JALISCO
Alteños vs. gobiernos: Pretendido despojo del agua altera la tranquilidad alteña

Por Remberto Hernández Padilla /(*)
Todo comenzó el viernes 23 de Febrero de 1990 cuando el gobierno federal determinó realizar estudios para el aprovechamiento de las aguas de la Cuenca del Río Verde; desde entonces ha habido una serie de acuerdos, decretos y convenios de coordinación entre las dependencias de la propia federación y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato.
La tradicional falta de información del gobierno a la ciudadanía no permitió el conocimiento de documentos importantes –algunos de ellos contradictorios y hasta tendenciosos – como el Decreto del lunes 3 de abril de 1995, que reserva las aguas nacionales superficiales del Río Verde para usos doméstico y público urbano. Y, el Acuerdo de Coordinación de Mayo de 1997, entre el Ejecutivo Federal y los ejecutivos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para el aprovechamiento integral de las aguas del Río Verde. Sobresalió el Convenio de coordinación del martes 16 de Octubre de 2007, que consistía en el programa especial para estudios, proyectos, construcción y operación del Sistema Presa El Zapotillo y Acueducto el Zapotillo – Los altos de Jalisco – León, Guanajuato-. Este Convenio despertó gran animadversión entre los alteños, dado que contemplaba que la cortina de la presa tuviera una altitud de 105 metros, lo que provocaría la inundación de las localidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; ante ello los pobladores de esas comunidades, en su defensa, emprendieron una lucha, hasta religiosa, en contra la construcción de la referida presa.
AGUA ÚNICAMENTE A LEÓN
Cuando en el año 2010 el organismo de Cuenca Lerma, Santiago Pacífico hizo públicas las bases para un “Concurso Público Internacional consistente en el Acueducto El Zapotillo – Los Altos de Jalisco – León, Guanajuato-; y para la prestación del servicio hidráulico, que preveía el suministro de agua en bloque potabilizada al municipio de León; así como la preparación de los sitios de conexión para los municipios de los altos de Jalisco”. El texto (entrecomillado) es oficial y muy claro: llevar agua a León, no tomando en cuenta el surtir del vital líquido a la región alteña e ignorando totalmente a Guadalajara.
EL RECLAMO ALTEÑO
Ante el justo reclamo de los alteños, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que el proyecto El Zapotillo quedara debidamente integrado; fue sí que el lunes 19 de septiembre de 2011 se otorgó la concesión y prestación del servicio, por 25 años, al grupo español “Abengoa” al que se le asignó el compromiso del terminado del proyecto integral, así como la construcción, equipamiento, operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura para que suministrara agua potable a municipios de la región de Los Altos de Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato y a la Zona Conurbada de Guadalajara.
El grupo encabezado por Abengoa-México había cumplido con los requisitos financieros y técnicos señalados en el Concurso Público Internacional y garantizado su cumplimiento; había presentado la propuesta económica de 4 mil 569 millones de pesos, (otra propuesta había sido por un monto de 12 – mil 156 millones de pesos) por lo que la Conagua emitió el fallo a favor de Abengoa, a la que se le otorgó la concesión. Muy pronto se hicieron presentes los problemas entre los gobiernos: federal y estatales con la empresa trasnacional, porque hubo un marcado incumplimiento que dejó la obra a medias para luego renunciar a su compromiso; pero ese tema es diferente al que aquí nos ocupa.
LA POSICIÓN DE LOS ACTORES POLÍTICOS
El creador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, había exteriorizado un importante compromiso en un acto en Salamanca, Guanajuato, el lunes 1 de octubre de 2018, cuando expresó: “No se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de cortina de la presa y vamos a tener un acuerdo con el gobierno de Jalisco”.
Y, en plena campaña política el candidato del Movimiento Ciudadano (MC), al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, había exteriorizado que “Las aguas son nacionales, sí, pero es territorio de Jalisco, y es momento de que se pueda levantar la voz y mandar un mensaje claro de que no vamos a dejar que pisoteen los intereses de nuestro estado”…“Entendemos que es un despropósito que el gobernador sencillamente permita este abuso de la federación, construyendo una presa en territorio de Jalisco para resolver un problema de León cuando Los Altos y Guadalajara no tienen resuelto su problema de abasto de agua”.
PROTESTA POR UN MALHADADO ACUERDO
A bombo y platillo celebraron los gobernadores de Jalisco y Guanajuato una firma que pregonaron como “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde”, el sábado 29 de junio, en Lagos de Moreno; sin embargo, ese “acuerdo entre gobernantes” alteró y enardeció a los alteños, quienes creen que el resultado vendría a perjudicar a la región de los Altos de Jalisco.
Ante dicho acuerdo surgió la “Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos del Agua” integrada por las asociaciones y uniones de ganaderos de la región; comunidades y rancherías; cámaras de comercio, así como de abogados y de colegios de ingenieros y arquitectos; en fin, lo que se da en denominar “las fuerzas vivas”, que hicieron un enérgico reclamo al gobierno federal, el viernes 5 de julio de 2019; y utilizando varios medios de comunicación pidieron al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, “su inmediata intervención antes de que el conflicto que está generando la firma del convenio escale y afecte a miles de familias de pequeños productores del sector, ya que al despojarnos del derecho al agua para nuestro consumo y para el sector agropecuario (que es el principal generador de empleos) producirá un impacto negativo: social, ambiental, cultural y de identidad Alteña; así como gran baja en la productividad y el empleo, con impacto a nivel nacional en la autosuficiencia alimentaria, afectando a los más desfavorecidos”.
ALFARO, HONRA TU PALABRA
Al gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez, los alteños le entregaron copia del referido texto; y le aclararon que “no somos moneda de cambio”; y en un justo reclamo dejaron aclarado: “No aceptaremos ni reconoceremos ningún acuerdo o convenio que lesione nuestros legítimos derechos, en especial el que acaba de firmar con su homólogo de Guanajuato el pasado 29 de junio en Lagos de Moreno”. Le pidieron que “No provoque enfrentamientos entre Los Altos de Jalisco y la ciudad León, ya que hemos sido por siglos regiones hermanas”; y finalizan su exigencia para que ¡Honre su palabra! dado que “está faltando al compromiso que hizo a la región durante su campaña, de que defendería nuestro derecho al agua y gestionaría la cancelación del pretendido trasvase Zapotillo (Los Altos)-León por ser una cuenca deficitaria”.
OPOSICIÓN DE ALTEÑOS AL TRASVASE
En oportuna voz y representando a los alteños, especialmente a quienes viven en el Distrito II, con cabecera en Lagos de Moreno, el diputado José de Jesús Hurtado Torres alzó la voz en forma muy crítica en torno al envío de agua a León, Guanajuato; él, ante varios medios de comunicación afirmó: “La gente de la región donde va a pasar el ducto, no está contenta”; y agregó que: “existe una grave falta de información por parte de las autoridades, misma que puede generar un conflicto de grandes proporciones”. Y, en su carácter de presidente de la Comisión del Agua en la LXII Legislatura, exige que en el acuerdo final que se tenga con la federación “Se incorpore el tema agropecuario que hoy se vuelve a dejar afuera; eso sí es una preocupación para nuestra región. La región de los Altos es la número uno en materia agropecuaria del país, no de Jalisco, del país, y dejarlos sin agua es un grave atentado”. Quien fuera alcalde de Unión de San Antonio y ahora diputado local se convirtió en vocero de los alteños al exteriorizar: “No estamos dispuestos a que nuestra región no sea tomada en cuenta, somos la región donde se ubica la presa, donde se va a represar el agua y donde se va a distribuir y nada más faltaba que en la Zona de los Altos no saliera suficientemente beneficiada”.
¿El bien mayor?
Tanto el gobierno federal como el estatal afirman que con la terminación del proyecto integral de la presa El Zapotillo se llevará agua a miles de personas y al campo alteño; que serían beneficiados los municipios de la región, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Ciudad de León.
¿El mal menor?
Quien escribe la presente crónica encontró que Temacapulin (Temaca) localidad ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, reflejó en el censo de población de 2010: 332 habitantes en 101 viviendas; también la localidad de Acasico, que está ubicada en ese municipio reflejó 73 habitantes en 80 viviendas; y su vecina Palmarejo, en del Municipio de Cañadas de Obregón se encontraron 19 habitantes en 15 viviendas. Ahí, en la actualidad, existe una profunda soledad…
Se había previsto que para el tiempo de que se comenzaran a inundar los referidos terrenos, las personas que los habían ocupado se contabilizarían en un máximo de 250 personas, las cuales casi todas aceptarían ir a vivir a la población de Talicoyunque que en la parte alta de la zona previamente había construido el gobierno.
Borrón y cuenta nueva: El gobierno federal manda, y si se equivoca vuelve a mandar.
El gobierno federal había pedido a los gobernadores de Jalisco y Guanajuato que se pusieran de acuerdo; y con un borrón y cuenta nueva determinaran el porcentaje en que se distribuirían el vital líquido que sería extraído de la presa El Zapotillo, con 105 metros de altura; los gobernadores firmaron que quedaría así: Jalisco recibiría el 76 por ciento de agua, y León, Guanajuato, el 24 por ciento; ese “convenio entre gobernadores” recibió la complacencia del gobierno federal.
¡Por fin! hubo diálogo de parte del gobierno federal y del estatal con las autoridades municipales alteñas para que aceptaran la determinación gubernamental; el tema se socializó y fructificó habiéndose logrado que la mayor parte de ellos convinieron en lo que se les propuso y, ¡firmaron!
Y, frente a los inconformes que se han venido oponiendo al traslado de agua a León, como los que no aceptan que se inunden los tres pequeños poblados, el gobierno llevó la política de hacerles ofrecimientos; y, casi todos aceptaron…porque “reconocieron” el objetivo del gobernador Enrique Alfaro, que en referencia al acuerdo con la autoridad de Guanajuato lo simplifica así: “Un paso histórico; es el primer elemento que se necesita para ahora sí poder resolver de fondo el problema de abasto de agua para nuestro estado”. (¿…?)
ADENDA:
1.- Por incumplimiento de una empresa trasnacional, y por “grillas políticas”, no se terminó la presa El Zapotillo, pero se quedó una gran deuda económica debido a un préstamo internacional que se sigue pagando, Y, ahora, la obra continuará, pero…con más préstamos internacionales.
2.- Cuando los alteños ven los enormes ductos de concreto (que en una línea de conducción con una longitud de 139 kilómetros) del acueducto que permitiría llevar agua a León, les provoca indignación, porque en sus “tierras flacas” sufren la carencia del suficiente vital elemento.
3.- Con el “borrón y cuenta nueva” del programa integral El Zapotillo, vendrán otros compromisos: políticos y económicos mediante el pregonado bien mayor…pero, éste podrá tardar varios años en estar presente; en el inter habrá un tiempo de jauja para políticos y empresarios…
Al final de todo el proyecto integral de El Zapotillo irá: tal y como lo ha determinado el gobierno…
(*) Crónica de Remberto Hernández Padilla: Cronista del Municipio de San Juan de los Lagos.
Premio Nacional de Periodismo y Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco.
CULTURA
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/
JALISCO
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.
Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.
En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.
“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.
“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.
Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.
Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.
A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.
Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.
“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.
En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.
“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.
El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.
Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.
La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.
Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.
El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.
Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.
Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.
En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.
Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.
Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.
La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.
URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA
– Por Raúl Cantú
La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.
El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.
Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.
Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.
La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .
La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.
En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.
JALISCO
Requisitos para darse de alta ante el IMSS: Los desempleados pueden pensionarse con 9,400 pesos

– Consejos para tu jubilación, por Arturo Pérez Díaz
En México, una parte significativa de la población ocupada trabaja por cuenta propia, para ellos se creó la modalidad de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Modalidad 10 y 40, para que puedan jubilarse aún sin empleo. Hablamos de casi 25 millones de personas que carecen de empleo formal, pero que si no actúan hoy, mañana se quedarán sin jubilación.
¿Con cuánto me puedo jubilar aún sin empleo?
Las Personas Trabajadoras Independientes (PTI), mediante las modalidades voluntarias permite que quienes no tienen un patrón puedan cotizar al Seguro Social y acceder a prestaciones, incluyendo una jubilación mínima garantizada en este año 2025, por 9 mil 400 pesos.
La Ley del Seguro Social (LSS) reconoce que el Instituto tiene la atribución de inscribir a los trabajadores independientes al régimen obligatorio a su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 251, fracción X, de la LSS.
Este esquema aparece ya en el portal del IMSS bajo “Personas Trabajadoras Independientes (PTI)” como una modalidad de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio; mediante ese mecanismo, el IMSS presta servicios médicos, prestaciones en dinero y cotización para pensión.
El mecanismo voluntario, puede ser estratégico para quienes fueron despedidos a los 50 años, ya cerca de una edad de jubilación, dado que permite mantener continuidad para efectos de pensión y completar en ley 73, al menos 500 semanas de cotización, que dan derecho a una pensión desde los 60 años de edad.
REQUISITOS PARA DARSE DE ALTA ANTE EL IMSS
Para que una persona trabajadora independiente pueda incorporarse al IMSS bajo este régimen, debe cumplir ciertos requisitos y pasos:
1. Solicitud de incorporación voluntaria: la persona debe pedir su afiliación al Seguro Social bajo la modalidad de PTI o incorporación voluntaria al régimen obligatorio.
2. Identificación oficial y CURP: presentar documento de identidad reconocido.
3. Determinación del salario base de cotización (SBC): seleccionar un salario base de cotización sobre el cual hará sus aportaciones.
4. Pago de las cuotas correspondientes: pagar todos los conceptos asegurados (enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro/cesantía/vejez) con cargo al asegurado, pues no hay patrón que haga aportaciones.
Además, para personas mexicanas en el extranjero, existe la posibilidad de afiliarse como trabajador independiente.
Una vez que la persona trabajadora independiente se encuentra afiliada bajo este esquema, puede acceder a muchos de los derechos del régimen obligatorio, similares a los de los trabajadores asalariados:
Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y atención obstétrica para el asegurado y sus beneficiarios.
Incapacidades y subsidios por enfermedad o maternidad.
Seguro de riesgos de trabajo (accidentes laborales) si aplica.
Pensión por invalidez y de vida para sus beneficiarios.
Cotización para el fondo de retiro (el seguro de retiro/cesantía/vejez).
Conservación de derechos para efectos de pensión.
Continuidad en la historia laboral formal, lo cual es relevante para acceso a créditos, prestaciones y financiamientos.
Uno de los propósitos centrales de afiliarse al IMSS, es que la persona pueda aspirar en el futuro a una pensión. En el régimen del IMSS, las pensiones conocidas como “Cesantía en Edad Avanzada” y “Vejez” aplican según la edad del solicitante al momento de la petición y las semanas cotizadas.
Acorde a la ley 73, si la persona está entre 60 y 64 años, y ya causó baja del régimen obligatorio, puede solicitar pensión por cesantía en edad avanzada. Si tiene 65 años o más, la pensión solicitada será por vejez.
El importe de la pensión de cesantía en edad avanzada se calcula con un porcentaje que depende de la edad al momento de pensionarse:
– 60 años → 75 %
– 61 años → 80 %
– 62 años → 85 %
– 63 años → 90 %
– 64 años → 95 %
– Si la persona cumple los 65 años (o 64 años y 6 meses con un día) → 100 %.
MERCADO LABORAL: TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Para dimensionar el segmento de personas que podrían beneficiarse de este esquema, revisemos datos del INEGI. Según los más recientes boletines de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las personas trabajadoras por cuenta propia representaron 41.9 % de la población ocupada en México, con una caída anual de 3.0 puntos porcentuales.
En el segundo trimestre de 2025, la población ocupada fue de 59.4 millones de personas. Si 41.9 % de esa población está en trabajo por cuenta propia, eso implicaría aproximadamente 24.9 millones de personas que laboran sin subordinación.
Estos números son consistentes con las estimaciones que vinculan el alto nivel de informalidad en México: el 54.8 % de la población ocupada se considera informal, muchas de ellas precisamente trabajadores por cuenta propia sin seguridad social.
Este universo es el mercado potencial para la afiliación voluntaria como PTI, pues son personas que hoy laboran sin cobertura formal.
En 2025 se reportaron pérdidas de empleo formal en varios meses; por ejemplo, en junio de 2025 se eliminaron 46,378 puestos formales en un solo mes, la mayor caída para un mes similar en más de una década (excluyendo pandemia).
Durante el segundo trimestre de 2025 también se reportó una pérdida neta de plazas formales. Eso aumenta la población sin seguridad social y en consecuencia sin futuro de jubilación.
Muchas personas que pierden su empleo alrededor de los 55 años enfrentan un dilema crítico: ya han acumulado tiempo de cotización, pero están demasiado cerca del final de su vida laboral para “empezar de cero”. Si no consiguen un empleo formal inmediato, corren el riesgo de no completar las semanas requeridas para pensión. En esos casos, afiliarse como PTI puede ser una estrategia de salvaguarda.
PENSIÓN SIN EMPLEO
Si eres parte de esos 25 millones de mexicanos que siguen siendo productivos, pero está sin IMSS, debes asesorarte y asegurarte por cuenta propia, no dejar tu pensión en la incertidumbre, cada vez más personas se acercan a preguntarme por esta opción, es una gran satisfacción que ya estén cotizando en modalidad voluntaria , asegurando su futuro.
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Arturo Pérez Díaz, es periodista independiente, ha sido docente de Política, Opinión Pública y Mercadotecnia Política, así como asesor profesional de Comunicación Pública.
E-mail: amper61@hotmail.com
JALISCO
Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos

– Por Francisco Junco
La reforma al Poder Judicial, largamente agendada, emergió con fuerza en la mesa legislativa, pero más que avanzar, desnudó una fractura entre los poderes y los partidos. La propuesta, que busca armonizar la Constitución local con la reforma federal en materia judicial, y que millares de ciudadanos miran como una clave para la transparencia y el acceso a la justicia, quedó esta semana más cerca de la parálisis que del acuerdo.
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, se reunió en el Congreso local con los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Este encuentro se dio en respuesta al llamado del gobernador Pablo Lemus para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial local, la cual busca instaurar por primera vez elecciones de jueces y magistrados en junio de 2027.
Actualmente, la iniciativa enfrenta dificultades para alcanzar los 26 votos necesarios para su aprobación, ya que ni la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) con el apoyo del Partido Verde, ni el bloque opositor conformado por seis grupos parlamentarios, cuentan con la mayoría requerida.
Durante la reunión, Salvador Zamora destacó que su visita tenía como objetivo abrir un canal de diálogo con los diputados en representación del gobernador. Indicó que se está preparando un encuentro entre la Jucopo y Pablo Lemus para profundizar en la discusión de la reforma. El secretario enfatizó que el Ejecutivo ha mostrado respeto hacia los legisladores y ha mantenido una postura abierta al diálogo, respondiendo así a las críticas de líderes de Morena, PAN, PRI, Hagamos, PT y Futuro, quienes habían señalado una falta de oficio político por parte del gobierno estatal.
También reiteró que la Reforma al Poder Judicial es una iniciativa que recoge las propuestas de diversos sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, especialistas y universidades, y que el gobierno está comprometido en defenderla para lograr una reforma judicial de calidad.
Sin embargo, aclaró que en la reunión no se abordó el tema de la ratificación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Consuelo del Rosario González y Daniel Espinosa Licona.
Después de más de dos horas de diálogo con los diputados locales de Movimiento Ciudadano sobre la Reforma Judicial estatal, Salvador Zamora, anunció que al día siguiente se reunirá con todos los grupos parlamentarios junto con el gobernador Pablo Lemus.
La reunión, explicó el funcionario estatal, se realizará en un lugar neutral para dialogar y buscar puntos de encuentro que permitan aprobar la reforma en los próximos días, atendiendo las inquietudes surgidas tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y su entrada a primera lectura.
Los coordinadores parlamentarios dialogaron con el gobernador Pablo Lemus para abordar la reforma al Poder Judicial. Lemus destacó la apertura al diálogo, proponiendo reuniones continuas, sin abordar detalles específicos, confiando en alcanzar consensos para Jalisco.
El gobernador apuntó que “los legisladores fueron muy abiertos y perceptivos a los planteamientos que se hicieron… confío en lograr consensos en temas indispensables para el estado” y añadió que “no entramos en los detalles de la reforma al Poder Judicial… Yo voy a ser muy respetuoso de lo que ellos decidan en los procesos internos del Poder Legislativo”.
Diputados de MC y la oposición buscan consensos para la reforma judicial, proponiendo modificaciones. Morena y PAN destacan la apertura y autocrítica del gobernador Lemus, pero la fecha para la votación en segunda lectura sigue indefinida.
El coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, declaró que “Movimiento Ciudadano se comprometió a presentar una lista de propuestas de modificación al dictamen y con base en esa lista, vamos a reinstalar una mesa de diálogo político para ver si podemos conciliar y sacar una reforma consensuada por todas las fuerzas políticas”.
La diputada Claudia Murguía Torres comentó que “en Acción Nacional hemos impulsado un diálogo firme entre las fuerzas políticas para fortalecer el Poder Judicial en Jalisco”.
La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco votó a favor de adherirse al dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial, turnado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con esta adhesión, el dictamen ya puede presentarse a votación en segunda lectura ante el pleno del Congreso; sin embargo, ninguno de los bloques legislativos cuenta aún con los votos necesarios de las dos terceras partes de los 38 diputados para garantizar su aprobación.
La adhesión al dictamen presentada por el bloque opositor recibió el respaldo de cinco diputados de Morena, PAN, PRI, Hagamos y del legislador sin partido Alejandro Puerto.
Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina y Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, votaron en contra, argumentando la necesidad de abrir un nuevo periodo de consulta de 30 días, lo que deja en claro que aún existen diferencias significativas entre las bancadas.
Miguel de la Rosa (Morena) destacó que MC presentará modificaciones al dictamen para consensuar la Reforma Judicial. José Luis Tostado (MC) confía en que el diálogo con Lemus y las bancadas logrará una reforma que beneficie a Jalisco.
La coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía, destacó que el gobernador asumió una postura de autocrítica durante el encuentro, lo que abre la posibilidad de acuerdos en torno a la reforma y otros temas.
Pese al avance en el diálogo y las señales positivas, todavía no se ha definido una fecha para la votación en segunda lectura, la cual permitirá, por primera vez en Jalisco, la realización de elecciones de jueces y magistrados.
La Jucopo espera fijar el lunes la fecha para votar la reforma judicial en el pleno, pero sin nuevos acuerdos, podría estancarse. Analistas advierten que debe aprobarse antes de 2027 para elecciones de jueces. El Ejecutivo y bancadas dialogan, pero los votos aún son inciertos.