– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

En circunstancias diferentes el informe de la presidente debiera arrojar luces más de lo que se avecina que de lo pasado. Los informes presidenciales fueron, en momentos de euforia post revolucionaria, verdaderas “fiestas” donde el presidente en turno era el bebé del bautizo, la novia de la boda y el muerto del funeral.

El triunfalismo presidencial era una manera de ensalzar el ego, de por sí inflado, del mandatario en turno, al que le quemaban incienso los lamebotas de su partido, los beneficiados con obras y servicios, algunos sectores de la prensa y no pocos de la oposición.

Eran los días de los “grandes logros” que los presidentes creaban. No les importaba maquillar cifras y magnificar minucias. Cumplir con su obligación; desempeñar su responsabilidad se convirtió en una ceremonia de auto lisonjas, de “espejito, espejito”, con selectos aplaudidores invitados del partido en el poder y representantes sociales.

La farsa de cada informe fue desenmascarada por la realidad. Los periodistas que se atrevieron a cuestionar los miles de “logros” fueron desestimados (ni los oigo ni los veo, dijo una vez Salinas); fueron también perseguidos, amenazados, algunos muertos o desaparecidos.

El origen de los informes presidenciales, dicen fue una legítima reclamación de ciudadanos para conocer en qué se emplean los recursos económicos, principalmente, pero se tergiversó su fin para convertirse en “el día del presidente”.

¿Qué se espera del informe de la presidente Claudia Sheinbaum? Lo que escasamente se ha dicho en todos y cada uno de los informes: datos verdaderos, sin triunfalismos. Que reflejen “la realidad real” y no la felicísima de quienes detentan el poder y tienen su propio cristal para mirarla y hacernos creer que es la única y verdadera.

Como lo más probable es que siga la tradición de tener un país visto desde el olimpo y otro desde los arrabales, el informe de la presidente solo servirá para tratar de leer entre líneas lo que acontece y muy poco para entender lo que nos depara el próximo destino, hasta el año entrante.

Mientras tanto, sigue el chismorreo sobre el zafarrancho en el Senado. A los mexicanos poco nos asustan esas “caídas” del pancracio político. Las cachetadas guajoloteras de Alito a Fernández Noroña y asociados solo constatan lo que ya se sabía: que los legisladores, de las dos cámaras, siguen en su empecinamiento de echar a perder al país.

Ya con leyes que desmantelan al país, ya con dimes y diretes de la más baja estofa que muestran a los “representontos” de un país de ítems. El nivel de los senadores implicados en el mitote de los aventones es el que desde hace unos años se ha manifestado en la cámara alta y no pocas veces en la baja.

A Gerardo Fernández Noroña le cayó “como anillo al dedo” este distractor. Para hacerse la víctima y capotear la tormentosa andanada de informaciones sobre su súbito e inexplicable enriquecimiento que le permite, ostentosamente, sin recato y menos escrúpulos, pasear en clase VIP en aviones a Europa y tener una finca de valuada en 12 millones de pesos que, para un potentado o próspero empresario es poco, pero mucho para el pobretón que siempre dijo ser.

No para este individuo que, cuando era oposición, vociferaba, gritaba y condenaba a los políticos enriquecidos gracias a los “bisnes” y “lana” que les llegan merced a sus puestos gubernamentales.

Sobran videos de esa pose de Noroña quien, cínicamente, dice que “tiene derecho” a los lujos, a los excesos que antes condenó. Ni sus compañeros de partido lo soportan. Tienen que defenderlo porque van todos en el mismo paquete.

Incluso la presidente se atrevió a comentar a su favor y llamar “porros” a los involucrados en el zafarrancho. En automático, la oposición sacó fotos, videos e informaciones sobre los “otros porros” de la UNAM, muchos de los cuales hoy gobiernan a este país.

Mientras tanto, el defensor de la virginidad del Senado, Ricardo Monreal, con el “Jesús en la boca” y casi invocando al “ave María” salió dándose golpes de pecho a lamentar que las cachetadas guajoloteras, aventones e insultos “le dieron la vuelta al mundo”, infiriendo que hay una vergüenza entre los senadores por el escándalo, más no por su pobre desempeño y baja productividad. Eso sí, es una vergüenza, pero como no hay gritos ni sombrerazos, logran eludirla con gran desfachatez.

Acá en Jalisco no hay novedad en el frente: las lluvias siguen inundando a la ciudad; el transporte público sigue hundido —el privado y el público— y solo hay ocurrencias de contraflujos, sin que se adviertan medidas de fondo. Los gobernantes rezan para que ya pase el temporal y que el aguante de los usuarios del transporte siga sin protesta alguna.

Al gobernador Lemus le dieron su lección de aritmética: “primero es el cuatro que el cinco”, en alusión al retraso que sufre la línea 4 del Tren Ligero. El 5 es el transporte que tiene preocupado al gobernador por el “qué dirán” los cientos de miles de turistas futboleros que se apostarán en estos lares por el Mundial de Futbol. Un 5 protestado, rechazado y muy criticado, por cierto.

– Opinión, por Miguel Anaya

El Senado de la República nació para ser la cámara de la reflexión, el contrapeso, el espacio donde las decisiones se piensan dos veces antes de convertirse en ley. Desde su inicio en el siglo XIX, su existencia buscaba equilibrar al país: la Cámara de Diputados representaría la voz inmediata del pueblo y el Senado, con sus 128 integrantes, encarnaría la visión de más alto nivel de cada estado. En teoría, es la tribuna donde la política alcanza su forma más elevada.

La semana pasada, en lugar de argumentos, lo que retumbó fueron los gritos, acompañados de empujones y amenazas de riña dignas de vecindario enardecido. Lo que debía ser la cúspide del debate nacional se convirtió en un espectáculo más cercano a la arena de lucha libre que al foro legislativo más importante del país.

Conviene recordarlo: la tribuna del Senado no es un micrófono más. Es el escenario que, en teoría, proyecta al mundo la madurez política de México. Allí se han discutido tratados internacionales y reformas constitucionales que marcan generaciones. Y, sin embargo, lo que se ofreció al país no fue altura de miras, sino un espectáculo de pasiones mal encauzadas, una demostración de que, cuando falta el argumento, la violencia sale a flote.

Algunos dirán que la violencia parlamentaria es casi folclórica. En Italia se han lanzado sillas, en Corea martillos, en Taiwán agua y puños. La diferencia es que allá los incidentes son excepción; aquí amenazan con convertirse en método alterno de debate. Al paso que vamos, quizá convenga incluir guantes de box en el reglamento interno.

Lo ocurrido no es simple anécdota, sino síntoma. La violencia desde la tribuna envía un mensaje devastador: si en la Cámara alta se puede insultar y agredir, ¿qué freno queda para la sociedad? El Senado debería marcar la pauta de la civilidad, no reflejar lo peor del enojo social. La tribuna debería ser espejo de lo que aspiramos a ser, no caricatura de lo que tememos convertirnos.

Una máxima, atribuida a distintos autores, menciona que “la violencia comienza cuando la palabra se agota.” En México, la palabra parece agotarse antes incluso de ser pronunciada. Otra frase importante, acuñada por Carlos Castillo Peraza dice: “La política no es una lucha de ángeles contra demonios, sino que debe partir del fundamento de que nuestro adversario político es un ser humano.” Ambas enseñanzas se han olvidado en el legislativo.

Lo más preocupante no es la escena del zafarrancho, sino lo que significa: que en el recinto diseñado para contener pasiones se desbordan las más bajas. Que en la cámara que debía representar la inteligencia del Estado se normaliza la torpeza del insulto. Y que, en la tribuna donde deberían hablar las mejores voces de la nación, se escuchan ecos de cantina.

El Senado no merece ser burla internacional. Mucho menos lo merece el país que lo sostiene. La dignidad de esa Cámara no depende de los mármoles que la adornan, sino de la altura de quienes la ocupan. Y si los legisladores no alcanzan el nivel que la historia les exige, quizá haya que recordarles que la tribuna no les pertenece: pertenece a los ciudadanos que todavía, ingenuos, tercos o soñadores, confían en que la democracia se discutirá con ideas, no con empujones.

En conclusión, lo que vimos en el Senado no es un accidente aislado, sino el retrato incómodo de una clase política que confunde el poder con la prepotencia (¡qué raro!) y la representación con la bravuconería. La patria necesita llaves que abran el diálogo, no llaves al cuello.

– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

La corrupción es un mal que aqueja a nuestro país. Se posiciona en un estatus de privilegio y poder, y se crea y crece mediante la simulación política. Los escándalos alrededor de personajes con privilegios no merecidos, que viven de lo heredado y que lideran grupos políticos para agrupar a su gente en lugares clave, nunca han traído ni traerán ningún beneficio a la sociedad. Por el contrario, son grupos poderosos que por años mantienen su dominio sin buscar el beneficio de la comunidad.

En México, la corrupción de la clase política es un tema grave. Aunque la solución existe bajo el concepto de la ética e integridad en el servicio público, que dan como resultado buenas prácticas y transparencia, erradicar las malas prácticas y simulaciones de los gobiernos y de la clase política es una labor conjunta de la sociedad y una cuestión de conciencia individual.

Actualmente, Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y enfrenta dos situaciones de pago de nómina y contratación opaca, temas de corrupción que deben ser tratados por su nombre y con sus consecuencias. El combate a los actos de corrupción es un deber y una obligación de la sociedad y de los gobiernos en turno.

Ahora, se expone en redes sociales y medios de comunicación el caso de la exalcaldesa del municipio de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, quien cobra en la nómina del Gobierno del Estado la cantidad de setenta y ocho mil pesos mensuales. Además de ser un acto de corrupción, estos son salarios que en este país superan por mucho el promedio, que es de doce a quince mil pesos para la clase trabajadora.

Mientras un gran sector marginado de la clase trabajadora gana un salario mínimo de 278 pesos diarios e intenta vivir con él en un Jalisco caro en impuestos y servicios, la exalcaldesa gana 2 mil 600 pesos diarios. Este personaje político, con liderazgo en el municipio, goza del privilegio de ganar casi diez salarios mínimos al día, quizás porque en etapa electoral puede aportar votos y por su posición política dentro del partido Movimiento Ciudadano.

Habría que sumarle a este caso el de la exconductora de televisión Elizabeth Castro, quien también en esta administración cobraba en el SIAPA sin perfil técnico ni asistencia. En este caso reciente, falta observar su proceso de jubilación en Pensiones del Estado para transparentar y constatar que, si bien ya no puede figurar en nómina gubernamental, su ventaja política no se mantenga con una pensión dorada.

Sin duda, estos son dos casos de corrupción e impunidad que deben salir a la luz pública. Erradicar políticas como estas y ser gobiernos congruentes con la realidad y con el combate a la corrupción es la única manera de mantener una percepción social sana.

La sociedad ha cambiado en las últimas tres décadas; ya no idolatra a los políticos, ahora exige gobiernos abiertos y transparentes. Por lo tanto, debe ser decisivo que los gobiernos y partidos actuales erradiquen viejas y nefastas prácticas. Intentar perpetuar liderazgos con favores políticos, nombramientos por amistad o estrategia, y permitir que personajes cobren salarios absurdos sin trabajar, son actos de corrupción y sin defensa. Esta política gubernamental opaca y contradictoria demuestra que los privilegios son producto de la corrupción, no del mérito.

Pero esto no para aquí, estimado lector. Mientras existan escándalos y señalamientos de estas prácticas que desvirtúan la política jalisciense y a los gobiernos en turno, deberemos poner especial atención en la lista de personas que cobran nóminas jugosas del erario público a cambio de situaciones opacas o estatutos incomprensibles para la sociedad. Estos son, además, actos de abuso y corrupción.

Demandar que los gobiernos se comprometan con la transparencia y la rendición de cuentas es un derecho. Evaluar si un acto que genera opacidad es un aviso de una administración corrupta debe darnos la capacidad de analizar las próximas campañas electorales. Es nuestro deber premiar o castigar a los partidos y grupos políticos, ya que ellos no tienen el verdadero poder del cambio, sino el votante.

Es importante que todo lo que tenga tinte de corrupción salga a la luz y que quienes se benefician de ella no tengan regreso a los gobiernos de nuestro Jalisco. La exigencia social es lo que debe encarrilar a los gobiernos que pretenden simular y gastar el presupuesto público para mantener favores.

Jalisco tiene un cúmulo de necesidades, entre ellas la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental que los gobiernos y la clase política comprendan que están en esos puestos por el favor del voto, no para atender favores de terceros.