NACIONALES
Casos Caro Quintero y Silvano Aureoles: Piezas, traiciones y sacrificios de Estado en el ajedrez de la política
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En un tribunal de Nueva York, Rafael Caro Quintero, el hombre que sembró terror en los ochenta y se convirtió en leyenda en la sombra, se declaró inocente de los cargos que, de ser hallado culpable, podrían condenarlo a muerte.
Ahí estaba, el «Narco de narcos», con sus 72 años a cuestas, enfrentando al país que juró nunca olvidar a Enrique «Kiki» Camarena. La fiscal Saritha Komatireddy – La ironía del nombre de la fiscal es de risa – lo miró desde su podio y dejó caer la sentencia que flotaba en la sala: «La justicia nunca olvida». Y, sin embargo, ¿quién olvida a la justicia?
En la sala, cien agentes de la DEA honraban a su compañero caído. En otra esquina, Vicente Carrillo Fuentes, el fantasma del Cártel de Juárez, también se declaraba inocente. Uno de los juicios más simbólicos en la historia del narcotráfico daba inicio. El mensaje de Washington era claro: la era de los cárteles de los ochenta debía cerrarse.
Mientras tanto, en México, la versión oficial se construía con pinceladas de diplomacia. El fiscal Alejandro Gertz se apresuraba a recalcar que la decisión de enviar a 29 capos al norte no era sumisión, sino «cumplimiento de obligaciones». El gobierno mexicano, según sus palabras, estaba dejando claro que aquí «no se protege a ningún delincuente con vinculaciones internacionales». Un favor a Washington disfrazado de estrategia de seguridad nacional.
Pero la realidad, como siempre, es más turbia. No hubo extradición, sino un “traslado” exprés, al amparo de un viejo argumento jurídico desempolvado a conveniencia. Si alguien amenazaba la seguridad nacional, se le podía entregar sin tanto papeleo. La Casa Blanca había entregado su lista y, como en los tiempos de la Inquisición, el gobierno mexicano había ejecutado la sentencia.
La historia comenzó con una llamada. Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, se comunicó con sus homólogos mexicanos el 31 de enero. Su mensaje era claro: si México no resolvía la relación incómoda entre el gobierno y los cárteles, el ejército estadounidense estaba listo para actuar. No era una amenaza sutil. Los altos mandos mexicanos, sorprendidos, se sintieron humillados. La idea de tropas extranjeras interviniendo en suelo mexicano no era una opción. Había que mover fichas. Y rápido.
Desde entonces, Hegseth repitió su advertencia en la frontera, en Guantánamo, en los foros donde le escucharan. «No descartamos nada. Nada».
En la entrevista concedida a la revista The Spectator, difundida el 28 de febrero, Donald Trump dice enfáticamente: «Ciertamente, recomendaría investigar a políticos mexicanos». Su tono era de amenaza apenas velada.
En la diplomacia del miedo, no se requieren acusaciones concretas, solo insinúo letales. Recordemos, ese tipo de declaraciones originaron que, de la noche a la mañana, 29 capos cruzaban la frontera en un gesto de buena voluntad, de negociación silenciosa, de sacrificio calculado.
Pero el sacrificio no terminará allí. En Jalisco, en un movimiento casi coreografiado, caía Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán -uno de los tres estados donde se asienta el “Triángulo Dorado” del narcotráfico-. Acusado de desfalco millonario, de peculado, de lavado. Capturado con un despliegue digno de un capo del narcotráfico.
Junto con él, exfuncionarios de su administración, detenidos en operativos simultáneos en México y Miami. Como si el gobierno quisiera dejar claro que la purga no era solo para los narcos. La política también tenía su cuota de culpa y detenciones de opositores al régimen lucen bien al momento de limpiar la imagen pública.
La pregunta, como siempre, es: ¿a cuánta gente más está dispuesta a entregar el gobierno mexicano para mantener el equilibrio con su vecino del norte? La detención de Aureoles huele a mensaje. A cierre de cuentas. A venganza. Un recordatorio de que el poder no es eterno y que el enemigo no siempre es el crimen organizado. A veces, es el aliado de ayer.
El caso Caro Quintero es la pieza central de este ajedrez. No es solo la historia de un viejo capo enfrentando su destino. Es el símbolo de un narcoestado que nunca se termina de desmantelar. De un sistema donde los pactos cambian, pero las reglas son las mismas. Donde el crimen y la política se entrelazan en un baile de cínicos y oportunistas.
En la sala de la corte de Brooklyn, Caro Quintero escucha su destino con la resignación de quien ya lo había previsto. En la frontera, Trump sonríe con la certeza de que tiene una nueva arma electoral. En México, el gobierno aplaude su “compromiso” con la justicia, mientras las sombras del pasado siguen respirando en los pasillos del poder.
Y la pregunta sigue flotando, incómoda y urgente: ¿qué sigue? Porque en este juego de traiciones, siempre hay otra ficha por mover. Y otra cabeza por rodar.
En X @DEPACHECOS
JALISCO
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
–Por Francisco Junco
El tequila, bebida que a la vez es símbolo cultural de México y motor económico de miles de familias jaliscienses, será objeto de una estrategia conjunta entre el Gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT).
A través de un convenio de colaboración firmado por ambas instituciones acordaron trabajar de la mano en una agenda internacional que no sólo fortalecerá la exportación de la bebida, sino también su presencia en eventos globales y su acceso a nuevos mercados con menos restricciones arancelarias.
El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza Marín, enfatizó que esta alianza busca abrir puertas en países como India, donde actualmente el arancel de importación del tequila es del 150%.
“Es un distintivo a nivel mundial que nos posiciona, que nos marca. Tenemos ese proyecto de llegar a la India”, señaló y agregó que tienen «una agenda internacional muy destacada, no sólo para la Secretaría de Turismo, sino también para la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Agricultura».
Desde la trinchera del CRT, Alan Loredo Trueba, primer vicepresidente del consejo directivo, reafirmó el compromiso del organismo con la protección de la denominación de origen y con el fortalecimiento de la cadena productiva, que da sustento a familias campesinas, productores, comercializadores y prestadores de servicios.
“En el CRT, desde hace más de 30 años, trabajamos en proteger al tequila, labor que reforzaremos con el Gobierno de Jalisco con la firma de este convenio y continuar con ello salvaguardando a nuestra primera denominación de origen en México y el mundo. A esto vamos a sumar la promoción económica internacional, la atracción de inversión económica directa, el fortalecimiento al comercio exterior a través de la difusión de la cultura del tequila y la entrega del Distintivo T”, expreso en nombre del CRT.
Explicaron que, uno de los ejes con mayor impacto social será la profesionalización en torno a la cultura del tequila. A través de capacitaciones y certificaciones, el CRT ha acercado a más personas a la historia, normativa y calidad de la bebida nacional por excelencia.
En este contexto, el Distintivo T cobra relevancia como una garantía de buenas prácticas en centros de consumo, que impacta directamente en el servicio turístico y en la promoción de empleos dignos en el sector.
Mediante un comunicado de prensa se anticipó que el tequila tendrá una destacada presencia en ferias internacionales como FITUR, lo cual no sólo eleva el nombre de Jalisco en el mundo, sino que genera una derrama económica que impacta positivamente en comunidades agaveras, empresas familiares y jóvenes emprendedores que encuentran en la bebida un camino de desarrollo con identidad.
- –Por Mario Ávila
Con 73 casos de violencia política en contra de sus militantes en el primer semestre del 2025, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido político más agraviado en el país, seguido del Partido del Trabajo (PT) con 28 víctimas y en tercer lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 27.
De acuerdo a un trabajo de investigación realizado por la empresa Integralia Consultores, el reporte indica que se registraron además 69 casos de violencia política en contra de víctimas sin afiliación a partido político alguno.
El reporte de mitad de año advierte que, de enero a junio del 2025, ocurrieron en el país 253 hechos de violencia política, lo que significa que se registró un caso cada 17 horas en algún rincón de México.
Entre los sucesos de violencia política destacan 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis casos correspondientes a otros delitos, como robos, en 29 de las 32 entidades del país.
Un dato que resalta en la investigación, tiene que ver con el hecho de que la violencia fue más intensa a nivel municipal, ya que la mayoría de las víctimas, es decir el 79% de ellas, fueron figuras públicas, funcionarios, ex funcionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.
Ello se debe a que las organizaciones criminales priorizan el control municipal, debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados, según se expone en el resumen ejecutivo sobre el tema, realizado por Integralia Consultores.
Por lo que toca a regiones o estados, Veracruz fue el sitio en donde se concentraron la mayoría de los eventos de violencia política, toda vez que en el marco de las elecciones municipales se contabilizaron 81 casos, mientras que en Guerrero se padecieron 24, en Morelos 21 y en Oaxaca 20; en contraste, en Durango que también celebró comicios locales, solo se registró un evento de violencia política.
La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorción, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.
La inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación, según se explica en el informe del primer semestre del año.
–Por Mario Ávila
El gozo se fue al pozo. Cuando la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, disfrutaba de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI al mencionar que la percepción de la inseguridad había mejorado 10 puntos en el segundo trimestre del año; una nueva encuesta en el mes de julio, descarta que Guadalajara, se encuentre entre las 10 ciudades más seguras de México.
Al dar a conocer en el mes de julio, el Top 10 de las ciudades más seguras, según sus habitantes, la capital de Jalisco no aparece y quien sí está en el quinto lugar es Puerto Vallarta, Jalisco, en donde la población se siente menos insegura de vivir en su localidad, según la evaluación de la misma ENSU-INEGI.
Los resultados del top 10 ubican en el primer lugar al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; segundo, Piedras Negras, Coahuila; tercero, Benito Juárez, CDMX; cuarto, Saltillo, Coahuila y quinto, Puerto Vallarta, Jalisco.
En el sexto lugar aparece San Nicolás de los Garza, Nuevo León; séptimo, Tampico, Tamaulipas; octavo, Tepic, Nayarit, noveno, Los Cabos, Baja California Sur y décimo, La Paz, Baja California Sur.
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
Morena, el partido más agraviado por violencia política
Guadalajara… ¡ni tan segura!
Entregan 66 patrullas a municipios del Sur, Sureste y Lagunas de Jalisco
