Elon Musk y el límite del dinero

Opinión, por Miguel Anaya //

Vivimos en una modernidad superficial, un mundo donde el dinero parece comprarlo casi todo —influencia, atención, acceso—, sin embargo, hay una frontera que, tarde o temprano, se le impone incluso a los más ricos: el poder del Estado. Esa frontera la encontró recientemente Elon Musk, uno de los hombres más adinerados del planeta, cuando renunció de manera sorpresiva al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dentro del gobierno de Donald Trump.

Lo que en su momento pareció una jugada audaz —un titán de la innovación tecnológica incorporado al aparato gubernamental para modernizarlo— terminó revelando una verdad incómoda: el gobierno no es una empresa. Y no puede, ni debe, funcionar como una.

Desde su llegada al cargo, Musk se propuso transformar la administración pública como si se tratara de una de sus compañías: menos burocracia, más automatización, reducción de costos, enfoque en resultados medibles. Bajo esta visión, logró ejecutar una serie de reformas rápidas: eliminó miles de plazas administrativas, digitalizó procesos, promovió recortes presupuestales y redujo el gasto federal en más de 160 mil millones de dólares. Para muchos, esto representó una revolución silenciosa.

Pero esa eficiencia tenía un costo. Los despidos masivos afectaron el funcionamiento de programas sociales, los recortes alcanzaron a áreas sensibles como salud, educación y protección ambiental, y muchas decisiones se tomaron sin consultar a los actores locales o sin evaluar el impacto en comunidades enteras, generando descontento entre miles de ciudadanos, entonces, el Estado, que no opera bajo la lógica de rentabilidad, comenzó a mostrar señales de tensión.

La ruptura definitiva con Trump no se produjo solo por cuestiones ideológicas, sino por una divergencia de prioridades. Mientras Musk insistía en seguir apretando el cinturón fiscal, el presidente presentó una reforma fiscal con fuertes reasignaciones que, desde la perspectiva del empresario, anulaba todo lo logrado por el DOGE.

Para Musk, esto es un error financiero. Para Trump, es una estrategia política. Y ahí radica una de las diferencias centrales entre la lógica empresarial y la política: una empresa puede sacrificar servicios si eso mejora sus finanzas; un gobierno no puede desentenderse de sus ciudadanos en nombre de la austeridad o la eficiencia fría de los números.

En una entrevista posterior a su renuncia, Musk lo dijo sin rodeos: “Hay cosas con las que no estoy del todo de acuerdo… y no puedo comprometerme con decisiones que contradicen los principios de eficiencia que defiendo.” Sus palabras eran el eco de una frustración creciente: en el mundo corporativo, el liderazgo es vertical. En la política democrática, el poder se negocia, se limita y se contrapone.

La raíz del conflicto va más allá del desacuerdo entre dos figuras con egos enormes. Es una tensión profunda y estructural: la que existe entre la lógica del mercado y la justicia social. Musk intentó gestionar el gobierno como si fuera Tesla o SpaceX, donde sus decisiones son incuestionables y toda gira en torno al rendimiento. Pero el Estado tiene otra naturaleza.

Un gobierno no está hecho para generar utilidades ni para complacer a los inversionistas. Su función es servir a todos —ricos y pobres, productivos y vulnerables, visibles e invisibles— bajo principios de equidad, legalidad y justicia. La eficiencia, por sí sola, no puede ser el único criterio. ¿Cómo se mide la utilidad de una política de salud pública que salva vidas, pero no genera ingresos? ¿Cómo se justifica un recorte que ahorra millones de dólares, pero deja a miles sin acceso a educación?

El Estado es un facilitador social. No busca maximizar beneficios individuales, sino garantizar que exista un piso mínimo de derechos, oportunidades y seguridad para todos. Y eso implica tomar decisiones complejas, muchas veces lentas, que equilibran intereses, contextos, historias y necesidades humanas.

Actualmente, los magnates tecnológicos parecen rozar la omnipotencia. Pero incluso ellos, como Musk, deben enfrentarse al hecho de que el Estado democrático no es una herramienta privada. No es un negocio, no es una marca, no es una app. Es una construcción colectiva, imperfecta pero esencial, que se sostiene sobre leyes, consensos y el principio de que todos somos iguales ante la norma.

La salida de Musk es una lección de política para todos, ojalá los líderes locales acusen de recibido.