La factura oculta de la justicia popular

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El futuro de esta primera elección del Poder Judicial Federal será, sin duda, un completo desastre para la justicia en México. Esta ocurrencia de Morena, bien se dice, es una especie de venganza contra el Poder Judicial, al no haber sucumbido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, representa la oportunidad de tener a los ministros, magistrados y jueces federales rindiendo pleitesía a un partido político y no a una carrera judicial de vocación y servicio. Este cambio en la forma de elegir al Poder Judicial tendrá un costo muy alto para el país.

En este sentido y políticamente, esto es la consumación de la asunción del control de los poderes en México. Este 1 de junio de 2025, se desvanece la división de poderes que constitucionalmente mantenía contrapesos y equilibrios, más allá de lo difícil que será para la sociedad la brecha de aprendizaje y ejecución de 881 cargos del Poder Judicial federal, elegidos de manera popular bajo un entorno político adverso y descarado, para que un partido en el país tenga cargos judiciales.

Esta nueva elección, producto de una reforma constitucional imprecisa, con lagunas legales, controversial y criticada por muchos sectores de la ciudadanía, nos lleva a ejercer nuestro derecho al voto para elegir a ministros, magistrados y jueces federales en esta entidad federativa. Son decisiones que, sin duda, afectarán a la sociedad por décadas.

La democracia en el país se caracteriza por garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos para la toma de decisiones políticas que darán rumbo a la construcción de nuestra nación y a cómo queremos vivir en aras de la justicia, la legalidad y el Estado de derecho. La duda es si una elección popular de quienes impartirán justicia será lo justo para la ciudadanía o no.

El papel del Poder Judicial en México es la enorme responsabilidad de administrar justicia, interpretar las leyes y resolver las controversias de todo tipo. Su encargo principal es avalar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el país, así como proteger los derechos humanos y el respeto absoluto a la legalidad.

El nuevo reto para la llegada de los cargos judiciales será titánico e histórico para la impartición de justicia en la nación. Habremos de denunciar y exigir su salida del Poder Judicial cada vez que una de estas personas, elegidas por esta atípica elección, no sea capaz, idónea, o se le compruebe cualquier situación de falta de capacidad o de corrupción.

Que la voz con finalidad democrática suene a modo de libertad de expresión para depurar a todo aquel que llegue por encargos políticos, por haber pasado los filtros, pero sin ser una persona de ética y de vocación en su nuevo encargo. Eso también será nuestra responsabilidad civil, como la que nos llevó a elegir los cargos judiciales.

El tiempo dará la razón a quienes en su momento expresamos que la transición del sistema judicial no era lo mejor en materia de impartición de justicia para el país. Pasar de cargos que habían llegado por una meritoria carrera judicial a una elección de ciudadanos con aspiraciones personales o partidistas —en su mayoría postulados por grupos de poder para conseguir un ministro, magistrado o juez «a modo»— no es lo que la sociedad merece. El precio será caro y les costará a los mexicanos.

Sin embargo, lo que pasará es un retroceso histórico de más de treinta años, a cuando el partido en el poder tenía simuladamente tomado el Poder Judicial. Ya habíamos empezado con cargos de probada y meritoria carrera judicial; ahora, otra vez, tendremos como juez a integrantes de un grupo de poder que podrán sentenciar y decretar a favor de alguien. Eso es corrupción.

El voto de esta histórica y sin precedentes elección, que todos sabemos, sí fue coaccionado y direccionado por otros para imponer sus intereses políticos y personales de grupo. El ejercicio democrático fue orientado hacia los que están en el poder. Quien suscribe la presente opinión fue buscada por conocidos para asegurar votos mediante la imagen de mi credencial de votar, e invitada a charlas para que me contaran los beneficios de tener un “amigo” en el Poder Judicial.

Desde mis más de doce años litigando en tribunales y escribiendo opinión política, reafirmo: esto no va a ser nada bueno para la impartición de justicia ni para la sociedad.