Por Mario Ávila //

Una jornada de luto nacional se llevó a cabo la tarde-noche de este sábado 15 de marzo en al menos 24 ciudades del país, en solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y en particular por las víctimas del campo de exterminio encontrado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, en donde se detectaron el pasado 5 de marzo, huesos calcinados en al menos cuatro hornos crematorios, así como infinidad de objetos personales como ropa, calzado, mochilas, libretas, fotografías, cartas, listas y cuadernos, que evidencian la magnitud de la crisis de desapariciones por la que atraviesa Jalisco, como el estado líder nacional en ese delito, con más de 15 mil familias en las que lloran por una desaparecido.

A las puertas de Palacio de Gobierno, más de 2 mil integrantes de los colectivos de buscadores (as) de desaparecidos (as), efectuaron un acto de memoria y resistencia, con veladoras, zapatos, flores, fotografías, lonas y carteles en los que coincidía el mensaje de “Teuchitlán, nunca más”.

Destacaron también en las consignas verbales lanzadas sobre la Plaza de Armas, mensajes coincidentes que aludían al Estado como responsable de acción u omisión, del trágico hallazgo detectado 10 días atrás, por los integrantes del grupo de Guerreros Buscadores de Jalisco, encabezados por su líder Indira Navarro.

“Estado corrupto, por tu culpa estoy de luto”; “Muera el mal gobierno”; “¡Alfaro sí sabía!”; “Gobierno cómplice”; “Lemus, da la cara”; “Jalisco, narco gobierno” y “El gobierno no nos cuida, nos desaparece”, fueron las consignas con las que se acusó al Estado.

Y no es para menos, ya que en la bitácora de los hechos y dichos que se han registrado en los últimos días, han salido a relucir elementos grotescos, que lo que menos exhiben los gobernantes es ineptitud, omisión o de plano hasta complicidad.

De entrada el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro pareció no entender la magnitud del suceso al advertir en su primera declaración, que él había entrado después del mes de septiembre del 2024, cuando tuvo lugar una intervención de las fuerzas de seguridad en el mismo rancho, en donde se detuvo a 10 delincuentes, se rescató a dos personas privadas de la libertad y se encontraron dos cuerpos sin vida.

La siguiente declaración de Lemus Navarro fue para ofrecer la cabeza de la agente del Ministerio Público que en esa acción, no tuvo el cuidado de intervenir, investigar y ordenar una revisión exhaustiva al Izaguirre Ranch, aunque tenía a su disposición maquinaria pesada y todo tipo de tecnología para haber detectado, lo que buscadores de desaparecidos encontraron seis meses después.

Una declaración más de Pablo Lemus fue en el sentido de plantear en una primera instancia, que no había motivos para que el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República, atrajera la investigación, ya que la Fiscalía del Estado podía cumplir con ese trabajo.

El gobernador Pablo Lemus al medio día del pasado miércoles subiría un video para precisar que “en Jalisco nadie se lava las manos” y dio a conocer que la Fiscalía General de la República atraería el caso, de la misma forma dio a conocer que habían invitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a (CNDH) a sumar esfuerzos, así como la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, el presidente municipal de Teuchuitlán, José Ascención Murguía Santiago, quien gobernó en el trienio 2021-2024 y se religió por Movimiento Ciudadano para el período 2024-2027, dijo desconocer la existencia del rancho Izaguirre, donde fue detectado un campo de entrenamiento criminal y sitio de extermino, usado presuntamente por el CJNG.

El munícipe se excusó con el argumento de que ese rancho se encuentra distante de la cabecera municipal y culpó a las redes sociales, porque según él, han distorsionado lo que está pasando en el municipio.

Una voz más que se expresó con mucha irresponsabilidad, se dejó escuchar desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, en donde se argumentó que no habían intervenido en el caso en primera instancia, porque se trataba presuntamente de un asunto entre particulares y no había alguna autoridad involucrada.

Y para coronar esta seguidilla de argumentos de las autoridades de Jalisco, para el fiscal, Salvador González de los Santos, en septiembre del 2024 no se abundó en la investigación del todo el rancho, por las grandes dimensiones del inmueble, con lo que buscaba exculpar o justificar a inacción de su antecesor, el ex fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.

ASESINATO, TORTURA, VIOLACIÓN Y TRÁFICO DE ÓRGANOS, EN TEUCHITLÁN

A raíz del hallazgo de objetos y evidencias encontradas en el rancho Izaguirre el pasado 5 de marzo por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, han surgido nuevos testimonios de sobrevivientes de ese campo de exterminio, que están dispuestos a rendir sus declaraciones ante las autoridades, pero con la única condición de que sea ante la Fiscalía General de la República, es decir, no le tienen confianza a la autoridad ministerial del Estado.

De ello habló este sábado 15 de marzo en la Ciudad de México, la propia líder de la organización de buscadores que realizó detección de este auténtico campo de concentración que operaba desde el 2012, Indira Navarro, quien ha detallado que entre los delitos que ahí se cometían y que se han señalado a través de diversos testimonios que han dado algunos sobrevivientes, destacan: Asesinato, tortura, esclavitud, violación y otras formas de violencia sexual (incluyendo a niños), desaparición forzada, exterminio y tráfico de órganos.

Por cierto, todos ellos son algunos ejemplos de delitos considerados como de lesa humanidad, un término que se utilizó por primera vez en los juicios de Nüremberg contra los dirigentes nazis, en respuesta al Holocausto.

En el acto de memoria y resistencia que tuvo lugar en el Zócalo, Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, destacó la importancia de estas protestas para mantener viva la memoria de las víctimas y presionar a las autoridades para que actúen con diligencia.

“No podemos permitir que los responsables sigan impunes. Esto no es solo un tema de Jalisco, es una tragedia nacional”, afirmó Navarro durante su intervención en el mitin.

Esta movilización forma parte de una jornada nacional de vigilia y luto que busca visibilizar la crisis de desapariciones en el país al menos 24 entidades de México, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, en donde se replicó la vigilia de manera simultánea.

DESTITUCIÓN Y SANCIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

En el posicionamiento leído este sábado frente a Palacio del Gobierno de Jalisco, los participantes en la vigilia plantearon la exigencia de que se garantice la destitución y una sanción ejemplar, a los funcionarios públicos que resulten responsables por acciones u omisiones, de los hechos que han tenido lugar en el caso del rancho Izaguirre, “ya que ellos pudieron haber facilitado la operación de estos centros de exterminio”.

Lamentaron que este hallazgo, que debería ser producto de una investigación oficial, fue descubierto “gracias al incansable trabajo de los colectivos de familias buscadoras”.

Explicaron que de acuerdo a testimonios y datos de operativos, “desde hace muchos años este lugar ha sido un centro de exterminio y de reclutamiento forzado, operando bajo la clandestinidad y con la complicidad de las autoridades, en donde incluso en septiembre del 2024 se realizó un operativo en este sitio, sin embargo no se dieron cuenta de las fosas clandestinas y esta grave omisión pone en evidencia que la impunidad, la negligencia y la colusión entre autoridades y bandas criminales, ha permitido que estos espacios sigan operando con absoluta libertad”.

Lamentaron que la narrativa oficial que se le dedica a estas crisis de inseguridad, obedece a las disputas entre carteles, y con esta visión se cubre la irresponsabilidad de acciones, que han permitido errores en Jalisco, por la omisión de las autoridades, desde el nivel municipal, el estatal y el federal, “lo que ha convertido a Jalisco en una sitio de impunidad y por ello no es coincidencia que los hallazgos de fosas clandestinas y crematorios, sigan en aumento mientras la Fiscalía de Jalisco minimiza los hechos y obstaculiza la búsqueda”.

Se abunda en el posicionamiento, que “la falta de diligencia y el operativo previo en el rancho Izaguirre, demuestra que estos crímenes han sido encubiertos, o en el peor de los casos, tolerados; las autoridades han demostrado una absoluta falta de voluntad para investigar”.

Por la inoperancia institucional –expusieron-, es también una forma de violencia, esos hallazgos no solo representan un atentado contra la dignidad humana, sino que imponen resistencia de una estructura muy fuerte, que impide atacar la desaparición forzada y el exterminio sistemático de personas, que son crímenes graves y deben ser tratados como tales.

Por ello, en este marco las familias de personas desaparecidas pedimos:

1.- Investigación inmediata e integral sobre los responsables de operar permitir y encubrir la operación de estos hornos crematorios y fosas clandestinas.

2.- El esclarecimiento de los hechos.

3.- La identificación de las posibles personas fallecidas a las que pertenecen todos los restos humanos y prendas localizadas en el sitio.

4.- Exigimos que se sigan líneas de investigación que contemplen la de la participación de autoridades en estos hechos, así como la de los familiares de las personas ahí fallecidas.

5.- No permitiremos que las personas fallecidas sin identificar se sigan acumulando en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es fundamental garantizar justicia para todas las víctimas, sin criminalizar a quienes fueron sometidos a esta violencia y también la ejercieron de manera forzada, y fueron obligados a cometer actos violentos en contra su voluntad y la protección efectiva a las personas buscadoras porque nuestro trabajo no es de menor y es de riesgo, por eso exigimos garantías de seguridad a quienes nos dedicamos a ello y nos hemos convertido en actores fundamentales, ya que durante años hemos demostrado que somos la única fuerza real de búsqueda en este país y exigimos que nuestro trabajo sea valorado.

EL HORROR DE TEUCHITLÁN: LA ACTIVISTA Y ABOGADA GUADALUPE RAMOS ALERTA QUE ES VITAL PRESERVAR LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS INDICIOS: CLADEM

Ante la gran cantidad de evidencias y elementos de prueba encontrados en el rancho Izaguirre, que serán fundamentales para llegar a conocer la verdad, la representación del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (CLADEM), hizo énfasis en la necesidad de preservar la cadena de custodia de estos indicios.

En virtud de que en el trámite de la investigación por parte de la Fiscalía del Estado, ha llegado al extremo de poner en duda la existencia de los hornos crematorios encontrados en el rancho Izaguirre, CLADEM consideró que es imperativo que las autoridades forenses y de procuración de justicia actúen con estricto apego a los protocolos de investigación y recuperación de restos humanos.

Expusieron que la inspección minuciosa de estos lugares, el levantamiento y análisis de indicios, y la garantía de la cadena de custodia, son acciones fundamentales para la identificación de las víctimas y el acceso a la justicia. “No podemos permitir que la falta de diligencia o la negligencia institucional retrasen o impidan el derecho de las familias a conocer la verdad”, plantearon en un comunicado.

La representación de CLADEM en Jalisco, expresaron su solidaridad con las familias de las personas desaparecidas y con las madres buscadoras de Jalisco, “cuyo incansable esfuerzo en la localización de sus seres queridos representa una lucha por la verdad y la dignidad”.

Los recientes hallazgos –se abunda-, de 3 crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre y de objetos personales como ropa, calzado, mochilas, libretas, fotografías, cartas, listas y cuadernos, evidencian la magnitud de la crisis de desapariciones y la violencia que atraviesa nuestro estado y el país. Estos sitios son testigos silenciados de graves violaciones a los derechos humanos y de una impunidad que persiste en el estado. 

Ante estos hechos, les llamó la atención la declaración del Fiscal sobre la inspección previa en septiembre del 2024, en la que se afirmó que no se revisó todo el rancho debido a su extensión. Para CLADEM, “esta omisión es inaceptable y pone en evidencia la necesidad de que las autoridades implementen estrategias más eficaces para la búsqueda de personas desaparecidas y el esclarecimiento de estos hechos. La impunidad no puede seguir siendo la norma”.

Por ello, con el apoyo y la asesoría de peritas expertas del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, exigen se sigan procedimientos rigurosos para preservar la integridad de la escena y se garantice una investigación exhaustiva.

Además detallaron algunas acciones fundamentales que deben llevarse a cabo:

1. Aseguramiento y documentación de la escena:

• Fijar y acordonar el área para evitar la contaminación de la escena y mantener su integridad.

• Registrar fotográfica y videográficamente la escena, capturando desde planos generales hasta detalles específicos de los indicios presentes.

• Elaborar croquis o planos que reflejen la disposición exacta de los elementos encontrados, incluyendo puntos de referencia y coordenadas geográficas si es necesario.

2. Recuperación y manejo de indicios:

• Describir detalladamente cada indicio, especificando su ubicación, forma, tamaño y condición.

• Realizar el levantamiento, embalaje y etiquetado de los indicios siguiendo protocolos que aseguren la cadena de custodia.

3. Análisis de restos humanos:

• Recuperar y analizar los restos óseos o humanos presentes, aplicando técnicas de antropología y odontología forense.

• Tomar muestras genéticas para su posterior confronta con bases de datos de personas desaparecidas, facilitando su identificación.

4. Investigación de objetos personales:

• Examinar minuciosamente los objetos personales encontrados, como ropa, calzado, mochilas, libretas, fotografías, cartas, listas y cuadernos, ya que pueden proporcionar información valiosa sobre la identidad de las víctimas y las circunstancias del hecho.

5. Colaboración interinstitucional:

• Coordinarse con otras autoridades competentes, como instituciones de salud pública, protección civil y medio ambiente, especialmente si se encuentran sustancias químicas, biológicas o residuos que requieran manejo especializado.

6. Registro y seguimiento:

• Mantener registros precisos y completos de todos los indicios recuperados, asegurando la continuidad y documentación de cada movimiento o traslado para preservar la cadena de custodia.

La aplicación estricta de estos procedimientos es esencial para garantizar la integridad de la investigación, facilitar la identificación de las víctimas y contribuir al esclarecimiento de los hechos en escenarios tan complejos como los encontrados por los colectivos de personas desaparecidas en el rancho Izaguirre. Remata el comunicado de CLADEM Jalisco.

SI HAY QUE TRAER DE ESPAÑA A LOS RESPONSABLES, QUE SE HAGA

Para Guadalupe Ramos Ponce, representante de CLADEM en Jalisco, para atender el grave problema de Teuchitlán, se tienen que involucrar los tres órdenes de gobierno y por supuesto las Fiscalías deben tener un estrecho de trabajo de colaboración.

“Nosotras consideramos –dijo-, que este es un tema en el que se deben realizar una serie de acciones en torno al resguardo de todos los indicios y evidencias, para que puedan servir en un momento para todos los casos de las madres buscadoras”.

Expuso que la solicitud que hace CLADEM, es que se haga una investigación mucho más profunda, a la simple declaración del gobernador Pablo Lemus, en el sentido de que si se tiene que actuar en contra de la agente del MP que llevó el caso del rancho en septiembre del 2024, habrá que hacerlo.

Ante lo que Ramos Ponce esgrimió: “El hilo siempre se rompe por lo más delgado y por supuesto que si esta persona tiene responsabilidad, tiene que fincársela, pero con las investigaciones correspondientes; sin embargo habrá que considerar que arriba, a un lado y abajo, hay más gente involucrada, incluso el propio fiscal porque finalmente él es el responsable, y yo me supongo que esa información también la tenía el propio ex gobernador; entonces esa responsabilidad no tiene que recaer solo sobre una persona, sino que debe hacerse una responsabilidad mucho más amplia de todos los funcionarios que están incluidas ahí”.

De ahí que también estableció con mucha precisión la representante de Cladem en Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce, que si tiene que traer de España a alguna persona para poder hacer justicia, que se haga.

Sobre la comparecencia que los funcionarios del gabinete de seguridad tendrán que hacer ante el Congreso del Estado, para rendir cuentas al Poder Legislativo sobre el caso del rancho Izaguirre, Ramos Ponce aseguró que no se podrán excusar como el gobernador Pablo Lemus, diciendo simplemente que ellos aún no habían llegado al cargo cuando ocurrieron los hechos de septiembre del 2024, “ya que su responsabilidad es institucional y no se circunscribe a un período puntual como un sexenio, ya que para ello hay procesos de entrega-recepción y muchos de los funcionarios de todos los niveles, se quedan de un gobierno a otro”.