NACIONALES
Réquiem por la seguridad
Opinión, por Iván Arrazola //
El modelo de seguridad pública en México parece haber entrado en una etapa terminal. La reforma constitucional de 2019 —que dio origen a la Guardia Nacional, conformada por miembros de las Fuerzas Armadas— marcó un punto de inflexión al desplazar progresivamente el ideal de una seguridad civil, profesional y democrática. Aunque se prometió que esta sería una institución de carácter transitorio y civil, el rumbo que ha tomado contradice esas aspiraciones iniciales.
Uno de los momentos más polémicos fue la ampliación de la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Esta modificación requirió la negociación con fuerzas de oposición, pues el oficialismo no contaba con los votos para aprobar la medida en 2022.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también intervino. Declaró inconstitucional, por ejemplo, la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional realizaran operaciones encubiertas en tareas de prevención del delito, argumentando que ello podría derivar en la fabricación de culpables, la obtención de pruebas ilícitas y violaciones al derecho a la privacidad. También declaró inconstitucional que la Guardia Nacional estuviera bajo el mando de las fuerzas armadas.
La elección de 2024 modificó el escenario. Gracias a una nueva mayoría constitucional, el partido gobernante y sus aliados aprobaron reformas que en el pasado habían sido detenidas. Entre los principales cambios destacan la transferencia total del mando de la Guardia Nacional a la Sedena; la autorización para realizar geolocalización en tiempo real, interceptación de comunicaciones, uso de identidades simuladas y operaciones encubiertas, y la posibilidad de que sus integrantes soliciten licencias para contender por cargos de elección popular.
Estos cambios, sin embargo, se justifican desde el oficialismo con argumentos frágiles y, en ocasiones, de tono trivial. Se ha llegado a afirmar que no se trata de militarización porque el mando supremo recae en la Presidencia de la República —actualmente ocupada por una mujer— o porque el Ejército es «el pueblo uniformado».
Estas afirmaciones eluden una discusión seria sobre los riesgos que implica la concentración del poder coercitivo del Estado en instituciones militares, sobre todo cuando, como ocurre con la Guardia Nacional, más del 70% de sus integrantes no ha obtenido el Certificado Único Policial que exige una formación especializada en seguridad pública.
A esto se suman señalamientos documentados por organismos nacionales e internacionales sobre violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Entre los casos más alarmantes se encuentran las denuncias de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, la represión a personas migrantes y el uso excesivo de la fuerza. Tales hechos han sido expuestos en informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CNDH.
Frente a las críticas, el discurso gubernamental se ha limitado a comparaciones simplistas y falaces. Se argumenta, por ejemplo, que la actual administración cuenta con un secretario de seguridad «más guapo” o que el Ejército es incorruptible, a diferencia de la extinta Policía Federal. No obstante, estos razonamientos no abordan el hecho de que, pese a todos los cambios y esfuerzos, México ha registrado cifras récord en homicidios dolosos y que la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo alarmantemente alta.
La estrategia de seguridad parece haber entrado en un callejón sin salida. Se ha optado por fortalecer un modelo basado en la militarización, a pesar de que no ha ofrecido los resultados esperados. Hoy, se confiere a la Guardia Nacional un conjunto de atribuciones que, en cualquier democracia sólida, deberían ser sujetas a contrapesos institucionales, vigilancia ciudadana y control judicial riguroso.
La falta de garantías en un país con altos niveles de impunidad y con un sistema judicial debilitado eleva el riesgo de abusos, extorsión y represión. La memoria histórica remite a etapas oscuras del autoritarismo mexicano, como los excesos del temido «Negro» Durazo o los años de represión selectiva bajo gobiernos priistas. Paradójicamente, un régimen que se proclama heredero del movimiento del 68 parece hoy caminar hacia la legitimación de mecanismos de control autoritario.
En este contexto, es legítimo plantear que la seguridad pública, entendida como un bien público garantizado desde la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos, está siendo sustituida por una lógica de imposición. Con una mayoría legislativa que elimina los contrapesos y con un Poder Judicial debilitado, el país se aproxima peligrosamente a un régimen que concentra el uso de la fuerza sin los debidos controles democráticos.
El panorama actual exige una reflexión profunda. La construcción de una seguridad genuinamente democrática no puede sustentarse en una militarización sin frenos, sino en la consolidación de cuerpos civiles capacitados, profesionales y sometidos a escrutinio público.
El réquiem no es solamente por la seguridad, sino por la oportunidad perdida de construir un modelo de seguridad pública justo, civil y democrático.
De cómo el juego del poder empieza a cambiar de coordenadas y la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a tomar la conducción de los hilos en el gobierno. Aquí el análisis de Amaury Sánchez, Gabriel Ibarra Bourjac con la conducción de Nadia Madrigal.
CDMX y Edomex
Industria del calzado mexicano celebra arancel a importaciones chinas como un respiro para miles de familias
– Por Francisco Junco
El anuncio de un arancel del 25% a las importaciones de calzado procedente de China, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encendió la esperanza entre productores y comerciantes del sector en México.
La medida, aplaudida por organizaciones empresariales y locatarios del emblemático Mercado de Calzado “La Central” en la Ciudad de México, busca nivelar la competencia y dar al calzado nacional precios más competitivos frente a la invasión de productos asiáticos.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, señaló que este paso puede marcar “un nuevo ciclo para el reposicionamiento de la industria y comercialización del calzado mexicano” que por décadas ha padecido la competencia desleal.
El anuncio coincidió con la preparación del 50 aniversario de La Central, un mercado que ha sido símbolo de esfuerzo y unión de cientos de artesanos zapateros desde 1975.
Más allá de la política comercial, la noticia tiene un rostro humano, ya que las familias que dependen de este oficio artesanal para su sustento.
“La Central es mucho más que un mercado, es una familia, un corazón que late con pasión y esperanza”, afirmó Marcelo Eduardo Jair Muñoz Castillo en nombre de los locatarios, recordando a don Luis Sotomayor Bárcenas, fundador del mercado, como un líder que soñó con un espacio digno para los zapateros.
El reto que enfrenta el sector no es menor. De acuerdo con el INEGI, más de 65 mil establecimientos generan 267 mil empleos directos, pero la entrada anual de más de 60 millones de pares de calzado chino, muchos subvaluados, ha provocado el cierre de empresas, pérdida de empleos y una caída del 18.5% en el PIB del sector.
“Esto no es libre comercio, ha sido competencia desleal que pone en jaque la supervivencia de familias mexicanas”, advirtió Julio Munive Lagunas, vocero de los locatarios.
Por eso, los productores exigen no sólo aranceles, sino vigilancia aduanera, acceso a créditos y una campaña nacional para promover el consumo de calzado mexicano.
“Cada par que compran hecho aquí es un voto por la calidad, por el trabajo bien hecho y por el futuro de nuestra economía”, subrayó Munive Lagunas y es que en su visión, consumir calzado nacional no es sólo patriotismo económico, sino una inversión inteligente y un acto de defensa del empleo y la tradición artesanal.
Gerardo López insistió en que el decreto presidencial debe aplicarse cuanto antes, para que los beneficios se reflejen en las ventas de fin de año.
Con ello, los productores confían en reconquistar parte del consumo perdido y dar un paso firme hacia la recuperación de una industria que, además de fabricar zapatos, camina todos los días sobre el esfuerzo, la identidad y el orgullo de México.
– Por Mario Ávila
En la víspera de la visita a Jalisco, de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, un grupo de militantes y simpatizantes del partido guinda, exigieron dejar de simular la democracia y renovar primero las dirigencias de los comités estatales y municipales, antes de directivas de seccionales.
Un grupo de inconformes, encabezados por el abogado Jaime Hernández Ortiz, estima que a la militancia «se le da gato por liebre y se le engaña con espejitos, porque primero deben elegirse los comités municipales y ellos deben confirmar luego, los seccionales».
También exigen cambios en el Instituto Nacional de Formación Política, en donde los estatutos marcan un nombramiento por 3 años con opción a ratificación, mientras que el titular, Rafael Baraja Durán «El Fisgón» lleva al frente de este instituto casi 7 años en el cargo.
Destaca además la exigencia de un verdadero Código de Ética partidista tras los recientes escándalos por la ostentación de los viajes de lujo al extranjero y gastos, así como la exhibición de riqueza de diversos funcionarios dirigentes y militantes, que solo demuestran que la Comisión Nacional de Honestidad es un florero, pues se le ordenó vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y abrir expedientes de oficio, pero no ha hecho absolutamente nada.
Sobre la propuesta de la conformación de la Comisión para la Reforma Electoral, los convocantes ven con agrado la iniciativa, pero advierten que es necesario aprobar que la no reelección aplique desde el año 2027 y no hasta el 2030; además de que se determine la prohibición del nepotismo en una triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, incluyendo a familias políticas y que se incorpore la obligación de presentar una declaración pública patrimonial.
Plantean además la necesidad de que se incluyan expertos en derecho electoral y ciencia política, así como representantes de partidos con trayectoria distinguida y honesta, ex funcionarios del INE, representantes de la sociedad civil y empresariales de cada estado del país, para evitar una visión centralista y que se promueva una Reforma Electoral con perspectiva federalista y republicana.
Finalmente piden también que se eliminen las encuestas, como método de selección de las candidaturas. Para hacer ver la seriedad de sus planteamientos, los denunciantes expusieron que para cada una de sus exigencias han presentado ya recursos jurídicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presentaron los planteamientos: Jaime Hernández Ortiz, Roberto Guijarro Romero, Lorena Iveth Martínez, Javier Orozco Alvarado, Francisco Javier Aréchiga Flores, Luis Carlos Zaracho Alatorre, Jorge Ismael Barrios Zamora, Miguel Ángel Uceaga y Marco Vinicio.
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