SIAPA, un problema político

-Opinión, por Iván Arrazola

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que alguna vez fue presentado como un modelo de gobernanza metropolitana, se ha convertido en los últimos meses en el centro de una tormenta política y mediática. Lejos de cumplir con su promesa de ofrecer un servicio eficiente y equitativo, el organismo enfrenta una crisis estructural, financiera y de legitimidad. El deterioro en la calidad del servicio, sumado a decisiones controvertidas y una gestión opaca, ha hecho evidente que el verdadero problema del SIAPA no es solo técnico, sino eminentemente político.

Uno de los puntos más discutidos recientemente fue el aumento en las tarifas del servicio de agua. Aunque la comisión tarifaria propuso inicialmente un alza del 10 %, el Congreso local aprobó finalmente un aumento ligeramente menor, del 9.65 %. Sin embargo, esta decisión no logró satisfacer a la ciudadanía ni a los actores políticos, quienes han cuestionado la pertinencia del incremento en un contexto de deficiencias graves en el servicio.

La polémica se intensificó con la contratación de la comunicadora Eli Castro como asesora técnica, decisión que fue ampliamente criticada no solo por su perfil, considerado inadecuado para el cargo, sino también por la ambigüedad en sus funciones dentro del organismo. La respuesta del director del SIAPA, justificando la contratación como parte de las labores de difusión institucional, no hizo más que alimentar las críticas y reforzar la percepción de que el organismo ha sido capturado por intereses políticos y clientelares.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la comisión tarifaria volvió a generar un amplio rechazo al aprobar aumentos de entre 40 % y 200 %. Esta medida generó reacciones inmediatas de diversos actores políticos. La situación financiera del SIAPA es alarmante: una cartera vencida que supera los 18 mil millones de pesos, adeudos por más de 4 mil millones con bancos y proveedores, colonias enteras sin acceso regular al agua, una red obsoleta con miles de habitantes sin conexión, inundaciones recurrentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una nómina onerosa y perfiles técnicos cuestionables.

Ante esta situación, el gobernador Pablo Lemus calificó el aumento como “fuera de toda proporción” y pidió revertir la decisión, prometiendo presentar una propuesta de reingeniería. En la misma línea, el presidente municipal de Zapopan declaró: “Definitivamente no podemos irnos a puros tarifazos. Lo que se necesita en el SIAPA es una reestructura total: financiera, administrativa y de infraestructura”. La presidenta de Guadalajara Verónica Delgadillo también exigió una reingeniería profunda del organismo.

Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano y de oposición anunciaron que votarán en contra del incremento cuando llegue la iniciativa al Congreso. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez (Morena), fue contundente: “Ni un peso más al SIAPA hasta que saquen la mano todos los políticos. El SIAPA debe de integrarse por verdaderos técnicos”. En la misma sintonía, la alcaldesa de Tlaquepaque afirmó que el organismo “debería devolverle al pueblo lo robado”.

La contradicción más evidente surgió cuando representantes del gobierno estatal y de los municipios de Guadalajara y Zapopan, que votaron a favor del aumento en la comisión tarifaria, después rechazaron públicamente la propuesta. Este viraje socavó la credibilidad de la comisión tarifaria, conformada por representantes de universidades, cámaras empresariales y gobiernos municipales, y cuya decisión fue aprobada por mayoría.

Lo verdaderamente preocupante es que los problemas estructurales del SIAPA —como el desabasto, la mala calidad del agua, las fugas, socavones y fallas en la infraestructura— no se han abordado con responsabilidad ni visión de largo plazo. En lugar de discutir soluciones técnicas basadas en evidencia, el tema se ha transformado en una disputa política con altos costos para la ciudadanía.

Las decisiones se toman desde una lógica de cálculo electoral: nadie quiere asumir el costo político de subir tarifas, pero tampoco hay voluntad de construir consensos para reestructurar el sistema. Los actores políticos prefieren “patear el balón”, hacer declaraciones mediáticas y prometer reformas, pero sin avanzar hacia una solución integral y sostenida.

La incapacidad de los gobiernos y representantes ha quedado en evidencia, al privilegiar intereses políticos por encima del bienestar colectivo. En lugar de funcionar como una entidad técnica especializada, el organismo ha sido convertido en un botín político y en un campo de disputa,

El SIAPA, más que una institución técnica, se ha convertido en un reflejo del fracaso político para gestionar servicios públicos de forma eficiente, transparente y sostenible. La ciudadanía paga las consecuencias de esta irresponsabilidad: con servicios deficientes, tarifas injustas y un sistema de agua colapsado. Mientras no se asuma el problema como lo que es —una crisis política disfrazada de técnica— difícilmente se podrá avanzar hacia soluciones reales. El reto no es solo arreglar el SIAPA, sino recuperar la confianza en las instituciones y devolverle al servicio del agua su carácter público y ciudadano.