NACIONALES
Los miserables

-Opinión, por Iván Arrazola
El término miserable tiene diversas acepciones: puede referirse a una persona ruin o despreciable, a alguien en situación de extrema pobreza o a algo insignificante. Recientemente, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, utilizó esa palabra —“miserables”— para descalificar a quienes, desde el periodismo y la opinión pública, cuestionaron la versión oficial sobre la muerte de la maestra Irma Hernández, víctima de secuestro y extorsión.
Si bien es posible que la gobernadora haya dirigido el calificativo a quienes intentan lucrar políticamente con la tragedia, su elección de palabras también evidencia una estrategia cada vez más común entre ciertos actores políticos: ante la crítica, optan por desacreditar al interlocutor en lugar de rendir cuentas.
Este caso ilustra la realidad de muchos territorios en abandono, donde la presencia del Estado es prácticamente inexistente. La maestra salió a trabajar, como millones, y se topó con la ley del más fuerte: la del que cobra cuotas, infunde miedo, golpea o desaparece si es necesario.
El Estado, mientras tanto, permanece ausente. La maestra no fue asesinada con armas, pero sí fue condenada por el miedo. Murió tras una amenaza, rodeada de hombres armados, diciendo con angustia: “Con la mafia veracruzana no se juega. Paguen sus cuotas o terminarán como yo”. Esa imagen de impotencia y abandono debería haber sacudido las conciencias, pero el gobierno optó por negar lo evidente.
Nahle, lejos de mostrar empatía, respondió en su conferencia con tono altivo: “Después de ser violentada, desgraciadamente padeció un infarto. Esa fue la realidad, les guste o no les guste”. Y remató: “Es de miserables llevar esto a niveles de escándalo cuando hay una familia enlutada”. Con ello, se dio vuelta al guion: la víctima ya no era Irma, sino la propia gobernadora, víctima —según ella— de una campaña de desprestigio. Así, la muerte de una mujer que solo pedía trabajar se convirtió en un asunto de imagen pública.
La clase gobernante, cada vez más alejada de la realidad, intenta moldear los hechos a través de conferencias mañaneras, monólogos a modo y declaraciones cuidadosamente diseñadas para controlar la narrativa. Sin embargo, por más insistencia en el discurso, las palabras son incapaces de cambiar la tozuda y caprichosa realidad.
La presidenta intentó matizar lo ocurrido con una frase que ya parece muletilla: lamentó el hecho y afirmó que “no queremos que eso ocurra en nuestro país, y para eso trabajamos todos los días”. Sin embargo, a casi un año de haber asumido el cargo, sus palabras suenan cada vez más vacías. La tragedia de Irma no es un hecho aislado, sino el síntoma de una estructura colapsada, especialmente en los niveles más frágiles y desprotegidos del Estado.
Aunque las cifras oficiales presumen una disminución de homicidios dolosos, otras formas de violencia como la extorsión crecen y generan un terror más silencioso, pero igual de devastador. Las autoridades locales no actúan con rapidez; los ciudadanos temen denunciar; y los gobiernos municipales —donde ocurren la mayoría de los crímenes— siguen siendo los eslabones más frágiles de una cadena que no protege a nadie.
El gobierno federal ha anunciado estrategias contra la extorsión: un número único, denuncias anónimas, fortalecimiento de fiscalías. Pero la realidad va más rápido que la burocracia. Ni esos recursos ni los discursos alcanzan para proteger a una maestra, a un taxista o a un pequeño comerciante que sabe que, ante una amenaza, el Estado no responderá a tiempo. Que quien cobra es el crimen, y quien impone las reglas es el miedo.
Como intento de cerrar el caso, la presidenta defendió a Nahle: “La Fiscalía de Veracruz ha hecho un buen trabajo, ya hay detenidos”. Pero la rapidez con la que se anunció justicia despierta sospechas. ¿Fue eficacia real o un montaje para calmar la presión mediática? Si se sabía de la operación de estos grupos, ¿por qué no se actuó antes? ¿Se desarticulará toda la red criminal o bastará con detener a unos cuantos y declarar el caso cerrado, como tantas veces?
A esto se suma una característica cada vez más visible en la clase política mexicana: la hipersensibilidad. Ante cualquier crítica, se confronta al periodismo, se acusa violencia política de género, se descalifica a los medios como parciales o parte de una supuesta «prensa golpista», y se recurre al recurso discursivo de las «campañas de desprestigio». Sin embargo, su estrategia más eficaz no es defender con argumentos, sino victimizarse.
¿Quién es más miserable? ¿El criminal que extorsiona con impunidad a una mujer honesta? ¿La autoridad que minimiza el crimen y se victimiza? ¿O el sistema que obliga a una ciudadana a pagar doble tributo: uno al Estado que no la protege y otro al crimen que sí la castiga? En este México de silencios e impunidad, hay muchos miserables y casi todos están del lado del poder.
JALISCO
Encuesta de Datalink: Sociedad exige equilibrio y no imposición en política de equidad de género

–Por Francisco Junco
La mayoría de los mexicanos percibe que el feminismo ha rebasado los límites y que las políticas de equidad de género que excluyen a los hombres son discriminatorias, según la más reciente encuesta nacional de Datalink, aplicada del 28 al 31 de julio de 2025.
El estudio, que abarcó a personas mayores de 18 años en todo el país, ofrece una radiografía de las percepciones sobre temas sociales, políticos y culturales, revelando tensiones en torno al equilibrio de género, la libertad de expresión y la política económica.
Los resultados reflejan una sociedad que exige inclusión y rechaza medidas impositivas, en línea con los valores de equidad promovidos.
FEMINISMO Y PERCEPCIÓN DE DESBORDE
El 78.1% de los encuestados considera que el feminismo está “desbordado”, frente a un 21.9% que opina lo contrario. Esta percepción es más marcada entre hombres (82.8%) que entre mujeres (73.8%), aunque ambos géneros coinciden mayoritariamente en que el movimiento ha cruzado límites.
La encuesta destaca un creciente malestar ante políticas que, en nombre de la equidad, generan exclusión. “La sociedad busca un equilibrio, no imposiciones que polaricen”, señala el análisis de Datalink, reflejando un deseo de políticas inclusivas que no marginen a ningún grupo.
RECHAZO A LINEAMIENTOS ELECTORALES EN JALISCO
Un punto controvertido son los nuevos lineamientos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, que prohíben a hombres postularse a la presidencia municipal en 2027 en ocho ayuntamientos, como Zapopan y Tonalá, para garantizar candidaturas femeninas.
El 57.8% califica esta medida como un “desprecio a los derechos del hombre”, mientras solo el 16.6% la ve como “justicia social hacia la mujer”. La oposición es más fuerte entre hombres (69.3%) que entre mujeres (47.2%), pero ambos rechazan mayoritariamente la exclusión por género.
“Estas políticas, aunque buscan equidad, son vistas como discriminatorias por no priorizar la meritocracia”, indica el estudio.
POLÉMICA POR “CHICHARITO” HERNÁNDEZ
La encuesta también aborda las declaraciones del futbolista Javier “Chicharito” Hernández, quien generó controversia al sugerir que las mujeres “están fracasando” y deberían enfocarse en roles tradicionales del hogar. Tras críticas y una sanción de la Federación Mexicana de Fútbol por promover estereotipos, Hernández se disculpó.
El 43.9% de los encuestados desaprueba sus palabras, el 26% está parcialmente de acuerdo y el 13.3% las apoya totalmente, mientras que el 16.8% desconoce el caso. Sin embargo, el 60.8% defiende su derecho a opinar, incluso si no comparte su postura, y el 31% califica sus dichos de misóginos pero apoya su libertad de expresión. Solo el 8.2% cree que debería ser castigado. “La sociedad valora la libertad de expresión, aunque critique el contenido”, subraya
PENSIÓN BIENESTAR: ¿JUSTICIA O DISCRIMINACIÓN?
La pensión del Bienestar para mujeres de 60 a 64 años genera división: el 48.3% la considera discriminatoria hacia los hombres, mientras el 51.7% la ve como justicia histórica. Los hombres (54.6%) se sienten más afectados que las mujeres (42.5%). Este programa, diseñado para compensar desigualdades, enfrenta resistencia por su exclusividad de género, evidenciando la necesidad de políticas que equilibren beneficios sin generar percepciones de injusticia.
APROBACIÓN DE FIGURAS POLÍTICAS
La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una sólida aprobación del 71.6%, estable desde octubre de 2024. Tras una ligera caída a 66.2% en marzo de 2025, su apoyo repuntó a 70.7% en abril y se ha mantenido constante, consolidándola como una figura central en la política nacional.
En el ranking de gobernadores, Pablo Lemus Navarro de Jalisco ocupa el puesto 11 con un 53.5%, superando el promedio nacional y destacando entre estados poblados.
Líderes del PAN, como Mauricio Kuri (58.7%) y Tere Jiménez (57.6%), encabezan la lista, mientras gobernadores de Morena como Rocío Nahle (40.0%) cierran el ranking.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, lidera la aprobación de figuras políticas con un 80.3%, seguido por Marcelo Ebrard (69.9%). En contraste, Jorge Álvarez Máynez y Ricardo Monreal enfrentan desaprobaciones superiores al 60%.
INTENCIÓN DE VOTO Y RELACIÓN CON EE.UU.
Si hoy fueran elecciones federales, Morena lideraría con un 45.4% de intención de voto, seguido por el PAN (15.7%), Movimiento Ciudadano (12.2%) y el PRI (7.4%), con un 17.1% de indecisos.
En cuanto a la relación México–Estados Unidos, el 83.5% tiene una imagen negativa de Donald Trump, y el 64.2% apoya responder con un arancel del 30% si Estados Unidos impone esa medida a productos mexicanos. “La percepción negativa de Trump refleja tensiones, pero los mexicanos favorecen una respuesta firme en defensa de los intereses nacionales”, concluye Datalink.
UN LLAMADO AL EQUILIBRIO
La encuesta de Datalink revela una sociedad que valora la equidad, pero rechaza medidas que percibe como impositivas o discriminatorias. La oposición a políticas de exclusión de género, el apoyo a la libertad de expresión y la división sobre programas como la pensión Bienestar reflejan un deseo de soluciones inclusivas.
En el ámbito político, la estabilidad de Sheinbaum y Lemus contrasta con los retos electorales de otros actores. En un contexto global tenso, México busca proteger sus intereses económicos mientras enfrenta debates internos sobre equidad y derechos, un desafío que resonará en las agendas políticas de los próximos años.
NACIONALES
Del montaje a la ignominia: El caso Vallarta y el fracaso del Estado mexicano

-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay historias que condensan en un solo expediente toda la descomposición de un sistema. El caso de Israel Vallarta Cisneros es una de ellas. Después de casi veinte años de prisión, el 31 de julio de 2025 una jueza federal ordenó su liberación al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar las acusaciones.
Vallarta había sido acusado de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, pero lo que en realidad evidenció su expediente fue el uso sistemático del montaje mediático, la tortura y las violaciones al debido proceso como herramientas de control político.
El calvario comenzó el 9 de diciembre de 2005, cuando Vallarta y su entonces pareja, Florence Cassez, fueron detenidos en el rancho “Las Chinatas” en Tlalpan, Ciudad de México. La Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo el mando de Genaro García Luna, montó una recreación del operativo ante las cámaras de televisión. Tres víctimas de secuestro fueron “rescatadas” frente a los reflectores, en un espectáculo cuidadosamente guionizado que fue presentado como prueba de eficacia policial.
El 10 de febrero de 2006, García Luna reconoció que la detención y el rescate habían sido montados. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Francia protestó por el trato a Cassez, su ciudadana, y tras años de litigio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación en enero de 2013, al considerar que su proceso estaba viciado de origen. Vallarta, en cambio, quedó hundido en la maquinaria judicial.
Durante años, Vallarta denunció torturas para arrancarle confesiones y la fabricación de pruebas. La reciente sentencia de la jueza Mariana Vieyra Valdés, Tercera de Distrito en Materia Penal del Estado de México, le dio la razón: el montaje televisivo y las violaciones al debido proceso invalidaron las pruebas en su contra. Vieyra anuló los testimonios de las víctimas, obtenidos bajo coacción, así como el parte informativo de la captura, las diligencias de reconocimiento en cámara Gesell y la confesión ministerial rendida bajo tortura en 2005. Incluso desechó las declaraciones de David Orozco Hernández “El Géminis” y Dither Camarillo Palafox “Tauro”, quienes confesaron ser miembros de “Los Zodiaco” pero no ratificaron sus dichos ante el juez.
El fallo es contundente: “Se advirtió un efecto corruptor en el proceso derivado de la escenificación ajena a la realidad, que violentó los derechos de los inculpados y de las víctimas”. Vieyra recordó que el montaje fue auspiciado por medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que contaminó el proceso de manera irreversible.
Pero mientras Vallarta pasaba casi dos décadas en prisión, los responsables directos de esas ilegalidades siguieron escalando posiciones o disfrutando de la impunidad. Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, y Francisco Javier Garza Palacios, ambos exdirectores de la AFI, fueron señalados por Vallarta como los principales responsables de su calvario. También Jorge Rosas García, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SEIDO, y el exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca. Algunos enfrentan procesos por otros delitos, pero ninguno ha rendido cuentas por el montaje que destruyó la vida de Vallarta.
Al salir del penal del Altiplano, Vallarta pidió perdón a las víctimas de los secuestros que se le atribuyeron. No por aceptar una culpa inexistente, sino porque entendía que ellas también fueron violentadas por la manipulación de las autoridades. “Las víctimas que son víctimas, porque hay algunas que no lo son, que se sientan lastimadas y agredidas, yo les ofrezco una disculpa, no por mí, sino por las acciones de los malos policías, que por sacar un trabajo que no hicieron, utilizaron las mentiras”, dijo.
Aseguró que no se esconderá ni abandonará el país. También adelantó que analiza interponer una demanda contra el Estado mexicano por los daños ocasionados por casi veinte años de prisión. “Si prospera la de tortura, pues le van a dar de 3 a 4 años a Cárdenas Palomino; yo estuve 20, ¿cómo que no es válida la balanza, ¿no?”, cuestionó. Vallarta lo tiene claro: su caso no es un triunfo, es apenas el reconocimiento tardío de una injusticia monumental.
El caso Vallarta es más que un expediente judicial: es la radiografía de un sistema que privilegia la narrativa sobre la verdad. En mayo de 2024, tras 18 años, se cerró la instrucción del juicio, y en julio la FGR pidió 430 años de prisión por delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
La cifra era tan absurda como simbólica: una condena ejemplar para encubrir el fracaso institucional. Pero el castillo de naipes se derrumbó: la jueza concluyó que las pruebas eran insostenibles y absolvió a Vallarta.
El contraste con el caso Cassez es brutal. La Suprema Corte la liberó en 2013 por las mismas irregularidades, pero dejó a Vallarta en prisión. La diferencia era política y mediática: Francia presionó por su ciudadana; Vallarta era mexicano y pobre. La doble moral del Estado quedó exhibida.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a anticipar en 2021 que Gobernación podría solicitar la liberación de Vallarta si encontraba elementos suficientes. La Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Olga Sánchez Cordero, anunció en 2019 que revisaría el caso. Pero pasaron seis años más antes de que un tribunal actuara.
La liberación de Vallarta no repara el daño, pero deja varias lecciones. La primera: el montaje mediático como herramienta de control sigue vigente. La segunda: las instituciones mexicanas, incluidas la FGR y el Poder Judicial, operan más como engranajes de simulación que como garantes de justicia. La tercera: mientras no haya consecuencias para los funcionarios que fabrican culpables, la historia se repetirá.
El caso Vallarta debe ser un parteaguas, pero el pesimismo es inevitable. La FGR ya ha demostrado que prefiere salvar la cara antes que reconocer errores. Los políticos, de cualquier partido, siguen usando la seguridad pública como espectáculo. Y los medios que transmitieron el montaje en 2005 apenas si han hecho un mea culpa.
El sistema judicial mexicano está enfermo, y el expediente Vallarta es su radiografía más cruel: un hombre destruido, víctimas revictimizadas, instituciones deslegitimadas. Nada de esto es nuevo. Lo grave es que todo sigue igual.
La pregunta incómoda es cuántos Vallarta más existen en prisión, sin cámaras ni embajadas que exijan su liberación. Y lo peor: a quién le importa. Porque en un país donde el espectáculo sustituye a la ley, la justicia no llega. Se administra, se negocia o, en el mejor de los casos, se concede como una gracia tardía.
En X @DEPACHECOS
JALISCO
Altagracia Gómez

-De Frente al Poder, por Óscar Ábrego
Quienes me conocen saben muy bien que tengo una fascinación por la gente exitosa.
Y es que las mujeres y hombres de éxito cuentan con una serie de recursos mentales y emocionales que no todas las personas poseen o logran desarrollar.
De hecho, una de mis mayores alegrías es que mis mejores amistades y vínculos afectivos, se ligan a quienes hacen de su vida una experiencia trascendente.
Así pues, no tengo empacho en hacer pública mi admiración por las personas felices y triunfadoras.
Lo anterior viene a cuenta porque en el campo de la política es poco común atestiguar la incursión, en especial de una mujer joven, que vaya acompañada del prestigio empresarial.
Altagracia Gómez dio un salto cuántico ante los ojos de la opinión pública cuando fue nombrada asesora de la presidenta Claudia Sheinbaum como titular del Consejo Asesor Empresarial, y cuya función primordial es ofrecer asesoría estratégica para la elaboración y ejecución de planes en materia de políticas que impulsen el crecimiento económico del país.
No se trata de cualquier rol; es un papel de la más alta relevancia en un entorno internacional tan complejo e impredecible como lo es Donald Trump.
Nunca he tenido la oportunidad de conocerla; sin embargo, me aseguran que es alguien verdaderamente comprometida con la causa que abandera y que tanto su carácter como temperamento son compatibles con los de la familia de la que proviene; es decir, lo menos que se puede esperar de ella es seguridad, formalidad y arrojo.
Hace días asistió a un encuentro de mujeres emprendedoras en el que expuso la importancia de la intervención femenina en las decisiones clave del gobierno.
“Cuando hay cosas que parezcan imposibles o situaciones que parezcan insuperables, falta poner una mujer mexicana al frente para ver cómo se superan, y en eso creo que lo han hecho excelente las madres de familia mexicanas, lo han hecho excepcionalmente las empresarias mexicanas. Hoy tenemos el primer consejo asesor presidencial con mayoría de mujeres, y lo han hecho excelentes las líderes que han surgido de distintos ámbitos, ¿no? A niveles municipales, estatales, nacionales.”, dijo.
Uno de sus promotores más entusiastas, actual funcionario estatal y que fue colaborador cercanísimo a su padre Raymundo Gómez Flores, trabaja casi obsesivamente por sembrar la percepción en el llamado “círculo rojo”, que puede ser una buena opción como candidata de Morena al gobierno de Zapopan.
Yo difiero.
Considero que el aporte de Altagracia Gómez Sierra está en la cancha nacional con un enfoque global.
Personalmente la visualizo muy cerca de Claudia Sheinbaum en virtud de que su sola presencia le da un toque de frescura institucional al gobierno de la Cuarta Transformación.
Francamente no la imagino, al menos no en las próximas elecciones, haciendo campaña en colonias como las Mesas Coloradas, Tetlán o El Bethel, por citar algunas de las más representativas de la carencia y falta de servicios.
Por eso estoy convencido de que su contribución a México tiene un alcance más significativo al lado de la mandataria.
Ahora bien, hay que decirlo con toda claridad: si hay un perfil que necesitamos no solo en Jalisco, sino en el país, es el de ella.
Pase lo que pase con su carrera en los ámbitos público y privado, es de ese tipo de liderazgos femeninos que merecen toda nuestra consideración.
Ojalá que algún día tenga el privilegio de decírselo en persona.
@DeFrentealPoder
*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.