largo y costoso tanto para los trabajadores como para las empresas.

Tercero: Materializar el derecho a la vivienda

El derecho a una vivienda digna es una añeja y persistente demanda sindical. La vivienda propia para los trabajadores representa una de sus más grandes aspiraciones personales y familiares. Es la formación de un patrimonio intergeneracional, de padres a hijos, fruto de años de trabajo y esfuerzo.

Las reformas al INFONAVIT han quedado aprobadas y publicadas. Previo existió un significativo debate donde manifestamos nuestras propuestas. Resguardo y blindaje a las aportaciones de los trabajadores. El dinero de los trabajadores no se toca, es de su propiedad y de nadie más.

Es fundamental mantener la esencia y carácter tripartita de dicha institución. Un esquema de gobernanza horizontal de contrapesos y equilibrios donde se articulen y consensúen las propuestas gubernamentales, sindicales y patronales.

Esa nueva gobernanza que requiere el INFONAVIT debe tener como pilares los mecanismos de control y fiscalización por medio de una sólida y participativa Comisión de Vigilancia.

El INFONAVIT se proyecta como constructor de vivienda. El reto es complejo desde todos los ámbitos legal, tenencia de la tierra, financiero, administrativo, desarrollo urbano, principalmente. La tarea no es solo construir vivienda de manera eficaz y transparente, sino vivienda que por sus características eleve la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, que genere entornos sociales de convivencia y respeto, con la dotación y cercanía de los servicios educativos y de salud, con las vialidades e infraestructura adecuadas para la movilidad de miles de trabajadores. Es necesario romper los obstáculos estructurales que limitan a millones de trabajadores ya preclasificados, al acceso a una vivienda digna y de calidad.

En el Plan México del gobierno federal se enfatiza en la atracción de nuevas inversiones y en el impulso de nuevos polos de desarrollo regional. Se coincide de que no puede alentarse el establecimiento de nuevas inversiones, de poder avanzar en la relocalización industrial que gira en torno al “nearshoring” sin que se atienda previamente la demanda de vivienda. Sin casas para los trabajadores, no habrá suficiente oferta de trabajo para las nuevas inversiones.

Cuarto: Acciones afirmativas en sindicatos y centros de trabajo

En consonancia con los tiempos de la equidad de género, nuestra agenda laboral cruza con la urgencia de impulsar a fondo las acciones afirmativas de género que tanto impulsen los liderazgos femeniles en los sindicatos, como en ampliar las oportunidades de empleo de las mujeres en las empresas con salarios y espacios laborales que no sean discriminatorios a la mujer. Una gran agenda para romper inercias, prejuicios que aun prevalecen en los centros de trabajo y en la mentalidad de liderazgos sindicales y empleadores.

Quinto: Jornada laboral de 40 horas semanales

Una jornada laboral que libere tiempo del trabajador para su crecimiento personal y un proyecto de vida que favorezca el uso adecuado del tiempo libre, la convivencia familiar y social, así como la adquisición de nuevas habilidades para una vida plena.

Sexto: Empleo e inteligencia artificial

Un debate recorre al mundo y tiene que ver con los previsibles impactos de la Inteligencia Artificia en la destrucción, pero también creación de fuentes de trabajo. La desaparición, pero también el surgimiento de nuevos tipos de trabajos que implica la inteligencia artificial requiere con urgencia de una agenda laboral vinculada estrechamente con la agenda educativa y de capacitación tanto en el ámbito público de las escuelas y universidades como al interior de las empresas.

Las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento deben avanzar con acelerada velocidad para el logro de adquisición de nuevas habilidades de los trabajadores en un marco de corresponsabilidad entre sindicato y empresa.

Seis puntos que no agotan la agenda laboral, pero que sí constituyen la parte nodal en las circunstancias actuales. Acceso a la Salud, Retiro y pensiones, Educación y Formación para y durante la vida, Recreación y Uso del Tiempo Libre, entre otros, complementan una agenda compleja, pero de un gran contenido humano, social y ético.

El bienestar de millones de trabajadores mexicanos. El esfuerzo y compromiso de las organizaciones obreras no puede decaer. Desde la CTM y la FTJ asumimos con enorme sentido de responsabilidad la agenda laboral del siglo XXI y la defensa de la integridad y la soberanía nacional.

*Propuesta que presenta Juan Huerta Pérez, secretario general de la FTJ en la reunión previa de la CXLII Asamblea General Ordinaria de la CTM en su 89 aniversario.

Opinión, por Fernando Plascencia //

Quien rige es el Estado, quien muchas veces marca las pautas en la sociedad, es el Estado, quien tiene la obligación de hacerlo, es el Estado. Entendemos que debemos decir no a la frase «Yo soy el Estado», pero sí al trabajo en conjunto de la sociedad organizada, la academia y la gente.

En nuestro estado —ahora sí la entidad federativa— hay una marcada pauta hacia lo comercial, el incremento exponencial de las mercancías y la atracción de inversión extranjera y muy poco hacia lo que llamaremos el desarrollo de las humanidades.

Y la gran muestra es que el gobernador ha dicho que convertirá a Jalisco en el Silicon Valley y que, además, será el motor económico del país. Y lo anterior no es una idea errónea, pero para entender eso, hay que saber de dónde viene.

El grupo dominante en el poder —porque hay herencias malditas del anterior gobernador— se reconoce de la iniciativa privada, es decir, de una casta minoritaria que dirige negocios valiosos en el estado y el país y que en nada se parece al promedio jalisciense que vive, trabaja y sueña.

A decir de ello, el gobernador y los suyos han hecho gran parte del gobierno, no solo su ambiente, sino que han llevado la narrativa de su vida de negocios a la sociedad jalisciense. Eso se ha logrado rodeado de más empresarios, a la Trump con Elon Musk.

Hace unas semanas se celebró que en Jalisco se instalará un diseño de semiconductores, aplausos, pero dónde está el programa estatal de lectura, que lleve obras, estimule y reparta títulos en municipios remotos, dónde está el centro de investigación de ciencias sociales y humanidades, uno que dé cuenta de los problemas sociales de Jalisco, porque basta de parches, y el canal que dé una verdadera difusión cultural para que no haya duda que somos un baluarte de tradiciones.

Porque uno debe suponer que los que van a lucrar con los negocios se las pueden arreglar solos, aunque la realidad y los premios Nobel de Economía, Daron Acemoglu y James Robinson, han demostrado que nunca ha sido así.

El gobierno huele a una lógica empresarial, donde sus dirigentes, tendrán la oportunidad de administrar los bienes y servicios del gobierno como si fuesen una empresa, es decir, con el máximo rendimiento posible. Eso, sin duda, puede ser deseable, porque los recursos públicos deben ser usados con responsabilidad. El problema aparece cuando cambian el lucro por el bienestar social.

Hoy en día somos bombardeados por publicidad —en las páginas del gobierno y medios de comunicación— sobre esta visión empresarial, pero, ¿dónde queda la contraparte? ¿Serán los gobernantes conscientes que son cómplices de llevarnos hacia un camino que en nada compagina con la sociedad jalisciense y el deterioro de las humanidades? ¿Sabrán que los jóvenes están alejados de las humanidades como nunca antes en el estado? Por último, ¿pensarán que eso es deseable?

Los meros dolores: la violencia, la desigualdad, la corrupción, y las desapariciones no se terminarán con inversiones extranjeras, para nuestra desgracia. Que quede cubierta la inversión; tendrá que verse reflejada en números de empleos mejor remunerados, mayor capacidad adquisitiva, reducción de la tasa de desempleo, pero lo que no tenemos cómo cubrir es la lucha contra las peores atrocidades que ha habido en Jalisco.

Viene al caso más que nunca romper con ese adormecimiento y que sí veamos a Jalisco como un motor, pero no solo económico, sino de florecimiento social y crítico, porque si por algo nos hemos distinguido es por blindar y defender a nuestro estado cuando se requiere.

Seamos capaces de ver hacia el futuro, porque el futuro no es de unos cuantos que van a vender semiconductores, ni levantar torres en playas del sur, sino también de los que, por convicción, leen poesía, investigan y las puertas cada vez están más cerradas. No lo digo yo, lo dicen los benditos números, y ni con toda la fuerza de nuestra gran universidad se podrá levantar este telón, hasta que el poder público de Jalisco quiera y encuentre cómo.