Opinión, por Miguel Anaya //

El reciente descubrimiento de un campo de entrenamiento y exterminio relacionado con células del narcotráfico en Teuchitlán, Jalisco, ha conmocionado a México y al mundo entero.

En este lugar se hallaron restos humanos, hornos crematorios y cientos de zapatos, evidencias de un centro de desaparición forzada y violencia extrema. Este suceso no es un caso aislado; refleja una crisis profunda que lleva décadas afectando al país. ¿Por qué México enfrenta niveles tan alarmantes de violencia? ¿Qué factores la alimentan y cómo podemos comenzar a abordarla?

La violencia en México es resultado de una compleja combinación de factores que han creado un entorno propicio para el fortalecimiento del crimen organizado. La corrupción en las instituciones de seguridad y justicia ha permitido que el crimen organizado se infiltre en el sistema. Cuando policías, jueces y políticos se coluden con grupos delictivos, estos operan con total impunidad. Si los delincuentes saben que no enfrentarán consecuencias, continuarán actuando sin límites.

La pobreza también juega un papel crucial en esta problemática. Más de 55 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza, con escasas oportunidades educativas y laborales. En este contexto, el crimen organizado se presenta a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, como una alternativa rápida para obtener dinero, protección y estatus social, algo que difícilmente obtendrían de otra manera.

Los jóvenes en comunidades marginadas son particularmente vulnerables a las organizaciones criminales, que les ofrecen un sentido de pertenencia y una fuente de ingresos que el Estado y las empresas no pueden garantizar, ya sea por la situación económica general del país o por su situación específica donde enfrentan la falta de acceso a una educación de calidad.

Además, la fácil obtención de armas en México complica aún más la situación. El país está inundado de armamento ilegal, mayormente proveniente de Estados Unidos. Estas armas no solo fortalecen a los cárteles, sino que también caen en manos de ciudadanos que intentan protegerse, y que en muchas ocasiones terminan siendo utilizadas en conflictos intrafamiliares o vecinales, intensificando un ambiente de agresividad en la sociedad.

Otro factor preocupante es la normalización de la violencia. En muchas comunidades, la violencia se ha convertido en parte de la vida cotidiana. La cultura del «narco» y la percepción de que la violencia es una solución a los conflictos han permeado la sociedad. La música, el cine y los medios de comunicación a menudo glorifican la vida criminal, lo que refuerza estas conductas y crea una aspiración en torno a ellas. Esto dificulta la construcción de una cultura de paz y respeto.

Lo más alarmante es que el hallazgo de este campo de exterminio no es un caso aislado. El alcalde de Teuchitlán, al declarar el 11 de marzo a un medio local, afirmó: “Sitios como este habrá en todo el estado”. No está claro si sus palabras pretendían minimizar el hecho o llamar la atención sobre la situación general en Jalisco.

En fin, para abordar el problema de la violencia en México, es esencial un enfoque integral que ataque las raíces del conflicto. Algunas medidas clave incluyen:

1. Combatir la corrupción, capacitando a las fuerzas de seguridad y logrando un estado de derecho fuerte, asegurando que los responsables de actos violentos enfrenten consecuencias reales.

2. Invertir en programas que generen empleos dignos y acceso a educación de calidad para reducir el reclutamiento por parte de grupos criminales.

3. Fortalecer la cooperación con Estados Unidos para frenar el tráfico de armas y establecer regulaciones internas más estrictas.

4. Promover campañas que fomenten la cultura de paz y desafíen la normalización de la violencia, impulsando el respeto y la convivencia pacífica a través de plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales.

Teuchitlán nos confronta con el rostro más brutal de la violencia en México, instándonos a replantear la estrategia de seguridad y la procuración de justicia. Si el Estado, en sus tres niveles, y la sociedad trabajan juntos para abordar las causas profundas de la violencia, aún hay esperanza de construir un país más seguro y justo para todos. No abandonemos esta idea: vivir en paz no es una utopía ni un sueño aislado, es una necesidad urgente que podemos resolver entre todos.