NACIONALES
La factura oculta de la justicia popular
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El futuro de esta primera elección del Poder Judicial Federal será, sin duda, un completo desastre para la justicia en México. Esta ocurrencia de Morena, bien se dice, es una especie de venganza contra el Poder Judicial, al no haber sucumbido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, representa la oportunidad de tener a los ministros, magistrados y jueces federales rindiendo pleitesía a un partido político y no a una carrera judicial de vocación y servicio. Este cambio en la forma de elegir al Poder Judicial tendrá un costo muy alto para el país.
En este sentido y políticamente, esto es la consumación de la asunción del control de los poderes en México. Este 1 de junio de 2025, se desvanece la división de poderes que constitucionalmente mantenía contrapesos y equilibrios, más allá de lo difícil que será para la sociedad la brecha de aprendizaje y ejecución de 881 cargos del Poder Judicial federal, elegidos de manera popular bajo un entorno político adverso y descarado, para que un partido en el país tenga cargos judiciales.
Esta nueva elección, producto de una reforma constitucional imprecisa, con lagunas legales, controversial y criticada por muchos sectores de la ciudadanía, nos lleva a ejercer nuestro derecho al voto para elegir a ministros, magistrados y jueces federales en esta entidad federativa. Son decisiones que, sin duda, afectarán a la sociedad por décadas.
La democracia en el país se caracteriza por garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos para la toma de decisiones políticas que darán rumbo a la construcción de nuestra nación y a cómo queremos vivir en aras de la justicia, la legalidad y el Estado de derecho. La duda es si una elección popular de quienes impartirán justicia será lo justo para la ciudadanía o no.
El papel del Poder Judicial en México es la enorme responsabilidad de administrar justicia, interpretar las leyes y resolver las controversias de todo tipo. Su encargo principal es avalar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el país, así como proteger los derechos humanos y el respeto absoluto a la legalidad.
El nuevo reto para la llegada de los cargos judiciales será titánico e histórico para la impartición de justicia en la nación. Habremos de denunciar y exigir su salida del Poder Judicial cada vez que una de estas personas, elegidas por esta atípica elección, no sea capaz, idónea, o se le compruebe cualquier situación de falta de capacidad o de corrupción.
Que la voz con finalidad democrática suene a modo de libertad de expresión para depurar a todo aquel que llegue por encargos políticos, por haber pasado los filtros, pero sin ser una persona de ética y de vocación en su nuevo encargo. Eso también será nuestra responsabilidad civil, como la que nos llevó a elegir los cargos judiciales.
El tiempo dará la razón a quienes en su momento expresamos que la transición del sistema judicial no era lo mejor en materia de impartición de justicia para el país. Pasar de cargos que habían llegado por una meritoria carrera judicial a una elección de ciudadanos con aspiraciones personales o partidistas —en su mayoría postulados por grupos de poder para conseguir un ministro, magistrado o juez «a modo»— no es lo que la sociedad merece. El precio será caro y les costará a los mexicanos.
Sin embargo, lo que pasará es un retroceso histórico de más de treinta años, a cuando el partido en el poder tenía simuladamente tomado el Poder Judicial. Ya habíamos empezado con cargos de probada y meritoria carrera judicial; ahora, otra vez, tendremos como juez a integrantes de un grupo de poder que podrán sentenciar y decretar a favor de alguien. Eso es corrupción.
El voto de esta histórica y sin precedentes elección, que todos sabemos, sí fue coaccionado y direccionado por otros para imponer sus intereses políticos y personales de grupo. El ejercicio democrático fue orientado hacia los que están en el poder. Quien suscribe la presente opinión fue buscada por conocidos para asegurar votos mediante la imagen de mi credencial de votar, e invitada a charlas para que me contaran los beneficios de tener un “amigo” en el Poder Judicial.
Desde mis más de doce años litigando en tribunales y escribiendo opinión política, reafirmo: esto no va a ser nada bueno para la impartición de justicia ni para la sociedad.
JALISCO
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
–Por Francisco Junco
El tequila, bebida que a la vez es símbolo cultural de México y motor económico de miles de familias jaliscienses, será objeto de una estrategia conjunta entre el Gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT).
A través de un convenio de colaboración firmado por ambas instituciones acordaron trabajar de la mano en una agenda internacional que no sólo fortalecerá la exportación de la bebida, sino también su presencia en eventos globales y su acceso a nuevos mercados con menos restricciones arancelarias.
El coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, del Gobierno de Jalisco, Mauro Garza Marín, enfatizó que esta alianza busca abrir puertas en países como India, donde actualmente el arancel de importación del tequila es del 150%.
“Es un distintivo a nivel mundial que nos posiciona, que nos marca. Tenemos ese proyecto de llegar a la India”, señaló y agregó que tienen «una agenda internacional muy destacada, no sólo para la Secretaría de Turismo, sino también para la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Agricultura».
Desde la trinchera del CRT, Alan Loredo Trueba, primer vicepresidente del consejo directivo, reafirmó el compromiso del organismo con la protección de la denominación de origen y con el fortalecimiento de la cadena productiva, que da sustento a familias campesinas, productores, comercializadores y prestadores de servicios.
“En el CRT, desde hace más de 30 años, trabajamos en proteger al tequila, labor que reforzaremos con el Gobierno de Jalisco con la firma de este convenio y continuar con ello salvaguardando a nuestra primera denominación de origen en México y el mundo. A esto vamos a sumar la promoción económica internacional, la atracción de inversión económica directa, el fortalecimiento al comercio exterior a través de la difusión de la cultura del tequila y la entrega del Distintivo T”, expreso en nombre del CRT.
Explicaron que, uno de los ejes con mayor impacto social será la profesionalización en torno a la cultura del tequila. A través de capacitaciones y certificaciones, el CRT ha acercado a más personas a la historia, normativa y calidad de la bebida nacional por excelencia.
En este contexto, el Distintivo T cobra relevancia como una garantía de buenas prácticas en centros de consumo, que impacta directamente en el servicio turístico y en la promoción de empleos dignos en el sector.
Mediante un comunicado de prensa se anticipó que el tequila tendrá una destacada presencia en ferias internacionales como FITUR, lo cual no sólo eleva el nombre de Jalisco en el mundo, sino que genera una derrama económica que impacta positivamente en comunidades agaveras, empresas familiares y jóvenes emprendedores que encuentran en la bebida un camino de desarrollo con identidad.
- –Por Mario Ávila
Con 73 casos de violencia política en contra de sus militantes en el primer semestre del 2025, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido político más agraviado en el país, seguido del Partido del Trabajo (PT) con 28 víctimas y en tercer lugar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 27.
De acuerdo a un trabajo de investigación realizado por la empresa Integralia Consultores, el reporte indica que se registraron además 69 casos de violencia política en contra de víctimas sin afiliación a partido político alguno.
El reporte de mitad de año advierte que, de enero a junio del 2025, ocurrieron en el país 253 hechos de violencia política, lo que significa que se registró un caso cada 17 horas en algún rincón de México.
Entre los sucesos de violencia política destacan 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis casos correspondientes a otros delitos, como robos, en 29 de las 32 entidades del país.
Un dato que resalta en la investigación, tiene que ver con el hecho de que la violencia fue más intensa a nivel municipal, ya que la mayoría de las víctimas, es decir el 79% de ellas, fueron figuras públicas, funcionarios, ex funcionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.
Ello se debe a que las organizaciones criminales priorizan el control municipal, debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados, según se expone en el resumen ejecutivo sobre el tema, realizado por Integralia Consultores.
Por lo que toca a regiones o estados, Veracruz fue el sitio en donde se concentraron la mayoría de los eventos de violencia política, toda vez que en el marco de las elecciones municipales se contabilizaron 81 casos, mientras que en Guerrero se padecieron 24, en Morelos 21 y en Oaxaca 20; en contraste, en Durango que también celebró comicios locales, solo se registró un evento de violencia política.
La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorción, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.
La inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación, según se explica en el informe del primer semestre del año.
–Por Mario Ávila
El gozo se fue al pozo. Cuando la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, disfrutaba de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI al mencionar que la percepción de la inseguridad había mejorado 10 puntos en el segundo trimestre del año; una nueva encuesta en el mes de julio, descarta que Guadalajara, se encuentre entre las 10 ciudades más seguras de México.
Al dar a conocer en el mes de julio, el Top 10 de las ciudades más seguras, según sus habitantes, la capital de Jalisco no aparece y quien sí está en el quinto lugar es Puerto Vallarta, Jalisco, en donde la población se siente menos insegura de vivir en su localidad, según la evaluación de la misma ENSU-INEGI.
Los resultados del top 10 ubican en el primer lugar al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; segundo, Piedras Negras, Coahuila; tercero, Benito Juárez, CDMX; cuarto, Saltillo, Coahuila y quinto, Puerto Vallarta, Jalisco.
En el sexto lugar aparece San Nicolás de los Garza, Nuevo León; séptimo, Tampico, Tamaulipas; octavo, Tepic, Nayarit, noveno, Los Cabos, Baja California Sur y décimo, La Paz, Baja California Sur.
Alianza CRT y Gobierno de Jalisco: Buscan abrir mercados y fortalecer a productores de tequila
Morena, el partido más agraviado por violencia política
Guadalajara… ¡ni tan segura!
Entregan 66 patrullas a municipios del Sur, Sureste y Lagunas de Jalisco
