Arbitrariedad y espectáculo político: La motocicleta de la discordia en Zapopan

-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

La noche del 23 de julio Zapopan volvió a colocarse en el centro del debate político estatal. En medio de un operativo contra motociclistas, el diputado federal y dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco, José Luis Sánchez González, irrumpió en la escena denunciando abusos de autoridad, lesiones a jóvenes y la retención de motocicletas sin la entrega de los folios de infracción correspondientes. La historia no tardó en reventar en redes sociales y medios, desatando un cruce de narrativas: la del legislador que dice defender los derechos ciudadanos y la de quienes lo acusan de entrometerse en la labor policial amparado por su fuero.

La operación de la Policía Vial se realizaba en una de las arterias más transitadas de la ciudad, la avenida Vallarta, y según datos oficiales tenía un objetivo claro: revisar la documentación de los conductores y detectar motocicletas con reporte de robo, un delito que ha repuntado en el Área Metropolitana de Guadalajara. El saldo fue contundente: 81 motocicletas aseguradas. La mayoría, según las autoridades, por carecer de los papeles en regla.

Pero lo que podía haber pasado como una acción más de seguridad terminó convertida en un espectáculo político. A eso de las once de la noche, dice el diputado Sánchez que, recibió una llamada de un par de jóvenes que le denunciaban supuestas arbitrariedades en el operativo. Dice que, se levantó, llegó al punto y, con celular en mano, comenzó a grabar. “No estoy en contra de los operativos, pero sí de que al amparo de estas acciones violen garantías o derechos humanos”, dijo ante un grupo de oficiales que, asegura, se negaban a entregar folios a los motociclistas.

La versión del legislador incluye un elemento que detonó la indignación pública: jóvenes golpeados, una mujer sangrando, moretones visibles. “Yo mismo los vi”, afirmó en sus redes, pero, en el video que menciona el diputado no aparece nadie con ese supuesto maltrato. El diputado no solo increpó a los agentes, sino que buscó hablar con el coordinador del operativo, quien nunca “dio la cara”, según su relato, en el video que el mismo José Luis Sánchez subió, se le ve hablando con un oficial a cargo que le debate con argumentos jurídicos y el diputado federal no sale bien librado. El video que grabó circuló inmediatamente y fue suficiente para que las opiniones se dividieran.

El incidente pone sobre la mesa una vieja pregunta: ¿hasta dónde se puede sacrificar el debido proceso en nombre de la seguridad pública? Las rodadas de motociclistas, muchas de ellas realizadas de manera irregular en avenidas principales, han sido un problema recurrente en la ciudad. No son pocos los ciudadanos que se quejan del ruido, el desorden y los accidentes que generan estos grupos.

Sin embargo, el hecho de que existan inconformidades con su comportamiento no exime a las autoridades de cumplir con la ley. La Constitución Política de Jalisco (artículo 4) establece que toda persona tiene derecho a la movilidad y al respeto de sus derechos humanos, cosa que el diputado federal no supo argumentar. La Ley de Movilidad y Transporte obliga a las autoridades a fundar y motivar cada acto administrativo, incluida la retención de un vehículo. Si, como denuncia el diputado, no se entregaron los folios de infracción, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos a defender su propiedad, pero, la Policía Vial asegura haber entregado a todos los conductores de las 81 motos recogidas, si se les entregó.

La línea entre el operativo legítimo y el abuso de autoridad es delgada. Si hubo agresiones físicas y omisión en la entrega de documentos, las autoridades deberán responder. Pero esa misma delgada línea también exige que la intervención de un legislador no entorpezca los procedimientos en curso, como evidentemente se puede observar en el video.

Las críticas hacia el diputado no se hicieron esperar. “¿Cuál es la manera correcta de denunciar irregularidades? Es muy diferente observar y recabar información a envalentonarse por un fuero y agredir a las autoridades”, escribió un usuario en redes sociales. Otros lo acusaron de oportunismo político: “Es muy fácil hablar desde el privilegio y ser humanista para obtener votos”.

El fuero legislativo protege a los diputados de ser procesados penalmente sin autorización del Congreso, pero no les otorga facultades para detener o supervisar operativos. Lo que sí pueden hacer es documentar, denunciar y solicitar que se investiguen los hechos. En este caso, la presencia de Sánchez generó un choque de narrativas: ¿actuó como representante ciudadano o se sobrepasó en sus funciones?

Su defensa es clara: “Yo no reclamé el operativo, sino los abusos de autoridad”. El problema es que su intervención puede ser interpretada como un intento de debilitar la autoridad de los agentes en el lugar. Este matiz es clave para entender la carga política del incidente y la necesidad de legisladores preparados legalmente para ser “la voz del pueblo”.

El episodio también revela la fractura dentro de la propia comunidad motociclista. Grupos organizados como Queen Riders, liderado por Ana Mayet, se deslindan de las rodadas caóticas. “No estoy de acuerdo con esas rodadas porque ocasionan que nos veamos afectados los que sí acatamos las normas”, dijo. Su grupo, compuesto por 20 mujeres, tiene reglas internas estrictas: uso de casco obligatorio, papeles en regla y circular en fila para no obstruir el tránsito.

José Luis Sánchez es un actor político menor, también dirigente estatal del disminuido PT, sin embargo, su estrategia es arriesgada. Si no presenta pruebas contundentes de los abusos que denuncia, corre el riesgo de que el episodio sea percibido como un espectáculo mediático. Si por el contrario logra documentar las irregularidades, podría evidenciar fallas estructurales en la forma en que se ejecutan los operativos de seguridad.

El caso de Zapopan es un microcosmos del dilema que enfrenta Jalisco y buena parte del país: ¿cómo garantizar la seguridad pública sin vulnerar las garantías individuales? Los operativos contra motociclistas buscan combatir el robo y el desorden vial, pero deben hacerse dentro del marco de la ley.

Al final, la discusión no es sobre motociclistas o diputados. Es sobre un Estado que, en nombre de la seguridad, corre el riesgo de normalizar la arbitrariedad. Y sobre una clase política que, entre el cálculo electoral y el deber de representar a los ciudadanos, parece olvidar que la legitimidad de la acción pública no se mide por los likes en redes sociales, sino por el respeto irrestricto a la ley.

El operativo en Zapopan dejó 81 motocicletas aseguradas, pero también dejó algo más valioso: la evidencia de que Jalisco necesita urgentemente revisar cómo se ejercen las facultades de la autoridad. Porque en un Estado de derecho, ni los motociclistas, ni los diputados, ni los policías están por encima de la ley.

En X @DEPACHECOS