-De Frente al Poder, por Óscar Ábrego

Fuentes en extremo confiables me compartieron una versión sobre los motivos que hay detrás de los ilegales lineamientos aprobados el pasado 30 de junio por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) y que buscan, entre otros absurdos, impedir la participación de los hombres en municipios como Zapopan, Chapala o Tonalá.

La tenebra que -me aseguran- fue diseñada por un par de “expertos” y algunos operarios del partido Movimiento Ciudadano, tuvo su origen en lo siguiente:

• Todo comienza con varias encuestas, dos de ellas que fueron públicas porque circularon en decenas de chats, y otras en manos de gurús emecistas, en las que detectaron situaciones que vaciaron en un FODA.

• Vieron que en Zapopan no existen –por el momento- cuadros femeninos competitivos por parte de los partidos que pudieran enfrentar con éxito las propuestas de emecé, que son Isaura Amador, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, por lo que se obligaba a cerrar el paso a aspirantes del género masculino (en específico a un servidor) porque –de acuerdo a las mediciones que tienen a la vista- se pone en riesgo la continuidad del proyecto que inició en 2015 con Pablo Lemus.

• Y es que la consigna es clara: Zapopan no puede perderse.

• Bajo esta lógica, calcularon que impidiendo la participación de varones en dicho municipio, se daría la posibilidad para que Movimiento Ciudadano, en aras del acomodo paritario, abra las compuertas para que un hombre –Juan José Frangie, por ejemplo- sea su abanderado y así detener la eventual reelección de Verónica Delgadillo, quien no goza de las confianzas del gobernador.

• “¿Por qué no consideraron a Tlajomulco en los lineamientos, si ahí tampoco nunca ha gobernado una mujer?”, le pregunté a mis interlocutores.

“Ah, por lo que simboliza para MC –me respondió uno de ellos-, acuérdate que es la cuna del movimiento y por lo que se ve no hay forma de ganarle a Quirino si decide reelegirse; claro que ahí no se iban a meter porque sería darse un balazo en el pie”.

La charla duró casi tres horas.

Debo apuntar que se trata de personas que aún son bastante cercanas al poder, pero que no les cumplieron promesas que les hicieron en campaña.

Antes de levantarme de la mesa, les aventé esta duda:

-¿Por qué me están contando esto?

-Porque queremos que se sepa la neta, y como vimos que tuviste los güevos para impugnar, nos pareció bien buscarte para platicarte.

Al respecto, no estoy en condiciones para demostrar que es verdad lo que comentaron, sin embargo me hace mucho sentido, de no ser así, ni siquiera les habría dado tiempo escuchando la historia.

Además, sé de voz de personajes del primerísimo nivel naranja, que un acuerdo de esta naturaleza no es imposible, menos a la luz de las evidencias sobre el comportamiento de las cabezas de lo que deberíamos llamar el Instituto Electoral de Movimiento Ciudadano.

Ya he sostenido en este espacio, que derivado del proceso anterior, el IEPC perdió su solvencia profesional, sobre todo al analizar lo ocurrido en los casos de Guadalajara y el Estado.

Pero a partir de que este órgano electoral impulsó y validó una barbaridad inconstitucional como la de aplastar el consagrado derecho “de votar y ser votado” en varios ayuntamientos por el solo hecho de ser hombre, su continuidad se volvió insostenible.

Es decir, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco está condenado a desaparecer de la escena política y social, y con éste, mandar al basurero de la historia a las funcionarias y directivos que se prestaron a una chapuza tan burda.

Es pertinente tomar en cuenta que este instituto enfrenta más de una veintena de impugnaciones, incluidas la de Morena y la mía.

Los autores intelectuales jamás imaginaron que iba a darse una reacción de esta magnitud, puesto que supusieron que nadie iba a tener el valor de dar la cara en un contexto en el que se pretende imponer el término “políticamente incorrecto”.

Por eso quienes operaron esa burrada, de seguro pagarán con el ridículo público cuando sean desechados sus criterios excluyentes.

Así pues, al margen de la reforma electoral federal que se avecina, que contempla el desmantelamiento de los consejos locales, ya podemos comenzar a despedirnos de quienes traicionaron los principios democráticos más elementales.

Digamos adiós al IEMC.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

-Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) está otra vez en la mira, en boca de medios y sociedad. No obstante haber sido duramente señalado por el caso de Elizabeth Castro, un caso que hoy en día sigue en la «enfriadora» política y sin resolución del bochornoso incidente de evidente corrupción por la contratación de una conductora de TV en un puesto directivo de especialización como «comisionada», las respuestas deben llegar.

Quienes decidieron esta falta de probidad y ética en el servicio público deben asumir su responsabilidad. Sin embargo, sin un poco de pena, el SIAPA busca nuevamente un aumento excesivo en las tarifas.

En este sentido, los medios de comunicación han revelado que el SIAPA aprobó, hace un mes y medio, un «mega tarifazo» para 2026. Este aumento no sería del 10 al 50 por ciento de lo que actualmente pagamos por el servicio de agua potable, sino de hasta el 200 por ciento. Es increíblemente absurdo y descarado que un servicio tan deplorable —con agua turbia, infraestructura en condiciones insufribles, fugas, socavones y daños estructurales en toda la Zona Metropolitana— pretenda semejante incremento. ¿Qué les pasa a nuestras autoridades y gobernantes? ¿Dónde tienen puesta la atención?

El SIAPA debe ser intervenido. Hay situaciones de opacidad y corrupción que no pueden pasar desapercibidas ni por la sociedad ni por las autoridades. Se debe rendir cuentas de lo que sucede dentro de un sistema que ya rayó en la corrupción. Es responsabilidad de todos evitar que este asunto termine en la «congeladora».

Es crucial que las responsabilidades de los servidores públicos se hagan evidentes. No basta solo con que el gobernador Pablo Lemus Navarro y los alcaldes de la zona metropolitana emitan declaraciones de desacuerdo.

El SIAPA tiene una gran capacidad para sorprender a la sociedad jalisciense con absurdos, abusos y claras situaciones de corrupción. Estos actuales gobiernos «naranjas» apenas están llegando a la administración pública, ¡que no nos acostumbren a que no pasa nada!

En Jalisco, los gobiernos y autoridades deben encaminarse a procurar la claridad y el bienestar de sus gobernados, ejerciendo el poder político bajo estrictos principios de transparencia, ética, eficiencia y responsabilidad. El objetivo primordial debe ser mejorar la calidad de vida de la población.

Para lograrlo, son claves elementos como el acceso a la información pública: los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se toman las decisiones, cómo se gastan los recursos, qué programas se implementan y cuáles son sus resultados.

Asimismo, la rendición de cuentas es fundamental: las autoridades y los servidores públicos son responsables de sus acciones y decisiones. Esto significa que deben justificar su desempeño, explicar sus errores y, si es necesario, enfrentar las consecuencias de sus actos ante los ciudadanos y los órganos de control. Todo esto, en un mundo ideal.

Por desgracia, el caso del SIAPA ya es una molestia social y una piedra en el zapato. Sin claridad, la confianza entre el gobierno y la sociedad está minada; no se ve por ningún lado un combate real a la corrupción. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la zona metropolitana y conturbada es deficiente y deplorable. Llega agua sucia, la ciudad está llena de socavones y fugas, y las lluvias evidencian las deficiencias tanto de su infraestructura como de su propia administración.

Se necesita más respeto hacia la sociedad y un compromiso ético por parte de quienes pertenecen a este organismo. Su propósito y misión deben ser el servicio público, no lo que actualmente conocemos del SIAPA.

Es fundamental que las autoridades respectivas entiendan que su responsabilidad y compromiso son con la ciudadanía, no con líneas o grupos políticos. Al final, situaciones como esta solo evidencian la fragilidad de la política y el servicio público ante el reto de ser un buen gobierno.

Jalisco y su Zona Metropolitana merecen servicios de calidad y servidores públicos competentes, con capacidad de liderazgo y gobiernos claramente responsables. Es precisamente aquí donde los discursos vacíos de las campañas empiezan a revelarse como falsos y meras percepciones. Debemos exigir cuentas claras sobre todas las situaciones del SIAPA y de cualquier asunto que parezca turbio en Jalisco. ¡Basta ya!

-Opinión, por Iván Arrazola

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que alguna vez fue presentado como un modelo de gobernanza metropolitana, se ha convertido en los últimos meses en el centro de una tormenta política y mediática. Lejos de cumplir con su promesa de ofrecer un servicio eficiente y equitativo, el organismo enfrenta una crisis estructural, financiera y de legitimidad. El deterioro en la calidad del servicio, sumado a decisiones controvertidas y una gestión opaca, ha hecho evidente que el verdadero problema del SIAPA no es solo técnico, sino eminentemente político.

Uno de los puntos más discutidos recientemente fue el aumento en las tarifas del servicio de agua. Aunque la comisión tarifaria propuso inicialmente un alza del 10 %, el Congreso local aprobó finalmente un aumento ligeramente menor, del 9.65 %. Sin embargo, esta decisión no logró satisfacer a la ciudadanía ni a los actores políticos, quienes han cuestionado la pertinencia del incremento en un contexto de deficiencias graves en el servicio.

La polémica se intensificó con la contratación de la comunicadora Eli Castro como asesora técnica, decisión que fue ampliamente criticada no solo por su perfil, considerado inadecuado para el cargo, sino también por la ambigüedad en sus funciones dentro del organismo. La respuesta del director del SIAPA, justificando la contratación como parte de las labores de difusión institucional, no hizo más que alimentar las críticas y reforzar la percepción de que el organismo ha sido capturado por intereses políticos y clientelares.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la comisión tarifaria volvió a generar un amplio rechazo al aprobar aumentos de entre 40 % y 200 %. Esta medida generó reacciones inmediatas de diversos actores políticos. La situación financiera del SIAPA es alarmante: una cartera vencida que supera los 18 mil millones de pesos, adeudos por más de 4 mil millones con bancos y proveedores, colonias enteras sin acceso regular al agua, una red obsoleta con miles de habitantes sin conexión, inundaciones recurrentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una nómina onerosa y perfiles técnicos cuestionables.

Ante esta situación, el gobernador Pablo Lemus calificó el aumento como “fuera de toda proporción” y pidió revertir la decisión, prometiendo presentar una propuesta de reingeniería. En la misma línea, el presidente municipal de Zapopan declaró: “Definitivamente no podemos irnos a puros tarifazos. Lo que se necesita en el SIAPA es una reestructura total: financiera, administrativa y de infraestructura”. La presidenta de Guadalajara Verónica Delgadillo también exigió una reingeniería profunda del organismo.

Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano y de oposición anunciaron que votarán en contra del incremento cuando llegue la iniciativa al Congreso. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez (Morena), fue contundente: “Ni un peso más al SIAPA hasta que saquen la mano todos los políticos. El SIAPA debe de integrarse por verdaderos técnicos”. En la misma sintonía, la alcaldesa de Tlaquepaque afirmó que el organismo “debería devolverle al pueblo lo robado”.

La contradicción más evidente surgió cuando representantes del gobierno estatal y de los municipios de Guadalajara y Zapopan, que votaron a favor del aumento en la comisión tarifaria, después rechazaron públicamente la propuesta. Este viraje socavó la credibilidad de la comisión tarifaria, conformada por representantes de universidades, cámaras empresariales y gobiernos municipales, y cuya decisión fue aprobada por mayoría.

Lo verdaderamente preocupante es que los problemas estructurales del SIAPA —como el desabasto, la mala calidad del agua, las fugas, socavones y fallas en la infraestructura— no se han abordado con responsabilidad ni visión de largo plazo. En lugar de discutir soluciones técnicas basadas en evidencia, el tema se ha transformado en una disputa política con altos costos para la ciudadanía.

Las decisiones se toman desde una lógica de cálculo electoral: nadie quiere asumir el costo político de subir tarifas, pero tampoco hay voluntad de construir consensos para reestructurar el sistema. Los actores políticos prefieren “patear el balón”, hacer declaraciones mediáticas y prometer reformas, pero sin avanzar hacia una solución integral y sostenida.

La incapacidad de los gobiernos y representantes ha quedado en evidencia, al privilegiar intereses políticos por encima del bienestar colectivo. En lugar de funcionar como una entidad técnica especializada, el organismo ha sido convertido en un botín político y en un campo de disputa,

El SIAPA, más que una institución técnica, se ha convertido en un reflejo del fracaso político para gestionar servicios públicos de forma eficiente, transparente y sostenible. La ciudadanía paga las consecuencias de esta irresponsabilidad: con servicios deficientes, tarifas injustas y un sistema de agua colapsado. Mientras no se asuma el problema como lo que es —una crisis política disfrazada de técnica— difícilmente se podrá avanzar hacia soluciones reales. El reto no es solo arreglar el SIAPA, sino recuperar la confianza en las instituciones y devolverle al servicio del agua su carácter público y ciudadano.