NACIONALES
Fruslerías
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Contrario a lo que significa el título de esta columna, la reforma judicial no tuvo nada de trivial o de poca importancia, por el contrario, la relevancia que tiene para el futuro de este país es innegable. Lo nocivo que resulta para la impartición de justicia ha sido señalado en abundancia por juristas y estudiosos del derecho y en esta columna no tendría más que agregar que no se hubiera dicho ya, al igual que los efectos mediatos en la economía, tan necesitada de certidumbre en la inversión productiva, también señalada.
Alarma la ausencia en la conversación pública de los grandes temas resultantes del experimento esperpéntico que fue la elección y sí, en cambio, la intrascendente discusión sobre el uso de la toga en las sesiones públicas de la Suprema Corte de Justicia, lo que es en esencia una auténtica fruslería ante la gravedad de los asuntos que se soslayan.
En el oficialismo resulta más importante subrayar que los exiguos votos son suficientes para considerar legitimada la elección, que analizar los perjuicios que arrojó la improvisación de un procedimiento electivo, tan insuficiente y defectuoso, que motivó a que el órgano electoral emitiera 308 acuerdos administrativos para cubrir los vacíos legislativos y definir criterios en aspectos sustanciales de la elección.
La crítica, aunque sea en positivo, es inaceptable, pues es del interés gubernamental que, una vez concluido el proceso y lograda la inclusión de los juzgadores por ellos designados ─acordeones de por medio─ la discusión se trivialice.
Las observaciones que presentó la Misión de Observación Electoral de la OEA, invitada por el propio INE, son consideradas una intolerable intromisión. Se requirieron 37 concisas cuartillas, producidas por 16 expertos internacionales, para señalar las fallas en el proceso.
Desde el tramo de selección de aspirantes o candidatos, que nunca fueron sometidos a pruebas de idoneidad o capacidad para la posición, hasta el uso de tómbolas, hicieron del “ejercicio democrático” una burda simulación.
Debe dolerle al gobierno la recomendación final de la misión de observadores: “La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del poder judicial.” Y el remate final: “Dicho lo anterior, la misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.”
Esto es lo que debería estarse analizando y proponiendo alternativas, ya no de sustitución o eliminación del modelo ─eso no sería conveniente al régimen que reduce y entiende a la democracia como un mero plebiscito─ sino cuando menos del perfeccionamiento del mismo para que lleguen los capaces y preparados no los favoritos de los grupos en el poder y la contienda electoral tenga equidad y transparencia.
Hablar de togas y atuendos nativos como afirmación del origen, habla por sí mismo de parcialidad hacia un segmento y pretenden que eso se entienda como justicia social. Centrar en el origen étnico del electo la virtud y mérito para presidir la Suprema Corte es una fruslería comparada con la enorme responsabilidad que contrae, para la cual aparentemente no está capacitado.
El INE no puede juzgar sobre ese particular, solo si cumplieron las condiciones que se exigieron para participar en el proceso y dará constancias de mayoría, pero una certificación de capacidades no existe y, por tanto, parece que esto será como los carros de calabazas: se acomodarán en el camino y veremos que sale en el experimento. Esa es demasiada irresponsabilidad para con el país y la ciudadanía.
Menuda tarea le espera al nuevo ente llamado Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá que garantizar que los jueces y magistrados actúen con ética, profesionalismo y respeto a la ley, además de investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la administración de justicia, sin que nada ni nadie haya definido la gradualidad de las faltas.
Aspectos como este, que es el marco en que habrá de regirse la nueva corte suprema y el sistema judicial, deberán incorporarse a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, los senadores y el futuro presidente de la suprema corte están más preocupados porque se elimine la toga.
Con toda la problemática que deriva de este engendro de reforma judicial, centrar la discusión en la presencia y vestuario de un mestizo abogado de causas indígenas es por lo menos irresponsable y demuestra el poco respeto que tiene este gobierno por la vigencia plena del Estado de derecho.
El país no anda bien, aunque el discurso oficial lo niegue. El gobierno está ausente, abúlico, pendiente de acumular poder sin saber cómo usarlo para el bien de todos, no solo del movimiento, pero sigamos discutiendo sobre la toga o no me llamen Andy. Puras fruslerías.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La reciente llamada de 40 minutos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump trajo un respiro temporal: la postergación por tres meses de aranceles a las exportaciones mexicanas.
Sin embargo, ¿disipa esto la incertidumbre que envuelve a México? ¿Beneficia a la economía? ¿Cómo lo reciben inversionistas y empresarios? ¿Persiste la incertidumbre?
Aunque la presidenta Sheinbaum mostró optimismo, la prórroga de 90 días es un alivio táctico, no una solución definitiva. Trump ha convertido los aranceles en una herramienta de presión volátil, usando temas como migración, narcotráfico y el déficit comercial para negociar.
Desde febrero de 2025, México vive bajo la sombra de aranceles del 25% o 30%, inicialmente pospuestos tras compromisos como el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera.
Sin un acuerdo claro o una renegociación sólida del TMEC, que inicia su revisión en 2026, la inestabilidad seguirá pesando sobre la economía mexicana, incluida la de Jalisco, un pilar exportador. ¿Ayuda a la economía mexicana?
La postergación protege, por ahora, a una economía que depende en un 80% de las exportaciones a EE.UU., especialmente en sectores clave para Jalisco como la cadena de suministro automotriz, la industria electrónica y la manufacturera.
En 2024, el comercio bilateral superó los 700 mil millones de dólares, y un arancel del 30% —aplicable al 28.6% de exportaciones que no cumplen las reglas de origen del TMEC, según Banamex— habría disparado costos para consumidores estadounidenses y desestabilizado cadenas de suministro integradas. No obstante, el beneficio es limitado.
La amenaza arancelaria frena la planeación a largo plazo.
Las proyecciones económicas son sombrías: Goldman Sachs estima un crecimiento del PIB de 0% para 2025; Gabriela Siller advierte una contracción de hasta 4% en un escenario extremo con aranceles del 25%; y la OCDE prevé una caída del 1.3%, agravada por la desaceleración de la inversión.
La prórroga evita un choque inmediato, pero no resuelve la dependencia del mercado estadounidense ni la incertidumbre estructural.
¿Cómo reaccionan inversionistas y empresarios?
El sector privado recibe la noticia con cautela. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ve esperanza en la prórroga, pero lamenta la parálisis de más de 60 mil millones de dólares en inversiones, reflejada en la caída del 39% en nueva inversión extranjera en 2024.
En Jalisco, los empresarios enfrentan un dilema: diversificar mercados o aguardar claridad en la relación con EE.UU. La prórroga da tiempo para fortalecer estrategias como el Plan México, que busca aumentar la producción nacional, pero la falta de certidumbre limita su entusiasmo.
Conclusión
La postergación de aranceles es un respiro, pero no elimina el juego de incertidumbre de Trump. México gana tiempo para negociar, pero sin un acuerdo permanente, la economía, los inversionistas y los empresarios seguirán en vilo.
En Jalisco, el optimismo es moderado: hay espacio para avanzar en proyectos estratégicos, pero la sombra de la volatilidad comercial persiste. Sheinbaum debe aprovechar estos meses para construir una estrategia sólida que blinde al país ante las tácticas impredecibles de su vecino del norte.
-Por Mario Ávila
Interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y algunos funcionarios de la Cuarta Transformación, fue el último recurso del senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, una vez que en la Cámara de Diputados se aceleró un segundo proceso de desafuero en su contra.
Este viernes 1 de agosto, la sección instructora de la Cámara de Diputados someterá a revisión la solicitud de despojar de inmunidad al exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito” Moreno), en una segunda acusación de la Fiscalía de Campeche, por el presunto desvío de 83 millones de pesos, durante su gestión como gobernador del 2015 al 2019.
El diputado Hugo Eric Flores, citó a los integrantes de la comisión instructora para este viernes a las 12 horas, para evaluar si esta nueva acusación corresponde a hechos distintos a los que se presentaron en el 2022 bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito, que, por cierto, ya prescribió.
Ante ello, ayer miércoles 30 de julio, Alejandro Moreno presentó una querella ante la FGR, denunciando por presuntos delitos penales como el encubrimiento y traición a la patria, en contra del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que contra algunos funcionarios de distintos niveles, identificados con la Cuarta Transformación; ellos son: Américo Villarreal, Mario Delgado Carrillo, Rubén Rocha Moya, Andrés Manuel López Beltrán, Marina del Pilar Avila Olmedo, Alfonso Durazo Montaño, Layda Elena Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz.
-Por Redacción Conciencia Pública
El presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy, jueves 31 de julio de 2025, una prórroga de 90 días para implementar aumentos en los aranceles a México, tras una llamada telefónica con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Este aplazamiento impide que entren en vigor medidas arancelarias más severas ante el vencimiento de su plazo autoimpuesto del 1 de agosto, manteniéndose vigentes los gravámenes actuales sobre el fentanilo, automóviles, acero, aluminio y cobre.
Durante este nuevo periodo de tregua, se respetan aranceles del 25 % al fentanilo y a los autos, y del 50 % al acero, aluminio y cobre, mientras México se comprometió a eliminar inmediatamente barreras comerciales no arancelarias.
Sheinbaum calificó el diálogo como “muy buena” la conversación con su homólogo estadounidense y consideró que la postergación es una victoria diplomática, pues evitó un aumento inmediato y aportó tiempo para avanzar hacia un acuerdo a largo plazo.
«Evitamos el aumento de aranceles anunciado y logramos 90 días para construir un acuerdo a largo plazo», dijo la presidenta de México.
La estrategia traza un escenario tenso y contradictorio: por un lado, el aplazamiento muestra flexibilidad negociadora; por otro, mantiene intacta una estructura arancelaria punitiva. Analistas han advertido que estos aranceles persistentes pueden continuar ejerciendo presión inflacionaria en ambas economías, y mantener la incertidumbre entre empresas y consumidores mexicanos y estadounidenses.
Este momento demanda una reflexión sobre el impacto social: las comunidades a lo largo de la frontera, trabajadores del comercio y microempresarios podrían sentir los efectos de estos aranceles prolongados.
Las negociaciones se han dado en un contexto donde la diplomacia ejerce de puente, pero la presión comercial permanece activa, y donde el discurso político se entrelaza con la vida cotidiana de las personas.
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