Señales de alerta

Opinión, por Iván Arrazola //

El dicho popular lo expresa bien: “Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”. Lo ocurrido en días recientes ante la amenaza de los aranceles en México invita a la reflexión. Aunque la presidenta ha insistido en que la situación comercial y económica está bajo control, las señales provenientes tanto del interior como del exterior del país no parecen augurar un panorama favorable para la economía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido su cuarta llamada telefónica con Donald Trump desde su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Es probable que sea la mandataria mexicana que más comunicaciones ha tenido con un presidente estadounidense en tan corto tiempo.

Las dos últimas conversaciones se han centrado en la crisis arancelaria, cuya posible implementación tendría un impacto severo en la economía de México. Con exportaciones a Estados Unidos por 480 mil millones de dólares, equivalentes al 34% del PIB, queda claro que la imposición de aranceles agravaría de manera irreversible la ya debilitada economía mexicana.

La cuestión es hasta qué punto se podrá tolerar que, mes tras mes, México siga estando sujeto a los caprichos del mandatario estadounidense, quien reiteradamente amenaza con imponer aranceles a sus principales socios comerciales.

La medida, que carece de lógica, no solo afectará la economía mexicana, sino también la de Estados Unidos. Sin embargo, parece responder a una intención distinta: generar un desgaste que desincentive la inversión en México y haga que empresas e inversionistas reconsideren sus planes, optando en el futuro por establecerse en territorio estadounidense ante la constante amenaza de Trump.

En este contexto, el banco Banamex ha proyectado un crecimiento económico para México del 0% para este 2025. Las razones detrás de esta estimación incluyen las altas tasas de interés, la amenaza de aranceles y un manejo irresponsable de la política fiscal en 2024. 

Aunque desde la mañanera del pueblo se insiste en que inversiones millonarias de gigantes como Netflix o Mercado Libre están llegando a México, la realidad es que el país enfrenta un panorama económico sumamente complicado.

La presidenta ha promovido la idea de que en México los salarios han aumentado y se han implementado programas sociales sin necesidad de incrementar los impuestos. Sin embargo, esta estrategia está generando un problema significativo en las finanzas.

Uno de los rasgos distintivos de este gobierno ha sido la expansión de los programas sociales. Entre ellos, la Pensión Universal para Adultos Mayores ha sido elevada a rango constitucional, con el compromiso de aumentar su monto cada año por encima de la inflación.

Además, se han fortalecido otros programas emblemáticos como el Apoyo a Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, Bienestar Infantil y, más recientemente, el apoyo dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

Si bien nadie duda de la importancia y el impacto positivo de estos programas, representan un desafío presupuestal considerable, ya que en conjunto requieren más de 835 mil millones de pesos para funcionar durante el 2025.

Por otro lado, el gasto en obras prioritarias también representa una parte relevante del presupuesto. De los 189 mil millones de pesos aprobados para estos proyectos, al menos 149 mil millones se destinarán a la construcción de líneas de trenes, incluyendo la conclusión del Tren Maya.

La insistencia de este gobierno en impulsar proyectos ferroviarios, particularmente el Tren Maya, cuya rentabilidad aún no ha sido demostrada, genera serias dudas sobre la viabilidad de estas inversiones. A esto se suma el elevado costo de la deuda, que ya supera los 1.4 billones de pesos, lo que agrava aún más la presión sobre las finanzas públicas.

En medio de este ambiente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia apenas cuatro meses después de haber asumido el cargo, ante lo complejo que ha sido el manejo presupuestal en México.

Ante este panorama, es fundamental que el gobierno adopte una política coherente. Si decide mantener un alto nivel de gasto público en programas sociales y obras de infraestructura, deberá considerar una reforma fiscal que le permita incrementar los ingresos y garantizar el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Por otro lado, si el gobierno busca generar mayor certeza y atraer más inversión al país, deberá crear las condiciones adecuadas para lograrlo. Esto implica fortalecer su política de seguridad, ya que es un hecho que en diversas regiones del país el crimen organizado mantiene el control, muchas veces en complicidad con autoridades locales.

Por último, otro tema crucial es el de la certeza jurídica. Los cambios constitucionales en el Poder Judicial, el papel predominante que el Estado busca asumir en materia energética y el creciente endeudamiento de las empresas públicas hacen necesario establecer condiciones que brinden mayor seguridad sobre el rumbo económico y jurídico del país en el futuro. De no atenderse las señales, todos experimentaremos las consecuencias.