-Por Gabriel Ibarra Bourjac

Como desafortunada calificó el titular de la Comisión de Búsqueda de personas en Jalisco (COBUPEJ), Víctor Hugo Ávila Barrientos la afirmación del investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero de que Jalisco podría estar ocultando desaparecidos para no dañar la imagen del Mundial de Futbol.

Al rechazar en forma categórica este señalamiento, expresó que “cuando una persona reporta una desaparición, recibe una constancia de registro. Con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD) ocurre lo mismo. Es un documento oficial que no se puede deshacer. Todo está en nuestra página, accesible y público”, argumenta Víctor Hugo Ávila Barrientos.

“La transparencia de los registros, disponibles para consulta, desmiente cualquier intento de ocultar datos”, remarcó Víctor Hugo Ávila al solicitar derecho de réplica a Conciencia Pública para hacer precisiones en torno a lo señalado por el académico Víctor Manuel González Romero en la edición anterior (Número 800 de Conciencia Públicas).

Firmada por el reportero Mario Ávila la nota publicada el pasado 27 de julio en Conciencia, se esaltó: “Ahora, la mayor preocupación del ex rector de la UdeG, González Romero, es que con la cercanía de la Copa del Mundo 2026, en la que Jalisco será anfitrión, “van a desaparecer más aún a los desaparecidos, me preocupa que con este evento internacional las autoridades consideran que la cédula se ven feas y cuando peguen los colectivos cédulas las van a desaparecer cuando lo que deberían hacer es otra cosa”.

En la entrevista Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, responde a las afirmaciones del investigador Víctor Manuel González Romero, quien señaló a Jalisco como líder nacional en desaparecidos e impunidad.

Víctor Hugo Ávila aborda estas críticas con datos, transparencia y un enfoque humanitario, destacando los esfuerzos de la Comisión para localizar personas, prevenir violencias y garantizar información pública.

En un contexto de dolor y complejidad, la Comisión se posiciona como un pilar de confianza para las familias, dijo.

JALISCO Y EL LIDERAZGO EN DESAPARECIDOS

Víctor Manuel González Romero afirmó que Jalisco lidera en número de desaparecidos e impunidad, con un promedio de 3,000 casos anuales. Ávila no refuta la cifra, confirmando que, con ligeras variaciones, el estado registra alrededor de 3,000 desapariciones por año.

Según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, al 30 de junio de 2025, se reportan 19,063 personas localizadas y 15,728 aún desaparecidas desde diciembre de 2018. Sin embargo, Ávila enfatiza que la Comisión trabaja intensamente para reducir estas cifras, con estrategias que combinan tecnología, análisis contextual y colaboración con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD).

“Los números son claros y están disponibles en nuestra página. No negamos la magnitud del problema, pero estamos actuando con transparencia y compromiso”, asegura.

El Registro Estatal, a diferencia del nacional, cruza datos con la (FEPD) y usa algoritmos para evitar duplicaciones, ofreciendo una imagen más precisa de la realidad en Jalisco.

Ávila reconoce que el Registro Nacional presenta fallas técnicas, como duplicaciones (ejemplo el caso de un italiano registrado ocho veces), y la Comisión trabaja con la Comisión Nacional para corregirlas antes de cargar datos previos a marzo de 2025.

DIFUSIÓN DE CÉDULAS DE BÚSQUEDA

El investigador criticó la falta de difusión de las cédulas de búsqueda, sugiriendo que solo se publican en la página de Facebook de la Comisión. Ávila Barrientos desmiente esto, detallando que las cédulas se exhiben en pantallas de estaciones de Mi Tren, Mi Macro y paradas de camiones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como en recaudadoras de varios ayuntamientos.

Además, la página web de la Comisión (abierta y pública) permite buscar personas por nombre, municipio, sexo o edad, con un código QR en cada cédula que dirige a un formulario para reportar información, incluso de forma anónima. “Esto protege a las familias de extorsiones, ya que antes modificaban cédulas con números personales, lo que generaba riesgos”, explica.

La plataforma también ofrece un archivo Excel descargable con el registro completo de 34,000 casos (localizados y no localizados), actualizado mensualmente. “Ni la Comisión Nacional hace esto. Cualquier periodista, académico o familia puede dar seguimiento a los folios, que son irrepetibles. Solo borramos un caso si la desaparición ocurrió en otro estado y se remite el expediente”, subraya Ávila, destacando la transparencia total de Jalisco.

RETRASOS EN REPORTES

González Romero señaló que los reportes de desaparición tardan siete meses en registrarse, lo que implica que los casos de 2025 se conocerían hasta 2026. Ávila aclara que este retraso no es institucional, sino que depende de las familias, quienes a veces reportan desapariciones semanas, meses o incluso años después.

Por ejemplo, en junio de 2025 se registraron 274 casos, pero solo 242 ocurrieron en 2025; el resto data de 2010 a 2024, incluyendo un caso de 1975. Esto se debe a que las familias buscan acceder al juicio de declaración especial de ausencia para resolver temas legales, como créditos o custodias, lo que requiere un reporte oficial. “De 1,857 registros en esta administración hasta junio, 1,394 son de 2025. Solo un 15% son de temporalidades previas”, precisa.

TENDENCIAS Y PREVENCIÓN

González Romero afirmó que las desapariciones no muestran cambios, mientras los homicidios han disminuido un 30% en Jalisco, superando la baja nacional del 17%. Ávila presenta datos que contradicen esta percepción: entre diciembre de 2018 y junio de 2025, se reportaron 1,874 desapariciones, frente a 2,819 en el mismo periodo de 2019, lo que indica una baja significativa.

La tasa diaria de desapariciones es de 9 (no 12, como afirmó el investigador), con un 55% de localizaciones (5 de cada 9). “Nuestros datos, disponibles públicamente, muestran una disminución. Trabajamos con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD) en campañas de prevención, especialmente para jóvenes de 15 a 29 años, el grupo más afectado, donde uno de cada cuatro es mujer”, detalla.

La comisión y la FEPD han identificado que el 74% de las desapariciones no involucran un “levantón” típico, sino violencias previas como abuso doméstico o sexual. Solo el 24% está ligado a un delito inicial, y de este, solo el 11% corresponde a desaparición forzada o por particulares; el 13% restante incluye feminicidios o secuestros.

“Prevenir desapariciones significa prevenir violencias. Es un camino largo y complejo”, explica Ávila. Para abordar los enganches de jóvenes, la FEPD lanzó campañas enfocadas en redes sociales y ofertas de trabajo falsas, socializadas con la Secretaría de Educación.

Los puntos de encuentro han cambiado de centrales camioneras a tiendas de conveniencia (como OXXO y Seven Eleven), lo que ha llevado a ajustar estrategias. Además, la comisión evita publicar ciertos detalles (como el uso de huellas para identificar cuerpos) para no alertar a los perpetradores, quienes han comenzado a mutilar cuerpos para dificultar identificaciones.

UN LLAMADO A LA SOCIEDAD

Ávila concluye con un mensaje claro: la solución requiere la participación de todos. “La sociedad debe estar atenta a nuestras publicaciones y reportar cualquier error o duda. La transparencia es nuestro pilar. Este problema no lo resolverá un solo gobierno o estado; es un proyecto nacional de largo plazo”, insiste.

Reconoce que el crimen organizado, más allá de las drogas, incluye trata, extorsión y otros delitos, lo que complica las estrategias. Sin embargo, destaca el compromiso de Jalisco, con un registro robusto, tecnologías innovadoras y un enfoque humanitario que da esperanza a las familias.

UN ENFOQUE HUMANITARIO Y TECNOLÓGICO ANTE LA CRISIS DE DESAPARECIDOS EN JALISCO

La desaparición de personas es una de las crisis más dolorosas de México, y Jalisco enfrenta este desafío con humanidad y tecnología.

En entrevista, Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco (COBUPEJ) desde julio de 2022, detalla los avances para localizar a las personas desaparecidas, prevenir las violencias que las generan y acompañar a las familias.

Con un enfoque innovador y el respaldo del Gobierno del Estado, la comisión se posiciona como un referente en estos menesteres de búsqueda de personas desaparecidas.

CRECIMIENTO DE LA COMISIÓN

Creada en 2018 bajo el modelo de la comisión nacional, la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco ha crecido notablemente. En el inicio de la administración de Enrique Alfaro, tenía tres empleados; en 2022, cuando Ávila asumió, eran 57, y hoy son 180, con 50 más en contratación y 12 para una nueva oficina en Puerto Vallarta, que se suma a la de Lagos de Moreno.

Este fortalecimiento, respaldado por reuniones mensuales del gobernador con colectivos de familias, refleja el compromiso para abordar una “pesadilla diaria” para quienes buscan a sus seres queridos.

ENFOQUE HUMANITARIO

La Comisión se define como humanitaria, enfocada en buscar y localizar personas, dejando la persecución de delitos a la Fiscalía. “Nuestro propósito es acompañar a las familias”, asegura Ávila.

Este enfoque genera confianza mediante una atención integral que incluye transporte, apoyo médico y psicológico durante las búsquedas. La colaboración diaria con la con la Fiscalía Especial de Atención de Personas Desaparecidas (FEPD), permite reportar localizaciones en tiempo real.

“Nos distingue que llevamos a las familias en nuestros vehículos y les brindamos apoyo completo”, destaca Ávila, marcando una diferencia con otros estados.

TECNOLOGÍA PARA FOSAS CLANDESTINAS

Desde 2023, la Comisión impulsa un proyecto pionero para detectar fosas clandestinas, con espacios experimentales en El Salto y Cajititlán, cada uno con 16 fosas simuladas. Usa drones con cámaras multiespectrales, adaptadas de la agricultura, y cámaras térmicas que detectan suelos removidos por su enfriamiento en la madrugada.

En un predio, la resistividad eléctrica halló 24 bolsas con restos y tres cuerpos en tres horas, frente a semanas que tomaba antes. Otro caso identificó tres cuerpos adicionales con cámaras térmicas. Hasta ahora, se han recuperado más de 40 cuerpos, optimizando búsquedas al priorizar áreas clave.

El proyecto, con la Universidad de Guadalajara, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la UNAM, Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial, A.C., de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, universidades de Oxford y Leicester, produjo un libro con 21 artículos científicos en 2024.

Una tercera etapa opera en el CU-Valles en Zapopan. “Adaptamos tecnologías para localizar fosas con precisión, y ya las aplicamos”, afirma Ávila.

IDENTIFICACIÓN DE CASOS ANTIGUOS

La Comisión desarrolló una metodología de análisis contextual para identificar restos en fosas, especialmente casos de larga data. En colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses, han restituido 12 cuerpos y tienen 150 en espera de pruebas genéticas. “Extraemos datos del contexto para dar posibles identidades, atendiendo una demanda clave de las familias”, explica Ávila, cuya metodología será publicada en el Periódico Oficial.

REGISTRO DE DESAPARECIDOS

El Registro Estatal, con 19,063 personas localizadas y 15,728 desaparecidas al 31 de julio de 2025, es la base más precisa de Jalisco. A diferencia del Registro Nacional, con solo 9,000 localizados y duplicaciones, Jalisco usa algoritmos para corregir inconsistencias.

Desde marzo de 2025, Jalisco alimenta el Registro Nacional, pero enfrenta retos para cargar datos previos al 2022 por fallas técnicas. “Queremos un registro útil para la búsqueda, no un archivo con errores”, subraya Ávila.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS

Aunque no es su atribución directa, la Comisión genera datos para prevenir violencias. Mapas de calor vinculan desapariciones con violencia intrafamiliar, abuso doméstico y precariedad laboral. “La desaparición es un subproducto de cadenas de violencias. Proveemos datos a Educación, Salud y ayuntamientos”, dice Ávila.

Reconoce al crimen organizado como un factor clave, pero su enfoque es la búsqueda, no la persecución del delito.

UN DESAFÍO GENERACIONAL

Ávila compara el problema con la estabilización de la sobrepoblación, que tomó décadas. “Es un esfuerzo transexenal. Ningún estado lo resolverá solo; requiere un proyecto nacional de una década”, sentencia. Elogia el programa de fortalecimiento del carácter de la Secretaría de Educación, pero insiste en que los padres y la sociedad deben asumir su rol frente a un crimen organizado que permea todo. La adicción a redes sociales, similar a un síndrome de abstinencia, agrava el panorama. “La educación ayuda, pero no sustituye a los padres”, agrega.

COMPROMISO Y ESPERANZA

El respaldo del gobierno, con recursos para personal y oficinas, muestra una voluntad política que Ávila valora. Las reuniones con colectivos fortalecen la confianza. La Comisión no solo busca cuerpos, sino que da esperanza, capacitando a la Fiscalía de Zacatecas y colaborando con universidades extranjeras. “Nuestros resultados trascienden Jalisco”, asegura Ávila.

-Por Mario Ávila

Un llamado a la prudencia y a esperar el resultado del proceso de reestructuración en el SIAPA, anunciado por el gobernador Pablo Lemus, es el que lanzó la diputada presidenta de la comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, a los diputados de oposición que se han adelantado a pedir la destitución del director general del OPD, Antonio Juárez Trueba.

Aseguró la legisladora de Movimiento Ciudadano, que para el gobernador es una prioridad que el SIAPA mejore, que se rindan cuentas y que se pueda instrumentar un plan de reestructuración en aras de mejorar la calidad y el abasto del agua, “pero mediante una propuesta técnica, no politizada, en la que la intención sea llevar agua de calidad a las casas, no agua a su molino”.

Dijo entender que en estos momentos en el SIAPA se han estado resolviendo de manera prioritaria, los temas urgentes y de contingencia que tiene que ver con el temporal de lluvias, como el desazolve, el mantenimiento a las plantas de tratamiento, la atención de las fugas e incluso los socavones que han surgido en distintos puntos de la Zona Metropolitana.

Pero al mismo tiempo planteó la necesidad de que la reestructura del SIAPA arranque a la brevedad, con pasos firmes sólidos, “pero sí es un tema que es prioritario para el gobierno y que como lo mencionamos cuando se platicó y se aprobó el dictamen en el Congreso del Estado, el camino para mejorar el SIAPA comenzó justo ese día, con la aprobación de la tarifa”.

Pero el aumento a la tarifa dijo-, no lo es todo para nosotros, lo más importante es lograr la reestructura, lograr que la gente tenga agua, dar pasos firmes hasta el sostenimiento y el abasto de agua que se merecen todas las personas y que por primera vez estemos abordando este tema de manera integral, no solamente hablando de una tarifa.

Gaby Cárdenas, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda de la LXIV Legislatura, dijo ser de la idea de que más vale tomar decisiones difíciles, que a lo mejor populares. Por tanto, recordó que desde el Poder Legislativo ya había instruido al SIAPA, de arrancar con una auditoría interna y externa también, “no solamente a través de su órgano interno de control, nosotros creemos que si algo está mal, aunque sea una decisión difícil, se tiene que cambiar; ya lo habíamos planteado antes de que cualquier noticia saliera”.

Recordó que la noticia de Eli Castro (una aviadora con sueldo de 74 mil pesos mensuales) “salió al día siguiente de la aprobación de nuestro dictamen, entonces la reestructura del SIAPA tendrá que tener una reingeniería organizacional de personal, de infraestructura administrativa, financiera, por supuesto, y yo no quisiera adelantarme a darte una opinión sobre la petición de destitución del director, que a final de cuentas sería personal, sino hasta ver todos los resultados de las auditorías, de las propuestas y el diagnóstico y saber en dónde estamos parados”, expuso.

Y sobre la segunda información relevante que se conoció en los últimos días sobre el SIAPA y que tiene que ver con la propuesta de incremento de las tarifas de hasta el 200% ara el año 2026, la diputada Gabriela Cárdenas planteó: “Aunque el consejo tarifario haya dicho que el agua deberá costar 28 pesos el metro cúbico, lo que representa un incremento del 200%, el Congreso tiene la soberanía para decir que no sube en ese porcentaje”.

Y el SIAPA tendría que atender -sentenció-, que el Congreso es la autoridad soberana para definir en qué queda la tarifa, y también lo dejamos claro en un artículo transitorio, que no podrá exceder en los próximos años los precriterios económicos o el entorno de la política económica; aunque el SIAPA quiera cobrar más caro el agua, mientras que la situación económica de las familias no sea favorable, tendrá que subir en razón de las posibilidades que tengan las familias.

Descarta intención de privatizar al SIAPA

A la pregunta expresa de si se debe ir o no en estos momentos, el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, la respuesta puntual de la diputada, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, fue: “Mi opinión es que debemos esperar los procesos de la auditoría y todo lo que eso implica, para que el gobernador tome las decisiones que tenga que tomar”.

En otro tema, sobre las voces que se han dejado escuchar ante esta situación crítica que vive el SIAPA, en el sentido de que el objetivo del gobierno en turno sea buscar llegar a un modelo de privatización del organismo, la respuesta de la legisladora naranja fue tajante: “Yo no lo veo así”.

Y se explicó: “Yo no he recibido, ni como diputada, ni como presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, ninguna iniciativa al respecto; al final de lo único que sí tenemos claridad desde que arrancó el gobierno, es que el tema del agua es una prioridad del gobernador, porque era insostenible lo que ya estábamos viviendo, por eso se hicieron inversiones importantes en el sexenio pasado, para generar el abasto del agua; ahora habrá que distribuirla a los hogares, pero de cualquier manera habrá que analizar, en caso de que existiera alguna posibilidad, la viabilidad de esa iniciativa, pero hasta este momento no hemos recibido una propuesta en la materia”.

Diagnóstico, el 1 de septiembre y plan de acción el 1 de octubre

La legisladora naranja, Gaby Cárdenas, recordó parte del contenido de los artículos transitorios que quedaron plasmados en el dictamen aprobado el pasado 3 de julio, cuando se aprobó también el incremento del 9.54% a la tarifa del agua para el año 2025, en donde destacan las fechas fatales del 1 de septiembre y 1 de octubre para que el SIAPA presentara al Poder Legislativo un diagnóstico y un plan de acción integral, respectivamente.

Es decir, primero se deberá entregar al Congreso del Estado un diagnóstico integral y de planeación y posteriormente un plan de acción integral, en el que se especifiquen puntualmente metas concretas, indicadores, plazos definidos y nombres de los responsables institucionales.

Así mismo, se obliga al SIAPA a entregar a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado, un informe trimestral con la finalidad de dar seguimiento a los avances en torno al plan de acción específico que ellos mismos se hayan trazado.

Sin embargo, también en los artículos transitorios aparece el compromiso obligatorio de que el SIAPA, previa previsión presupuestal, deberá realizar una auditoría externa integral.

Otros más de los compromisos que se le endilgaron al SIAPA desde el Congreso del Estado, al momento de autorizarle el incremento 2025, tienen que ver con reforzar su área de atención ciudadana; diseñar e implementar un programa de captación pluvial a través de los “nidos de lluvia” y llevar a cabo campañas permanentes de concientización y educación sobre el cuidado del agua.

También se establece en las enmiendas a la ley que, en caso de servicio intermitente, nulo o de mala calidad de agua, se garantizará el acceso al agua potable de forma regular, continua y gratuita, mediante la dotación de pipas, carros tanque, hidrantes provisionales o tinacos.

-Por Mario Ávila

La diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, de la fracción parlamentaria Futuro en la LXIV Legislatura de Jalisco, advierte que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) podría estar encaminándose hacia la privatización, siguiendo el modelo neoliberal de los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC).

En entrevista, Cárdenas Méndez denuncia que los derechos ciudadanos, como el acceso al agua, se convierten en negocios al privatizar servicios públicos, un patrón que observa en el transporte, el alumbrado y la recolección de basura.

PRIVATIZACIÓN SILENCIOSA DEL AGUA

Tonantzin Cárdenas alerta que el SIAPA sigue una ruta conocida de privatización parcial, con contratos multianuales que comprometen recursos públicos por décadas. Cita el caso del saneamiento de la Cuenca del Ahogado y la concesión de la cobranza a una empresa privada como ejemplos claros. “Esta película ya la vi. Los gobiernos de MC mercantilizan todo, convirtiendo derechos en negocios”, sentencia.

Compara esta tendencia con el transporte público, gestionado por concesionarios privados que evaden responsabilidades, y la recolección de basura, concesionada durante décadas a la empresa española Caabsa, a pesar de ser un servicio municipal esencial.

En Zapopan, destaca el contrato de 18 años con Power Sinergia, S.A. de C.V., para el alumbrado público, que costará al municipio 4,212 millones de pesos (234 millones anuales, 19.5 millones mensuales). “Estos servicios deberían ser provistos por el Estado, no por privados que priorizan la oferta y la demanda, afectando a los más vulnerables”, critica.

Para Cárdenas, el SIAPA podría seguir este camino, comprometiendo un derecho humano fundamental como el acceso al agua.

INEQUIDAD Y SED EN EL DISTRITO 4

Como representante del distrito 4 de Zapopan, uno de los más desiguales del municipio, Cárdenas subraya las carencias en el suministro de agua. “La gente dice: ‘Pagaría feliz el aumento, pero si me llegara el agua’”, relata.

La legisladora de Futuro se opuso al incremento de tarifas del 9.54% para 2025, aprobado por mayoría en el Congreso, no por rechazo automático, sino porque considera que los ajustes deben ser proporcionales a la inflación y acompañados de transparencia. “Nadie niega que el SIAPA necesita recursos, pero el problema es la opacidad y la ineficiencia en la gestión”, afirma.

Cárdenas señala casos de corrupción y conflictos de interés dentro del organismo, como el de Eli Castro, y cuestiona la idoneidad de los perfiles en cargos clave. “Si hay funcionarios sin experiencia técnica, los jaliscienses tenemos derecho a cuestionar qué pasa con los recursos y por qué el organismo ha sido un botín político durante los últimos dos sexenios”, denuncia.

La opacidad, sumada a la falta de agua en comunidades vulnerables, agrava la desconfianza ciudadana.

REESTRUCTURACIÓN, NO CABEZAS POR CABEZAS

Sobre la posible destitución del director general del SIAPA, Cárdenas evita señalar culpables sin un análisis profundo. “No se trata de cortar cabezas por imagen. Si el director es responsable de anomalías, que se le sancione, pero debe revisarse perfil por perfil”, plantea.

Una reingeniería seria, dice, revelaría si el problema radica en la dirección o en la estructura general del organismo. “Despedir al director y decir que todo está resuelto es engañar a los usuarios. Necesitamos una reestructuración de fondo”, insiste.

Cárdenas también critica la postura del gobernador Pablo Lemus, quien afirmó que “sobre su cadáver” se aprobaría un aumento del 200% en las tarifas para 2026. “Si Lemus cambió de opinión, que lo diga con honestidad. Frases como ‘sobre mi cadáver’ solo buscan titulares, pero no garantizan agua para la gente”, sentencia.

Para la diputada, estas declaraciones reflejan una narrativa discursiva que no aborda los problemas estructurales del Siapa.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA URGENTE

Cárdenas propone reorientar el presupuesto público hacia obras que resuelvan problemas de fondo, como la renovación del drenaje en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se pierde hasta el 30% del agua por fugas en tuberías obsoletas. “No se trata de obras vistosas para la foto, sino de infraestructura que no se ve, pero que es vital”, subraya.

Junto con su bancada y aliados de Morena, PT y Hagamos, impulsará que el Congreso priorice estas inversiones en los próximos presupuestos.

UN LLAMADO A LA TRANSPARENCIA

La legisladora enfatiza que el agua es un derecho humano, no un negocio. La posible privatización del SIAPA, ya sea total o parcial, amenaza con agravar la desigualdad, especialmente en comunidades como el distrito 4, donde el acceso al agua es limitado. “El Estado debe garantizar servicios básicos, no delegarlos a privados que priorizan ganancias”, afirma.

Su crítica al modelo neoliberal de MC pone en el centro la necesidad de un SIAPA transparente, eficiente y enfocado en los ciudadanos.

Cárdenas urge a revisar la gestión del organismo, combatir la corrupción y garantizar que los recursos se destinen a mejorar el suministro. “No estamos en contra de ajustes tarifarios justos, pero deben ir de la mano con resultados visibles para la gente”, concluye.