Por Redacción Conciencia Pública //

Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.

El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.

En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.

Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.

ESCALADA DE VIOLENCIA

Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.

Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.

CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO

Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.

Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.

Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.

CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:

Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.

Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.

Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante.

Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.

Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada. 

La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.

TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”

En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país. 

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.

La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.

ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN

Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.

La zona metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia.

Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.

Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.

Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN

Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:

Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza. 

Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.

Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.

Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.

Por Raúl Cantú //

La reciente decisión de Elker Tepper, directora del Centro de Conciliación Laboral de Jalisco, de publicar una convocatoria para contratar “nuevos conciliadores” ha desatado un profundo malestar entre los trabajadores actuales, quienes enfrentan la inminente finalización de sus contratos en agosto. La medida, que parece destinada a reemplazarlos sin ofrecerles la oportunidad de ratificación, ha sido calificada por los afectados como una “determinación de horca y cuchillo” que ignora su esfuerzo, capacitación y derechos laborales.

UNA CONVOCATORIA CUESTIONADA

La convocatoria, emitida de manera sorpresiva, ha generado indignación entre los conciliadores, quienes consideran que no solo se les excluye injustamente, sino que también se violan principios establecidos en la Ley de los Servidores Públicos y los lineamientos internos del Centro. Según los afectados, la disposición obliga a los nuevos conciliadores a cubrir sus propios gastos de traslado, incluso si son reubicados a otros municipios, junto con los costos asociados a sus familias, lo que contradice la normativa que estipula que dichos gastos deben ser asumidos por el Estado.

“Es una clara violación a nuestros derechos laborales”, afirmó uno de los conciliadores, quien prefirió mantener el anonimato. “Hemos invertido tiempo, esfuerzo y recursos personales en capacitaciones, muchas de ellas fuera del horario laboral, con la promesa implícita de una ratificación. Ahora, nos dejan en la incertidumbre sin explicaciones claras”.

INVERSIÓN SIN RECOMPENSA

Los conciliadores denuncian que, a pesar de haber recibido múltiples capacitaciones —incluyendo tres certificaciones del sistema CONOCER avaladas por la Secretaría de Educación Pública—, su esfuerzo parece no ser valorado. “Tengo más de 50 constancias de cursos que tomé para dar lo mejor en el Centro. Algunos implicaron dobles turnos o sacrificar mi hora de comida, todo con la esperanza de consolidar mi puesto”, relató otro trabajador afectado. “¿Para qué se invirtió tanto dinero y tiempo si ahora parece no tener valor?”.

Los primeros meses de operación del Centro fueron particularmente extenuantes, con jornadas que se extendían más allá del horario laboral sin compensación por horas extras. “Aunque ahora hay más organización, los inicios fueron caóticos. Trabajamos bajo presión extrema para sacar adelante este proyecto, y ahora nos descartan sin considerar nuestro desempeño”, añadió.

FALTA DE CLARIDAD Y RESPUESTAS

Uno de los puntos más criticados es la ausencia de lineamientos claros sobre el proceso de ratificación. Los conciliadores aseguran que, a pesar de su disposición a someterse a evaluaciones, no se les ha comunicado cómo ni cuándo se definirá su continuidad. “Estoy dispuesto a poner mis números sobre la mesa. Sé que estoy entre los mejores, pero no nos dan ni la oportunidad de demostrarlo”, señaló un conciliador.

La situación plantea interrogantes sobre la gestión de Elker Tepper y la postura del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Pablo Lemus. Hasta el momento, ni la Secretaría del Trabajo ni las organizaciones obreras han emitido un posicionamiento oficial, lo que aumenta la incertidumbre y el descontento entre los trabajadores.

UN PRECEDENTE PREOCUPANTE

La decisión de reemplazar a los conciliadores sin un proceso de ratificación no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también envía un mensaje desalentador sobre la valoración del esfuerzo y la estabilidad laboral en el sector público. Los conciliadores, quienes han desempeñado un rol clave en la resolución de conflictos laborales en Jalisco, consideran que esta medida mina la confianza en las instituciones y desincentiva la profesionalización.

“¿Cómo inviertes en capacitar a abogados, los preparas durante meses y luego los descartas sin más? Esto no solo es injusto, sino que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio que ofrecemos”, cuestionó otro afectado.

UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN

La controversia en el Centro de Conciliación Laboral pone en el centro del debate la necesidad de políticas laborales justas y transparentes. Los conciliadores exigen que se respete su trayectoria, se les brinde la oportunidad de ratificación basada en méritos y se esclarezcan las razones detrás de la convocatoria. Mientras tanto, la falta de respuestas por parte de las autoridades y la aparente arbitrariedad de la decisión de Tepper amenazan con escalar el conflicto, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la credibilidad del proyecto de conciliación laboral en Jalisco

EL CCLEJ NACIÓ EN OCTUBRE DEL 2022 CON GRANDES EXPECTATIVAS

Fue el 3 de octubre del 2022 cuando fue inaugurado el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCLEJ), cuyo primer director fue Enrique Flores y se creó con la meta de conciliar el 80% de las solicitudes prejudiciales de conflictos laborales en un máximo de 45 días, según destacó Flores en entrevista con Conciencia Pública.

Este organismo público descentralizado, ubicado en la Ciudad Judicial de Guadalajara, comenzó operaciones como parte de la tercera etapa de la Reforma Laboral en Jalisco. Con autonomía técnica y de gestión, el CCLEJ tiene la facultad exclusiva de mediar en conflictos laborales de competencia estatal, promoviendo soluciones rápidas y equitativas.

Cuando el CCLEJ empezó operaciones se dijo que buscaría transformar la resolución de conflictos laborales al garantizar celeridad, gratuidad y accesibilidad. Los procedimientos se desahogan en 45 días, no requieren abogado y exigen la presencia personal de las partes, lo que fomenta un diálogo directo entre empleadores y trabajadores.

El conciliador propone soluciones justas para alcanzar un convenio con efecto de sentencia ejecutoria. Si no hay acuerdo, se emite una constancia de no conciliación, permitiendo a las partes acudir a los juzgados laborales del Poder Judicial.

Enrique Flores subrayó la importancia de la capacitación de los conciliadores y el uso de tecnología para garantizar transparencia y evitar prácticas irregulares, como la corrupción. El Centro inicia con “carga cero”, ya que la Secretaría del Trabajo resolvería los casos pendientes hasta el 30 de septiembre de 2022. Este enfoque permite al CCLEJ concentrarse en nuevos conflictos, con 23 conciliadores distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (16), Puerto Vallarta (2) y una conciliador por cada delegación en Autlán de Navarro, Colotlán, Ocotlán, Zapotlán El Grande y Lagos de Moreno.

Un avance clave es la humanización del proceso: el modelo promueve que empleadores y trabajadores se vean como personas, reconociendo el esfuerzo del empleado y la inversión del empresario. La conciliación personal elimina intermediarios, reduciendo el riesgo de prácticas corruptas y fortaleciendo la confianza en el sistema. “Hoy tenemos la oportunidad de mantener limpio algo que nace limpio”, afirmó Flores, destacando la transparencia como pilar del CCLEJ.

El CCLEJ representa una apuesta por una justicia laboral ágil, transparente y equitativa en Jalisco. Al priorizar la conciliación prejudicial, busca reducir la carga de los juzgados laborales, garantizar acuerdos justos y fortalecer las relaciones laborales en el estado, marcando un precedente en la implementación de la Reforma Laboral a nivel nacional.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Hace más de dos décadas, en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en San Juan, Puerto Rico, escuché al periodista argentino y premio Pulitzer Andrés Oppenheimer abordar el flagelo del narcotráfico que azotaba a Estados Unidos. Su tesis era contundente: los capos mexicanos y latinoamericanos dominaban el negocio de las drogas en el país de las barras y las estrellas.

Pero una pregunta me inquietaba: ¿qué papel jugaba la corrupción en Estados Unidos, donde los grandes narcotraficantes parecían operar en las sombras, sin los reflectores que en México o Colombia señalaban a figuras como Pablo Escobar, Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros.

En el turno de preguntas, planteé mi duda: si en América Latina los capos tenían “fecha de caducidad” una vez señalados, ¿por qué en Estados Unidos la prensa, incluidas las investigaciones periodísticas, rara vez identificaba a los líderes del narcotráfico? Oppenheimer no esquivó la cuestión: “La corrupción debe ser muy grande”, respondió. Explicó que las drogas ingresan por aire, mar o tierra, y para circular hasta los consumidores requieren complicidades de agentes antidrogas, fiscales, jueces y autoridades. Sin esa red de encubrimiento, el negocio colapsaría.

Añadió una observación incisiva: para los legisladores estadounidenses, era más fácil culpar a los gobiernos de países productores, acusándolos de proteger cárteles, que enfrentar a los actores locales que manejan la distribución y el lavado de dinero. Esta narrativa, señaló, convertía a los estadounidenses en víctimas de “villanos” extranjeros, un enfoque que Oppenheimer exploró en su libro Crónicas de héroes y bandidos (1998), donde retrataba las dinámicas de poder en América Latina con agudeza y humor.

Intrigado, le pregunté cuándo escribiría sobre los capos estadounidenses, esos nombres que el periodismo rara vez destapa. “Es un gran tema”, reconoció, prometiendo abordarlo en el futuro. Años después, en otra reunión de la SIP, lo volví a encontrar y le recordé su deuda con los lectores. Con evasivas, dijo que el libro seguía pendiente. Aquella promesa, lamentablemente, no se ha cumplido.

La anécdota revela una verdad incómoda: el narcotráfico no es solo un problema de los países productores. En Estados Unidos, la opacidad que rodea a los grandes distribuidores sugiere una red de complicidades que el sistema prefiere no iluminar. Mientras en México o Colombia los capos son perseguidos con nombres y apellidos, en el norte los responsables operan en un silencio que protege intereses poderosos.

Oppenheimer, con su olfato periodístico, lo entendió, pero su reticencia a profundizar en el tema deja un vacío en el análisis de un negocio que cruza fronteras.

Una verdad a medias es una deuda con la justicia
La reflexión de Oppenheimer, aunque incisiva, quedó incompleta. El narcotráfico es una cadena global donde todos los eslabones—productores, distribuidores, consumidores y encubridores—comparten responsabilidad. En 2025, con el fentanilo y otras drogas sintéticas agravando la crisis en Estados Unidos, la pregunta sigue vigente: ¿quiénes son los capos que operan desde las sombras del poder? El periodismo, como el de Oppenheimer, tiene el deber de señalarlos, no solo de narrar las historias de “héroes y bandidos” del sur. Mientras esas verdades permanezcan ocultas, la lucha contra las drogas será una batalla a medias, y la justicia, una promesa incumplida.

LA HIPOCRESÍA DE WASHINGTON

¿Quién los entiende? Primero el gobierno norteamericano que encabeza el presidente Donald Trump declara terroristas a cárteles mexicanos y luego negocian con Ovidio Guzmán. En efecto, este gobierno que encabeza el magnate inmobiliario ha elevado la retórica al designar como «organizaciones terroristas» a seis cárteles mexicanos, incluido el Cártel de Sinaloa, en febrero de 2025.
Esta medida, presentada como una estrategia para combatir el narcotráfico y la violencia transnacional, se tambalea ante la revelación de un acuerdo que permitió a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, negociar su declaración de culpabilidad por narcotráfico a cambio de la protección de 17 de sus familiares en suelo estadounidense.

La contradicción es flagrante: ¿cómo puede Washington calificar a los cárteles como terroristas, prohibiendo cualquier trato con ellos, mientras facilita la entrada de familiares de un líder criminal bajo un supuesto «criterio de oportunidad»?

Esta doble moral no es nueva en la política exterior de Estados Unidos. La designación de cárteles como terroristas, que implica sanciones drásticas como el congelamiento de activos y la prohibición de vínculos comerciales, busca proyectar una imagen de mano dura contra el crimen organizado.

Sin embargo, la negociación con Ovidio Guzmán, confirmada por el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch, revela que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está dispuesto a flexibilizar su postura cuando le conviene, priorizando la obtención de información sobre redes criminales por encima de sus propios principios. Este pacto, que incluyó el traslado de Griselda López Pérez, exesposa de «El Chapo», y otros 17 familiares a través de la garita de San Ysidro, se realizó sin notificar al gobierno mexicano, lo que constituye una afrenta a la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido transparencia, recordando que Estados Unidos «ha dicho que no negocia con terroristas». Su reclamo pone en evidencia la incoherencia de una política que etiqueta a los cárteles como amenaza global, pero permite acuerdos opacos que benefician a figuras clave del narcotráfico. La designación de «terroristas» no solo complica la cooperación bilateral, al abrir la puerta a posibles intervenciones unilaterales en México, sino que también parece ser una herramienta política para justificar negociaciones selectivas que sirven a los intereses estadounidenses, como el combate al tráfico de fentanilo, mientras ignoran el impacto en la estabilidad de México.