JALISCO
Jalisco sin rostro: La herida abierta de los desaparecidos
-A título personal, por Armando Morquecho Camacho
En la Argentina de los años 70 y 80, las Madres de Plaza de Mayo desafiaron el silencio de la dictadura, marchando con pañuelos blancos y fotos de sus hijos desaparecidos, exigiendo verdad y justicia en un país roto por el miedo.
En 2025, Jalisco vive un eco de esa lucha: más de 15,000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, han dejado un vacío que atraviesa los hogares de Guadalajara, Zapopan y los rincones más remotos de Los Altos.
Como aquellas madres argentinas, las buscadoras de Jalisco caminan con retratos en el pecho, enfrentando burocracia, estigma y dolor, exigiendo que sus seres queridos regresen, vivos o al menos con un nombre.
Esta tragedia, lejos de ser solo una cifra, es un grito que resuena en un estado orgulloso de su historia y cultura, pero incapaz de sanar a sus familias, y que a su vez nos enfrenta con una verdad dolorosa: la búsqueda de los desaparecidos no es solo una tarea institucional, sino un reflejo de nuestra humanidad.
Jalisco enfrenta una crisis que desgarra el alma de sus comunidades; en materia de desaparecidos es el estado más golpeado de México. Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco concentran la mayoría de los casos, pero lugares como Lagos de Moreno también sufren esta realidad.
La impunidad, con un 94% de casos sin resolver, según Data Cívica, agrava el dolor de las familias. Colectivos como Por Amor a Ellxs denuncian la lentitud de las fiscalías, la escasez de recursos para las búsquedas y el estigma que culpa a las víctimas, acusándolas de estar “en algo turbio”. En 2024, las fosas clandestinas halladas en El Salto y Tonalá, con más de 30 cuerpos, revelaron la magnitud de la tragedia.
La sociedad jalisciense, atrapada entre el miedo y la resignación, muestra signos de despertar: marchas y hashtags como #NiUnoMás reflejan un clamor creciente, aunque fragmentado. Esta crisis no es solo un problema de búsqueda; es un drama humano que exige una respuesta socialmente integral, desde encontrar a los ausentes hasta sanar a quienes los buscan.
El impacto de las desapariciones trasciende las cifras. Cada persona ausente deja una herida abierta en su familia y su comunidad, un recordatorio de la fragilidad de la vida en Jalisco. Las madres buscadoras, como las de Luz de Esperanza, recorren cerros y lotes baldíos con picos y palas, cargando no solo el peso de la incertidumbre, sino la indiferencia institucional y el juicio social.
Casos como el de los tres jóvenes desaparecidos en Santa Anita en 2023 han marcado barrios enteros, donde el silencio se impone por temor a ser señalados. Según el INEGI, el 71% de los jaliscienses se siente inseguro, y la percepción de abandono institucional profundiza esta fractura.
En colonias como Oblatos, hablar de desaparecidos es tabú; en zonas como Providencia, la clase media parece desconectada de esta realidad. Las familias enfrentan no solo la pérdida, sino la falta de apoyo psicológico para sobrellevar el trauma. Sin embargo, las redes sociales están rompiendo el silencio, con videos y publicaciones que dan voz al dolor colectivo. Esta tragedia nos pregunta cómo hemos permitido que la ausencia se normalice, dejando a las familias solas en su duelo.
Las causas de esta crisis son profundamente estructurales. La burocracia en las instituciones, la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la escasez de recursos son obstáculos insalvables para muchas familias. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, creada en 2018, enfrenta críticas por su lentitud y falta de personal capacitado. Según México Evalúa (2024), Jalisco destina solo el 0.8% de su presupuesto a la búsqueda de desaparecidos, una cifra irrisoria frente a la magnitud del problema.
La estigmatización social agrava la situación: las víctimas son frecuentemente juzgadas, lo que desincentiva las denuncias y aísla aún más a las familias. La ausencia de tecnología forense y una base de datos efectiva, como en el caso de las fosas no identificadas, perpetúa la incertidumbre.
A esto se suma una sociedad abrumada, donde la indiferencia se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. Sin un enfoque integral que priorice no solo la búsqueda, sino el acompañamiento emocional y social de las familias, Jalisco seguirá atrapado en un ciclo de dolor y olvido.
La solución a esta tragedia exige una respuesta socialmente integral, donde el gobierno asuma su responsabilidad no solo en encontrar a los desaparecidos, sino en sanar a las familias y comunidades afectadas. Jalisco necesita fortalecer la Fiscalía Especializada con más recursos y personal capacitado, implementar tecnología forense avanzada y crear un sistema de alerta inmediata para casos recientes.
Pero más allá de la logística, urge un programa estatal de acompañamiento psicológico, con terapeutas especializados que apoyen a las familias en su duelo prolongado. Los colectivos, como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, deben ser aliados en la toma de decisiones, aportando su experiencia para diseñar políticas públicas efectivas. Una campaña estatal de sensibilización podría combatir el estigma, fomentar la denuncia y reconectar a la sociedad con esta causa.
El modelo de Coahuila, donde la colaboración con colectivos ha mejorado la identificación de restos, muestra un camino posible. La ciudadanía también tiene un rol: organizarse, participar en marchas, apoyar a los colectivos y exigir un gobierno que priorice la vida y la dignidad. Si Jalisco quiere sanar, nuestras autoridades tienen el reto de transformar el dolor en acción, devolviendo rostros a los nombres y esperanza a los corazones.
Jalisco no puede seguir siendo un estado donde los desaparecidos son solo estadísticas. Cada ausencia es una deuda con nuestra humanidad, un recordatorio de que hemos fallado como sociedad. Las Madres Buscadoras, como las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, nos enseñan que la esperanza persiste, pero necesitan nuestro apoyo. Es hora de que Jalisco escuche, actúe y devuelva la dignidad a quienes buscan, no solo con búsquedas, sino con un abrazo colectivo que sane. Porque mientras un solo rostro falte, todos estamos incompletos.
MUY APAPACHADO
Como es ya tradicional, Juan Huerta, el líder de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), fue festejado por sus amigos y familiares en la Antigua Hacienda de la Mora, en una tarde muy mexicana con música de mariachi y los platillos elaborados por el Chef Ramón Torres.
EL CALOR DE LA FAMILIA
Juan Huerta recibió el calor de sus familiares en el festejo de su cumpleaños.
ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, amigo personal de Juan Huerta, lo acompañó en este día tan especial.
PERSONALIDADES
De pie Arnoldo Rubio, Juan Huerta, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Martha Arizmendi y Héctor Pizano. Sentados el diputado local Enrique Velázquez y la diputada federal Nadia Sepúlveda.
MUCHAS FELICITACIONES
El diputado Gustavo Macías Zambrano, Adriana Luna, la regidora Diana González y la diputada local Gaby Cárdenas hicieron acto de presencia para felicitar y festejar a Juan.
SELFIE DE ADRIANA
La gran periodista Adriana Luna con Juan Huerta y la diputada Gaby Cárdenas.
LOS AMIGOS
De izquierda a derecha Gilberto Orozco, Héctor Pizano, Juan Huerta, Tereso Medina y el diputado Miguel de la Rosa.
EL RECIBIMIENTO
El vicecoordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar al llegar a la comida, es recibido por Juan Huerta y Héctor Pizano.
DON RAFAEL YERENA
Los periodistas Luis Fermín Anaya y Adriana Luna con Don Rafael Yerena Zambrano, líder vitalicio de la Federación de Trabajadores de Jalisco.
VÍCTOR HUGO PÉREZ PELAYO
De izquierda a derecha: El diputado local Miguel de la Rosa, Víctor Hugo Pérez Pelayo, la diputada Marta Arizmendi y Emilio Ulloa.
NADIA SEPÚLVEDA
Juan Huerta con Héctor Pizano y la diputada federal Nadia Sepúlveda.
CARLOS MEJÍA VIAJÓ DESDE OAXACA
De izquierda a derecha: Héctor Pizano, diputada federal Nadia Sepúlveda, Tereso Medina, Alfonso Ramírez Cuellar y Carlos Mejía, secretario general de la Federación de Trabajadores de Oaxaca.
CON DON TOÑO ÁLVAREZ
Juan Huerta con la diputada Gaby Cárdenas y Don Antonio Álvarez Esparza.
MARTHA ELIA NARANJO
De izquierda a derecha. Dr. Óscar Garibay Román, Martha Elia Naranjo (secretaria general de la Federación de Fedetjal y el festejado Juan Huerta.
TERESO MEDINA
Felipe Aréchiga, Alfonso Ramírez Cuellar, Juan Huerta y Tereso Medina, líder de la Federación de Trabajadores de Coahuila.
-Opinión, por Gerardo Rico
Hasta el momento siguen sin respuesta las demandas de hace unos días, solo se incrementó en 4% su salario, cuando la petición fue del 20%; siguen sin entregar uniformes; persisten las excesivas jornadas de trabajo -hasta 18 horas al día- en la mayoría de las rutas asignadas no existe un tiempo definido -como lo contempla la ley- y en muchas ocasiones los conductores se quedan sin comer y no pueden ni acudir al baño por los tiempos tan cortos de recorrido de las rutas.
¿Le suena familiar? Se trata de los operadores afiliados al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria de la Construcción y Transporte en General de la República Mexicana (Setict), quienes ratificaron su derecho a huelga y la vigencia de ésta ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y empresarios a sus demandas para mejorar el servicio a usuarios, luego del paro de labores que realizaron el pasado 15 de julio en Mi Macro Periférico.
Los inconformes señalan que en la actualidad el sistema de transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta un alarmante déficit de más de 1,800 operadores. Aquellos que sí laboran lo hacen en condiciones que vulneran sus derechos laborales, sin prestaciones como el Seguro Social, Afore, aguinaldo, vacaciones, Infonavit ni reparto de utilidades. Además, muchos trabajan sin días de descanso. Aunque hay algunas empresas que cumplen cuando menos al 80% de las prestaciones.
Cuando se creó el modelo de ruta-empresa -mayo del 2017- en el transporte urbano, se prometió un cambio positivo: conductores mejor remunerados, jornadas laborales más cortas, y más tiempo libre para dedicar a la familia, al estudio o al aprendizaje de nuevos oficios. Se pintó un futuro en el que el trabajo sería digno y compatible con una vida personal plena.
Se afirmó en su momento que esta reestructuración implicaba una transformación a fondo del sistema de transporte público, con la creación de empresas operadoras que asumen la responsabilidad del servicio en rutas específicas. Se enfatizó que el modelo ruta-empresa contribuiría a mejorar la seguridad vial, ya que se esperaba que las empresas operadoras asumieran mayor responsabilidad en la capacitación de conductores y en el mantenimiento de las unidades.
UN DOLOR DE CABEZA
En marzo del 2018 se creó un fideicomiso, con el objetivo de administrar los recursos provenientes de multas por infracciones de tránsito, particularmente las relacionadas con exceso de velocidad y semáforos, detectadas por dispositivos electrónicos. Posteriormente, se modificó para incluir otros fines, como el apoyo a proyectos de movilidad urbana sustentable y subsidios para concesionarios de transporte público que se integren al sistema de ruta-empresa.
Lo cierto es que con el mecanismo de pre pago con tarjeta los recursos van al fideicomiso, lo que para muchos auto transportistas signfica un auténtico monopolio, pues no disponen de dinero en efectivo para las reparaciones de las unidades del transporte urbano, como lo hacían antes. Acusan que la administración del ex gobernador Enrique Alfaro los dejó quebrados ya que es el gobierno el encargado de administrar estos recursos y en muchas ocasiones retrasan el pago correspondiente hasta por cuatro meses o más.
Incluso hay quienes en años no han recibido sus pagos correspondientes al servicio que prestan sus unidades. Las pocas rutas que sobreviven laboran al 50 o en ocasiones hasta al 25% de su capacidad con una gran cantidad de unidades paradas que se resienten en los tiempos de espera de miles de personas que a diario requieren del transporte público en el área conurbada de nuestra ciudad.
Se calcula que antes de la pandemia del Covid 19 circulaban seis mil 300 unidades del transporte urbano, luego de esta emergencia sanitaria lo hacían apenas el 50%, aunque en la actualidad se estima que apenas circula el 65% del total de la flotilla , para poder subsistir. El 35% restante de las rutas, sus dueños determinaron guardarlas y de este modo se ahorran desde el pago de combustible, mantenimiento y sueldo a operadores por el simple hecho de que sus rutas no son rentables o determinaron suprimirlas.
Esto originó que la anterior administración estatal metiera diferentes rutas sin estudios previos y otorgó permisos a empleados del gobierno del Estado, según comentan los transportistas Con el paso de los meses varias rutas desaparecieron, situación que repercute en los usuarios.
Esta deficiente planeación originó otro problema: las autoridades del transporte se cansan de presumir que cuando menos en los últimos siete años no se ha incrementado el costo del pasaje y permanece en 9.50. Sin embargo, dejaron de operar rutas que llevaban de un extremo a otro en la ciudad y actualmente el pasajero de a píe debe pagar dos o tres camiones por persona para llegar a su destino.
Lo que obliga a erogar un promedio de 10 a 15 pasajes a la semana, por persona, con el concebido daño a la economía familiar. Más cuando son tres o más miembros de la familia los que tienen que salir a diario para realizar diferentes actividades.
¿Estamos ante el agotamiento del modelo ruta-empresa?
-De Frente al Poder, por Óscar Ábrego
Fuentes en extremo confiables me compartieron una versión sobre los motivos que hay detrás de los ilegales lineamientos aprobados el pasado 30 de junio por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) y que buscan, entre otros absurdos, impedir la participación de los hombres en municipios como Zapopan, Chapala o Tonalá.
La tenebra que -me aseguran- fue diseñada por un par de “expertos” y algunos operarios del partido Movimiento Ciudadano, tuvo su origen en lo siguiente:
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Todo comienza con varias encuestas, dos de ellas que fueron públicas porque circularon en decenas de chats, y otras en manos de gurús emecistas, en las que detectaron situaciones que vaciaron en un FODA.
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Vieron que en Zapopan no existen –por el momento- cuadros femeninos competitivos por parte de los partidos que pudieran enfrentar con éxito las propuestas de emecé, que son Isaura Amador, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, por lo que se obligaba a cerrar el paso a aspirantes del género masculino (en específico a un servidor) porque –de acuerdo a las mediciones que tienen a la vista- se pone en riesgo la continuidad del proyecto que inició en 2015 con Pablo Lemus.
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Y es que la consigna es clara: Zapopan no puede perderse.
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Bajo esta lógica, calcularon que impidiendo la participación de varones en dicho municipio, se daría la posibilidad para que Movimiento Ciudadano, en aras del acomodo paritario, abra las compuertas para que un hombre –Juan José Frangie, por ejemplo- sea su abanderado y así detener la eventual reelección de Verónica Delgadillo, quien no goza de las confianzas del gobernador.
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“¿Por qué no consideraron a Tlajomulco en los lineamientos, si ahí tampoco nunca ha gobernado una mujer?”, le pregunté a mis interlocutores.
“Ah, por lo que simboliza para MC –me respondió uno de ellos-, acuérdate que es la cuna del movimiento y por lo que se ve no hay forma de ganarle a Quirino si decide reelegirse; claro que ahí no se iban a meter porque sería darse un balazo en el pie”.
La charla duró casi tres horas.
Debo apuntar que se trata de personas que aún son bastante cercanas al poder, pero que no les cumplieron promesas que les hicieron en campaña.
Antes de levantarme de la mesa, les aventé esta duda:
-¿Por qué me están contando esto?
-Porque queremos que se sepa la neta, y como vimos que tuviste los güevos para impugnar, nos pareció bien buscarte para platicarte.
Al respecto, no estoy en condiciones para demostrar que es verdad lo que comentaron, sin embargo me hace mucho sentido, de no ser así, ni siquiera les habría dado tiempo escuchando la historia.
Además, sé de voz de personajes del primerísimo nivel naranja, que un acuerdo de esta naturaleza no es imposible, menos a la luz de las evidencias sobre el comportamiento de las cabezas de lo que deberíamos llamar el Instituto Electoral de Movimiento Ciudadano.
Ya he sostenido en este espacio, que derivado del proceso anterior, el IEPC perdió su solvencia profesional, sobre todo al analizar lo ocurrido en los casos de Guadalajara y el Estado.
Pero a partir de que este órgano electoral impulsó y validó una barbaridad inconstitucional como la de aplastar el consagrado derecho “de votar y ser votado” en varios ayuntamientos por el solo hecho de ser hombre, su continuidad se volvió insostenible.
Es decir, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco está condenado a desaparecer de la escena política y social, y con éste, mandar al basurero de la historia a las funcionarias y directivos que se prestaron a una chapuza tan burda.
Es pertinente tomar en cuenta que este instituto enfrenta más de una veintena de impugnaciones, incluidas la de Morena y la mía.
Los autores intelectuales jamás imaginaron que iba a darse una reacción de esta magnitud, puesto que supusieron que nadie iba a tener el valor de dar la cara en un contexto en el que se pretende imponer el término “políticamente incorrecto”.
Por eso quienes operaron esa burrada, de seguro pagarán con el ridículo público cuando sean desechados sus criterios excluyentes.
Así pues, al margen de la reforma electoral federal que se avecina, que contempla el desmantelamiento de los consejos locales, ya podemos comenzar a despedirnos de quienes traicionaron los principios democráticos más elementales.
Digamos adiós al IEMC.
En X: @DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.
