NACIONALES
En juego el capital político de Morena
Opinión, por Gerardo Rico //
“Solo el pueblo podrá salvar al pueblo”, afirmaba el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del 2024 durante la presentación de su paquete de reformas -a unos meses de dejar el poder- en donde anunciaba que buscaría que jueces, magistrados y ministros fueran electos por la ciudadanía y no propuestos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.
Luego de que le fueron bloqueadas diferentes propuestas de reformas por la SCJN, como el Plan A, que buscaba transformar varias estructuras y procesos del sistema electoral en México; el Plan B luego de descarrilar el A y en el que pretendía impedir que instituciones como el INE fueran tomadas por personajes como Lorenzo Córdova, quien demostró su apoyo abiertamente a la derecha; Ley de la Industria Eléctrica. Con ello, el Poder Judicial daba la razón a las trasnacionales, seis empresas extranjeras se ampararon y el bloque conservador en la Segunda Sala de la Corte declaró inconstitucional la reforma eléctrica, entre otras.
Propuso 20 puntos: eliminar organismos autónomos, convertir a la austeridad republicana en política de Estado, evitar la corrupción de la Guardia Nacional y elegir jueces y magistrados del Poder Judicial por la vía popular y no por el Ejecutivo y Legislativo. Una de las propuestas que más llamó la atención fue la de evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales.
No hay que perder de vista que para el domingo 1 de junio, Morena dio uno de los pasos más importantes en la consolidación de su poder, con la elección de más de 2 mil 680 magistrados, ministros y jueces a nivel nacional, de los cuales 74 cargos corresponden a Jalisco.
A partir del 2018 Morena ha logrado todo: dos presidencias consecutivas, supermayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados y más de 25 gubernaturas, sin contar la mayoría en 27 legislaturas locales y con un sin número de regidurías en todo el país.
Originó una maltrecha oposición que se aferra a la supervivencia política y que hasta el momento no tiene argumentos para frenar en seco el poder acumulado por Morena. Si bien se tenía un Poder Judicial plagado de corrupción y anomalías que servía a la élites del país muchos analistas jurídicos y políticos prevén que los candidatos afines a Morena dominen las elecciones, ocupando magistraturas desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte y otorgando al partido el control efectivo del tercer poder del Estado.
NUESTRA REALIDAD
Aquí vienen los peros: independientemente de quienes sean elegidos y de los números que se darán a conocer en los próximos días, lo que está en juego -como en cualquier democracia- es la legitimidad con la que llegarán quienes resulten elegidos. En cualquier sistema democrático se marca la diferencia entre ser el más votado o el menos votado y es de tomarse en cuenta el porcentaje de abstencionismo.
¿Cuál será la imagen de un Poder Judicial votado con un bajo porcentaje del padrón electoral? Cuando se ha calculado —salvo los números que nos den a conocer— que acudieron menos del 20% del padrón electoral, que es de 101 millones 539, mil 216 de acuerdo a cifras actualizadas del INE. ¿Cuál será la percepción de jueces electos con un mínimo de votos y relacionados con partidos políticos?
La reforma al Poder Judicial no incluye cambios en fiscalías, ministerios públicos, sistemas penitenciarios ni servicios forenses. La crisis judicial, según expertos, va más allá de jueces y magistrados, y la elección ciudadana no alterará las estructuras operativas.
Lo que sí veremos -coincidieron- es el empoderamiento de nuevos personajes que relegarán a quienes a lo largo de muchos años acumularon experiencia en la operatividad y funcionalidad de juzgados y en las estructuras judiciales. También esperan una lluvia de amparos, demandas laborales e indemnizaciones millonarias de quienes no sean ratificados en sus puestos.
Candidatos al Poder Judicial con antecedentes penales, nexos con narcotraficantes o violaciones a derechos humanos, defendidos por figuras de Morena, evidencian que la reforma permite acceder a cargos por relaciones políticas, no por méritos.
Las campañas de candidatos al Poder Judicial concluyeron entre acarreos clientelares, acordeones para inducir el voto, actos proselitistas y la clara intromisión de partidos políticos. La participación corporativa de sindicatos como el SNTE y la utilización de redes sociales, que se convirtieron en el medio de comunicación más solicitado por los aspirantes.
Morena echará toda la carne al asador para consolidar su poder. Aquí ya no se cumplieron las máximas del ex Presidente López Obrado: “evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales” y esa de “solo el pueblo podrá salvar al pueblo”.
¿Qué legitimidad tendrá un Poder Judicial elegido con menos del 20% del padrón electoral (101,539,216, según INE)? ¿Cómo se percibirá a jueces electos con pocos votos y vinculados a partidos políticos?
JALISCO
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
–Por Francisco Junco
El tequila, bebida que a la vez es símbolo cultural de México y motor económico de miles de familias jaliscienses, será objeto de una estrategia conjunta entre el Gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT).
A través de un convenio de colaboración firmado por ambas instituciones acordaron trabajar de la mano en una agenda internacional que no sólo fortalecerá la exportación de la bebida, sino también su presencia en eventos globales y su acceso a nuevos mercados con menos restricciones arancelarias.
El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza Marín, enfatizó que esta alianza busca abrir puertas en países como India, donde actualmente el arancel de importación del tequila es del 150%.
“Es un distintivo a nivel mundial que nos posiciona, que nos marca. Tenemos ese proyecto de llegar a la India”, señaló y agregó que tienen «una agenda internacional muy destacada, no sólo para la Secretaría de Turismo, sino también para la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Agricultura».
Desde la trinchera del CRT, Alan Loredo Trueba, primer vicepresidente del consejo directivo, reafirmó el compromiso del organismo con la protección de la denominación de origen y con el fortalecimiento de la cadena productiva, que da sustento a familias campesinas, productores, comercializadores y prestadores de servicios.
“En el CRT, desde hace más de 30 años, trabajamos en proteger al tequila, labor que reforzaremos con el Gobierno de Jalisco con la firma de este convenio y continuar con ello salvaguardando a nuestra primera denominación de origen en México y el mundo. A esto vamos a sumar la promoción económica internacional, la atracción de inversión económica directa, el fortalecimiento al comercio exterior a través de la difusión de la cultura del tequila y la entrega del Distintivo T”, expreso en nombre del CRT.
Explicaron que, uno de los ejes con mayor impacto social será la profesionalización en torno a la cultura del tequila. A través de capacitaciones y certificaciones, el CRT ha acercado a más personas a la historia, normativa y calidad de la bebida nacional por excelencia.
En este contexto, el Distintivo T cobra relevancia como una garantía de buenas prácticas en centros de consumo, que impacta directamente en el servicio turístico y en la promoción de empleos dignos en el sector.
Mediante un comunicado de prensa se anticipó que el tequila tendrá una destacada presencia en ferias internacionales como FITUR, lo cual no sólo eleva el nombre de Jalisco en el mundo, sino que genera una derrama económica que impacta positivamente en comunidades agaveras, empresas familiares y jóvenes emprendedores que encuentran en la bebida un camino de desarrollo con identidad.
- –Por Mario Ávila
Con 73 casos de violencia política en contra de sus militantes en el primer semestre del 2025, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido político más agraviado en el país, seguido del Partido del Trabajo (PT) con 28 víctimas y en tercer lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 27.
De acuerdo a un trabajo de investigación realizado por la empresa Integralia Consultores, el reporte indica que se registraron además 69 casos de violencia política en contra de víctimas sin afiliación a partido político alguno.
El reporte de mitad de año advierte que, de enero a junio del 2025, ocurrieron en el país 253 hechos de violencia política, lo que significa que se registró un caso cada 17 horas en algún rincón de México.
Entre los sucesos de violencia política destacan 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis casos correspondientes a otros delitos, como robos, en 29 de las 32 entidades del país.
Un dato que resalta en la investigación, tiene que ver con el hecho de que la violencia fue más intensa a nivel municipal, ya que la mayoría de las víctimas, es decir el 79% de ellas, fueron figuras públicas, funcionarios, ex funcionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.
Ello se debe a que las organizaciones criminales priorizan el control municipal, debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados, según se expone en el resumen ejecutivo sobre el tema, realizado por Integralia Consultores.
Por lo que toca a regiones o estados, Veracruz fue el sitio en donde se concentraron la mayoría de los eventos de violencia política, toda vez que en el marco de las elecciones municipales se contabilizaron 81 casos, mientras que en Guerrero se padecieron 24, en Morelos 21 y en Oaxaca 20; en contraste, en Durango que también celebró comicios locales, solo se registró un evento de violencia política.
La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorción, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.
La inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación, según se explica en el informe del primer semestre del año.
–Por Mario Ávila
El gozo se fue al pozo. Cuando la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, disfrutaba de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI al mencionar que la percepción de la inseguridad había mejorado 10 puntos en el segundo trimestre del año; una nueva encuesta en el mes de julio, descarta que Guadalajara, se encuentre entre las 10 ciudades más seguras de México.
Al dar a conocer en el mes de julio, el Top 10 de las ciudades más seguras, según sus habitantes, la capital de Jalisco no aparece y quien sí está en el quinto lugar es Puerto Vallarta, Jalisco, en donde la población se siente menos insegura de vivir en su localidad, según la evaluación de la misma ENSU-INEGI.
Los resultados del top 10 ubican en el primer lugar al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; segundo, Piedras Negras, Coahuila; tercero, Benito Juárez, CDMX; cuarto, Saltillo, Coahuila y quinto, Puerto Vallarta, Jalisco.
En el sexto lugar aparece San Nicolás de los Garza, Nuevo León; séptimo, Tampico, Tamaulipas; octavo, Tepic, Nayarit, noveno, Los Cabos, Baja California Sur y décimo, La Paz, Baja California Sur.
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
Morena, el partido más agraviado por violencia política
Guadalajara… ¡ni tan segura!
Entregan 66 patrullas a municipios del Sur, Sureste y Lagunas de Jalisco
