NACIONALES
Transparencia antifederalista
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
“Transparencia para el pueblo”, es el nombre del nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Ejecutivo Federal, que asumirá muchas atribuciones del actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que, por su naturaleza y origen, se asemeja mucho a una especie de ente creado por el doctor Frankenstein.
Está hecho con los restos de los cadáveres del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), del ya referido INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), aunque también tiene sus semejanzas con el Caballo de Troya.
En primer lugar, al igual que el entonces IFAI, por su naturaleza de desconcentrado, carece de atribuciones respecto del Poder Legislativo y el Poder Judicial; y -evidentemente- tampoco las tiene respecto de organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral, ni tampoco respecto de partidos políticos o sindicatos públicos, entre otros, quienes dependerán de otros entes o sus propias contralorías para tutelar el derecho de acceso a la información.
Irónicamente y, en razón de esa misma naturaleza tan limitada, muchísimo menos podría o debiera tener atribuciones respecto de las resoluciones emitidas por las autoridades garantes locales de las entidades federativas, pero en una evidente violación a la soberanía de los estados, se le están dando estas facultades notoriamente inconstitucionales, ya que es completamente antifederalista y nada ortodoxo que un simple órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo Federal, pueda estar requiriendo información y hasta sancionando a gobernadoras y gobernadores, y presidentas y presidentes municipales de todo el país.
Basta recordar que cuando se reformaron los artículos 6 y 116 de la Constitución Federal en materia de transparencia y derecho a la información en el año 2014, se partió de la premisa de que era imposible que el entonces IFAI revisara las resoluciones de los institutos o consejos locales de transparencia de las entidades federativas, justamente debido a su naturaleza administrativa vinculada directamente con el Poder Ejecutivo Federal, razón por la cual, con un libro de Fundamentos del Derecho Constitucional en la mano, se concluyó que la única forma en que ello era posible sería a través de la creación de un organismo constitucional autónomo nacional.
Sin embargo, 11 años después de aquella reforma, parecen haber olvidado esos principios básicos del constitucionalismo mexicano.
Cabe señalar que las facultades inconstitucionales de este desconcentrado se le están dando bajo la condición de que estén vinculadas con solicitudes de información concernientes a recursos públicos federales, sin embargo, dicha premisa es completamente inconsistente e injustificada para dotarle de dichas facultades.
No se justifica en primer lugar, porque bajo esa misma premisa podría también tener facultades respecto de cualquier otro poder federal (pues funcionan solo con ese tipo de recursos); y, en segundo lugar, porque la mayoría de los recursos públicos que se ejercen en las entidades federativas y los municipios tienen origen de carácter federal por el pacto fiscal que existe y, además, en sus presupuestos de egresos no se suele identificar el origen del recurso, por lo que casi todas las funciones que ejercen podrían vincularse con algún recurso público federal.
Por si fuera poco, en la fracción XIV del artículo 25 de la nueva Ley General de Transparencia, se le están dando atribuciones al nuevo «Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública» para emitir los Acuerdos que «autoricen y legitimen» (sic) a «Transparencia para el Pueblo» para resolver los recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares en contra de todas las resoluciones de las contralorías estatales, sin importar si están vinculadas o no con el ejercicio de recursos federales, como si fuera posible “legitimar” un esquema profundamente inconstitucional y anti federalista.
Otro problema importante es que será un desconcentrado unipersonal, por lo que en lugar de que exista un órgano colegiado que delibere públicamente el sentido y los motivos de sus resoluciones, todas las decisiones las tomará en una oficina y unilateralmente una sola persona que será designada directamente por la Presidenta de la República, sin establecerse algún candado respecto del perfil mínimo que deba de cubrir dicha persona, cuya responsabilidad y atribuciones serán gigantescas y cuasi inquisidoras.
En conclusión, me parece que esta propuesta es un verdadero Caballo de Troya, un aparente “regalo para el pueblo” que en realidad está concediendo atribuciones inconstitucionales (incluso a la luz de la más reciente reforma al artículo 116 constitucional), a un simple órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que por conducto de la persona que lo presida, el Poder Ejecutivo Federal pueda supervisar, vigilar, requerir e, incluso, sancionar a cualquier gobernadora, gobernador, alcaldesa o alcalde del país que se niegue a entregar información, aunque ésta haya sido debidamente clasificada, en una evidente invasión de competencias, que podría significar el principio del fin de la poca soberanía federalista y autonomía municipal que aún nos queda.
– Por Mario Ávila
El grave problema de las inundaciones, los socavones y las muertes que se registran en el temporal de lluvias, que en este periodo han cobrado ya la vida de 11 personas, podría atenuarse o resolverse con grandes obras como la reposición de los viejos colectores y la creación de un drenaje profundo en la zona metropolitana, a decir de los expertos.
Ante ello, el problema central radica en la inversión que se requiere y sobre este tema, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Federal, planteó que, aunque se trata de obras que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal, “seguramente la presidenta, Claudia Sheinbaum, en su facultad, respaldará a Jalisco y a todo el país”.
Solo vamos a esperar -dijo-, para ver cómo viene el Presupuesto de Egresos 2026 que se presentará en la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de nosotros aprobarlo; se presenta el 8 de septiembre y vamos a esperar, pero lo que sí te digo es que es una responsabilidad del estado, que ojalá que junto con los municipios puedan empezar a hacer estas obras de infraestructura fundamentales para la población.
«Pero desde que yo tengo conocimiento -abundó-, el grupo de Jalisco es un grupo que tiene mucho compromiso con su estado, cómo pelean, cómo luchan por obtener más programas, más recursos para su entidad, independientemente de quién lo gobierna. Y hoy tienen una gran ventaja ustedes, la presidenta de la Comisión de Presupuesto es de Jalisco y Marilyn Gómez Pozos tiene mucho compromiso con Jalisco; les quiero decir que si no mal recuerdo el año pasado obtuvo 8 mil millones de pesos más Jalisco y hoy no será la excepción».
– Por Mario Ávila
El primer tema que abordará el grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura Federal el 2 de septiembre, una vez arrancado el siguiente período ordinario de sesiones, será reformar el artículo 73 constitucional para elevar a la extorsión a rango de delito grave y perseguido de oficio.
Esto se acordó en la reunión plenaria efectuada en Jalisco, en presencia de 52 diputados federales integrantes de la bancada de Morena, quienes, bajo la coordinación del diputado Ricardo Monreal Avila, marcaron la pauta para ordenar los más de 30 instrumentos jurídicos que se han planteado como agenda, para aprobar en la Cámara de Diputados.
En presencia de legisladores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, hizo saber que la extorsión es un tema que le preocupa a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
«Por ello- dijo-, vamos a someterla a votación y vamos a aprobarla el día 2 de septiembre, es decir, será el primer instrumento que vamos a votar, la reforma al 73 constitucional y enseguida haremos la ley reglamentaria«.
«Ese día -abundó-, estamos planeando aprobarla con mucho gusto; ya está incluso aprobada en comisiones, ahora vamos al pleno. El lunes primero tendremos dos sesiones: la de arranque del Congreso y una sesión ordinaria, donde daremos publicidad a esa norma constitucional porque es un requisito legal el darle publicidad».
– Por Redacción Conciencia Pública
México enfrenta un repunte alarmante de casos humanos por miasis causada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), una plaga que se creía erradicada desde 1991 y que ha resurgido con fuerza en los últimos meses.
Desde abril de 2025, cuando se registraron los primeros contagios en Chiapas, la cifra ha ido en aumento, alcanzando a finales de julio 33 casos confirmados y la primera muerte atribuida a esta infestación.
Los pacientes afectados se concentran principalmente en Chiapas y Campeche, con un rango de edad que va de los 17 a los 86 años. La mayoría ha presentado lesiones en cabeza y extremidades, con síntomas como dolor intenso, fiebre, secreción y la presencia visible de larvas en heridas abiertas.
Aunque 24 personas ya han recibido el alta médica, al menos ocho permanecen en tratamiento y tres en hospitales debido a complicaciones severas.
El caso más grave hasta ahora fue el de una mujer de 86 años, originaria de Campeche, quien falleció a finales de julio tras desarrollar complicaciones asociadas a la infestación, agravadas por un cáncer avanzado.
Su muerte representa la primera víctima mortal humana en México por esta plaga, lo que ha encendido las alarmas en el sector salud y generado preocupación social.
La Secretaría de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas, al tiempo que exhorta a la población a mantener medidas preventivas básicas: cubrir y desinfectar heridas, cuidar la higiene personal y del ganado, y acudir de inmediato al médico en caso de sospecha. Expertos subrayan que el gusano barrenador puede provocar destrucción tisular grave si no se atiende de forma oportuna.
El impacto de esta crisis no solo es sanitario, sino también económico. El resurgimiento del gusano barrenador amenaza a la ganadería mexicana, ya que la plaga afecta principalmente al ganado bovino, ovino y porcino, generando pérdidas millonarias y restricciones en la exportación de carne hacia Estados Unidos.
Desde noviembre de 2024, México y EE. UU. han intensificado la liberación de moscas estériles —más de 885 millones liberadas hasta mayo de 2025— como parte de la estrategia binacional de control.
Mientras la cifra de contagios sigue en vigilancia, autoridades y especialistas advierten que el gusano barrenador representa un desafío de salud pública y seguridad alimentaria.
La reaparición de esta plaga, erradicada hace más de tres décadas, no solo evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales del sureste, sino que obliga a redoblar esfuerzos para contener su expansión y proteger tanto a la población como a la producción pecuaria nacional.
Desunión de diputados impidió frenar el aumento a tarifas del SIAPA
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