JALISCO
¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.
Un abstencionismo que habla
El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.
¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.
En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.
Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.
Fragmentación y divisionismo en Morena
Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.
La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.
Desconfianza institucional y desencanto ciudadano
El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.
Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.
Implicaciones para el futuro político de Jalisco
El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.
¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.
Un mensaje claro para Morena
El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.
Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.
JALISCO
Pensiones consumirán 2.3 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2026
– Por Raúl Cantú
La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, presentada el 8 de septiembre de 2025 por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, a la Cámara de Diputados, confirma que el gasto en pensiones y jubilaciones alcanzará los 2.3 billones de pesos, representando aproximadamente el 22.7% del gasto neto total estimado, que asciende a 10.193 billones de pesos.
Esto implica un incremento de alrededor del 4.5% en términos nominales respecto a los 2.2 billones aprobados para 2025, impulsado principalmente por el envejecimiento poblacional y la expansión de programas sociales no contributivos.
Desglose del gasto en pensiones
El rubro de pensiones se divide en dos categorías principales: contributivas (derivadas de cotizaciones en el IMSS, ISSSTE y otras instituciones de seguridad social) y no contributivas (programas universales de bienestar). Según la propuesta, el total de 2.3 billones incluye:
- Pensiones contributivas: Aproximadamente 1.68 billones de pesos, con un crecimiento moderado del 0.5% real, enfocado en jubilaciones de trabajadores formales. Este monto cubre obligaciones históricas y reformas previas al sistema de pensiones.
- Pensiones no contributivas: Alrededor de 619.743 millones de pesos, con un aumento del 13.2% respecto a 2025, lo que refleja la priorización de los programas sociales del gobierno federal. Dentro de este subrubro destacan:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 526.508 millones de pesos (8.9% más que en 2025), beneficiando a 14.2 millones de personas de 65 años o más con un monto bimestral de 6,000 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar (para mujeres de 60 a 64 años): 56.969 millones de pesos.
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 36.266 millones de pesos.
Este desglose subraya la presión fiscal de las pensiones no contributivas, que han crecido significativamente en los últimos años debido a su carácter universal y constitucional, pasando de 359 mil millones en 2023 a cifras cercanas a 620 mil millones en 2026.
Contexto en el presupuesto general
El PEF 2026 proyecta un gasto neto total de 10.193 billones de pesos, un 5.9% más que el estimado para 2025, financiado por ingresos públicos de 8.7 billones (principalmente 5.8 billones en impuestos como ISR e IVA, y 1.2 billones petroleros) y un endeudamiento neto de hasta 1.8 billones. Sin embargo, el 81.4% del presupuesto (unos 8.4 billones) se considera «ineludible», comprometido en rubros como:
| Rubro | Monto estimado (billones de pesos) | % del gasto total |
| Pensiones y jubilaciones | 2.3 | 22.7% |
| Pago de deuda (costo financiero) | 1.642 | 16.1% |
| Sueldos y salarios de burócratas | 1.267 | 12.4% |
| Transferencias a estados y municipios | 2.583 | 25.3% |
| Programas sociales prioritarios (adicionales a pensiones) | 0.835 (para 17 programas, incluyendo becas y salud) | 8.2% |
Esto deja un margen limitado para inversión en infraestructura (1.25 billones, o 12.3%) y salud (996 mil millones, o 9.8%), áreas que, sumadas, apenas igualan el gasto en pensiones. Analistas destacan que pensiones, deuda y apoyos a Pemex y CFE absorben más del 50% del presupuesto, reduciendo el espacio para prioridades como educación y seguridad.
Implicaciones y retos
- Presión fiscal creciente: Las pensiones representarán cerca del 6.5% del PIB proyectado (alrededor de 35 billones), un nivel superior al promedio de la OCDE (7-8%), pero con una recaudación tributaria baja (15.1% del PIB). El déficit fiscal se estima en 4.1% del PIB, financiado por deuda que pasaría del 3.9% al 4.3% del PIB, lo que podría elevar el costo de la deuda a 4.1% del PIB.
- Sostenibilidad: Expertos advierten que, sin reformas estructurales (como aumentar la edad de retiro o mejorar la cotización), el gasto en pensiones podría llegar al 7.8% del PIB para 2030. El gobierno enfatiza la «responsabilidad fiscal» y el combate a la evasión para generar 183 mil millones adicionales vía nuevos impuestos (IEPS a refrescos, tabaco, apuestas y plataformas digitales), pero no se prevén alzas generalizadas.
- Beneficios sociales: El enfoque en pensiones busca reducir la pobreza (que bajó al 36.3% en 2024) y apoyar a 82% de las familias mexicanas, alineado con el «humanismo» del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, críticos señalan que prioriza gasto corriente sobre inversión productiva, lo que podría limitar el crecimiento económico (proyectado en 1.8-2.8%).
La propuesta ahora está en análisis en la Cámara de Diputados, con posibles ajustes antes de su aprobación en noviembre de 2025. Para más detalles, consulta el documento oficial en el sitio de la Secretaría de Hacienda.
JALISCO
El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional
-Por Redacción Conciencia Pública
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández; el Fiscal del Estado Salvador González de los Santos; así como el alcalde de Tlajomulco Gerardo Quirino y la alcaldesa de Tlaquepaque Laura Imelda Pérez, estuvieron presentes esta mañana en Palacio Nacional para compartir las acciones que se han venido implementando en el estado en materia de seguridad.
Lemus compartió en un video que: «En coordinación con los tres niveles de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguimos trabajando para que las y los jaliscienses tengan una entidad con mayor seguridad y un tejido social reforzado».
– Por Francisco Junco
El Gobierno de Jalisco lamentó lo que calificó como una campaña de desinformación encabezada por la diputada federal Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien afirmó que el estado contaba con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales.
A través de un comunicado, el Ejecutivo estatal aclaró que dicha versión es falsa, ya que el mantenimiento de estas vías corresponde exclusivamente al Gobierno Federal.
“El Gobierno de Jalisco aclara que es falso que cuente con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales, como de forma sorpresiva lo afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y lamenta que se haga una campaña de desinformación al respecto”, señala el documento oficial, enviado a los medios de comunicación.
Y es que la diputada federal Gómez Pozos, afirmó que el Gobierno de Jalisco no ha ejercido los 400 millones de pesos que se le asignaron desde la federación para la reparación de carreteras e incluso llamó al gobernador de Jalisco Pablo Lemus para coordinarse con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que lo ejerza antes de este año.
“Del presupuesto que estamos ejecutando este año se pudo reasignar una bolsa, desde la comisión de presupuesto, de 10 mil millones de pesos para este fin y, llama la atención que al segundo trimestre de este año sólo cuatro estados hayan ejecutado ese recurso. Entre los que no lo han hecho está el estado de Jalisco, que tiene casi 400 millones de pesos para este fin y no, pues, se ha ejecutado un solo peso”, señaló la diputada federal, al recibir el paquete económico de Hacienda para el próximo año.
La administración estatal explicó que la aplicación de esos recursos corresponde a la delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por María Padilla, y no al Ejecutivo local.
“Los recursos para rehabilitar carreteras federales salen del presupuesto federal y son ejecutados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, puntualizó.
Por su parte, el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, detalló que este año la Federación no asignó recursos concursables al estado para este rubro.
“No hay recursos para mantenimiento carretero que sean concursables. ¿A qué me refiero cuando digo que sean concursables? A que algunas entidades metamos proyectos para eso. Es más la voluntad federal la que determina en dónde sí y en dónde no, se hacen ampliaciones presupuestales, o se destinan recursos para el mantenimiento carretero”, señaló.
El Gobierno de Jalisco recordó que la entidad cuenta con 2 mil 196 kilómetros de carreteras federales, entre ellas la 70, 80, 23, 200 y 54, cuya falta de mantenimiento representa un riesgo para los usuarios.
Agregó que, recientemente, el Gobierno Federal anunció que enviaría un tren de pavimentación para rehabilitar apenas 26 kilómetros de esa red.
Como contraste, la administración estatal subrayó que en paralelo impulsa el Plan Carretero Estatal 2025-2030, con una inversión de 24 mil millones de pesos, mediante el cual se dará mantenimiento y renovación al 100% de la red carretera estatal, 4 mil 562 kilómetros, durante el sexenio, en beneficio de alrededor de 80 millones de vehículos que circulan cada año por estas vías.
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