JALISCO
Entre el discurso y la violencia
Opinión, por Iván Arrazola //
En México, revisar las noticias del día se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. Día tras día, los titulares parecen repetirse: joven desaparecido, estudiante no localizado, funcionario ejecutado, hombre asesinado a plena luz del día.
Es un ciclo que no cesa y que, lejos de conmocionar, corre el riesgo de volverse rutina. La violencia se ha instalado como telón de fondo de la vida pública, mientras el discurso oficial insiste en minimizar su gravedad o en reducirla a estadísticas y casos aislados.
El reciente asesinato de dos personas en la Zona Real de Guadalajara volvió a evidenciar la dolorosa normalización de la violencia. El primer caso fue el de Luis Armando Córdova, secretario de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue ejecutado en una cafetería a plena luz del día, sin que nadie pudiera intervenir para evitarlo. Horas más tarde, el homicidio de la joven influencer Valeria Márquez, perpetrado dentro de su propio establecimiento, conmocionó aún más a la opinión pública.
El hecho, captado en video, muestra con crudeza los momentos de angustia e incertidumbre que vivió Valeria antes de ser asesinada. La secuencia de ambos crímenes, lejos de parecer fortuita, deja entrever una inquietante sensación de fatalidad.
Ambos crímenes detonaron una ola de críticas y señalamientos hacia las autoridades locales. Uno de los puntos más cuestionados fue la ineficacia del sistema de videovigilancia C5, cuya utilidad vuelve a ponerse en entredicho cada vez que un asesinato de alto perfil ocurre sin que las cámaras sirvan para identificar o detener a los agresores en tiempo real. ¿Qué tan funcional es este sistema? ¿Qué tan útil resulta cuando los crímenes suceden en lugares vigilados, a plena luz del día y, aun así, los responsables logran huir sin mayor problema?
La respuesta oficial no hizo más que agravar la indignación. El secretario general de Gobierno de Jalisco admitió: «Desafortunadamente no hubo la capacidad de velocidad, de reacción para poder aprehender a los responsables, pero hay que trabajar en eso». Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, señaló: «Dentro del margen de sus posibilidades, las unidades respondieron». Más que respuestas, estas declaraciones revelan la falta de coordinación, la debilidad de los protocolos de emergencia y la resignación institucional frente a una violencia que claramente los sobrepasa.
Las explicaciones técnicas ofrecidas por Alarcón —como la ventaja que otorgan las motocicletas a los criminales para escapar entre el tráfico— no hacen sino subrayar la incapacidad del Estado para adaptar sus métodos de respuesta a nuevas formas de operación del crimen. La falta de previsión y de capacidades tácticas, sumadas a una pobre inversión en inteligencia, terminan dejando a la población a merced de grupos criminales cada vez más audaces.
Este patrón no es exclusivo de Jalisco. En la Ciudad de México, el asesinato de dos funcionarios públicos a manos de un sicario en plena vía pública mostró una planificación criminal detallada, ejecutada sin obstáculos. Aunque en este caso las autoridades han logrado reconstruir parte de la operación, el hecho de que no se previniera evidencia nuevamente la fragilidad de los sistemas de inteligencia y protección, incluso para funcionarios públicos.
La violencia en México no discrimina, y la justicia pronta parece inalcanzable. La narrativa gubernamental que minimiza los crímenes, como los asesinatos en Zona Real de Guadalajara, profundiza la desconfianza ciudadana. Cada caso impune refuerza la percepción de un Estado incapaz o renuente a garantizar seguridad.
Surgen entonces preguntas urgentes: ¿están las autoridades realmente comprometidas a mejorar las capacidades de respuesta y prevención? ¿Funciona el C5 como debería o es solo una herramienta decorativa? ¿Están los gobiernos dispuestos a revisar sus protocolos de respuesta y a incrementar los recursos destinados a seguridad?
En el caso de la Ciudad de México, mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación se resguardan bajo la narrativa de la “austeridad republicana”, resulta válido cuestionar si comprenden que invertir en inteligencia y seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Los servicios de inteligencia no solo sirven para espiar a políticos—como ha sostenido su líder moral—, sino que pueden y deben desempeñar un papel clave en la prevención de delitos de alto impacto.
De no corregirse esta ruta, los crímenes seguirán ocurriendo, la impunidad se perpetuará y el discurso oficial continuará desdibujándose ante una realidad que lo contradice todos los días. Porque si algo queda después de cada asesinato, además del dolor, es una verdad incontestable: el Estado sigue fallando.
– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz
La corrupción es un mal que aqueja a nuestro país. Se posiciona en un estatus de privilegio y poder, y se crea y crece mediante la simulación política. Los escándalos alrededor de personajes con privilegios no merecidos, que viven de lo heredado y que lideran grupos políticos para agrupar a su gente en lugares clave, nunca han traído ni traerán ningún beneficio a la sociedad. Por el contrario, son grupos poderosos que por años mantienen su dominio sin buscar el beneficio de la comunidad.
En México, la corrupción de la clase política es un tema grave. Aunque la solución existe bajo el concepto de la ética e integridad en el servicio público, que dan como resultado buenas prácticas y transparencia, erradicar las malas prácticas y simulaciones de los gobiernos y de la clase política es una labor conjunta de la sociedad y una cuestión de conciencia individual.
Actualmente, Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y enfrenta dos situaciones de pago de nómina y contratación opaca, temas de corrupción que deben ser tratados por su nombre y con sus consecuencias. El combate a los actos de corrupción es un deber y una obligación de la sociedad y de los gobiernos en turno.
Ahora, se expone en redes sociales y medios de comunicación el caso de la exalcaldesa del municipio de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, quien cobra en la nómina del Gobierno del Estado la cantidad de setenta y ocho mil pesos mensuales. Además de ser un acto de corrupción, estos son salarios que en este país superan por mucho el promedio, que es de doce a quince mil pesos para la clase trabajadora.
Mientras un gran sector marginado de la clase trabajadora gana un salario mínimo de 278 pesos diarios e intenta vivir con él en un Jalisco caro en impuestos y servicios, la exalcaldesa gana 2 mil 600 pesos diarios. Este personaje político, con liderazgo en el municipio, goza del privilegio de ganar casi diez salarios mínimos al día, quizás porque en etapa electoral puede aportar votos y por su posición política dentro del partido Movimiento Ciudadano.
Habría que sumarle a este caso el de la exconductora de televisión Elizabeth Castro, quien también en esta administración cobraba en el SIAPA sin perfil técnico ni asistencia. En este caso reciente, falta observar su proceso de jubilación en Pensiones del Estado para transparentar y constatar que, si bien ya no puede figurar en nómina gubernamental, su ventaja política no se mantenga con una pensión dorada.
Sin duda, estos son dos casos de corrupción e impunidad que deben salir a la luz pública. Erradicar políticas como estas y ser gobiernos congruentes con la realidad y con el combate a la corrupción es la única manera de mantener una percepción social sana.
La sociedad ha cambiado en las últimas tres décadas; ya no idolatra a los políticos, ahora exige gobiernos abiertos y transparentes. Por lo tanto, debe ser decisivo que los gobiernos y partidos actuales erradiquen viejas y nefastas prácticas. Intentar perpetuar liderazgos con favores políticos, nombramientos por amistad o estrategia, y permitir que personajes cobren salarios absurdos sin trabajar, son actos de corrupción y sin defensa. Esta política gubernamental opaca y contradictoria demuestra que los privilegios son producto de la corrupción, no del mérito.
Pero esto no para aquí, estimado lector. Mientras existan escándalos y señalamientos de estas prácticas que desvirtúan la política jalisciense y a los gobiernos en turno, deberemos poner especial atención en la lista de personas que cobran nóminas jugosas del erario público a cambio de situaciones opacas o estatutos incomprensibles para la sociedad. Estos son, además, actos de abuso y corrupción.
Demandar que los gobiernos se comprometan con la transparencia y la rendición de cuentas es un derecho. Evaluar si un acto que genera opacidad es un aviso de una administración corrupta debe darnos la capacidad de analizar las próximas campañas electorales. Es nuestro deber premiar o castigar a los partidos y grupos políticos, ya que ellos no tienen el verdadero poder del cambio, sino el votante.
Es importante que todo lo que tenga tinte de corrupción salga a la luz y que quienes se benefician de ella no tengan regreso a los gobiernos de nuestro Jalisco. La exigencia social es lo que debe encarrilar a los gobiernos que pretenden simular y gastar el presupuesto público para mantener favores.
Jalisco tiene un cúmulo de necesidades, entre ellas la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental que los gobiernos y la clase política comprendan que están en esos puestos por el favor del voto, no para atender favores de terceros.
EL ORADOR
Gabriel Ibarra Bourjac el orador en el evento de conmemoración del 95 aniversario del natalicio de Porfirio Cortés Silva, de quien fue su gran amigo, destacó su vida trascendente, un hombre clave en la vida pública, con una visión social de largo plazo. En su intervención, resaltó cómo Cortés entendía y abordaba las problemáticas ciudadanas, dejando un legado perdurable de compromiso comunitario.
JOSÉ ALBERTO CORTÉS
Gabriel Ibarra Bourjac con José Alberto Cortés, quien organizó el evento de conmemoración del 95 aniversario del natalicio de su señor padre Porfirio Cortés Silva; PALMAC le rindió homenaje al destacado político y líder sindical, recordando su legado, en donde dejó huella en educación, deporte, convivencia y unión social.
KARINA CORTÉS
Karina Cortés entrega el premio al ganador del Concurso de Conocimientos que PALMAC organizó entre estudiantes de primaria, como parte de los eventos culturales para conmemorar el 95 aniversario del natalicio de Porfirio Cortés Silva, destacado benefactor de la educación, en un emotivo acto que resalta su legado en la comunidad.
DIANA GONZÁLEZ
De izquierda a derecha, el líder obrero Antonio Álvarez Esparza, el periodista Gabriel Ibarra Bourjac, la regidora de Guadalajara Diana González y el diputado federal Alberto Maldonado, coordinador de los legisladores federales de Morena en San Lázaro.
CON ALMITA SALAS
La maestra Almita Salas con sus queridos amigos José I. López y Ramiro Hernández García.
CON GILBERTO OROZCO
Gabriel Ibarra Bourjac con su amigo Gilberto Orozco, de los asesores jurídicos de la CROC
LINDA INNÉS DÁVILA
De izquierda a derecha, Rossana Aguirre, Linda Innés Dávila y Paola Ramírez, en el evento en el que se formalizó la creación del Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.
JUAN JOSÉ FRANGIE
Juan José Frangie y Cynthia Cantero Pacheco al estampar el alcalde de Zapopan su firma de compromiso para apoyar al Sistema Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, un espacio diseñado para articular esfuerzos entre gobierno y ciudadanía.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
