JALISCO
Arbitrariedad y espectáculo político: La motocicleta de la discordia en Zapopan
-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La noche del 23 de julio Zapopan volvió a colocarse en el centro del debate político estatal. En medio de un operativo contra motociclistas, el diputado federal y dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco, José Luis Sánchez González, irrumpió en la escena denunciando abusos de autoridad, lesiones a jóvenes y la retención de motocicletas sin la entrega de los folios de infracción correspondientes. La historia no tardó en reventar en redes sociales y medios, desatando un cruce de narrativas: la del legislador que dice defender los derechos ciudadanos y la de quienes lo acusan de entrometerse en la labor policial amparado por su fuero.
La operación de la Policía Vial se realizaba en una de las arterias más transitadas de la ciudad, la avenida Vallarta, y según datos oficiales tenía un objetivo claro: revisar la documentación de los conductores y detectar motocicletas con reporte de robo, un delito que ha repuntado en el Área Metropolitana de Guadalajara. El saldo fue contundente: 81 motocicletas aseguradas. La mayoría, según las autoridades, por carecer de los papeles en regla.
Pero lo que podía haber pasado como una acción más de seguridad terminó convertida en un espectáculo político. A eso de las once de la noche, dice el diputado Sánchez que, recibió una llamada de un par de jóvenes que le denunciaban supuestas arbitrariedades en el operativo. Dice que, se levantó, llegó al punto y, con celular en mano, comenzó a grabar. “No estoy en contra de los operativos, pero sí de que al amparo de estas acciones violen garantías o derechos humanos”, dijo ante un grupo de oficiales que, asegura, se negaban a entregar folios a los motociclistas.
La versión del legislador incluye un elemento que detonó la indignación pública: jóvenes golpeados, una mujer sangrando, moretones visibles. “Yo mismo los vi”, afirmó en sus redes, pero, en el video que menciona el diputado no aparece nadie con ese supuesto maltrato. El diputado no solo increpó a los agentes, sino que buscó hablar con el coordinador del operativo, quien nunca “dio la cara”, según su relato, en el video que el mismo José Luis Sánchez subió, se le ve hablando con un oficial a cargo que le debate con argumentos jurídicos y el diputado federal no sale bien librado. El video que grabó circuló inmediatamente y fue suficiente para que las opiniones se dividieran.
El incidente pone sobre la mesa una vieja pregunta: ¿hasta dónde se puede sacrificar el debido proceso en nombre de la seguridad pública? Las rodadas de motociclistas, muchas de ellas realizadas de manera irregular en avenidas principales, han sido un problema recurrente en la ciudad. No son pocos los ciudadanos que se quejan del ruido, el desorden y los accidentes que generan estos grupos.
Sin embargo, el hecho de que existan inconformidades con su comportamiento no exime a las autoridades de cumplir con la ley. La Constitución Política de Jalisco (artículo 4) establece que toda persona tiene derecho a la movilidad y al respeto de sus derechos humanos, cosa que el diputado federal no supo argumentar. La Ley de Movilidad y Transporte obliga a las autoridades a fundar y motivar cada acto administrativo, incluida la retención de un vehículo. Si, como denuncia el diputado, no se entregaron los folios de infracción, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos a defender su propiedad, pero, la Policía Vial asegura haber entregado a todos los conductores de las 81 motos recogidas, si se les entregó.
La línea entre el operativo legítimo y el abuso de autoridad es delgada. Si hubo agresiones físicas y omisión en la entrega de documentos, las autoridades deberán responder. Pero esa misma delgada línea también exige que la intervención de un legislador no entorpezca los procedimientos en curso, como evidentemente se puede observar en el video.
Las críticas hacia el diputado no se hicieron esperar. “¿Cuál es la manera correcta de denunciar irregularidades? Es muy diferente observar y recabar información a envalentonarse por un fuero y agredir a las autoridades”, escribió un usuario en redes sociales. Otros lo acusaron de oportunismo político: “Es muy fácil hablar desde el privilegio y ser humanista para obtener votos”.
El fuero legislativo protege a los diputados de ser procesados penalmente sin autorización del Congreso, pero no les otorga facultades para detener o supervisar operativos. Lo que sí pueden hacer es documentar, denunciar y solicitar que se investiguen los hechos. En este caso, la presencia de Sánchez generó un choque de narrativas: ¿actuó como representante ciudadano o se sobrepasó en sus funciones?
Su defensa es clara: “Yo no reclamé el operativo, sino los abusos de autoridad”. El problema es que su intervención puede ser interpretada como un intento de debilitar la autoridad de los agentes en el lugar. Este matiz es clave para entender la carga política del incidente y la necesidad de legisladores preparados legalmente para ser “la voz del pueblo”.
El episodio también revela la fractura dentro de la propia comunidad motociclista. Grupos organizados como Queen Riders, liderado por Ana Mayet, se deslindan de las rodadas caóticas. “No estoy de acuerdo con esas rodadas porque ocasionan que nos veamos afectados los que sí acatamos las normas”, dijo. Su grupo, compuesto por 20 mujeres, tiene reglas internas estrictas: uso de casco obligatorio, papeles en regla y circular en fila para no obstruir el tránsito.
José Luis Sánchez es un actor político menor, también dirigente estatal del disminuido PT, sin embargo, su estrategia es arriesgada. Si no presenta pruebas contundentes de los abusos que denuncia, corre el riesgo de que el episodio sea percibido como un espectáculo mediático. Si por el contrario logra documentar las irregularidades, podría evidenciar fallas estructurales en la forma en que se ejecutan los operativos de seguridad.
El caso de Zapopan es un microcosmos del dilema que enfrenta Jalisco y buena parte del país: ¿cómo garantizar la seguridad pública sin vulnerar las garantías individuales? Los operativos contra motociclistas buscan combatir el robo y el desorden vial, pero deben hacerse dentro del marco de la ley.
Al final, la discusión no es sobre motociclistas o diputados. Es sobre un Estado que, en nombre de la seguridad, corre el riesgo de normalizar la arbitrariedad. Y sobre una clase política que, entre el cálculo electoral y el deber de representar a los ciudadanos, parece olvidar que la legitimidad de la acción pública no se mide por los likes en redes sociales, sino por el respeto irrestricto a la ley.
El operativo en Zapopan dejó 81 motocicletas aseguradas, pero también dejó algo más valioso: la evidencia de que Jalisco necesita urgentemente revisar cómo se ejercen las facultades de la autoridad. Porque en un Estado de derecho, ni los motociclistas, ni los diputados, ni los policías están por encima de la ley.
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JALISCO
Edición 800: Temor fundado de que Jalisco oculte a desaparecidos por el Mundial 2026, Víctor Manuel González Romero
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La política, en su versión más superficial, se ha convertido en un escenario de promesas vacías durante las campañas, donde los candidatos abordan los grandes problemas de la ciudad con discursos grandilocuentes que, una vez en el poder, se diluyen en selfies y mensajes huecos en redes sociales.
Este “empobrecimiento de la política” se refleja en la gestión del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo responsable de abastecer de agua a cerca de seis millones de habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Sin embargo, lo que alguna vez fue un modelo eficiente de gestión intermunicipal ha sido desvirtuado por prácticas políticas irresponsables que lo han llevado al borde del colapso, dejando a la ciudad en una crisis hídrica que exige soluciones urgentes.
El declive del SIAPA comenzó hace años, cuando políticos voraces lo convirtieron en un botín político. Durante el gobierno de Emilio González Márquez, el organismo se transformó en una “agencia de colocaciones” para aliados del PAN. Junto con el entonces dirigente estatal del partido, González Márquez repartió gerencias y direcciones entre alcaldes y líderes políticos, priorizando lealtades sobre la competencia técnica.
Este modelo de “cuotas y cuates” se consolidó con los gobiernos posteriores, que continuaron usando al SIAPA como un espacio para colocar a allegados, sin importar su preparación. Un caso emblemático es el de la famosa publirrelacionista, quien, tras manejar relaciones públicas en el Instituto Jalisciense de Reinserción Social (INJANRESO) y firmar convenios para la venta de productos de reclusos, fue nombrada en una plaza directiva del SIAPA por decisión arbitraria de un aliado político.
Este tipo de prácticas refleja la frivolidad que ha caracterizado la gestión del organismo en las últimas décadas.
Como resultado, el SIAPA enfrenta una crisis multidimensional: administrativa, financiera y técnica. Está prácticamente en bancarrota, con un déficit estructural que lo ha dejado al borde de la quiebra.
Mientras tanto, la infraestructura hidráulica de la ZMG, con tuberías y colectores obsoletos, es incapaz de satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Esta situación se agrava en temporadas de lluvias, cuando las inundaciones exponen el colapso de los sistemas de drenaje, poniendo en riesgo vidas y propiedades.
La irresponsabilidad de los políticos que han manejado al SIAPA con fines clientelares ha llevado al organismo a un punto crítico, donde la inacción ya no es una opción. Este escenario ha estallado en el mandato del gobernador Pablo Lemus, quien enfrenta una bomba de tiempo heredada por décadas de negligencia.
Inicialmente, la reestructuración del SIAPA no parecía estar en su agenda prioritaria. La reciente aprobación de un aumento tarifario, impulsada con el peso político del gobierno estatal y los votos de los alcaldes metropolitanos, se llevó a cabo sin un diagnóstico claro ni un plan concreto de reingeniería. Sin embargo, el caso de la publirrelacionista, que destapó las “miserias” del organismo, junto con las crecientes quejas de la ciudadanía y actores políticos por el deficiente servicio de agua, ha obligado a Lemus a actuar.
“Estamos trabajando en una reingeniería absoluta del SIAPA, que abarca desde recursos humanos, áreas administrativas, atención al cliente, hasta la mejora en el suministro de agua potable”, afirmó el gobernador el 27 de julio de 2025.
Subrayó que, tras el incremento de tarifas, el SIAPA está obligado a mejorar: “Lo dije desde el día que se aprobaron las tarifas: el SIAPA debe dar un mejor servicio”.
Lemus ha anunciado una inversión inicial de 9,000 millones de pesos para modernizar la red hidráulica de la ZMG, un esfuerzo crucial para reemplazar tuberías y colectores obsoletos. Este proyecto requiere la colaboración de los alcaldes metropolitanos, quienes forman parte del consejo de administración del SIAPA.
El gobernador ha prometido convocar a sectores clave —técnicos, académicos, empresarios, organizaciones civiles y medios de comunicación— para presentar un plan integral que aborde no solo la gestión del organismo, sino también la infraestructura subterránea de la ciudad.
Entre las soluciones propuestas está el drenaje profundo, una medida necesaria para mitigar el caos que las lluvias provocan en una metrópoli colapsada, donde las inundaciones representan un peligro constante.
La decisión de Lemus es una de las más trascendentes en Jalisco en las últimas cuatro décadas. Rescatar al SIAPA implica no solo sanear un organismo en crisis, sino también realizar una “cirugía mayor” a las entrañas de la ciudad.
Este desafío pone a prueba la capacidad del gobernador para superar las inercias de la frivolidad política que han marcado a la entidad. Si logra ejecutar un plan transparente y efectivo, demostrará el valor de una “buena política” que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses de grupo.
Sin embargo, el éxito dependerá de la coordinación con los municipios, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas. La ciudadanía, cansada de promesas vacías y selfies, exige resultados concretos: un SIAPA eficiente y una ciudad que funcione, incluso en los días de temporal.
Este momento histórico puede ser un punto de inflexión para Jalisco, donde la gestión responsable del agua marque la diferencia entre el empobrecimiento de la política y un gobierno que cumpla con su mandato.
-Por Francisco Junco
Mery Gómez Pozos, diputada federal por el Distrito 11 de Guadalajara y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, expresó en entrevista con Conciencia Pública su confianza en que Morena ganará las elecciones en Jalisco en 2027.
“En el 27 vamos a ganar en Jalisco y eso lo saben los emecistas, lo saben todos los jaliscienses. En la elección del 2024 ganamos 15 de 20 distritos en el estado, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un millón 750 mil votos, una votación histórica, muy por arriba de la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.
Esta declaración refleja el optimismo de Gómez Pozos sobre el crecimiento de Morena en un estado tradicionalmente dominado por el Movimiento Ciudadano (MC), destacando el respaldo ciudadano como base para el triunfo futuro.
Gómez Pozos subrayó la necesidad de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando el proyecto colectivo de la Cuarta Transformación sobre ambiciones personales. “Hay confianza en este movimiento y lo que tenemos que hacer es cerrar filas, en torno a la presidenta”.
“Esto trasciende las aspiraciones personales de cualquier personaje que se diga morenista en este estado. Tenemos que cerrar filas alrededor del movimiento y lo que sea mejor para el movimiento y hacer lo que nos toca a cada quien en nuestra trinchera”, señaló.
Su mensaje enfatiza la unidad y el trabajo desde las bases para consolidar la presencia de Morena en Jalisco, un estado clave donde el partido busca desbancar al MC en 2027.
“VAMOS A GANAR EN EL 27”
En cuanto al futuro de Jalisco, Gómez Pozos reiteró su optimismo: “Vamos a ganar en el 27, porque tenemos la confianza de la gente y el hartazgo de los gobiernos naranjas”. Subrayó la votación histórica de Sheinbaum en 2024 como un indicador del respaldo ciudadano, que superó significativamente los votos obtenidos por López Obrador en elecciones previas.
Además, destacó la importancia de mantener la mayoría en el Congreso y ganar municipios clave en 2027, consolidando la presencia de Morena en el estado.
SU CANDIDATURA PARA EL 2027
Preguntada sobre su posible candidatura en 2027, Gómez Pozos evitó centrarse en ambiciones personales, enfocándose en su trabajo actual. “Yo le decía a la gente, me caen muy gordos los políticos que prometen, ganan y ya están pensando en la siguiente silla. Hay que fijarnos en qué están haciendo los que ya favorecieron con el voto”, afirmó.
Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, destacó logros como un aumento de más de 8 mil millones de pesos para Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, además de presentar siete iniciativas legislativas relevantes y atender sin rezagos los 90 turnos asignados a su comisión.
“Estoy haciendo lo que me toca, no pueden decir que soy una diputada que no va, que no vota, que no se involucra, que no volvió al territorio”, aseguró, enfatizando su compromiso con el trabajo legislativo y territorial.
Mery Gómez Pozos proyecta una visión de unidad y trabajo colectivo para que Morena conquiste Jalisco en 2027. Su confianza se basa en los resultados electorales de 2024, el fortalecimiento de la estructura partidista y el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.
Con un enfoque en la transparencia, la justicia y la atención a las necesidades locales, Gómez Pozos llama a cerrar filas en torno al proyecto de Sheinbaum, dejando claro que el éxito de Morena dependerá de la solidez de su estructura y la calidad de su trabajo en beneficio de los jaliscienses.
LAS DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA
Durante la entrevista, la diputada detalló los temas abordados en el Consejo Nacional de Morena, celebrado el 20 de julio de 2025, que considera fundamentales para el fortalecimiento del partido. Entre los puntos destacados está la creación de una estructura territorial sólida mediante la instalación de comités seccionales en todo el país, incluyendo 3,579 en Jalisco, de los cuales mil estarán en Guadalajara.
“Esto nos va a garantizar una estructura tan sólida, para que haya un espacio de participación de toda la gente que quiera formar parte, aportar su granito, y te permite garantizar que no va a haber ni cacicazgos, ni referentes que se crean que tienen el poder de toda la estructura”, explicó.
Este enfoque busca democratizar la participación y evitar liderazgos que concentren el poder, asegurando que los candidatos sean seleccionados exclusivamente por encuestas, basadas en el reconocimiento positivo de los aspirantes.
Otro aspecto clave del consejo fue la conformación de un comité de evaluación para nuevas incorporaciones al partido, integrado por figuras como Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo, Carolina Rangel, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Este comité tiene como objetivo cuidar los principios de Morena, especialmente ante el crecimiento del partido, que ya cuenta con más de siete millones de afiliados.
“Somos un movimiento tan grande, más se van a querer sumar, pero tenemos que cuidar los principios del movimiento y no permitir que personajes que vayan contra los principios formen parte de ello”, afirmó Gómez Pozos, destacando la importancia de mantener la integridad ideológica.
El tercer punto relevante es el plan municipalista, que busca que los gobiernos locales de Morena prioricen necesidades básicas como agua, alcantarillado, seguridad, alumbrado público y bacheo. “Los presidentes municipales que ya forman parte de Morena tienen que ceñirse a que sus presupuestos contemplen puntos súper básicos para la gente”, indicó, subrayando que los 880 municipios gobernados por Morena deben distinguirse por su enfoque ciudadano y eficiencia, evitando “ocurrencias” y consolidando gobiernos cercanos a la población.
Edición 800: Temor fundado de que Jalisco oculte a desaparecidos por el Mundial 2026, Víctor Manuel González Romero
Temor fundado de que Jalisco oculte a desaparecidos por el Mundial 2026: Víctor Manuel González Romero
Lemus ante el desafío histórico del SIAPA
Mery Gómez Pozos: «Vamos a ganar Jalisco en el 2027»
