JALISCO
Desconexión moral

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
La manera sistemática mediante la cual los gobernantes de todos los niveles y calañas eluden sus responsabilidades de ley es una estrategia para desconectarse moralmente de sus omisiones, obligaciones y hasta de complicidades. Albert Bandura, fue un psicólogo norteamericano-canadiense, de origen ucraniano, que propuso cuatro mecanismos utilizados para justificar cognitivamente sobre el porqué las personas cometemos actos inmorales.
1. Pretender que la cuestionable conducta (en sí misma) no es inmoral; 2. Que el perpetrador de la inmoralidad pueda minimizar su papel en el daño; 3. Las consecuencias que derivan de las acciones; 4. Cómo se sojuzga a las víctimas de dichas inmoralidades mediante la táctica de devaluarlas como seres humanos o culparlas de lo que les sucede.
Vienen a la mente una serie de atrocidades en contra de mexicanos que los gobernantes en turno, de todos los partidos, han utilizado para esa desconexión moral, tales como: la matanza del 68; la matanza de Acteal, la de Ayotzinapa y más recientemente las de San José de Gracia y Celaya y…hoy el “caso” Teuchitlán, que es la punta de un iceberg maligno nacional.
En todas estas anomalías, invariablemente, los gobernantes trataron de desplazar la responsabilidad; derivarla o de plano eludirla. Algunas veces hacia los grupos delictivos que operan impunemente por todo el territorio mexicano y -las peores- hacia las víctimas de las barbaries cometidas en su contra.
Dicha estrategia con el fin de tergiversar los hechos, minimizar los daños y para deshumanizar a los desaparecidos o asesinados se puede dar mediante la justificación “moral” y hacer socialmente aceptable la conducta que finge servir a propósitos sociales muy loables.
Según como se les nombre, pueden ser etiquetas eufemísticas para ocultar la verdad: Por ejemplo, afirmar que los asesinados “eran miembros de cárteles criminales”, “ellos comenzaron las agresiones” o “sabrá Dios en qué andarían esos muchachos descarriados”.
También la desconexión moral recurre a la comparación paliativa o ventajosa: “Esta violencia no es tan grave; no hay focos rojos; es exagerado considerarla como indicio de mal gobierno o vacío de poder oficial”, se les ha escuchado decir con todo el cinismo posible.
El desplazamiento de la moral la usan los delincuentes que, socarronamente, alegan eran “mandados” y por ello, argumentan no pueden ser culpados de muertes, torturas, desapariciones, estafas y extorsiones, por citar sólo algunas de los “trabajos” que realizan o realizaron.
El colmo de los gobernantes es cuando con una impudicia digna del peor delincuente, trata de “embarrar” a los ciudadanos. “Esto es culpa también de la sociedad; de los ciudadanos que se quedan pasivos; de la gente que al no hacer nada propicia la delincuencia”. A esto se le conoce como Difusión de la Responsabilidad y consiste en minimizar al máximo el daño que causa la delincuencia. Se pretende, por la parte oficial, trasladar a la sociedad lo que corresponde por ley al Estado.
Deshumanizar a las víctimas, mediante socarrones adjetivos; mediante el desprecio a sus existencias; mediante la minusvaloración de sus vidas; mediante la siembra de dudas sobre la honradez de los agredidos son recursos bajos de los que ejercen el poder.
Tienen esa costumbre de desconectarse moralmente y desplazar la responsabilidad de su ineficiencia, de su ineptitud y también de su complicidad con los grupos de facinerosos, llevan a cabo atribuciones de culpabilidad. Es así como maniobran para machacar que ellos son también víctimas: de gobernantes corruptos del pasado; de “herencias” y contubernios de los “malos” que, siempre resultan ser ajenos a sus ideologías o aún mejor, de sus partidos.
Son tan persistentes y repetitivos en sus “verdades” que pasan a convertirse en mitómanos y a arrastrar con ellos a quienes, por conveniencia, por ignorancia o por estulticia, creen a pie juntillas- o fingen creer- esas desconexiones morales tan adecuadas para eludir las responsabilidades, los compromisos. No únicamente los legales…también los personales que les convirtieron, en un momento dado, en adalides de los cambios, de la rectitud, de los valores más preciados y que, al final, resultan igual o peores que lo que se comprometieron a cambiar.
Si revisamos la historia de nuestro país encontraremos frases que quedaron para la posteridad de gobernantes cuando se les exigió actuar como defensores de las leyes, de la gente.
La tragedia del 22 de abril dejó una frase de Guillermo Cosío Vidaurri quien, al preguntarle por qué no se dio la orden de evacuación a los vecinos de las calles que luego estallaron comentó: “pues es que la gente es como niño chiquito, al que se le está advirtiendo que no se suba a la barda porque se va a caer”.
En 1968 el gobierno de Díaz Ordaz, vía el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, repitió hasta el cansancio que la masacre de la Plaza de las Tres Culturas fue iniciada por los estudiantes: “querían mártires para hacernos ver mal ante la comunidad mundial con motivo de las Olimpiadas”.
Los panistas al llegar al poder en Jalisco se ufanaron de “llegar para cambiar a todos los rateros, perversos, siniestros, malévolos y malintencionados que gobernaron a Jalisco”. Y sí. Los cambiaron…por ellos mismos. Obviamente no les faltaron excusas para desconectarse moralmente de las desviaciones que tanto criticaron.
Los actuales gobernantes no cantan mal las folclóricas: “Nosotros no somos corruptos”; “Esto es culpa de Calderón”; “Los asesinados son miembros de pandillas o andan en malos pasos”; “No es cierto que los delincuentes han rebasado al gobierno”; “Vamos a sacar al Ejército de las calles porque no se debe militarizar al país”. Y así hasta el infinito.
Conclusión: desde que se inventó la desconexión moral se acabaron los políticos infames, mentirosos, ineptos y rateros. Y todavía hay gente que les cree.
CARTÓN POLÍTICO
¿Por qué ignoró el campo de exterminio?
ENTREVISTAS
Diputada Valeria Ávila: Propone una fiscalía especializada en violencia de género

Por Francisco Junco //
La impunidad en los delitos de violencia de género en Jalisco ha alcanzado cifras alarmantes. De acuerdo con México Evalúa, el estado registra un 100 por ciento de impunidad en feminicidios y violaciones, así como un 99.89 por ciento en otros tipos de violencia contra mujeres y un 99.52 por ciento en abuso sexual. Ante este panorama, la diputada Valeria Ávila Gutiérrez, de Hagamos, impulsa la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en Razón de Género.
En entrevista con Conciencia Pública, la legisladora subrayó que «desgraciadamente estas cifras, nos revelan que no han sido suficientes las estrategias, que se han implementado en Jalisco, ni las alertas de género, ni la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ni la Vicefiscalía para atender la violencia contra las mujeres».
La propuesta, explicó Ávila Gutiérrez, se está construyendo con la participación de académicas, especialistas en el tema, instituciones educativas y organismos públicos, con el fin de garantizar un diseño adecuado.
«Lo más relevante, es que quien va a ser la titular de esta fiscalía tendría que ser una mujer con experiencia, una mujer que se sometiera a una convocatoria pública y que obviamente cumpliera con los requerimientos, puestos por las universidades públicas, por organismos internacionales, que nos ayudarán a tener al mejor perfil y que no sometan a las mujeres a la revictimización”.
La Legisladora recordó el caso de Luz Raquel, víctima de feminicidio en Zapopan, y criticó el manejo del caso por parte de la Fiscalía del Estado y aseveró que ésta “ni siquiera consultó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para ver si se estaba abordando el caso con perspectiva de género y lo único que hizo fue crear una tendencia y una narrativa en donde ella se había suicidado, quemándose a sí misma”.
Casos recientes como el de Astrid, agregó, refuerzan la necesidad de una fiscalía con autonomía, ya que en este caso “El presunto feminicida, quien ya tenía un delito anterior, ni siquiera esta pena logró que él dejará de cometer este delito».
Y es que, actualmente, Jalisco cuenta con una Vicefiscalía que atiende estos delitos, sin embargo, según Ávila Gutiérrez, “tiene siete unidades y de estas, sólo dos son para el tema de género. El presupuesto se divide entre todas las unidades y no se somete a ninguna convocatoria pública para elegir a su titular”, en cambio, la propuesta que está planteando, es una nueva fiscalía que tendría autonomía, presupuesto propio y un perfil idóneo para atender los casos con perspectiva de género.
Además, se busca que la fiscalía contemple unidades especializadas en transfeminicidios y otros delitos contra la comunidad diversa, y “estamos construyendo estas rutas con especialistas, colectivas y organizaciones civiles para que la fiscalía especializada abrace todas las necesidades de la comunidad y no solamente sea una propuesta salida desde las diputaciones”.
La iniciativa se está trabajando con académicas de la Universidad Panamericana, ITESO y la Universidad de Guadalajara, así como con colectivas como Juntas Hagamos, Colectivo Diverso UDG y Leonas con Raíces. También han participado exdiputadas como Mara Robles y Susana Muñiz Moreno, además de la Federación Estudiantil Universitaria.
A nivel legislativo, la propuesta cuenta con el respaldo de diputadas como Tonantzin Cárdenas de Futuro, Itzul Barrera de Morena y Candelaria Ochoa, ambas de Morena, así como de los diputados Leonardo Almaguer del PT, Tonatiuh Bravo Padilla de y Enrique Velázquez de Hagamos.
«Sé que podemos encontrar muchos puntos de coincidencia con compañeras de lucha, de otros partidos, como Cuquis Camarena del PRI, Claudia Murguía del PAN y Montse Cisneros de Movimiento Ciudadano, que sé que estarían dispuestas a discutirlo. En este momento no puedo hablar por ellas, porque tampoco las hemos buscado, pero estoy segura de que estarían dispuestas a discutirlo”.
La iniciativa será presentada el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tras varias mesas de trabajo y discusión del tema, la legisladora aclaró que “no nos estamos peleando con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ni con la red de centros de justicia, al contrario. Las necesitamos para que la iniciativa sea integral, pero sobre todo para que esta iniciativa pase y tenga presupuesto público para el 2026”.
Además, la diputada recordó que la ahora ex titular de la SISEMH (Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres), Paola Lazo Corvera, expresó la necesidad urgente de establecer una fiscalía especializada en delitos contra mujeres debido a la persistente impunidad en casos de feminicidio y abuso sexual en la entidad.
En una rueda de prensa titulada «Vivir Seguras», la diputada Valeria Ávila presentó junto a académicas, representantes de colectivos e instituciones, la iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada, donde enfatizó la urgencia de discutir y construir esta iniciativa, pero con la participación de especialistas, colectivas feministas y la Red de Justicia para las Mujeres.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran la elección de la titular a través de un proceso público y transparente con participación de mujeres, la conformación de un equipo especializado con enfoque de género, y la realización de un Parlamento abierto para fortalecer la iniciativa con la ciudadanía.
En esa rueda de prensa, la diputada Candelaria Ochoa de Morena, informó sobre un paquete de reformas para garantizar la paridad en cargos públicos, reducir la brecha salarial de género y mejorar la investigación de delitos contra las mujeres. Tonantzin Cárdenas reiteró su compromiso de trabajar con colectivas para combatir la violencia vicaria, mientras que Tonatiuh Bravo aseguró que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) hará de esta agenda una causa prioritaria.
Para la diputada Valeria Ávila, la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género se convierte en una necesidad inaplazable, ya que, en Jalisco, donde la violencia contra las mujeres se vive todos los días, se necesita garantizar que los centros de justicia cumplan con su propósito.
“Ojalá estemos a la altura, en los tres niveles de gobierno, para colaborar con la creación de la misma, no solamente porque la federación nos lo está pidiendo, sino porque la violencia en contra de nosotras es algo que se vive todos los días y tenemos que ayudar a que los centros de justicia para las mujeres cumplan con la creación de su espíritu, que es el acceso a la justicia para las mujeres”, puntualizó.
JALISCO
Consejo de Colegios de Abogados: Proponen mecanismos para elegir jueces y magistrados sin favoritismos

Por Francisco Junco //
“No queremos que sea por tómbola, queremos que haya un examen de oposición, réplica y contrarréplica, donde se evalúe la capacidad de los candidatos”, así lo expresó José Luis Tello Ramírez, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía en el Estado de Jalisco, quienes proponen este mecanismo especial en la reforma judicial en la entidad para evaluar a los candidatos a jueces y magistrados.
Explicó que ese examen sería aplicado por, lo que él llamó, la creación de un Consejo de Evaluación, donde estarán los peritos especialistas en la materia, incluyendo al Colegio de la Abogacía en Jalisco, quienes realizarían el cuestionario o preguntas adecuadas.
“Veremos el perfil. Y veremos los conocimientos vastos que tiene esa persona que pretende ser, juez, magistrado, para saber si son gentes calificadas, porque lo que buscamos es que sea público y notorio, que esa persona como se va a transparentar su capacidad y experiencia. Es un examen de evaluación teórico práctico para que sepamos que efectivamente es una persona que merece todo el respeto para poder llegar a un cargo tan importante”.
En las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco, Tello Ramírez, presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial, la cual fue entregada a la Oficialía de Partes, con el objetivo de que inicie su procedimiento y presentación ante la Cámara de Diputados.
“Lo que pretendemos es que no haya antecedentes penales y, sobre todo, que se erradique, no estén señalados por la violencia familiar”, señaló Tello Ramírez y aseguró que la propuesta que presentaron busca eliminar prácticas corruptas dentro de los tribunales, así como el nepotismo y el tráfico de influencias, fortaleciendo así el Estado de derecho.
Y es que el Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco busca no sólo impulsar esta propuesta de reforma al Poder Judicial, sino también formar parte activa en la selección de los futuros jueces y magistrados, ya que consideran que su experiencia y representación dentro del gremio jurídico los convierte en un actor clave para garantizar un proceso de evaluación transparente y basado en méritos.
“Queremos ser parte del Consejo de Selección y del Centro de Evaluación, porque conocemos el derecho, conocemos a nuestros colegas y sabemos lo que la sociedad necesita de sus jueces. No podemos permitir que las designaciones sigan siendo opacas o sujetas a influencias ajenas a la justicia”, señaló Tello Ramírez.
En la entrevista con Conciencia Pública, antes de entregar el documento, el litigante explicó que uno de los puntos más importantes de la reforma es la erradicación del reparto de cuotas y cuates dentro de los tribunales de justicia.
“Es lamentable que hoy por hoy muchos tribunales están contaminados con lo que es el reparto de cuotas y cuates, en donde está la pariente o la gente que están dentro de los tribunales como jueces, secretarios”.
José Luis Tello Ramírez, resaltó que la aspiración de la propuesta que presentaron en el Congreso busca que los funcionarios judiciales sean elegidos por su vocación a la justicia y no por relaciones familiares o de poder.
Sobre los requisitos para ocupar cargos judiciales, el presidente de este Colegio indicó que su propuesta establece que los aspirantes sean licenciados en derecho, con una trayectoria probada, honestos y comprometidos con el ejercicio profesional.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma que está proponiendo es la eliminación del Consejo de la Judicatura, ya que lo que se busca es que “ese dinero que esta malamente empleado”, sirva para crear más juzgados, y argumentó que dicho Consejo ha sido un obstáculo para el buen funcionamiento del sistema judicial.
En cuanto a la posibilidad de realizar elecciones judiciales este año, Tello Ramírez aseguró que lo que más le conviene al estado es llevar el proceso electoral de jueces y magistrados hasta 2027.
“Lo que pasa es que la incertidumbre nos ha llevado a otro camino, se necesita un presupuesto, una metodología y sobre todo una capacitación. No podemos tomar como, si fuera una olla de vapor, que sería hacer una elección con prontitud. Pienso que lo más correcto sería hasta el 2027, que es cuando se tendría que llevar a cabo los cambios al 100% tanto de jueces, magistrados, porque esto nos da una certeza jurídica”, expuso.
La propuesta cuenta con el respaldo de 36 agrupaciones profesionales que representan a más de 17 mil 600 abogados en el estado. “Queremos un gobierno abierto, queremos unas políticas públicas que refuercen el ejercicio profesional de la abogacía”.
Reiteró que la propuesta busca eliminar la corrupción, erradicar el tráfico de influencias y garantizar que los jueces y magistrados sean personas competentes y con verdadero compromiso con la justicia. “No queremos que sea por tómbola, queremos que haya un examen de oposición, réplica y contrarréplica, donde se evalúe la capacidad de los candidatos”.
Esta propuesta fue puesta a disposición formalmente ante el Congreso del Estado de Jalisco para su análisis y discusión, la cual, a decir del presidente de Colegio de la Abogacía, pretende ser una solución a los problemas actuales del sistema judicial, promoviendo una justicia más transparente y eficiente para todos los ciudadanos.
La presentación, dijo el presidente del Colegio, se debió a que en la propuesta reciente que presentó el Gobierno del Estado no los tomó en cuenta. “Estamos en el Congreso para cumplir con lo que realizamos para presentar esta propuesta y seamos tomados en cuenta en la transparencia y sobre todo para erradicar la corrupción en el tráfico de influencias”.
Al ser cuestionado sobre sí aspiraba a algún cargo de los que se van a elegir en las próximas elecciones del Poder Judicial en la entidad, el abogado subrayó que lo que se pretende es que los tiempos se den solos.
“Todos tenemos interés en impartir justicia. Nunca se va por el sueldo, se va por la dignificación del Poder Judicial. Todos y cada uno de los personajes que pretendamos llevar a cabo entrar a ese proceso, tenemos que entender que la justicia no tiene precio, no se vende, no está comprometida y fuera los grupos fácticos, fuera los partidos políticos y que sean personas que no tienen más compromiso más que servir a la sociedad”, puntualizó.
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