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NACIONALES

Señales de alerta

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Opinión, por Iván Arrazola //

El dicho popular lo expresa bien: “Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”. Lo ocurrido en días recientes ante la amenaza de los aranceles en México invita a la reflexión. Aunque la presidenta ha insistido en que la situación comercial y económica está bajo control, las señales provenientes tanto del interior como del exterior del país no parecen augurar un panorama favorable para la economía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido su cuarta llamada telefónica con Donald Trump desde su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Es probable que sea la mandataria mexicana que más comunicaciones ha tenido con un presidente estadounidense en tan corto tiempo.

Las dos últimas conversaciones se han centrado en la crisis arancelaria, cuya posible implementación tendría un impacto severo en la economía de México. Con exportaciones a Estados Unidos por 480 mil millones de dólares, equivalentes al 34% del PIB, queda claro que la imposición de aranceles agravaría de manera irreversible la ya debilitada economía mexicana.

La cuestión es hasta qué punto se podrá tolerar que, mes tras mes, México siga estando sujeto a los caprichos del mandatario estadounidense, quien reiteradamente amenaza con imponer aranceles a sus principales socios comerciales.

La medida, que carece de lógica, no solo afectará la economía mexicana, sino también la de Estados Unidos. Sin embargo, parece responder a una intención distinta: generar un desgaste que desincentive la inversión en México y haga que empresas e inversionistas reconsideren sus planes, optando en el futuro por establecerse en territorio estadounidense ante la constante amenaza de Trump.

En este contexto, el banco Banamex ha proyectado un crecimiento económico para México del 0% para este 2025. Las razones detrás de esta estimación incluyen las altas tasas de interés, la amenaza de aranceles y un manejo irresponsable de la política fiscal en 2024. 

Aunque desde la mañanera del pueblo se insiste en que inversiones millonarias de gigantes como Netflix o Mercado Libre están llegando a México, la realidad es que el país enfrenta un panorama económico sumamente complicado.

La presidenta ha promovido la idea de que en México los salarios han aumentado y se han implementado programas sociales sin necesidad de incrementar los impuestos. Sin embargo, esta estrategia está generando un problema significativo en las finanzas.

Uno de los rasgos distintivos de este gobierno ha sido la expansión de los programas sociales. Entre ellos, la Pensión Universal para Adultos Mayores ha sido elevada a rango constitucional, con el compromiso de aumentar su monto cada año por encima de la inflación.

Además, se han fortalecido otros programas emblemáticos como el Apoyo a Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, Bienestar Infantil y, más recientemente, el apoyo dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

Si bien nadie duda de la importancia y el impacto positivo de estos programas, representan un desafío presupuestal considerable, ya que en conjunto requieren más de 835 mil millones de pesos para funcionar durante el 2025.

Por otro lado, el gasto en obras prioritarias también representa una parte relevante del presupuesto. De los 189 mil millones de pesos aprobados para estos proyectos, al menos 149 mil millones se destinarán a la construcción de líneas de trenes, incluyendo la conclusión del Tren Maya.

La insistencia de este gobierno en impulsar proyectos ferroviarios, particularmente el Tren Maya, cuya rentabilidad aún no ha sido demostrada, genera serias dudas sobre la viabilidad de estas inversiones. A esto se suma el elevado costo de la deuda, que ya supera los 1.4 billones de pesos, lo que agrava aún más la presión sobre las finanzas públicas.

En medio de este ambiente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia apenas cuatro meses después de haber asumido el cargo, ante lo complejo que ha sido el manejo presupuestal en México.

Ante este panorama, es fundamental que el gobierno adopte una política coherente. Si decide mantener un alto nivel de gasto público en programas sociales y obras de infraestructura, deberá considerar una reforma fiscal que le permita incrementar los ingresos y garantizar el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Por otro lado, si el gobierno busca generar mayor certeza y atraer más inversión al país, deberá crear las condiciones adecuadas para lograrlo. Esto implica fortalecer su política de seguridad, ya que es un hecho que en diversas regiones del país el crimen organizado mantiene el control, muchas veces en complicidad con autoridades locales.

Por último, otro tema crucial es el de la certeza jurídica. Los cambios constitucionales en el Poder Judicial, el papel predominante que el Estado busca asumir en materia energética y el creciente endeudamiento de las empresas públicas hacen necesario establecer condiciones que brinden mayor seguridad sobre el rumbo económico y jurídico del país en el futuro. De no atenderse las señales, todos experimentaremos las consecuencias.

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JALISCO

El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.

Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?

Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.

¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.

El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.

En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.

Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.

Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?

Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?

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ENTREVISTAS

La lucha de AGRUAS es por un gremio unido, ético y eficiente: Enrique Dueñas

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

En un México donde el sector de grúas enfrenta desafíos históricos como la informalidad, la competencia desleal y la falta de regulación uniforme, la cuarta edición de Expo Grúas 2025, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Expo Guadalajara, emerge como un espacio crucial para profesionalizar esta industria.

Este evento reúne a fabricantes, aseguradoras, empresarios y autoridades de América Latina, impulsando negocios y visibilizando la lucha de un gremio que busca ser reconocido por su ética y eficiencia.

Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), lidera un movimiento que ha transformado el sector en seis años, creciendo de 12 a 87 socios comprometidos con diferenciar a los operadores formales de las grúas piratas. Su gestión ha posicionado a AGRUAS como un interlocutor clave ante gobiernos y aseguradoras, enfrentando problemas estructurales como el contubernio con autoridades, corralones saturados y cobros excesivos que afectan a los ciudadanos.

Expo Grúas 2025 no solo exhibirá equipos modernos y capacitará operadores, sino que consolidará la visión de AGRUAS: un gremio unido, profesional y respetado, inspirado en modelos de Estados Unidos y Canadá, donde las grúas son servicios esenciales. En entrevista con Conciencia Pública, Dueñas Rodríguez comparte los avances, retos y su apuesta por un legado de transformación para las futuras generaciones de grueros.

Esta conversación refleja el compromiso de un líder que, tras años de trabajo arduo, busca homologar regulaciones nacionales, garantizar contratos públicos transparentes y dignificar un sector históricamente subestimado. Con Expo Grúas como plataforma, Dueñas vislumbra un futuro donde la informalidad sea reemplazada por profesionalismo, seguridad y confianza ciudadana.

SE CONSOLIDA EXPO GRÚAS

¿Cómo llegas a Expo Grúas 2025 en su cuarta edición?

Llego muy entusiasmado. Este evento se ha consolidado como un referente, con la participación de fabricantes de camiones, equipos, aseguradoras y proveedores de América Latina. Autoridades relevantes asistirán a la inauguración, lo que refuerza su impacto.

Expo Grúas ha puesto los reflectores en nuestro gremio, históricamente subestimado, dignificando nuestro servicio al mostrar su relevancia normativa y operativa. Nos posiciona como una alternativa profesional frente al mercado irregular, fomentando alianzas estratégicas que fortalecen el sector.

¿Qué ha significado liderar la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS) y ser su presidente?

Ha sido profundamente satisfactorio. Mis compañeros me eligieron para encabezar esta agrupación, que incluye a figuras destacadas del sector. Todas las decisiones son colegiadas, con el respaldo total de los socios. Como dice el refrán, “unidos somos más fuertes”. Agradezco su confianza y espero que continuemos en este camino ascendente, apoyando a las próximas generaciones para que el sector siga siendo fructífero y ético.

¿Cómo ha crecido la membresía de ANEMIG en estos años?

En seis años, pasamos de 12 socios fundadores a 87 en todo el país. Somos selectivos: un comité revisa el comportamiento de los solicitantes, verificando permisos y asegurando que no tengan quejas con autoridades. Solo admitimos a quienes comparten nuestra visión de negocio basada en la ética, la honestidad y la dignificación del sector, lo que fortalece nuestra representatividad.

¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado como organización?

El mayor reto es la prestación irregular de servicios de grúa. En infracciones o accidentes, debe haber una autoridad presente, pero en los últimos años han fallado. Con la transición de la Policía Federal de Caminos a la Guardia Nacional, el problema se agudizó. Algunas autoridades municipales, estatales y de la Guardia Nacional venden servicios a grúas irregulares, cobrando por asignarlos. Dialogamos con la Guardia Nacional y gobiernos estatales para frenar esta práctica. Además, ciertas aseguradoras contratan empresas informales para reducir costos, afectando la calidad. Trabajamos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para priorizar a empresas formales.

Los corralones y las grúas piratas son un problema grave. ¿Qué avances hay con la nueva reglamentación?

Los depósitos vehiculares federales están saturados con miles de autos abandonados, ya que las autoridades tardan en liberarlos, generando deudas impagables para los propietarios. Esto ocupa espacio y eleva costos de vigilancia. Una reforma permitió a empresas recoger chatarra, pero compañías como Sánchez y Sánchez pagaron precios irrisorios, como un peso por vehículo, mientras obtenían grandes ganancias. Negociamos con senadores y la Cámara de Diputados para revertir esta ley, asegurando que los concesionarios, quienes ya invirtieron, se beneficien del aprovechamiento de la chatarra.

¿Cómo ha sido la comunicación con gobiernos estatales y federal para abordar estos problemas?

Hemos visitado estados como Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Chihuahua, encontrando apertura de los gobiernos para colaborar en la resolución de problemas en caminos municipales, estatales y federales. Con la federación, la anterior directora de Autotransporte Federal apoyó acuerdos clave, como el reglamento de grúas, aunque persisten detalles por resolver con la actual administración. También avanzamos en la emisión de placas, un paso hacia la formalización.

Desde 2022, has denunciado las grúas piratas. ¿Qué avances han logrado?

Contamos con una base normativa, con reglamentos y leyes que clasifican y autorizan el servicio. En Jalisco, desde 2023, hay un reglamento y una norma técnica, un avance significativo. Sin embargo, la regularización es simulada en muchos casos: se autorizan grúas que no cumplen, y malos elementos de las autoridades se benefician, cobrando tarifas exorbitantes, de 1,000 a 8,000 pesos. Trabajamos con representantes locales en otros estados para replicar los avances de Jalisco, pero la implementación sigue siendo un desafío.

¿Qué riesgos enfrentan los ciudadanos al usar grúas piratas?

Los riesgos son múltiples: cobros desproporcionados sin tarifas reguladas, robo de piezas, llantas o gasolina, y daños a vehículos por traslados inadecuados, afectando suspensión, caja o diferencial, con costos de miles de pesos. Las grúas piratas no ofrecen pólizas de seguro ni garantías, dejando a los usuarios desprotegidos.

¿Qué recomiendas a quienes necesitan un servicio de grúa?

Buscar grúas de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), identificadas con nuestras calcamonías. Contamos con más de 3,500 grúas en el país que garantizan precios justos, sin daños ni robos, y con pólizas de seguro abiertas, una ventaja que las grúas irregulares no tienen. Nuestra red ofrece confianza y profesionalismo.

¿Cómo puede México aprender de países como EE.UU. o Canadá para fortalecer el sector?

En Norteamérica, las grúas son un servicio esencial, operando 24/7 con normativas estrictas. Hemos adaptado sus estándares, y el contacto con fabricantes y asociaciones norteamericanas, facilitado por Expo Grúas, nos ha permitido profesionalizar el servicio, tanto en capacitación como en equipos modernos.

¿Qué cambios esperas en el sector en los próximos cinco años?

Un sector pujante, con equipos modernos, personal capacitado y certificaciones de habilidades, como en EE.UU. Con el trabajo colectivo de los socios, mejoraremos la eficiencia y la percepción pública, consolidando a las grúas como un servicio confiable y respetado en México.

 

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JALISCO

Seminario de relaciones públicas en Guadalajara: ALARP reconoce a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi

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Por Raúl Cantú //

La Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP), capítulo México, celebró con éxito el Seminario de Relaciones Públicas, Comunicación y Ceremonial en el Auditorio del Centro de la Amistad Internacional. El evento congregó a expertos nacionales e internacionales para analizar el papel del ceremonial y las relaciones públicas en contextos complejos y en transformación.

El seminario destacó por sus conferencias, paneles y actos protocolarios que abordaron temas cruciales del sector. Un momento clave fue la entrega del Galardón “Dr. Pedro Gabriel Labariega Villanueva” a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi, distinguida por su trayectoria en protocolo como Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Guadalajara. En su ponencia “Protocolo: desafíos entre la tradición y el cambio”, resaltó la importancia de fortalecer alianzas gremiales y el reconocimiento profesional.

Por primera vez en México, se otorga este galardón a un ceremonialista que ha destacado por su sobresaliente trayectoria profesional. Esta figura ha ganado respeto en los últimos 20 años en el ámbito de la gestión pública, relaciones exteriores y protocolo universitario.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó “Hablar es un derecho: libertad de expresión en tiempos de censura”, reflexionando sobre los retos que enfrentan periodistas en entornos polarizados. A su vez, la Dra. María Aparecida Ferrari (Brasil) impartió una conferencia magistral sobre el rol transformador de las relaciones públicas en contextos vulnerables, promoviendo inclusión y cohesión social.

El panel “Relaciones públicas en tiempos de complejidad: ética, estrategia y adaptación”, moderado por Yolanda Barroso y con la participación de Viridiana Lemus, Benjamín Covarrubias y Felipe Reyes, presidente de ALARP México, compartió estrategias éticas para actuar en escenarios inciertos. Además, se otorgó un reconocimiento especial a la Mtra. Ruth Rayo (Guatemala) por sus contribuciones al ceremonial y protocolo en América Latina.

El evento consolidó el compromiso de los comunicadores con una práctica ética e innovadora, enfrentando desafíos como la desinformación y la inseguridad. Este seminario se posicionó como un espacio esencial para el diálogo, la reflexión y la profesionalización, reafirmando la relevancia de las relaciones públicas y el ceremonial en la construcción de sociedades más inclusivas y éticas.

Sobre el galardón Pedro Gabriel Labariega Villanueva:

Pedro Gabriel Labariega Villanueva fue uno de los ceremonalistas y diplomáticos más influyentes de México. Con sólida formación académica, amplia trayectoria docente, significativa labor investigadora y liderazgo institucional, contribuyó decisivamente al desarrollo de los estudios de protocolo y derecho diplomático en el país.

Presidente fundador de la Academia Mexicana de Protocolo, A.C

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