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Cuahutémoc y la oportunidad de cambiar la historia

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Opinión, por Miguel Anaya //

Durante años, Cuauhtémoc Blanco fue un ícono del fútbol mexicano, un ídolo popular que alcanzó la gloria en la cancha gracias a su talento excepcional. Sin embargo, su incursión en la política ha estado marcada por controversias. La trayectoria de Blanco hacia el poder ilustra cómo la fama y el oportunismo político pueden abrir las puertas a cargos públicos, incluso cuando faltan las credenciales políticas y profesionales mínimas necesarias.

En 2015, el Partido Social Demócrata (PSD) vio en Blanco una oportunidad para capitalizar su popularidad y asegurar votos. Documentos revelados en ese momento mostraron que el PSD pagó siete millones de pesos para que él fuera su candidato a la alcaldía de Cuernavaca, sin importar los resultados electorales.

El contrato, firmado el 17 de enero de 2015, indicaba que Blanco debía mantener una actitud carismática, mientras que José Manuel Sanz, su representante y futuro secretario del ayuntamiento, se comprometía a «controlar su carácter» y evitar comportamientos groseros o conflictivos.

Además de esta transacción financiera, el contrato incluía demandas como el alquiler de dos departamentos de lujo, bebidas alcohólicas y camionetas de alta gama. Su campaña fue financiada no solo con dinero, sino con una serie de beneficios personales que evidenciaban el carácter transaccional de su entrada en la política.

A pesar de la cuestionable naturaleza de su candidatura, Blanco ganó la alcaldía de Cuernavaca en 2015. Posteriormente, en 2018, fue impulsado a la gubernatura de Morelos, y tras finalizar ese cargo, fue electo como diputado federal. La popularidad cosechada en las canchas se tradujo en votos, pero su falta de preparación política se hizo evidente a través de gestiones plagadas de escándalos y acusaciones de corrupción.

Blanco ha sido señalado por nepotismo al colocar a amigos y familiares en posiciones clave dentro del gobierno estatal con salarios elevados, así como por corrupción en la asignación de contratos gubernamentales. Sin embargo, el escándalo más grave hasta entonces ocurrió cuando fotografías lo mostraron acompañado de presuntos líderes del crimen organizado.

Aunque Blanco negó conocer a estas personas y argumentó que «se toma fotos con muchos seguidores», las sospechas sobre su conexión con organizaciones criminales ensombrecieron aún más su administración.

En octubre de 2024, la vida política de Blanco se sacudió nuevamente cuando su media hermana presentó una denuncia formal por intento de violación. La Fiscalía de Morelos solicitó su desafuero para que pudiera enfrentar el proceso judicial como cualquier ciudadano, pero la mayoría de Morena, el PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados bloquearon la solicitud, permitiendo que el exfutbolista conservara su inmunidad.

Esta decisión ha generado un fuerte rechazo social y político, especialmente entre las legisladoras de Morena, quienes se han rebelado contra el coordinador de diputados de su partido, argumentando que se envía un mensaje de impunidad y complicidad en casos de violencia de género. Tienen toda la razón.

La negativa del desafuero de Blanco no solo socava la confianza en las instituciones, sino también perpetúa un mensaje de desigualdad ante la ley, donde las figuras del poder parecen estar por encima del escrutinio judicial. Para la presidenta Sheinbaum y la dirigencia de Morena, el caso de Blanco representa una oportunidad histórica para sacudir al sistema político mexicano y enviar un mensaje de justicia a la ciudadanía.

Si se concreta el desafuero o se da curso a una investigación seria en torno a los escándalos del exfutbolista, podría sentarse un precedente en la lucha contra la impunidad.

El mensaje para las mujeres y la ciudadanía en general sería claro: nadie está por encima de la ley, sin importar su popularidad o afiliación política.
El ascenso de Cuauhtémoc Blanco al poder político refleja el peligro de la «política espectáculo», donde las figuras públicas, ya sean actores, cantantes o futbolistas, son impulsadas a cargos de elección popular por su fama y no por su capacidad o experiencia en el servicio público.

La popularidad no se traduce en competencia para gobernar, y las consecuencias de una gestión basada en la inexperiencia pueden ser desastrosas para las instituciones y la sociedad. Tanto partidos como ciudadanos debemos asumir responsabilidades. No más candidaturas de personas sin compromiso social, ni un voto más a personajes corruptos que dañan a la ya sobajada, política mexicana.

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