JALISCO
Alteños vs. gobiernos: Pretendido despojo del agua altera la tranquilidad alteña
Por Remberto Hernández Padilla /(*)
Todo comenzó el viernes 23 de Febrero de 1990 cuando el gobierno federal determinó realizar estudios para el aprovechamiento de las aguas de la Cuenca del Río Verde; desde entonces ha habido una serie de acuerdos, decretos y convenios de coordinación entre las dependencias de la propia federación y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato.
La tradicional falta de información del gobierno a la ciudadanía no permitió el conocimiento de documentos importantes –algunos de ellos contradictorios y hasta tendenciosos – como el Decreto del lunes 3 de abril de 1995, que reserva las aguas nacionales superficiales del Río Verde para usos doméstico y público urbano. Y, el Acuerdo de Coordinación de Mayo de 1997, entre el Ejecutivo Federal y los ejecutivos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para el aprovechamiento integral de las aguas del Río Verde. Sobresalió el Convenio de coordinación del martes 16 de Octubre de 2007, que consistía en el programa especial para estudios, proyectos, construcción y operación del Sistema Presa El Zapotillo y Acueducto el Zapotillo – Los altos de Jalisco – León, Guanajuato-. Este Convenio despertó gran animadversión entre los alteños, dado que contemplaba que la cortina de la presa tuviera una altitud de 105 metros, lo que provocaría la inundación de las localidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; ante ello los pobladores de esas comunidades, en su defensa, emprendieron una lucha, hasta religiosa, en contra la construcción de la referida presa.
AGUA ÚNICAMENTE A LEÓN
Cuando en el año 2010 el organismo de Cuenca Lerma, Santiago Pacífico hizo públicas las bases para un “Concurso Público Internacional consistente en el Acueducto El Zapotillo – Los Altos de Jalisco – León, Guanajuato-; y para la prestación del servicio hidráulico, que preveía el suministro de agua en bloque potabilizada al municipio de León; así como la preparación de los sitios de conexión para los municipios de los altos de Jalisco”. El texto (entrecomillado) es oficial y muy claro: llevar agua a León, no tomando en cuenta el surtir del vital líquido a la región alteña e ignorando totalmente a Guadalajara.
EL RECLAMO ALTEÑO
Ante el justo reclamo de los alteños, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que el proyecto El Zapotillo quedara debidamente integrado; fue sí que el lunes 19 de septiembre de 2011 se otorgó la concesión y prestación del servicio, por 25 años, al grupo español “Abengoa” al que se le asignó el compromiso del terminado del proyecto integral, así como la construcción, equipamiento, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura para que suministrara agua potable a municipios de la región de Los Altos de Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato y a la Zona Conurbada de Guadalajara.
El grupo encabezado por Abengoa-México había cumplido con los requisitos financieros y técnicos señalados en el Concurso Público Internacional y garantizado su cumplimiento; había presentado la propuesta económica de 4 mil 569 millones de pesos, (otra propuesta había sido por un monto de 12 – mil 156 millones de pesos) por lo que la Conagua emitió el fallo a favor de Abengoa, a la que se le otorgó la concesión. Muy pronto se hicieron presentes los problemas entre los gobiernos: federal y estatales con la empresa trasnacional, porque hubo un marcado incumplimiento que dejó la obra a medias para luego renunciar a su compromiso; pero ese tema es diferente al que aquí nos ocupa.
LA POSICIÓN DE LOS ACTORES POLÍTICOS
El creador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, había exteriorizado un importante compromiso en un acto en Salamanca, Guanajuato, el lunes 1 de octubre de 2018, cuando expresó: “No se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de cortina de la presa y vamos a tener un acuerdo con el gobierno de Jalisco”.
Y, en plena campaña política el candidato del Movimiento Ciudadano (MC), al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, había exteriorizado que “Las aguas son nacionales, sí, pero es territorio de Jalisco, y es momento de que se pueda levantar la voz y mandar un mensaje claro de que no vamos a dejar que pisoteen los intereses de nuestro estado”…“Entendemos que es un despropósito que el gobernador sencillamente permita este abuso de la federación, construyendo una presa en territorio de Jalisco para resolver un problema de León cuando Los Altos y Guadalajara no tienen resuelto su problema de abasto de agua”.
PROTESTA POR UN MALHADADO ACUERDO
A bombo y platillo celebraron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato una firma que pregonaron como “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde”, el sábado 29 de junio, en Lagos de Moreno; sin embargo, ese “acuerdo entre gobernantes” alteró y enardeció a los alteños, quienes creen que el resultado vendría a perjudicar a la región de los Altos de Jalisco.
Ante dicho acuerdo surgió la “Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos del Agua” integrada por las asociaciones y uniones de ganaderos de la región; comunidades y rancherías; cámaras de comercio, así como de abogados y de colegios de ingenieros y arquitectos; en fin, lo que se da en denominar “las fuerzas vivas”, que hicieron un enérgico reclamo al gobierno federal, el viernes 5 de julio de 2019; y utilizando varios medios de comunicación pidieron al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, “su inmediata intervención antes de que el conflicto que está generando la firma del convenio escale y afecte a miles de familias de pequeños productores del sector, ya que al despojarnos del derecho al agua para nuestro consumo y para el sector agropecuario (que es el principal generador de empleos) producirá un impacto negativo: social, ambiental, cultural y de identidad Alteña; así como gran baja en la productividad y el empleo, con impacto a nivel nacional en la autosuficiencia alimentaria, afectando a los más desfavorecidos”.
ALFARO, HONRA TU PALABRA
Al gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, los alteños le entregaron copia del referido texto; y le aclararon que “no somos moneda de cambio”; y en un justo reclamo dejaron aclarado: “No aceptaremos ni reconoceremos ningún acuerdo o convenio que lesione nuestros legítimos derechos, en especial el que acaba de firmar con su homólogo de Guanajuato el pasado 29 de junio en Lagos de Moreno”. Le pidieron que “No provoque enfrentamientos entre Los Altos de Jalisco y la ciudad León, ya que hemos sido por siglos regiones hermanas”; y finalizan su exigencia para que ¡Honre su palabra! dado que “está faltando al compromiso que hizo a la región durante su campaña, de que defendería nuestro derecho al agua y gestionaría la cancelación del pretendido trasvase Zapotillo (Los Altos)-León por ser una cuenca deficitaria”.
OPOSICIÓN DE ALTEÑOS AL TRASVASE
En oportuna voz y representando a los alteños, especialmente a quienes viven en el Distrito II, con cabecera en Lagos de Moreno, el diputado José de Jesús Hurtado Torres alzó la voz en forma muy crítica en torno al envío de agua a León, Guanajuato; él, ante varios medios de comunicación afirmó: “La gente de la región donde va a pasar el ducto, no está contenta”; y agregó que: “existe una grave falta de información por parte de las autoridades, misma que puede generar un conflicto de grandes proporciones”. Y, en su carácter de presidente de la Comisión del Agua en la LXII Legislatura, exige que en el acuerdo final que se tenga con la federación “Se incorpore el tema agropecuario que hoy se vuelve a dejar afuera; eso sí es una preocupación para nuestra región. La región de los Altos es la número uno en materia agropecuaria del país, no de Jalisco, del país, y dejarlos sin agua es un grave atentado”. Quien fuera alcalde de Unión de San Antonio y ahora diputado local se convirtió en vocero de los alteños al exteriorizar: “No estamos dispuestos a que nuestra región no sea tomada en cuenta, somos la región donde se ubica la presa, donde se va a represar el agua y donde se va a distribuir y nada más faltaba que en la Zona de los Altos no saliera suficientemente beneficiada”.
¿El bien mayor?
Tanto el gobierno federal como el estatal afirman que con la terminación del proyecto integral de la presa El Zapotillo se llevará agua a miles de personas y al campo alteño; que serían beneficiados los municipios de la región, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Ciudad de León.
¿El mal menor?
Quien escribe la presente crónica encontró que Temacapulin (Temaca) localidad ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, reflejó en el censo de población de 2010: 332 habitantes en 101 viviendas; también la localidad de Acasico, que está ubicada en ese municipio reflejó 73 habitantes en 80 viviendas; y su vecina Palmarejo, en del Municipio de Cañadas de Obregón se encontraron 19 habitantes en 15 viviendas. Ahí, en la actualidad, existe una profunda soledad…
Se había previsto que para el tiempo de que se comenzaran a inundar los referidos terrenos, las personas que los habían ocupado se contabilizarían en un máximo de 250 personas, las cuales casi todas aceptarían ir a vivir a la población de Talicoyunque que en la parte alta de la zona previamente había construido el gobierno.
Borrón y cuenta nueva: El gobierno federal manda, y si se equivoca vuelve a mandar.
El gobierno federal había pedido a los gobernadores de Jalisco y Guanajuato que se pusieran de acuerdo; y con un borrón y cuenta nueva determinaran el porcentaje en que se distribuirían el vital líquido que sería extraído de la presa El Zapotillo, con 105 metros de altura; los gobernadores firmaron que quedaría así: Jalisco recibiría el 76 por ciento de agua, y León, Guanajuato, el 24 por ciento; ese “convenio entre gobernadores” recibió la complacencia del gobierno federal.
¡Por fin! hubo diálogo de parte del gobierno federal y del estatal con las autoridades municipales alteñas para que aceptaran la determinación gubernamental; el tema se socializó y fructificó habiéndose logrado que la mayor parte de ellos convinieron en lo que se les propuso y, ¡firmaron!
Y, frente a los inconformes que se han venido oponiendo al traslado de agua a León, como los que no aceptan que se inunden los tres pequeños poblados, el gobierno llevó la política de hacerles ofrecimientos; y, casi todos aceptaron…porque “reconocieron” el objetivo del gobernador Enrique Alfaro, que en referencia al acuerdo con la autoridad de Guanajuato lo simplifica así: “Un paso histórico; es el primer elemento que se necesita para ahora sí poder resolver de fondo el problema de abasto de agua para nuestro estado”. (¿…?)
ADENDA:
1.- Por incumplimiento de una empresa trasnacional, y por “grillas políticas”, no se terminó la presa El Zapotillo, pero se quedó una gran deuda económica debido a un préstamo internacional que se sigue pagando, Y, ahora, la obra continuará, pero…con más préstamos internacionales.
2.- Cuando los alteños ven los enormes ductos de concreto (que en una línea de conducción con una longitud de 139 kilómetros) del acueducto que permitiría llevar agua a León, les provoca indignación, porque en sus “tierras flacas” sufren la carencia del suficiente vital elemento.
3.- Con el “borrón y cuenta nueva” del programa integral El Zapotillo, vendrán otros compromisos: políticos y económicos mediante el pregonado bien mayor…pero, éste podrá tardar varios años en estar presente; en el inter habrá un tiempo de jauja para políticos y empresarios…
Al final de todo el proyecto integral de El Zapotillo irá: tal y como lo ha determinado el gobierno…
(*) Crónica de Remberto Hernández Padilla: Cronista del Municipio de San Juan de los Lagos.
Premio Nacional de Periodismo y Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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