JALISCO
Organizaciones ciudadanas denunciarán fraude ante instancias internacionales por elecciones judiciales
Por Francisco Junco //
Organismos de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) y Saber Votar, planean acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en la elección del Poder Judicial de 2024.
Según René Bolio, presidente de la CMDH, el uso ilegal de “acordeones” y gastos de campaña excesivos evidencian un proceso ilegítimo, que amenaza con convertir a México en una dictadura.
En rueda de prensa, Bolio explicó que tras agotar instancias nacionales, recurrirán al sistema interamericano, que, aunque lento, ha sido efectivo en casos de derechos humanos. “La elección es ilegítima desde su origen, desarrollo y resultados. La Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral serán políticamente sesgados, no jurídicos,” afirmó, advirtiendo que solo el 13% del padrón electoral participó, insuficiente para legitimar la justicia en México.
Guillermo Torres Quiroz, director de Saber Votar, destacó que Durango y Veracruz tuvieron alta participación electoral, pero enfocada en autoridades locales, no judiciales. Criticó el uso de “acordeones” —listas ocultas con nombres de candidatos— y la falta de control en gastos de campaña.
Propuso una reforma electoral para 2027, cuando coincidirán elecciones de 16 gobernadores, ayuntamientos, congresos locales y cargos judiciales en más de 20 estados. “Será una locura sin una reforma seria,” advirtió.
Torres señaló irregularidades graves: 800 casillas con boletas no dobladas, caligrafías idénticas y defectos de identidad, confirmando un fraude electoral. “Los ciudadanos no contaron las boletas en las casillas por la cantidad de candidatos. El conteo tardó una semana y requirió cientos de personas por estado, lo que facilitó manipulaciones,” explicó.
El Consejo General del INE reconoció estas anomalías, reforzando las acusaciones de fraude.
El análisis de Saber Votar reveló que los magistrados electos tienen vínculos con Morena, el presidente López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum. Nombres como Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyves evidencian una “colonización” del sistema judicial con operadores políticos. “La Suprema Corte será definida por la política, no por la experiencia jurídica,” afirmó Torres. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, descrito como una “Santa Inquisición” para el Poder Judicial, consolidará el control político interno.
Bolio comparó la situación actual con el control del PRI en el pasado, pero advirtió que el escenario actual es más peligroso. “Vemos una concentración de poder en el Ejecutivo, el Legislativo con mayoría calificada y ahora un Poder Judicial controlado. Es un camino hacia el autoritarismo y la dictadura, con una narrativa mesiánica y sin contrapesos,” señaló. La reforma judicial, aprobada con una mayoría artificial en 2024, y una “elección de Estado” han deslegitimado al Tribunal Electoral.
Las ONG’s argumentan que la elección violó el debido proceso, la autonomía y los requisitos de preparación para jueces. “Una votación con solo el 10% de participación es ilegítima en cualquier ámbito,” insistió Bolio.
La falta de transparencia en el conteo y la influencia de los “acordeones” refuerzan la percepción de un proceso viciado. Saber Votar exige controles más estrictos para futuras elecciones y una reforma que garantice imparcialidad.
Las repercusiones de esta elección son profundas. Una Corte políticamente alineada amenaza la independencia judicial, afectando la protección de derechos humanos y la democracia. Las ONG’s buscan que la Corte Interamericana sancione estas irregularidades, esperando sentar un precedente para futuras elecciones.
Mientras tanto, México enfrenta el riesgo de un retroceso democrático, con un sistema judicial subordinado al poder político, lo que podría consolidar un modelo autoritario sin precedentes en la historia reciente del país.
– Por Mario Ávila
Más de una veintena de asociaciones vecinales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en la Red Ciudad Posible, manifestaron su rechazo a la posibilidad de que se le dé luz verde al proyecto de la construcción de un segundo piso en López Mateos.
Ello, ante el planteamiento y la convocatoria que recientemente lanzaron el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sección Jalisco, para realizar mesas de trabajo tendientes a analizar la viabilidad de construir un viaducto elevado sobre López Mateos, desde la Glorieta Colón hasta la gasolinera de Las Cuatas.
Entre las agrupaciones que firman la inconformidad se encuentran Movilidad ITESO, Guadalajara en Bici, BiciBlanca GDL y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco, mediante una carta abierta, recuerdan que recientemente se realizó el programa Diálogos por la Movilidad en López Mateos, en donde participaron más de 200 mil personas y se obtuvieron datos concluyentes, en donde menos del 2% de los participantes se pronunció por un segundo piso para los automóviles.
En cambio, más del 40% de los participantes apoyaron la propuesta de resolver el problema mediante soluciones basadas en la gestión eficiente del transporte público masivo, ya que un segundo piso ocasionaría un impacto social, urbano, ambiental y económico, negativo e irreparable.
Y advierten: “El segundo piso, lejos de reducir los tiempos de traslado, incrementaría el uso del vehículo privado, generando mayor congestión sobre el corredor y las calles aledañas y, además, esta obra crearía una profunda cicatriz urbana, produciendo espacios sucios e inseguros, dificultando el paso peatonal y vehicular, afectando la accesibilidad del transporte público, reduciendo la plusvalía y la calidad de vida en las colonias vecinas”.
Por lo tanto, exigen al gobernador, Jesús Pablo Lemus Navarro, proponer una solución que respete la voluntad de la ciudadanía expresada en ese ejercicio, por cierto, efectuado en la recta final del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, y le piden también que sea congruente con sus casi 15 años de carrera política, en los que en dos ocasiones se opuso rotundamente a la construcción de los segundos pisos en la ciudad, en el caso de López Mateos en el 2023 y en el caso de avenida Inglaterra en el 2011.
– Por Mario Ávila
Un presupuesto de 777 millones de pesos pide el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para operar el año 2026 y que se habrá de distribuir en 143.4 millones de pesos en gastos operativos; 99.4 millones de pesos para la instalación de consejos distritales y municipales; 20 millones de pesos para los preparativos de la elección judicial del 2027 y 513.9 millones de pesos como subsidio a los partidos políticos, aunque no se trate de año electoral.
El proyecto de presupuesto aprobado por los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco estima un total de 513 millones 976 mil 542 pesos para los partidos políticos que obtuvieron al menos el 3% de la votación válida emitida de la pasada elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa.
Esto significa que Movimiento Ciudadano se beneficiará con un presupuesto de 166 millones 937 mil 447 pesos, de los cuales el 70% son asignados para actividades ordinarias y el 30% restante para actividades específicas.
En el caso de Morena, la asignación anual será de 144 millones 315 mil 240 pesos; el PAN recibirá 86 millones 286 mil 270 pesos; el PRI contará con 64 millones 556 mil 045 pesos y el Partido Verde Ecologista de México recibiría, de acuerdo a este proyecto presupuestal 2026, 51 millones 881 mil 509 pesos.
Durante su cuarta sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco) aprobó hoy tres anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026: el presupuesto ordinario para la operación del organismo, los recursos asignados al Proceso Electoral Local 2026-2027 y al Proceso Electoral Judicial Local 2026- 2027, así como el financiamiento público estatal para los partidos políticos con derecho a obtenerlo en la entidad.
El anteproyecto de presupuesto de egresos para la operación y funciones ordinarias del IEPC Jalisco en 2026 asciende a 143 millones 412 mil 442 pesos, mismo que se destinará para cubrir servicios básicos (luz, agua, arrendamiento de inmuebles, papelería, etc.) así como implementación y/o la continuación de proyectos estratégicos del Instituto, entre ellos, las jornadas para construir espacios libres de violencia, programas de educación cívica, campañas de promoción de participación ciudadana, atención a las quejas y a las solicitudes de mecanismos de participación ciudadana, la operación del Centro de Estudios Irene Robledo, por mencionar algunos. Se trata de un presupuesto que presenta solo un incremento del 5.1% con relación al presupuesto del presente año.
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–Por Mario Ávila
En un período de 30 años Guadalajara ha pasado de tener una subdivisión territorial de cuatro distritos para pasar a una de delegaciones, luego a siete zonas y hoy la alcaldesa de Guadalajara Verónica Delgadillo, anuncia la creación de 11 comunidades, a fin según dijo, de eficientar los servicios públicos y dar una respuesta más rápida a los ciudadanos.
Aseguró que con esta nueva división administrativa, los reportes ciudadanos se derivan a cada comunidad, en lugar de una lista general de la ciudad y precisó que esta nueva división administrativa no trae consecuencias negativas para las personas, pues no necesitan cambiar su domicilio o INE.
Para elegir los nombres, se tuvo un sondeo con la ciudadanía y una mesa de trabajo con expertos para determinar los criterios de elección como: respetar todo lo que tuviera que ver con las lenguas de los pueblos originarios, la identidad, que fueran fáciles de recordar y el tema de la naturaleza.
El número de colonias en cada comunidad es variado, por ejemplo, en la Comunidad Centro Histórico hay un par, sin embargo, la dinámica social, cultural y comercial es muy distinta al resto de la ciudad.
En contraste, las comunidades Los Oblatos, La Barranca de Huentitán y Tetlán, son las más grandes, entre las tres concentran el 50 por ciento de las colonias de Guadalajara.
La presidenta de Guadalajara, explicó que se tomó como base la división territorial de 11 polígonos que tenía la Comisaría para alinear y unificar el trabajo del Gobierno.
“Esto es con el objetivo de coordinarnos mejor entre el área de seguridad pública, también el área de administración y también de los servicios públicos municipales y de todos los programas sociales que lleva a cabo el municipio”, puntualizó.
Por su parte, Marco Ocegueda, coordinador General de Cuidados Guadalajara, añadió que otra ventaja es la descentralización de los servicios públicos, pues a través de los Escuadrones de Limpieza se atienden los reportes casi de inmediato.
“Antes había una sola fila para las peticiones, ahora lo que estamos tratando es que van a haber 11 filas y las filas pues por ende van a ser más cortas. Vamos a poder atender con mayor pertinencia y en tiempos, en calidad a todas estas comunidades.”, explicó.
Las 11 Comunidades de Guadalajara son:
1. Centro Histórico
2. Alameda
3. Fray Antonio Alcalde
4. La Barranca de Huentitán
5. Los Oblatos
6. Tetlán
7. Atlas-Olímpica
8. La Industrial
9. Del Fresno
10. Colomos-Minerva
11. Americana – Santa Tere
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