NACIONALES
Réquiem por la seguridad
Opinión, por Iván Arrazola //
El modelo de seguridad pública en México parece haber entrado en una etapa terminal. La reforma constitucional de 2019 —que dio origen a la Guardia Nacional, conformada por miembros de las Fuerzas Armadas— marcó un punto de inflexión al desplazar progresivamente el ideal de una seguridad civil, profesional y democrática. Aunque se prometió que esta sería una institución de carácter transitorio y civil, el rumbo que ha tomado contradice esas aspiraciones iniciales.
Uno de los momentos más polémicos fue la ampliación de la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Esta modificación requirió la negociación con fuerzas de oposición, pues el oficialismo no contaba con los votos para aprobar la medida en 2022.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también intervino. Declaró inconstitucional, por ejemplo, la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional realizaran operaciones encubiertas en tareas de prevención del delito, argumentando que ello podría derivar en la fabricación de culpables, la obtención de pruebas ilícitas y violaciones al derecho a la privacidad. También declaró inconstitucional que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de las fuerzas armadas.
La elección de 2024 modificó el escenario. Gracias a una nueva mayoría constitucional, el partido gobernante y sus aliados aprobaron reformas que en el pasado habían sido detenidas. Entre los principales cambios destacan la transferencia total del mando de la Guardia Nacional a la Sedena; la autorización para realizar geolocalización en tiempo real, interceptación de comunicaciones, uso de identidades simuladas y operaciones encubiertas, y la posibilidad de que sus integrantes soliciten licencias para contender por cargos de elección popular.
Estos cambios, sin embargo, se justifican desde el oficialismo con argumentos frágiles y, en ocasiones, de tono trivial. Se ha llegado a afirmar que no se trata de militarización porque el mando supremo recae en la Presidencia de la República —actualmente ocupada por una mujer— o porque el Ejército es «el pueblo uniformado».
Estas afirmaciones eluden una discusión seria sobre los riesgos que implica la concentración del poder coercitivo del Estado en instituciones militares, sobre todo cuando, como ocurre con la Guardia Nacional, más del 70% de sus integrantes no ha obtenido el Certificado Único Policial que exige una formación especializada en seguridad pública.
A esto se suman señalamientos documentados por organismos nacionales e internacionales sobre violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Entre los casos más alarmantes se encuentran las denuncias de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, la represión a personas migrantes y el uso excesivo de la fuerza. Tales hechos han sido expuestos en informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CNDH.
Frente a las críticas, el discurso gubernamental se ha limitado a comparaciones simplistas y falaces. Se argumenta, por ejemplo, que la actual administración cuenta con un secretario de seguridad «más guapo” o que el Ejército es incorruptible, a diferencia de la extinta Policía Federal. No obstante, estos razonamientos no abordan el hecho de que, pese a todos los cambios y esfuerzos, México ha registrado cifras récord en homicidios dolosos y que la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo alarmantemente alta.
La estrategia de seguridad parece haber entrado en un callejón sin salida. Se ha optado por fortalecer un modelo basado en la militarización, a pesar de que no ha ofrecido los resultados esperados. Hoy, se confiere a la Guardia Nacional un conjunto de atribuciones que, en cualquier democracia sólida, deberían ser sujetas a contrapesos institucionales, vigilancia ciudadana y control judicial riguroso.
La falta de garantías en un país con altos niveles de impunidad y con un sistema judicial debilitado eleva el riesgo de abusos, extorsión y represión. La memoria histórica remite a etapas oscuras del autoritarismo mexicano, como los excesos del temido «Negro» Durazo o los años de represión selectiva bajo gobiernos priistas. Paradójicamente, un régimen que se proclama heredero del movimiento del 68 parece hoy caminar hacia la legitimación de mecanismos de control autoritario.
En este contexto, es legítimo plantear que la seguridad pública, entendida como un bien público garantizado desde la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, está siendo sustituida por una lógica de imposición. Con una mayoría legislativa que elimina los contrapesos y con un Poder Judicial debilitado, el país se aproxima peligrosamente a un régimen que concentra el uso de la fuerza sin los debidos controles democráticos.
El panorama actual exige una reflexión profunda. La construcción de una seguridad genuinamente democrática no puede sustentarse en una militarización sin frenos, sino en la consolidación de cuerpos civiles capacitados, profesionales y sometidos a escrutinio público.
El réquiem no es solamente por la seguridad, sino por la oportunidad perdida de construir un modelo de seguridad pública justo, civil y democrático.
NACIONALES
ONU concluye fase de recopilación de información para recomendación sobre desapariciones en México
– Por Redacción Conciencia Pública
El Comité contra la Desaparición Forzada cierra la etapa de recopilación y analiza elevar el caso a la Asamblea General
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), anunció la conclusión de la fase de recopilación de información sobre la crisis de desapariciones en México, que la llevará a crear una recomendación al gobierno sobre las acciones a tomar en este delicado tema.
Tras varios meses de entrevistas, sesiones públicas y recepción de testimonios, el organismo internacional informó que entra ahora en un “periodo de reflexión” para determinar los pasos siguientes, los cuales se darán a conocer en un documento en los próximos meses.
El procedimiento se lleva a cabo bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al comité a actuar cuando existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones son generalizadas o sistemáticas en un país.
En caso de confirmarse, el organismo internacional podría elevar el caso con carácter urgente a la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en un hecho de gran trascendencia para la comunidad internacional.
| Las cifras que han sido presentadas ilustran la magnitud de la tragedia: más de 133 mil personas desaparecidas desde 2006 hasta septiembre de 2025, más de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes y un promedio alarmante de 26 desapariciones diarias en 2024, cifra que se disparó a más de 45 por día en el primer semestre de 2025. Además, se destacó que en México se han dictado 773 acciones urgentes de la ONU bajo el artículo 30, el número más alto para cualquier país firmante de la Convención. |
El Comité también recibió información sobre los niveles de impunidad que rodean al fenómeno. Entre 2017 y enero de 2025, los tribunales mexicanos solo emitieron 373 condenas por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, un número que contrasta con la magnitud del problema y que refleja la debilidad institucional para enfrentar a los responsables. Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la respuesta estatal ha sido insuficiente y en ocasiones marcada por la negación.
El cierre de esta etapa ocurre en un momento de tensión entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales. Mientras colectivos de familiares exigen que el caso sea elevado a la Asamblea General de la ONU, el Ejecutivo federal ha cuestionado la narrativa que vincula al Estado con prácticas de desaparición forzada.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en la urgencia de fortalecer las instituciones de búsqueda y de garantizar la participación de las familias en las políticas públicas.
El CED destacó que su decisión final buscará incidir en medidas concretas: dotar de mayores recursos a las comisiones de búsqueda, fortalecer la identificación forense, garantizar la autonomía de las fiscalías y establecer mecanismos de seguimiento verificables. De ser llevado a la Asamblea General, México enfrentaría una presión diplomática sin precedentes en torno a su política de derechos humanos y seguridad.
Concluida la fase de información, ahora el foco está en lo que resuelva el Comité. La sociedad civil y las familias de las víctimas esperan que las conclusiones de Naciones Unidas marquen un antes y un después en la forma en que México atiende esta crisis humanitaria. En juego no solo está la rendición de cuentas del Estado, sino la esperanza de miles de familias que buscan verdad y justicia.
NACIONALES
Clemente Castañeda acusa a Morena de legislar en el “extravío total”, por los cambios a la Ley de Amparo
– Por Francisco Junco
Sobre los cambios a la Ley de Amparo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que Morena y sus aliados han impulsado una reforma que vulnera los derechos de las personas y atenta contra principios básicos de la Constitución.
“Ayer la bancada naranja lo denunció y hoy la presidenta nos da la razón. En la discusión sobre la ‘Ley del Desamparo’, Morena y sus aliados no se conformaron con aprobar una legislación regresiva que vulnera derechos de las personas, sino que además plantean que sea retroactiva”, manifestó el senador a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.
Y es que el senador hizo referencia a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando en la mañanera le preguntaron sobre la inconstitucionalidad de hacer retroactivos las reformas a la Ley de Amparo, como lo plantean los senadores de Morena.
Castañeda criticó con dureza que las modificaciones a la Ley de Amparo, respaldadas por Morena, PT y PVEM, representen un retroceso en materia de derechos fundamentales, al señalar que incluso se pretende que tengan efectos retroactivos, lo que contraviene la Constitución y principios elementales del derecho.
El legislador sostuvo que la postura de la presidenta confirma las advertencias hechas por la bancada del partido naranja durante la discusión legislativa, y acusó a la mayoría oficialista de actuar “sin rumbo” en materia de justicia y de debilitar los contrapesos democráticos.
“¿En qué anda la mayoría de Morena, PT y PVEM? ¡En el extravío total! ¡Sin rumbo! ¡Qué vergüenza!”, concluyó el senador jalisciense, al insistir en que el país necesita leyes que fortalezcan las instituciones y garanticen la protección de los derechos ciudadanos.
La presidenta de México afirmó que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo no debe ser retroactiva, pues eso resultaría inconstitucional y vulneraría los derechos adquiridos. En ese sentido, Sheinbaum reconoció que no podría aplicarse hacia atrás, lo cual da sustento a las críticas de la oposición y respalda la postura de partidos como Movimiento Ciudadano. «Primero hay que respetar la Constitución, que establece que no debe haber retroactividad en las leyes», dijo la mandataria en la mañanera.
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Alerta MC sobre el debilitamiento de la democracia en comparecencia de Rosa Icela Rodríguez
– Por Francisco Junco
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el Senado de la República, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que las iniciativas presidenciales en materia de amparo y reforma electoral, representan un serio retroceso en los derechos ciudadanos, los contrapesos institucionales y la vida democrática del país.
El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que la propuesta para reformar la Ley de Amparo “limitaría el único mecanismo por excelencia para garantizar y proteger los derechos de las personas, de las comunidades y de los colectivos”.
Agregó que esta iniciativa se suma a otras reformas “igualmente dañinas” que han debilitado al Poder Judicial y restringido la capacidad de jueces y tribunales para frenar abusos de autoridad.
Castañeda también cuestionó la reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo, a la que calificó como “una reforma desde el poder para conservar el poder”, al advertir que atenta contra el pluralismo, la representación de partidos y la autonomía del árbitro electoral.
En este contexto, denunció el fraude registrado en Poza Rica y Papantla, Veracruz, donde acusó la intromisión de la gobernadora Rocío Nahle en perjuicio de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, la vicecoordinadora Alejandra Barrales evidenció la omisión de la titular de la Secretaría de Gobernación en la operación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual no ha sesionado en siete años pese a la creciente crisis de violencia contra la infancia.
Recordó que seis de cada diez menores viven en pobreza, mientras que México ocupa el primer lugar de la OCDE en abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de víctimas cada año.
Barrales subrayó que “México es un país inapropiado para la infancia” y exigió a la secretaria Rodríguez explicar las razones de la inactividad del SIPINNA.
Además, pidió a la funcionaria pronunciarse sobre los hechos ocurridos en Veracruz y detallar las acciones coordinadas con la UNAM ante los recientes casos de violencia en la institución.
– Por Francisco Junco
Guadalajara fue sede de una de las conmemoraciones más emblemáticas del país, la escenificación Siete Siglos de Legado de Grandeza México-Tenochtitlán 1325-2025, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante miles de asistentes al Estadio Panamericano (casa del equipo de beisbol Charros), está mañana se recordó la fundación de la capital de los mexicas con una representación histórica de gran formato.
La puesta en escena, en la que participaron más de 800 personas entre actores, bailarines y personal técnico, se sustentó en una investigación avalada por cuatro reconocidos historiadores.
El público pudo revivir el momento en que, de acuerdo con la tradición, los aztecas o mexicas encontraron el águila posada sobre el nopal devorando una serpiente, signo que marcó el nacimiento de la ciudad de Tenochtitlán en el Lago de Texcoco.
Entre bailes, vestuarios tradicionales y recreaciones de las principales etnias del país, el espectáculo se convirtió en una clase viva de historia y cultura.
El montaje no solo rindió homenaje a los orígenes de una de las principales culturas mesoamericanas, sino que también buscó fortalecer el sentido de identidad nacional a través del arte y la memoria.
La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, estuvo en este evento junto al gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro; el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Marta Estela Arizmendi Fombona, en un acto que unió a autoridades, académicos y ciudadanía.
Especialmente significativo fue que los principales invitados fueran niños y adolescentes de escuelas de educación básica de Jalisco, quienes llenaron el estadio y vivieron de cerca una representación diseñada para sembrar orgullo y conciencia histórica en las nuevas generaciones.
Convenio de becas fortalece “salario social” de policías, bomberos y personal de salud en Guadalajara
ONU concluye fase de recopilación de información para recomendación sobre desapariciones en México
Gobierno de Jalisco y la plataforma Platzi lanzan el programa “Inglés al 100” para impulsar el futuro digital y bilingüe
Clemente Castañeda acusa a Morena de legislar en el “extravío total”, por los cambios a la Ley de Amparo
