NACIONALES
Primer Informe de Gobierno: Septiembre histórico, el parteaguas de la justicia y el liderazgo de Sheinbaum
– Opinión, por Pedro Vargas Ávalos
Con el comienzo del mes de septiembre se registraron varios actos de suma trascendencia para nuestra patria, de tal manera que podemos afirmar que tal lapso es un parteaguas de México. Este término es utilizado en sentido figurativo entre los mexicanos, significando que un suceso o momento determinado marcan un antes y después de una época o período.
Un hecho culminante se refiere al primer informe del sexenio de la flamante Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), el cual se llevó a cabo en dos actos: inicialmente en Palacio Nacional donde lo rindió verbalmente; el segundo paso fue en el Congreso General (es decir, en sesión tanto de diputados como de senadores) y que se encargó de entregar materialmente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Recordemos que CSP es la primera mujer que encabeza el poder ejecutivo de la nación; en consecuencia, su informe inaugural reviste gran trascendencia. Su breve resumen, ella lo expresó: sin dejar de admitir problemas y retos, vamos bien e iremos mejor.
El segundo de los acontecimientos divisorios de época se refiere al Poder Judicial Federal, que conlleva implicaciones con los correspondientes de las entidades federativas, dentro de las cuales lamentablemente Jalisco aún no se inscribe.
Como es conocido, desde hace meses el tema de la reforma judicial ocupó espacios y atenciones a lo largo y ancho del país. El sistema de elecciones libres, directas y secretas por la ciudadanía para la designación de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las magistraturas de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; y las magistradas y los magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, quedó incorporado en la Suprema Ley de la Nación, el 15 de septiembre de 2024 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Constitución Política en materia de reforma al Poder Judicial.
Con la elección del uno de junio reciente, se cumplieron aquellas disposiciones constitucionales, y así se cambió el sistema burocrático-político para integrar la cabeza del poder judicial, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) y a todo el Poder Judicial de la Federación (PJF). A partir de esa fecha estelar, fue la ciudadanía quien dijo quiénes serían no solo los ministros de la SCJ, sino los magistrados y jueces de este poder encargado de impartir justicia.
Su culminación fue a partir del uno del mes patrio, cuando se instaló la nueva SCJ, teniendo como invitados de honor a los representantes de la Cámara de Diputados y de la de los Senadores, además de la titular del poder ejecutivo federal, algo que hacía mucho no se veía, debido a las diferencias entre la extitular de la fenecida SCJ y varios de sus camaradas ministros, con los legisladores y el ejecutivo.
Los nueve ministros -en lugar de once, como se componía la anterior Corte- son: Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Ministro Hugo Aguilar Ortiz, con los siguientes ministros(a)s: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García. Su periodo será de doce años, aunque en esta ocasión tienen variaciones distintas, lo que se adecuará hasta 2033.
La presidencia de la Suprema Corte rotará cada dos años entre los ministros, según el número de votos obtenidos en su elección. Como dato significativo, la nueva indumentaria de los ministros incorporará distintivos tradicionales de pueblos indígenas como un gesto de inclusión y diversidad cultural de México; otro acto muy simbólico, fue la apertura de la puerta principal de la SCJ, cerrada por los problemas de los anteriores ministros.
Por cierto, ahora ya no existen Salas -como antes-, por lo que todo asunto competencia de la SCJ, lo resolverá el pleno en sesión pública, debiéndose divulgar previamente los proyectos de resolución, lo cual antes se hacía privadamente: ahora, el pueblo estará informado de como actuará la Corte.
Y como precisó el presidente Hugo Aguilar O: habrá cercanía con el pueblo, austeridad dentro de la Constitución, equilibrada separación de poderes y transparencia integral.
Ese mismo día, el pleno de la SCJ nombró a los miembros del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación, siendo ellos: José Alberto Gallegos Ramírez, Lorena Josefina Pérez Romo y Catalina Ramírez Hernández; el legislativo había nominado a Surit Berenice Romero Domínguez y el ejecutivo a Néstor Vargas Solano, quien fungirá como Presidente por los primeros dos años.
Con este acto prácticamente quedó extinto el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuerpo que durante 30 años administró lo relativo al PJF, con excepción de los ministros de la SCJ, con resultados magros y muy opacos. La OAJ tendrá a su cargo la carrera judicial, la organización territorial y por materias de tribunales y juzgados, la elaboración y vigilancia del presupuesto —con la prohibición de crear fideicomisos no previstos en la ley, lo que antes era muy común y mucho defendieron los ministros que se fueron—, la reasignación de adscripciones, el cambio de sedes judiciales y la expedición de acuerdos generales.
Asimismo, garantizará la seguridad de los juzgadores en casos relacionados con delincuencia organizada, teniendo facultades concentradoras en asuntos vinculados con violaciones graves de derechos humanos, siempre que lo requiera la SCJ.
También estará al frente de la Escuela Nacional de Formación Judicial y del Instituto Federal de Defensoría Pública, entidad que debe ser muy fortificada para que cumpla su esencial función de apoyar al pueblo para lograr se le haga justicia. Sus integrantes durarán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y la presidencia será rotatoria bianualmente.
Otro momento histórico es con referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación -TEPJF-, el cual venía funcionando con cinco magistrados, debiendo ser siete. Ahora, ya se integró cabal desde el martes antedicho, al agregarse los dos magistrados electos en junio: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz, quienes se unen a los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso (actual presidenta), Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.
La magistrada Soto Fregoso, declaró que “este tribunal está preparado como siempre lo ha hecho para cumplir con su deber. Contamos ahora con un pleno integrado por magistradas y magistrados que seguirán garantizando decisiones independientes, imparciales, inclusivas y transparentes”. De igual manera, dio la bienvenida a las quince magistradas y magistrados que conformarán las cinco salas regionales de este tribunal tan importante para la vida democrática de la república.
La renovación total de los organismos directivos del PJF, se completó el martes dos del presente mes, al tomar posesión los miembros del «Tribunal de Disciplina Judicial», órgano encargado de evaluar y dar seguimiento al desempeño de las y los impartidores de Justicia federales en esta insólita etapa. Ahora si se incluye a los mismos ministros de la SCJ, lo cual antes no sucedía, dándoles un papel de intocables. La sesión de instalación fue encabezada por la Magistrada presidenta Celia Maya García, cargo que obtuvo al haber sido la candidata con mayor número de votos recibidos en la elección judicial del pasado uno de Junio, destino que ejercerá por dos años; el Pleno se completa con las Magistradas Eva Verónica de Gyvés Zárate e Indira Isabel García Pérez, así como los Magistrados Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.
La magistrada Maya refirió: «no se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia no es admisible la impunidad de los malos juzgadores. Es inaceptable el retardo de la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la judicatura».
El OAJ dio otro paso que prueba el cambio notable que experimenta el PJF: ya aprobó reducir los sueldos netos mensuales establecidos para ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de Circuito, así como los de jueces de Distrito y magistrados integrantes del OAJ.
Esto va en consonancia con lo que anunció en su discurso de toma de posesión el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien sostuvo que se revisarían las pensiones de los ministros en retiro, actualmente de hasta 385 mil pesos mensuales, así como eliminar seguros médicos privados, jubilaciones anticipadas y otros gastos superfluos, sustituyéndolos por los servicios del ISSSTE.
Todo apunta a la idea de que la austeridad no implique precariedad, sino la erradicación del dispendio y del nepotismo. En pocas palabras, ahora si se procurará que cada peso fortalezca a los juzgados, con el fin de reducir rezagos, modernizar procesos y digitalizar la justicia.
Finalmente, apuntamos que en el Senado también rindieron protesta los magistrados y jueces (en total 462 personas magistradas de circuito y 384 como jueza(e)s de distrito) electos el pasado 1 de junio, con lo que se consumó la integración del PJF. Por excepción hay unos pocos que lo harán ulteriormente, y desde luego, la otra mitad de juzgadores que serán electos en 2027.
La gran mayoría de mexicanos esperamos que el período que señala el parteaguas de la justicia nacional sea verdaderamente un tiempo de genuina renovación integral del Poder Judicial Federal.
Disentimos de lo que expresaron los miembros de las oposiciones: los priistas de Alito, que ni siquiera acudieron a la rendición de protesta de los juzgadores, pues ese inefable personaje aseveró que “La elección judicial es el fracaso más grande que hay” y se hizo para el gobierno apoderarse del PJF ; por su lado, Movimiento Ciudadano por medio del tapatío Clemente Castañeda, aseguró que el régimen oficialista “nos engañó con la verdad”, porque se aprovechó del malestar generalizado de las y los mexicanos para “capturar políticamente” al Poder Judicial.
En el mismo sentido, el panista Ricardo Anaya señaló que “no tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso fraudulento plagado de irregularidades”. Las oposiciones y sus rancias posturas, que según las encuestas de hace años a la fecha, los tiene en el cabús del tren de la democracia.
La Presidenta CSP, afirmó en una mañanera: Los ministros, magistrados y juzgadores electos, “tienen que dar ejemplo de profesionalismo, de impartición de justicia… un ejemplo de que hay cambios, de honestidad, de honradez, de transparencia. Hoy son elegidos por el pueblo. Ahora les corresponde a ellas y a ellos… dar un ejemplo a México y al mundo de que puede haber un sistema de justicia diferente… que no responda a intereses particulares ni a privilegios, sino a la necesidad de garantizar justicia imparcial y cercana al pueblo”.
Esto hablando en plata pura, es el parteaguas de la justicia que los mexicanos esperamos: Desterrar el hecho y la idea de que en México solo tienen acceso a la justicia quienes tienen influencias, poder o dinero. A los mexicanos se nos tiene una deuda histórica de justicia, y ahora se llegó el momento de pagarla.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México prepara la creación de un Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, proyecto que será presentado en octubre próximo y que busca consolidar al país en la investigación, desarrollo y regulación de esta tecnología.
El anuncio fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que el nuevo organismo tendrá como ejes la formación académica, la innovación aplicada y el diseño de marcos normativos responsables.
La coordinación del proyecto está a cargo de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Desde esa instancia se ha planteado que el laboratorio no solo servirá como centro de investigación, sino también como punto de encuentro entre universidades, sector privado y gobierno para aprovechar las aplicaciones de la inteligencia artificial en áreas estratégicas.
Entre las líneas de trabajo anunciadas se encuentran la formación de ingenieros y especialistas, la incorporación de la cultura y lenguas nacionales en los desarrollos tecnológicos, así como la elaboración de una regulación ética y de datos que permita un uso responsable de la IA. Se busca también que el laboratorio tenga impacto directo en proyectos vinculados con salud, educación, protección civil, meteorología y sismología.
Otro de los objetivos es fomentar el emprendimiento tecnológico, mediante el impulso a startups y universidades que desarrollen soluciones de inteligencia artificial. Para ello, el gobierno federal ha sostenido conversaciones con la banca y otros actores financieros, a fin de estructurar esquemas de apoyo y financiamiento que potencien el talento mexicano en esta materia.
La iniciativa se enmarca en un contexto en el que el Congreso discute propuestas de ley sobre inteligencia artificial y tecnologías emergentes, con la mira puesta en regular aspectos como protección de datos, transparencia y soberanía tecnológica. El Laboratorio Nacional de IA podría convertirse en la pieza central de esta estrategia, al integrar investigación, aplicación práctica y diseño normativo.
Aunque el anuncio ha despertado expectativas, todavía no se conocen detalles sobre la forma jurídica, presupuesto ni ubicación del laboratorio. Tampoco se ha definido el calendario de operación o los mecanismos de supervisión y participación de la academia y la sociedad civil.
Con su presentación prevista para octubre, el proyecto representa una apuesta por colocar a México en la vanguardia a nivel regional del desarrollo de inteligencia artificial, aunque su éxito dependerá de la claridad en su diseño y de la transparencia en su implementación.
Definición y conceptos básicos de la inteligencia artificial
La inteligencia artificial es una rama de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que, al ser hechas por personas, requerirían inteligencia. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la percepción.
Existen dos tipos principales de inteligencia artificial: la IA débil, diseñada para tareas específicas como asistentes de voz, y la IA fuerte, que aspira a replicar la inteligencia humana general, aunque todavía está en desarrollo. Utilizando algoritmos avanzados y grandes cantidades de datos, la IA permite que las máquinas mejoren su desempeño de manera autónoma, aprendiendo a base de patrones y experiencias.
Actualmente, los países y regiones más avanzados en el desarrollo de modelos, software y hardware para inteligencia artificial son: Estados Unidos, China y la Unión Europea.
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
ENTREVISTAS
Análisis del Primer Informe de Gobierno: «Hay rumbo en el país, pero no podemos confiarnos», Martín Romero Morett
-Por Mario Ávila
“Podemos o no estar de acuerdo con el rumbo del país, pero hay rumbo”, así lo expuso el director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA, Martín Romero Morett, al hacer un análisis en el terreno económico, del contenido del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Yo personalmente -dijo-, si estoy de acuerdo con ese rumbo, es decir, me gusta que se quiera, que el país siga buscando crecer con estabilidad macroeconómica y con prosperidad compartida; me gusta que se tenga un Plan de Desarrollo con una política de fomento en el que el gobierno se encargue de asegurarle al país, la alimentación, la energía y la infraestructura necesaria.
Sin embargo, planteó el investigador y académico de la Universidad de Guadalajara, que el hecho de que la presidenta haya definido el rumbo y se hayan hecho las reformas para avanzar en esa dirección, “no significa que ‘ya la hicimos’, todavía hay muchos pendientes, porque los rezagos que nos heredó el neoliberalismo son inmensos”.
A manera de ejemplo, se refirió a la política de los salarios, que, a pesar de los aumentos, siguen siendo precarios. “Los empleos, a pesar de que el desempleo sea bajo, tenemos a muchos millones trabajando en la economía informal”, expuso.
Hizo alusión también al hecho de que, pese a que los ingresos del gobierno, aunque hayan aumentado, “seguimos recaudando poco en relación con otras economías similares y requerimos una Reforma Fiscal para abatir el déficit y para seguir sosteniendo el gasto social, ayudas, mejorar la educación, la salud, y la inversión en infraestructura, en comunicaciones físicas y electrónicas y para seguir financiando el desarrollo tecnológico, producción de microcircuitos y autos eléctricos.
“Junto con la reforma fiscal, está pendiente una reforma al sector financiero, para bajarle costos al crédito y para que éste sirva a la inversión privada y pública, y se refleje en el desarrollo y en el bienestar”, planteó el académico e investigador.
En su análisis, pidió no perder de vista que vivimos momentos de incertidumbre, de cambio, de transición, a lo cual México se está tratando de ajustar lo mejor posible, “pero no es fácil con un gobierno como el de Donald Trump que presiona a México por el lado de los aranceles, pero también militarmente”.
POLÍTICA ECONÓMICA CON RESULTADOS
En su análisis sobre el manejo económico y el rumbo que lleva el país, el doctor Martín Romero Morett, aseguró que Sheinbaum Pardo presentó en el Informe, logros alineados al rumbo hacia el cual lleva al país, y enlistó algunos de ellos:
“Tenemos estabilidad macroeconómica; nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar; la inflación anual, en julio, fue de 3.5 por ciento, la menor desde enero de 2021; los ingresos del gobierno Federal, al 31 de agosto, alcanzaron una cifra de 5 billones 952 mil millones de pesos, 8.5 por ciento mayor en términos reales que en 2024, y por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos; los impuestos han superado en 88,165 millones lo previsto, impulsados por IVA, ISR y aranceles a importaciones; el déficit fiscal se ha reducido en más de 36% y se busca bajarlo del 5.7% del PIB en 2024 al 4% para 2026 y así se reflejará en el paquete fiscal para 2026 y la deuda pública se mantiene, al cierre de agosto, en 50 por ciento del PIB.
PROSPERIDAD COMPARTIDA CON DIVIDENDOS
Algunos de los mejores logros en el terreno de la economía, en opinión del doctor Romero Morett, están relacionados con su idea de impulsar la prosperidad compartida y por ello se tomaron decisiones importantes como el aumento al salario mínimo en el año 2025, en 12 por ciento, “lo que significa un incremento histórico en términos reales, desde el 2018, de 135 por ciento”.
Recordó que muchas de las políticas sociales iniciadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, han sido continuadas con Sheinbaum Pardo y han sacado de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. De acuerdo con los datos oficiales del INEGI, del 2018 al 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población, a 29.5 por ciento, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años.
En el terreno de la desigualdad, también se redujo significativamente, según el análisis del catedrático de la UdeG, quien expuso que “el coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos, a México, como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá”.
En el análisis del contenido del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, Romero Morett expuso que el país se encuentra estable, “un crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento, frente a las expectativas catastróficas; la inversión extranjera directa récord de 36 mil millones de dólares; el desempleo se ubica en 2.7 por ciento, uno de los niveles más bajos del mundo, pero los salarios siguen siendo precarios”.
LAS PROPUESTAS DE REFORMA A LAS LEYES Y CONSTITUCIÓN
En un momento específico, el entrevistado se refirió a los anuncios de presentar propuesta de reformas constitucionales y a leyes secundarias, para facilitar la conducción que se requiere del país hacia el modelo que quiere la presidenta, un país con estabilidad y con prosperidad compartida.
En concreto, el economista se refirió con mucho optimismo a las propuestas de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que tienen como propósito, revertir una buena parte de las reformas de 2013, y recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo de México.
En tanto que, en las leyes secundarias, destacó también la reforma a todas las leyes de la industria eléctrica y petrolera, para fortalecer a Pemex y a la CFE como empresas públicas, vertical y horizontalmente integradas, al servicio de la Nación y del pueblo de México.
No obstante, el doctor Romero Morett, también hizo alusión a propuestas legales, que en su opinión serán de gran trascendencia para los mexicanos, como la reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda a todas las personas trabajadoras; la reforma al artículo 28 para permitir servicios de internet públicos de manera directa; las reformas a los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial y la modificación al artículo 28 para garantizar los trenes, también, operados por empresas públicas.
Se dijo optimista por el resultado que podrían dar las propuestas de reforma a los artículos 4º y 27 para garantizar los programas de Bienestar como derechos sociales constitucionales; la protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra de maíz transgénico; la nueva Ley de Telecomunicaciones que, entre otros logros, reconoce el derecho de las audiencias y el acceso a internet y finalmente la reforma a la Ley del Infonavit, que garantiza el derecho a la vivienda.
Todas estas reformas -dijo-, se han hecho para hacer posible el nuevo modelo de país que para la presidenta sea uno, en el que sea el estado el que garantice al país la seguridad energética, alimenticia, tecnológica (internet para todos), en comunicaciones rápidas (trenes), bienestar social (vivienda y salud con 31 hospitales, 12 clínicas y 256 quirófanos a concluirse este año).
Y remató diciendo: “Se tiene un plan para impulsar un nuevo modelo de desarrollo, el Plan México, el cual tiene el objetivo de producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior, y fomentar la inversión pública y privada nacional y extranjera en el marco del desarrollo regional. El Estado desarrollará la infraestructura atractiva a la inversión privada como Polos de Desarrollo Económico, a la fecha, ya están en marcha 5 de los 15 polos iniciales, y 8 del Corredor Interoceánico, así como 18 de los 100 nuevos parques industriales”.
Me gusta -sentenció-, que ese Plan de Desarrollo busque reducir las importaciones chinas y bajarle al déficit comercial que tenemos con China. Podemos afirmar que la presidenta tiene claridad hacia donde quiere llevar al país, pues en su informe define el rumbo con exactitud, ella está consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de Bienestar, fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda, promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada nacional y extranjera, al tiempo que se gobierna con honestidad y austeridad republicana y se consolida la soberanía, la democracia y las libertades.
LA INSEGURIDAD, ASIGNATURA PENDIENTE
“Para poder evaluar objetivamente a un determinado gobierno, sea municipal, estatal o federal, tenemos que tomar en cuenta al menos cuatro diferentes formas de evaluación, expresó el doctor Andrés Valdés Zepeda, sobre el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Uno tiene que ver con lo que se prometió en campaña y lo que se está haciendo o dejando de hacer es decir resultados en el ejercicio de gobierno que para el caso del Gobierno Federal lo que se establece en el plan Nacional de desarrollo puede ser un elemento considerar.
Segundo lo que se ha hecho en anteriores administraciones ya sea administraciones del mismo partido o de partidos diferentes que gobiernan el país. Tercero lo que se hace con respecto a lo que están haciendo otras naciones otros gobiernos otros países. Y finalmente por cómo evalúa la población a partir de como la ciudadanía evalúa el desempeño de gobierno.
Si tomamos esas cuatro variables en cuenta, para evaluar un gobierno, creo que podemos encontrar en el gobierno del actual presidente, cosas positivas y cosas no tan positivas en materia económica; la situación es estable con una moneda fuerte y con pocos problemas de desempleo, con recuperación del poder económico y en el poder adquisitivo sobre todo de la clase media.
La asignatura pendiente indudablemente es el tema de la inseguridad pública, el tema de la corrupción queda no solventado, pero por una política pública creo más contundente para reducir y sobre todo castigar excesos en el ejercicio del poder público.
También podemos decir que una de las asignaturas pendientes, está en relación con el manejo más responsable de la cuestión ambiental, en muchos lugares se ha documentado excesos de destrucción de ecosistemas y daño a la naturaleza, algunas veces por obras de carácter privado, pero también incluso en algunos casos de carácter público.
La movilidad y la contaminación en las grandes ciudades, es un tema que no necesariamente corresponde de manera directa al gobierno Federal, como a los gobiernos estatales y municipales; tiene que ver con la movilidad en las macro ciudades, que es un tema no resuelto, que cada día se agrava y finalmente genera trastornos, no solo en el sentido del movimiento, de la movilidad, sino también en la contaminación en la salud de los ciudadanos.
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