JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán denuncia que «SICT e INDAABIN obstruyen la justicia»

-Por Gabriel Ibarra Bourjac
La Comunidad Indígena de Mezquitán, desde Zapopan, alzó la voz este domingo en asamblea para denunciar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) por obstrucción de justicia y desacato a una sentencia judicial.
A pesar de una orden del Tribunal Agrario emitida hace 60 días, que requería la elaboración de un avalúo para indemnizar a la comunidad por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras desde 2004, ambas instituciones han incumplido, prolongando una deuda histórica de 21 años que afecta a más de 300 familias, muchas lideradas por mujeres y adultos mayores.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Mezquitán, expresó su indignación: “Eso es obstrucción de la justicia y desacato a cumplir la sentencia de los tribunales dentro de los términos que se les ordenó. Es desesperante. Llevamos más de dos décadas luchando por nuestros derechos. Los tribunales nos han dado la razón una y otra vez, pero la SICT se ha negado a cumplir, y ahora INDAABIN nos pone otro obstáculo con su lentitud. Exigimos que cumplan con su deber para que se nos haga justicia”.
El conflicto se remonta a 2004, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ocupó 269 mil metros cuadrados de tierras comunales para la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo, prometiendo una indemnización de aproximadamente 40 millones de pesos. Solo se pagaron 6 millones como anticipo, dejando un adeudo de 35 millones que, según la sentencia del Tribunal Superior Agrario del 22 de noviembre de 2023, debe actualizarse a valor comercial.
Rodríguez Barajas detalló que la SICT ha tenido al menos seis oportunidades para cumplir con el avalúo y el pago, pero ha optado por tácticas dilatorias:
- En marzo de 2004, al firmar los convenios, debió realizarse el avalúo.
- En 2017, tras la demanda de la comunidad, la SICT debió reconocer el adeudo.
- En agosto de 2021, el Tribunal Agrario 16 falló a favor de Mezquitán.
- El 22 de noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario ratificó la sentencia.
- El 26 de diciembre de 2024, un amparo de la SICT fue desechado, confirmando la sentencia.
- El 27 de mayo de 2025, el Tribunal Agrario ordenó a la SICT tramitar el avalúo en 10 días, pero solo se envió una solicitud en línea a INDAABIN, sin avances concretos.
El retraso de INDAABIN, que no ha cumplido con el mandato judicial de actualizar el avalúo a pesar de un apercibimiento de multa el 18 de junio de 2025, ha sido calificado por la comunidad como “tortuguismo” deliberado. Este incumplimiento perpetúa una injusticia que afecta a 333 familias, quienes han recurrido a manifestaciones, como el cierre de la avenida Lázaro Cárdenas en abril de 2025, para exigir sus derechos.
La comunidad, respaldada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y organizaciones civiles, ha solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para agilizar el proceso, especialmente en el contexto del “Año de la Mujer Indígena” declarado en 2025. “No es solo una deuda, es una cuestión de respeto a nuestros derechos. Queremos justicia pronta y expedita”, afirmó Rodríguez Barajas. La comunidad no descarta solicitar sanciones contra funcionarios por desacato o dar vista al Ministerio Público si persiste la obstrucción.
Este caso refleja una marginación sistemática hacia los pueblos indígenas, donde la burocracia se convierte en un obstáculo para la justicia. La sentencia del Tribunal Superior Agrario establece un precedente: los convenios con comunidades indígenas son vinculantes, y el pago debe realizarse sin dilaciones.
Mezquitán, con un título virreinal de 1690, simboliza la resistencia frente al racismo institucional, y su lucha podría inspirar a otras comunidades a exigir justicia.
JALISCO
Jalisco en riesgo: el acueducto Solís–León podría arrebatar agua al Lago de Chapala

-Por Redacción Conciencia Pública
El nuevo Plan Nacional Hídrico 2024‑2030 de Claudia Sheinbaum trae una bomba para Jalisco: la construcción de un acueducto que llevará agua de la Presa Solís, en Guanajuato, hacia León y el corredor industrial. La obra, con capacidad para desviar hasta 3,800 litros por segundo, amenaza con reducir los aportes al Lago de Chapala, del que depende buena parte del abasto de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
Con una inversión de 15 mil millones de pesos, los trabajos iniciaron en julio de este año con los primeros 10 kilómetros de tubería. El proyecto total contempla entre 140 y 200 kilómetros de extensión, además de estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras. Aunque el gobierno federal lo presenta como solución para atender la crisis hídrica en Guanajuato, en Jalisco preocupa la ausencia de consulta y estudios públicos de impacto.
La alarma radica en que la Presa Solís forma parte de la cuenca Lerma‑Chapala, y sus excedentes alimentan históricamente al lago. Desviar volúmenes significativos a León podría romper el delicado equilibrio hídrico y comprometer el suministro para millones de jaliscienses, especialmente en épocas de sequía.
Académicos y especialistas en agua han pedido reinstalar el Consejo de Cuenca Lerma‑Chapala para evaluar los impactos del acueducto. La Asociación Mexicana de Hidráulica advierte que, sin acuerdos claros, el ingreso de León al reparto generará un conflicto hídrico de gran escala en la región.
El Gobierno de Jalisco enfrenta ahora el reto de exigir transparencia y participación en las decisiones federales. El acueducto Solís–León podría convertirse en la obra que defina el futuro del agua en la entidad: un desafío que no admite pasividad ni silencio.
LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES DE GUANAJUATO
Las autoridades de Guanajuato anunciaron que la obra contará con estaciones de rebombeo, especialmente entre León y Silao, y planes para que cada tramo funcione de forma independiente; esperan iniciar el suministro este año conforme se concluyan fases progresivas de construcción.
La gobernadora Libia Dennise García ha señalado que aproximadamente la mitad de la inversión (7 mil 500 millones de pesos de los 15 mil millones totales) provendrá de la federación, mientras que el resto correspondería a créditos estatales y aportaciones municipales.
El déficit hídrico en la cuenca Lerma‑Chapala es preocupante: se estima un desbalance anual cercano a 700 millones de metros cúbicos, cantidad equivalente a cinco veces lo que León pretende extraer vía el acueducto, lo cual intensifica el riesgo para los aportes hacia el Lago de Chapala, actualmente en un 44 por ciento de su capacidad. Este desequilibrio se agrava ante proyecciones que prevén que Jalisco, Guanajuato y otros siete estados enfrentarán agotamiento hídrico entre el 40% y el 80% para 2030.
Cabe destacar que el Lago de Chapala, con una capacidad cercana a 8,000 millones de metros cúbicos aporta aproximadamente el 60% del agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y ha sido reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su importancia ecológica.
Al tratarse de la principal fuente de abastecimiento regional, cualquier reducción significativa de los excedentes que recibe de la Presa Solís afectaría directamente al abastecimiento de millones de personas en Jalisco durante temporadas críticas.
📌 Datos clave del Acueducto Solís–León:
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Ubicación: De la Presa Solís (Acámbaro, Guanajuato) a León y municipios del corredor industrial.
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Extensión: Entre 140 y 200 kilómetros.
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Caudal estimado: 3,800 litros por segundo (≈120 millones m³/año).
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Municipios beneficiados: León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y Acámbaro.
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Inversión total: 15 mil millones de pesos (financiamiento federal y estatal).
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Preocupación en Jalisco: Posible reducción de aportes al Lago de Chapala, afectando el suministro de agua al Área Metropolitana de Guadalajara.
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Petición de expertos: Reinstalar el Consejo de Cuenca Lerma‑Chapala para garantizar reparto equitativo y sustentable.
JALISCO
Edición 800: Temor fundado de que Jalisco oculte a desaparecidos por el Mundial 2026, Víctor Manuel González Romero
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JALISCO
Lemus ante el desafío histórico del SIAPA

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La política, en su versión más superficial, se ha convertido en un escenario de promesas vacías durante las campañas, donde los candidatos abordan los grandes problemas de la ciudad con discursos grandilocuentes que, una vez en el poder, se diluyen en selfies y mensajes huecos en redes sociales.
Este “empobrecimiento de la política” se refleja en la gestión del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo responsable de abastecer de agua a cerca de seis millones de habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Sin embargo, lo que alguna vez fue un modelo eficiente de gestión intermunicipal ha sido desvirtuado por prácticas políticas irresponsables que lo han llevado al borde del colapso, dejando a la ciudad en una crisis hídrica que exige soluciones urgentes.
El declive del SIAPA comenzó hace años, cuando políticos voraces lo convirtieron en un botín político. Durante el gobierno de Emilio González Márquez, el organismo se transformó en una “agencia de colocaciones” para aliados del PAN. Junto con el entonces dirigente estatal del partido, González Márquez repartió gerencias y direcciones entre alcaldes y líderes políticos, priorizando lealtades sobre la competencia técnica.
Este modelo de “cuotas y cuates” se consolidó con los gobiernos posteriores, que continuaron usando al SIAPA como un espacio para colocar a allegados, sin importar su preparación. Un caso emblemático es el de la famosa publirrelacionista, quien, tras manejar relaciones públicas en el Instituto Jalisciense de Reinserción Social (INJANRESO) y firmar convenios para la venta de productos de reclusos, fue nombrada en una plaza directiva del SIAPA por decisión arbitraria de un aliado político.
Este tipo de prácticas refleja la frivolidad que ha caracterizado la gestión del organismo en las últimas décadas.
Como resultado, el SIAPA enfrenta una crisis multidimensional: administrativa, financiera y técnica. Está prácticamente en bancarrota, con un déficit estructural que lo ha dejado al borde de la quiebra.
Mientras tanto, la infraestructura hidráulica de la ZMG, con tuberías y colectores obsoletos, es incapaz de satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Esta situación se agrava en temporadas de lluvias, cuando las inundaciones exponen el colapso de los sistemas de drenaje, poniendo en riesgo vidas y propiedades.
La irresponsabilidad de los políticos que han manejado al SIAPA con fines clientelares ha llevado al organismo a un punto crítico, donde la inacción ya no es una opción. Este escenario ha estallado en el mandato del gobernador Pablo Lemus, quien enfrenta una bomba de tiempo heredada por décadas de negligencia.
Inicialmente, la reestructuración del SIAPA no parecía estar en su agenda prioritaria. La reciente aprobación de un aumento tarifario, impulsada con el peso político del gobierno estatal y los votos de los alcaldes metropolitanos, se llevó a cabo sin un diagnóstico claro ni un plan concreto de reingeniería. Sin embargo, el caso de la publirrelacionista, que destapó las “miserias” del organismo, junto con las crecientes quejas de la ciudadanía y actores políticos por el deficiente servicio de agua, ha obligado a Lemus a actuar.
“Estamos trabajando en una reingeniería absoluta del SIAPA, que abarca desde recursos humanos, áreas administrativas, atención al cliente, hasta la mejora en el suministro de agua potable”, afirmó el gobernador el 27 de julio de 2025.
Subrayó que, tras el incremento de tarifas, el SIAPA está obligado a mejorar: “Lo dije desde el día que se aprobaron las tarifas: el SIAPA debe dar un mejor servicio”.
Lemus ha anunciado una inversión inicial de 9,000 millones de pesos para modernizar la red hidráulica de la ZMG, un esfuerzo crucial para reemplazar tuberías y colectores obsoletos. Este proyecto requiere la colaboración de los alcaldes metropolitanos, quienes forman parte del consejo de administración del SIAPA.
El gobernador ha prometido convocar a sectores clave —técnicos, académicos, empresarios, organizaciones civiles y medios de comunicación— para presentar un plan integral que aborde no solo la gestión del organismo, sino también la infraestructura subterránea de la ciudad.
Entre las soluciones propuestas está el drenaje profundo, una medida necesaria para mitigar el caos que las lluvias provocan en una metrópoli colapsada, donde las inundaciones representan un peligro constante.
La decisión de Lemus es una de las más trascendentes en Jalisco en las últimas cuatro décadas. Rescatar al SIAPA implica no solo sanear un organismo en crisis, sino también realizar una “cirugía mayor” a las entrañas de la ciudad.
Este desafío pone a prueba la capacidad del gobernador para superar las inercias de la frivolidad política que han marcado a la entidad. Si logra ejecutar un plan transparente y efectivo, demostrará el valor de una “buena política” que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses de grupo.
Sin embargo, el éxito dependerá de la coordinación con los municipios, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas. La ciudadanía, cansada de promesas vacías y selfies, exige resultados concretos: un SIAPA eficiente y una ciudad que funcione, incluso en los días de temporal.
Este momento histórico puede ser un punto de inflexión para Jalisco, donde la gestión responsable del agua marque la diferencia entre el empobrecimiento de la política y un gobierno que cumpla con su mandato.