El regreso de la centralización política

– Opinión, por Iván Arrazola

En la historia política de México, los momentos de mayor transformación han estado acompañados por intentos de concentrar el poder en unas cuantas manos. Un ejemplo claro es el periodo del Maximato, cuando se prohibió la reelección legislativa y, de manera paralela, se impulsó un proceso de centralización del mando con el argumento de garantizar estabilidad y gobernabilidad.

Hoy, en el denominado “segundo piso de la transformación”, parece repetirse un fenómeno semejante: la tentación de recentralizar las decisiones políticas y limitar la acción de distintos actores políticos.

Uno de los episodios más visibles ha sido la elección de la nueva Suprema Corte de Justicia. El partido en el poder mostró poco cuidado en el procedimiento, priorizando el objetivo de asegurar el control del Poder Judicial. La lógica fue clara: impedir que, como ocurrió durante el sexenio anterior, las reformas en materia política, energética o de seguridad fueran declaradas inconstitucionales. Así, se privilegiaron nombramientos de personajes cercanos al régimen, pero con trayectorias insuficientes, en un proceso cuestionado por prácticas irregulares y presiones políticas.

En la misma línea, la presidenta impulsó una reforma para prohibir la reelección legislativa y municipal. Aunque apeló a la tradición histórica mexicana contra la reelección, la medida restringe la autonomía de los representantes populares frente a sus partidos, incrementando su dependencia del aparato político. En los hechos, esta decisión fortalece el poder central al reducir márgenes de libertad y competitividad electoral.

Otro ejemplo es la reforma contra el nepotismo, presentada como un mecanismo para frenar la práctica de repartir el poder entre familiares. Sin embargo, esta medida provocó resistencia entre diversos actores políticos, al grado de retrasar su entrada en vigor hasta 2030, aunque Morena ya la incorporó en sus propios estatutos.

El caso de Zacatecas resulta ilustrativo: el “aparente” conflicto entre los hermanos Monreal por la sucesión al gobierno estatal evidencia la pugna entre la presidenta y la familia más influyente de la entidad, que se opone a aceptar la medida propuesta por la mandataria. Esta tensión muestra que la lucha contra el nepotismo no solo pretende limitar prácticas arraigadas en la política mexicana, sino también reafirmar a la presidenta como la gran electora, dispuesta a impedir que otros grupos o personas definan candidaturas o impongan su voluntad.

Las resistencias no provienen únicamente del interior de Morena. Sus aliados estratégicos, como el Partido Verde y el PT, actúan con pragmatismo: obtienen beneficios de la alianza con el gobierno, pero también ejercen capacidad de presión y chantaje político. En este contexto, la presidenta impulsó una reforma política de mayor alcance, que propone eliminar a los legisladores plurinominales, reducir el número de integrantes del Congreso y recortar el financiamiento a los partidos.

La medida tiene, sin duda, una lógica: estos partidos podrían convertirse en una alternativa para los morenistas inconformes con la decisión de impedir candidaturas a quienes tienen familiares en posiciones de poder. Más aún, con una actitud desafiante, podrían disputar abiertamente el poder a Morena en el futuro. De ahí surge la necesidad de impulsar una reforma que reduzca cualquier posibilidad de competencia real y consolide un escenario en el que nadie pueda cuestionar su hegemonía.

En este sentido, el núcleo del llamado “segundo piso de la transformación” parece residir en el control total del poder político. Los aliados fueron necesarios para llegar al poder; ahora, el objetivo es encontrar la manera de deshacerse de ellos.

En consecuencia, si bien estas medidas afectarían directamente a la oposición, también podrían colocar a estos partidos aliados al borde de la desaparición. Aunque la discusión se pospuso para el próximo año, resulta evidente que la iniciativa amenaza la supervivencia de las fuerzas minoritarias y acerca al sistema político a un modelo hegemónico, semejante al que caracterizó al PRI durante gran parte del siglo XX.

En este contexto, México vive una paradoja. Por un lado, el frágil pluralismo político se sostiene en gran medida gracias a partidos minoritarios que viven del chantaje y que son básicamente empresas familiares. Por otro lado, la fuerza gobernante busca consolidar su poder eliminando obstáculos y disputas internas. Esto ha colocado a la presidencia en el centro de la toma de decisiones, con el riesgo latente de que a mayor concentración del poder, mayor opacidad y menores contrapesos.

La disputa actual no es solo sobre reformas específicas o alianzas coyunturales: se trata de definir si México avanzará hacia un modelo de pluralismo político, aunque débil, o si regresará a la concentración del poder en una sola figura y partido. La historia muestra que cuando el poder no se autolimita, tiende a caer en excesos.

La reflexión que surge es inevitable: ¿qué dirección tomará el país en este nuevo ciclo político, hacia el fortalecimiento democrático o hacia la repetición de viejos patrones de hegemonía?