NACIONALES
Historia que se repite: De Iturbide a la oposición actual…traidores y vendepatrias
-Opinión, por Pedro Vargas Ávalos
A través de la historia nacional, se ha visto como aparecieron personas que, siendo mexicanos, conspiraron o actuaron en contra de la patria. Ejemplos existen muchos, y para darnos una idea de algunos, a partir de la independencia nacional, podemos mencionar a Lorenzo de Zavala, Antonio López de Santa Anna, José Manuel Hidalgo y compañeros que invitaron a Maximiliano para reinar en el paí.
También tenemos a Victoriano Huerta y sus cómplices, los firmantes del Tratado de Bucareli, los simpatizantes del nazismo y modernamente, muchos miembros de las oposiciones -estilo Alito Moreno, Marko Cortés o Lily Téllez- que por sus dichos y hechos desean que a México le vaya mal, con el fin de buscar recuperar el poder que perdieron en los recientes años.
Ahora bien, existe jurídicamente, de acuerdo con el Código Penal Federal, la figura delictiva “Traición a la Patria”. Los artículos del 123 al 126 previenen lo relativo a tal ilícito, el cual literariamente suele ser nombrado crimen de lesa nación. En apretada síntesis, se puede considerar como traidores a la patria a las personas que lleven a cabo actos agraviantes de la independencia, la soberanía o la integridad de la República mexicana, y que sustancialmente busquen someterla a persona, grupo o algún Gobierno extranjero.
De igual manera, lo son quienes tomen parte en hechos de hostilidad en contra de la nación, ya sea por medio de operaciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o cuando se coopere con dicho Estado de tal forma que pueda afectar a México, o también el que prive ilegalmente de su libertad a una persona dentro del territorio nacional o la traslade fuera de el para entregarla a las autoridades de otro país.
El articulado aludido, precisa que también son traidores a la patria quienes formen parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, si tienen por finalidad atentar contra la independencia de nuestro Estado, su soberanía, su libertad o su integridad territorial, incluso el invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra; en tal calificación de traidores, se ubican quienes recluten gente para hacer la guerra a México, siempre que cuenten con ayuda o protección de un Gobierno foráneo.
Si hiciéramos un recorrido universal sobre traidores de renombre, viene a la mente el pastor Efialtes, que el año 480 A.C., traicionó a los 300 guerreros espartanos que guiados por Leónidas defendían Las Termópilas frente a los invasores persas.
El año de 450 AC, al emitirse en Roma la Ley de las XII tablas, se penó la traición con arrojar desde la Roca Tarpeya al traidor. Ya en España, el Fuero Juzgo de 684, -durante el dominio visigodo- condenaba a muerte al que traicionara su bandera, lo cual se perfeccionó como traición a la patria -con igual pena letal- cuando se legislaron Las Siete Partidas por el Rey Alfonso X el Sabio, entre los años 1256 y 1265.
Diversos compendios legislativos hispánicos -Fuero Real, de Castilla, la Recopilación de Leyes y la Nueva Recopilación, etc. – sancionaron de igual manera, incluyendo en tal forma los diversos códigos expedidos en los siglos XIX y XX a la traición patria.
En nuestra nación, se dice que los primeros traidores fueron los tlaxcaltecas, pues cuando Hernán Cortés invadió nuestro territorio, se aliaron a los españoles para vencer a los aztecas; en tal caso, caería la Malinche, ya que ella sirvió a los intereses hispanos para lograr la conquista de México.
Claro que aquí hay muchas valoraciones y reflexiones, por lo que hay defensores de unos y otros, asegurando que no fueron desleales a sus comunidades o etnias.
En el tiempo de la colonia, no ser fiel al rey de España era tomado como traición y la pena severísima: decapitación o descuartizar al reo y hasta trasladarla a la familia, si esta supo del suceso desleal y no lo denunció. Un caso ejemplar fue en 1566 cuando se descubrió la traición de Martín Cortés (hijo de Hernán y la Malinche) quien fue acusado de traición al rey y, por tanto, junto a otros cómplices, decapitado.
Un capítulo de traición interesante fue el protagonizado por Agustín de Iturbide, quien primero traicionó a España por poner al servicio de la Independencia de México, las fuerzas que había recibido del gobierno virreinal para combatir a los insurgentes.
Enseguida, conseguida la emancipación de México (1821) culminó su ambicioso plan de apoderarse (1822) de la corona imperial (concebida por el mismo) al independizar la antigua Nueva España, pero hubo de abdicar en marzo de 1823.
El Congreso General declaró traidores a los que lo reconocieran emperador y al mismo Iturbide, así lo trató para el caso de que, por haber sido exiliado del país, regresara. Habiéndolo hecho, fue fusilado 19 de julio de 1824 en Tamaulipas.
Traidor fue Antonio López de Santa Anna, quien sirvió al rey de España y lo traicionó uniéndose a Iturbide; luego desertó de las filas del fallido Agustín I, y se hizo republicano; enseguida abrazó el federalismo. Por su deslealtad a los intereses mexicanos, se perdió Texas en 1836; también defeccionó del federalismo y se hizo centralista.
En la guerra contra Estados Unidos, iniciada en 1846 y concluida con los infaustos tratados de Guadalupe Hidalgo en febrero 2 de 1848, fue el mayor responsable de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Cuando se erigió dictador y se hizo llamar “Su Alteza Serenísima” (22 de abril de 1853) traicionó a la República. Fue este funesto personaje, el más traidor de los traidores.
Tras la guerra de Reforma (1857-1860) se propició acusar de traición a los que respaldaban al gobierno contrario del que simpatizaban (liberales o conservadores), siendo los principales líderes de cada partido, Benito Juárez de los primeros y Félix Zuloaga, sustituido por Miguel Miramón, de los reaccionarios. Sobrevino la Intervención Francesa, y ya sabemos que una comisión de conservadores fue a Europa y buscó acarrear monarca de esas tierras, logrando traer a Maximiliano de Augsburgo.
Entre los más destacados figuran José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo, Francisco Javier Miranda, Joaquín Velázquez de León, Ignacio Aguilar y Marocho, Antonio Escandón, José María Landa, Ángel Iglesias, y Adrián Woll, quien fue gobernador de Jalisco. Decidido simpatizador de ellos, fue el hijo de D. José Ma. Morelos y Pavón, el tristemente célebre Juan Nepomuceno Almonte.
Durante el porfiriato se siguieron aplicando las duras leyes aprobadas en aquellos aciagos tiempos, (de 1862 a 1864) con las cuales el dictador eliminaba a sus adversarios. Y así se llegó a la Constitución de 1917, que en materia de traición a la patria habla de que por tal delito se puede acusar al presidente de la República.
El fuero de guerra subsiste y en él se establecen severas penas para los miembros de las fuerzas armadas, previendo el ilícito en sus artículos 203-205, siendo esencialmente parecidos los conceptos a los del Código Penal Federal, citados al inicio de este comentario.
Las leyes supremas de 1824 y 1857, también traían semejantes disposiciones. El actual código penal data de 1931 y se le han hecho muchas modificaciones; su antecedente con la categoría de código se remonta al año de 1871 siendo presidente de la república Benito Juárez.
Los mexicanos notables que hoy por hoy más se aproximan a la conducta de traidores a la patria o de vendepatrias, que para el caso son vocablos que se utilizan como sinónimos, son dentro del partido Acción Nacional, su exlíder Marko Cortés; su excandidato presidencial Ricardo Anaya y la veleidosa lenguaraz Lily Téllez, los tres por cierto con el cargo de senadores, desde luego de representación proporcional pues ninguno obtuvo mayoría de votos.
Por parte de los priistas, en los que quedan resabios recónditos de nacionalismo, destaca su dirigente Alejandro Moreno, bautizado como “Alito”, y de quien el fiscal de Campeche (entidad que gobernó Alito) ha pedido el desafuero por los delitos que se le imputan en esa Entidad. El asunto se toma por el inefable líder tricolor para declarar que es un perseguido político.
Ese argumento también fue utilizado por el señor Anaya, quien se pasó el sexenio anterior, por su voluntad, en Estados Unidos, y regresó a México para asumir el cargo de Senador, gracias a las listas que arman las cúpulas de partido para beneficiar a sus compinches. Por su lado, la señora Téllez, traicionó a Morena y al expresidente López Obrador, quien la impulsó para legisladora.
Siendo aún presidente panista, Marko Cortés pidió intervención de Estados Unidos (EU) para acabar con el narcotráfico. (El Imparcial 06 de noviembre 2024). Como no trascendió “Marquitito”, vino en su apoyo el exaspirante Ricardo Anaya, quien varias veces se manifestó a favor de que se calificara como terrorismo la actividad de los narcotraficantes, y así dar lugar a que EU puede enviar fuerzas militares a México, dizque para acabar con los nuevos terroristas.
Lilly Téllez, fijó su postura en el Pleno del Senado de la República donde pidió a los estadounidenses, ayuda para «sacar a estos narcoizquierdistas del poder, para volver a fundar a México». Son pues estos blanquiazules, devotos del trumpismo que padece la humanidad entera.
Alito Moreno, el criticadísimo priista ahora gracias a sus trapacerías apoderado sin límite del otrora poderoso PRI, viaja a EU y pide, grita y acusa al gobierno mexicano; se dice perseguido político y denuncia en la nación del Tío Sam la inseguridad en México y los nexos de políticos que sostiene hay del régimen de la 4T con el narco afirmando muy valentón que “Jamás nos echaremos para atrás”, aunque eso sí reprochó que la presidenta lo llamó “vendepatrias”.
Lo anterior porque en su conferencia mañanera del uno de este mes, expuso la mandataria, que los opositores, quienes todo lo que hace el gobierno lo impugnan, “tienen a un personaje como el presidente del PRI, de malísima fama, con escándalos de corrupción que acompañan su carrera política, yendo a Estados Unidos a denunciar falsedades” y luego agrega, además de que quieren que le vaya mal a México, por lo que son ‘vendepatrias’, y remacha enfática: “la verdad, no tiene otro nombre».
Ya sabemos que el prototipo de traidores -aunque no haya sido a la patria, pero sí de la humanidad- es sin duda Judas Iscariote, quien por treinta monedas entregó a Jesucristo. Pues ahora, estos políticos que por trampas y argucias llegan a los cargos populares, lo único que hacen, es recordar a ese infausto judío que, con un beso en la mejilla, entregó a su maestro.
Y si eso les molestara, entonces que se queden con el mal ejemplo de Iturbide, Santa Anna y Huerta, a los cuales tal parece que quieren imitar, puesto que se esfuerzan por aparecer como atroces vendepatrias.
-Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
El sistema electoral mexicano se convirtió en una orquesta que ejecuta la pauta trazada desde el oficialismo para controlar al Poder Judicial. Notas fúnebres son las finales para la credibilidad de los resultados electorales a partir de ahora. De paso, la Constitución General de la República, modificada por diputados y senadores que ni leyeron ni entendieron la profundidad de las reformas que aprobaron, queda convertida en mera referencia a criterio de los juzgadores.
En los hechos, pese a lo que digan las “autoridades electorales”, muy satisfechas por su trabajo, resultó todo un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Ni hacer elecciones apresuradas a capricho del gobernante, ni emitir regulaciones sin reflexión que tengan que ser complementadas con acuerdos administrativos. Al final, tanto el INE como el Tribunal Electoral Federal solo siguieron la batuta del director o directora, vaya usted a saber, componiendo lo que pudieron y acatando las disposiciones oficiales para que al Poder Judicial se integren todos los que figuraron en los acordeones ya famosos.
Como si fuera un sepelio norteño, el INE se está enterrando a música de acordeón. La última pieza tocada (alegoría ilustrativa) es la relativa a las multas impuestas a los ganadores de la elección, con lo cual acusan a los participantes de haber violado la ley y los sancionan con una ridícula multa. Es previsible que el Tribunal Electoral las deje sin efecto, ─las multas─ porque no se puede concebir que quienes aplicarán la ley lleguen a vestir la toga habiendo violado la ley y, por tanto, serán exonerados.
Recientemente, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz y el maestro en Ciencia Política y Derecho Constitucional Jorge Alberto Medellín Pino presentaron un bien fundamentado estudio que tiende a demostrar que la elección judicial es un caso “extremadamente grave de cooptación electoral y captura institucional.” Con abundante y abrumadora “evidencia técnica demuestran cómo distrito por distrito se reprodujo un patrón mecánico de votación que no pudo surgir de forma libre ni espontánea.”
El entrecomillado es porque son fragmentos del informe imposible de reproducir en su totalidad en esta columna y solo subrayo conclusiones importantes. Para los autores del estudio fue “una elección calcada para la SCJN, TDJ, y la Sala Superior del TEPJF, por medio de “acordeones”, lo cual es de suma gravedad pues es una cuestión que afecta la seguridad y certeza jurídica de cualquier persona física o moral a la que se imparta justicia en este país.”
Con gráficas, muy claras, demuestran que no existió una dispersión natural del voto, sino un comportamiento idéntico para elegir los integrantes de las tres instancias de justicia, cosa imposible entre cientos y miles de combinaciones posibles que se podían dar en las boletas, y eso a los ojos de cualquiera con tres dedos de entendedera puede concluir que no se debe a una votación libre, sino a una inducida y manipulada.
A las cifras y gráficas que aporta el informe del ministro en retiro y del maestro en ciencias, que exhiben las coincidencias entre acordeones y votos, hay que sumar que con anterioridad 6 consejeros del INE habían hecho notar la irregularidad en términos similares y, sin embargo, el Consejo General se salió por la tangente. Anulo casillas con causales de nulidad evidentes, reconoció la ilegalidad, pero negó la generalización para no anular la elección.
En política las coincidencias no existen y para este servidor, basado en los informes y datos en ellos contenidos, los resultados de la elección judicial son consecuencia de una operación concebida, diseñada y operada desde la institucionalidad. Lo que afirmo no es una ingenuidad, lo sería si no supiera que una uniformidad así solo puede darse por el contubernio entre quien hace los acordeones y quien cuenta los votos.
En principio, no se puede saber si en realidad asistieron 13 millones de personas a votar, la afluencia en las casillas fue mínima, como se pudo observar. No se contaron ni inutilizaron las boletas sobrantes y todas, las marcadas y las no usadas, se resguardaron en los comités distritales con personal del INE.
Los conteos los realizó personal del INE sin presencia ciudadana, lo que me lleva a pensar, dada la coincidencia excepcional e inexplicable de los resultados, que los acordeones, en vez de tenerlos los votantes, los tenían quienes contaban las boletas. En los tiempos del pleistoceno democrático mexicano, al conteo en lo oscurito y manoseo oficial de las boletas se le llamaba mapachismo, hoy, es la democracia de la 4T.
La pauta de los acordeones marca un ritmo de marcha fúnebre, no del jolgorio autoritario del gobierno, sino de las elecciones libres, confiables y creíbles. El Consejo General del INE, el Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación quedan como músicos de cuarta, sí, de esa cuarta.
-Opinión, por Iván Arrazola
El término miserable tiene diversas acepciones: puede referirse a una persona ruin o despreciable, a alguien en situación de extrema pobreza o a algo insignificante. Recientemente, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, utilizó esa palabra —“miserables”— para descalificar a quienes, desde el periodismo y la opinión pública, cuestionaron la versión oficial sobre la muerte de la maestra Irma Hernández, víctima de secuestro y extorsión.
Si bien es posible que la gobernadora haya dirigido el calificativo a quienes intentan lucrar políticamente con la tragedia, su elección de palabras también evidencia una estrategia cada vez más común entre ciertos actores políticos: ante la crítica, optan por desacreditar al interlocutor en lugar de rendir cuentas.
Este caso ilustra la realidad de muchos territorios en abandono, donde la presencia del Estado es prácticamente inexistente. La maestra salió a trabajar, como millones, y se topó con la ley del más fuerte: la del que cobra cuotas, infunde miedo, golpea o desaparece si es necesario.
El Estado, mientras tanto, permanece ausente. La maestra no fue asesinada con armas, pero sí fue condenada por el miedo. Murió tras una amenaza, rodeada de hombres armados, diciendo con angustia: “Con la mafia veracruzana no se juega. Paguen sus cuotas o terminarán como yo”. Esa imagen de impotencia y abandono debería haber sacudido las conciencias, pero el gobierno optó por negar lo evidente.
Nahle, lejos de mostrar empatía, respondió en su conferencia con tono altivo: “Después de ser violentada, desgraciadamente padeció un infarto. Esa fue la realidad, les guste o no les guste”. Y remató: “Es de miserables llevar esto a niveles de escándalo cuando hay una familia enlutada”. Con ello, se dio vuelta al guion: la víctima ya no era Irma, sino la propia gobernadora, víctima —según ella— de una campaña de desprestigio. Así, la muerte de una mujer que solo pedía trabajar se convirtió en un asunto de imagen pública.
La clase gobernante, cada vez más alejada de la realidad, intenta moldear los hechos a través de conferencias mañaneras, monólogos a modo y declaraciones cuidadosamente diseñadas para controlar la narrativa. Sin embargo, por más insistencia en el discurso, las palabras son incapaces de cambiar la tozuda y caprichosa realidad.
La presidenta intentó matizar lo ocurrido con una frase que ya parece muletilla: lamentó el hecho y afirmó que “no queremos que eso ocurra en nuestro país, y para eso trabajamos todos los días”. Sin embargo, a casi un año de haber asumido el cargo, sus palabras suenan cada vez más vacías. La tragedia de Irma no es un hecho aislado, sino el síntoma de una estructura colapsada, especialmente en los niveles más frágiles y desprotegidos del Estado.
Aunque las cifras oficiales presumen una disminución de homicidios dolosos, otras formas de violencia como la extorsión crecen y generan un terror más silencioso, pero igual de devastador. Las autoridades locales no actúan con rapidez; los ciudadanos temen denunciar; y los gobiernos municipales —donde ocurren la mayoría de los crímenes— siguen siendo los eslabones más frágiles de una cadena que no protege a nadie.
El gobierno federal ha anunciado estrategias contra la extorsión: un número único, denuncias anónimas, fortalecimiento de fiscalías. Pero la realidad va más rápido que la burocracia. Ni esos recursos ni los discursos alcanzan para proteger a una maestra, a un taxista o a un pequeño comerciante que sabe que, ante una amenaza, el Estado no responderá a tiempo. Que quien cobra es el crimen, y quien impone las reglas es el miedo.
Como intento de cerrar el caso, la presidenta defendió a Nahle: “La Fiscalía de Veracruz ha hecho un buen trabajo, ya hay detenidos”. Pero la rapidez con la que se anunció justicia despierta sospechas. ¿Fue eficacia real o un montaje para calmar la presión mediática? Si se sabía de la operación de estos grupos, ¿por qué no se actuó antes? ¿Se desarticulará toda la red criminal o bastará con detener a unos cuantos y declarar el caso cerrado, como tantas veces?
A esto se suma una característica cada vez más visible en la clase política mexicana: la hipersensibilidad. Ante cualquier crítica, se confronta al periodismo, se acusa violencia política de género, se descalifica a los medios como parciales o parte de una supuesta «prensa golpista», y se recurre al recurso discursivo de las «campañas de desprestigio». Sin embargo, su estrategia más eficaz no es defender con argumentos, sino victimizarse.
¿Quién es más miserable? ¿El criminal que extorsiona con impunidad a una mujer honesta? ¿La autoridad que minimiza el crimen y se victimiza? ¿O el sistema que obliga a una ciudadana a pagar doble tributo: uno al Estado que no la protege y otro al crimen que sí la castiga? En este México de silencios e impunidad, hay muchos miserables y casi todos están del lado del poder.
-Por Francisco Junco
Con la participación de concesionarios de radio y televisión, representantes de partidos políticos y especialistas del sector público y privado, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo el primer Foro regional sobre la reforma a los lineamientos de protección a niñas, niños y adolescentes, en materia de propaganda y mensajes electorales, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó la modificación de dicha normativa.
El foro, realizado en la Ciudad de México, reunió a concesionarios de radio y televisión, representantes de partidos políticos y especialistas del sector público y privado. Su objetivo principal fue establecer parámetros claros para el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA) en la generación, edición y difusión de imágenes que involucren a menores de edad en la propaganda política y electoral.
Durante la inauguración, la consejera Dania Ravel Cuevas, presidenta del Comité de Radio y Televisión del INE, y representante de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, subrayó que la aparición de niñas, niños y adolescentes en propaganda electoral es un asunto “altamente sensible” que representa un verdadero desafío para la democracia.
“Los avances tecnológicos, en especial el uso de la inteligencia artificial, han transformado la manera de hacer mensajes políticos; sin embargo, también nos han puesto un reto enfrente. Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, puntualizó.
Ravel aclaró que el objetivo de esta reforma no es censurar, sino establecer reglas claras que protejan el interés superior de la niñez. Asimismo, enfatizó que se trata de una responsabilidad compartida entre actores políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y autoridades electorales, para lograr una regulación sólida que responda a la nueva realidad tecnológica y política.
El foro incluyó mesas de diálogo donde especialistas coincidieron en la necesidad de construir un nuevo paradigma de protección integral que contemple el uso de IA y plataformas digitales. Entre los asistentes estuvieron funcionarias como Lorena Villavicencio, del SIPINNA; Patricia González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y académicas de la misma universidad, quienes aportaron una perspectiva jurídica y técnica al debate.
Este foro es el primero de cinco que el INE tiene previsto realizar, uno por cada circunscripción plurinominal, con el fin de construir una normativa sólida y compartida entre actores políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y autoridades electorales, que garantice la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la propaganda política y electoral.
Además, se aprovechó la jornada para abordar también la reforma al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, donde las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey y el consejero Arturo Castillo Loza coincidieron en la urgencia de adaptar el modelo de comunicación política, vigente desde hace 18 años, a las transformaciones tecnológicas y mediáticas del presente.
En concreto, esto es lo que se busca:
– Proteger la imagen y datos personales de las niñas, niños y adolescentes
– Que no se usen fotos, videos o audios de menores sin autorización expresa de padres o tutores.
– Evitar la difusión de información que pueda ponerlos en riesgo o identificar su domicilio, escuela, etc.
– Prevenir manipulación política
– Que no se utilicen imágenes de menores para fines proselitistas o para generar empatía/manipulación emocional hacia un candidato o partido.
– Que no aparezcan en spots, eventos o propaganda con fines electorales.
– Cuidar su integridad psicológica y emocional
– Evitar que sean expuestos a mensajes políticos agresivos, de odio o polarización.
– Que no sean involucrados en debates o controversias políticas.
– Cumplir tratados internacionales
México tiene compromisos derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño que obligan a garantizar su interés superior y protegerlos de cualquier forma de explotación.
Básicamente, la idea es blindar a la niñez y adolescencia de cualquier exposición indebida en campañas electorales, tanto en medios tradicionales como en redes sociales.
