– Por Francisco Junco

Con un tono crítico y firme, la diputada de Morena, Brenda Carrera, denunció la falta de responsabilidad en el Congreso local para dictaminar con seriedad la iniciativa que busca sancionar la apología del delito, particularmente a través de la música que promueve el narcotráfico y la violencia.

“Nuestra obligación como representantes de los ciudadanos jaliscienses será siempre defender, a costa de lo que sea, el bienestar de la sociedad”, expresó.

Brenda Carrera acusó directamente a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la también morenista, Norma López Ramírez, de haber aprobado un dictamen “simplón, sin argumentos y con mano blanda” que no responde a la gravedad de la violencia en Jalisco.

Recordó que mientras delitos como feminicidios, ajustes de cuentas y reclutamiento de menores crecen, en el Congreso del Estado se pierde tiempo con justificaciones y pretextos. “La sociedad necesita resultados, no excusas”, reprochó.

Para la legisladora morenista, resulta ofensivo que se pretenda sancionar con multas de apenas 3 a 6 mil pesos a quienes difunden mensajes que glorifican al crimen organizado.

“Las multas del Torito por invadir el carril del macrobús o usar un portaplacas ascienden a entre 18 mil a 23 mil pesos. Inducir a nuestros niños y jóvenes a integrarse al crimen organizado mediante narcocorridos, cuesta de 3 mil a 6 mil pesos, con el costo de una entrada al Telmex lo pagarían”, resaltó la diputada Brenda Carrera.

El conflicto tomó un cariz interno en Morena, ya que la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López Ramírez, también forma parte de esa bancada.

Pero Brenda Carrera no sólo cuestionó su actuación, sino que también criticó a su coordinador, Miguel de la Rosa, quien “está más interesado en Tlaquepaque rumbo al 2027 que en atender los rezagos legislativos. Prefiere guardar silencio antes que incomodar al que se cree dueño de la bancada morenista”, reclamó la legisladora.

En la rueda de prensa también participaron voces de respaldo. Arturo Trejo Saldívar, presidente del Colegio Barra de Abogados de Jalisco, quien señaló que la propuesta de Brenda Carrera es indispensable para proteger a la niñez y juventud.

“Queremos invitar a colegios de abogados, padres de familia, maestros y profesionistas a unirse en apoyo. Una ley que sancione de verdad la apología del delito debe ser prioridad nacional”, afirmó.

Por su parte, Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de Cabildo del Frente por la Familia (FNF), advirtió que la música con mensajes criminales no puede seguir normalizándose.

“Como padres de familia sabemos que lo que escuchan nuestros hijos influye en su mentalidad. Si la sanción es baja, no habrá efecto disuasivo. La pena debe ser proporcional y eficaz”, señaló, pidiendo que se deje de politizar el tema.

En la misma línea, Elena González Morales, también dirigente del Frente por la Familia, resaltó el daño social que estas expresiones generan y por lo tanto, “no podemos permitir que quienes hacen dinero con la apología del delito sigan afectando a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Necesitamos sanciones que de verdad les duelan”.

Brenda Carrera insistió en que la iniciativa debe regresar a la Comisión de Puntos Constitucionales para recuperar su espíritu original y no quedar como una simulación.

“No se vale arriesgar a nuestros niños por intereses políticos o por falta de trabajo legislativo. Queremos que Jalisco quede blindado, sobre todo ahora que se acercan las Fiestas de Octubre, donde artistas reincidentes ya se han burlado de la ley”, advirtió.

La diputada aseguró que endurecer las sanciones no es un capricho político, sino una necesidad social, por lo que “no podemos seguir normalizando estas acciones. Lo que pedimos es simple justicia y responsabilidad con nuestra niñez”, concluyó.

– Por Raúl Cantú

El salón de usos múltiples del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) vibró con aplausos y expectación esta mañana, cuando el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez rindió su Primer Informe de Gobierno.

Bajo el lema de un «gobierno cercano a la gente», Quirino presentó un año de gestión marcado por la inversión en obras, seguridad y participación ciudadana, destacando la presencia del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien respaldó públicamente el trabajo del edil. «Trabajo recio y cercano», resumió Quirino, enfatizando que su administración prioriza la proximidad con los tlajomulquenses.

Quirino abrió su informe con un mensaje emotivo: «Este primer año ha sido de escuchar, caminar y actuar junto a ustedes. No prometemos espejismos; entregamos resultados tangibles».

Entre los puntos destacados, enfatizó la inversión de 2,100 millones de pesos en más de 200 obras públicas, que incluyen la modernización de espacios como el Mercado Municipal Eugenio Zúñiga (con 86 millones de pesos) y la rehabilitación de calles como Flaviano Ramos (16.2 millones).

«Hemos iluminado Tlajomulco con LED y transformado el corazón del municipio para que sea un lugar de orgullo y seguridad», dijo, anunciando el arranque del primer C5 local con 350 millones de pesos, que incorporará 500 cámaras y 300 policías nuevos para fortalecer la vigilancia inteligente.

En seguridad, Quirino detalló el plan integral «De cerca hacemos la paz», presentado en enero, que ha rescatado 560 espacios públicos en cuatro meses y avanza en la prevención del crimen mediante corresponsabilidad comunitaria. «La seguridad no es solo patrullas; es comunidad unida», afirmó, mencionando la coordinación con el estado para combatir el robo de combustible y la violencia.

Lemus intervino aquí para elogiar: «Jalisco avanza en paz gracias a líderes como Gerardo, que entienden que la seguridad es un derecho de todos».

Otro eje clave fue la vivienda y el desarrollo social. Quirino presentó el Plan de Recuperación de Vivienda, pionero en México, para rehabilitar hasta 10 mil hogares con apoyo federal (SEDATU), alcanzando 500 intervenciones gratuitas en 2025; inicia un programa piloto y en este año esperan recuperar entre 800 y 1000 viviendas.

«La vivienda no es un negocio; es un derecho. Buscamos que cada familia tenga un techo digno, con acceso a agua, salud y educación», explicó. Destacó la instalación del Sistema Integral de Cuidados en marzo, que alivia la carga de las mujeres cuidadoras y promueve la corresponsabilidad, alineado con la Ley estatal de cuidados.

Además, impulsó mejoras educativas, como la rehabilitación de 50 escuelas prioritarias y la entrega de una lonaria en la primaria Eleno García Ramos (2.1 millones de pesos).

En democracia participativa, Quirino firmó en febrero un convenio con el IEPC Jalisco para elecciones de delegados y agentes municipales, fortaleciendo la voz ciudadana. «Tlajomulco es referente en transparencia y participación», dijo, anunciando informes comunitarios en ocho zonas para llevar la rendición de cuentas a las calles.

En desarrollo económico, resaltó la transformación de la Zona Valle con 10.1 millones en obras como el vaso regulador en Cuatro Estaciones y el Parque Valle de Panamá, además del Centro Administrativo en el Corredor Chapala (64.9 millones) para descentralizar servicios.

El informe no olvidó el crecimiento urbano: Quirino presentó el Plan de Coordinación Metropolitana para mejorar movilidad, vivienda y servicios en la ZMG, y la construcción del Centro Administrativo en López Mateos. «Tlajomulco tiene visión de futuro: somos motor de innovación y conectividad, con el Aeropuerto Internacional como pilar», enfatizó, mencionando alianzas con Canadevi para vivienda sustentable.

El cierre fue un llamado a la unidad: «Este informe es de todos; juntos construimos un Tlajomulco en paz y próspero». Lemus cerró con optimismo: «Gerardo Quirino demuestra que un gobierno cercano transforma vidas. Jalisco camina unido hacia un futuro naranja».

La audiencia, con más de 500 asistentes, aplaudió de pie, reflejando el respaldo a una gestión que, según Quirino, «escucha y actúa». Este primer año deja un Tlajomulco más seguro, conectado y humano, listo para los retos venideros.

– Por Francisco Junco

La Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, anunció que se retira de la mesa de negociación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), luego de más de 20 años sin recibir el pago por la expropiación de 26 hectáreas para la ampliación de la carretera a Saltillo en 2004.

“De nada sirvió, estamos retirándonos de estas mesas de negociación”, sentenció Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la comunidad.

Rodríguez Barajas explicó que la decisión se toma tras constatar la falta de voluntad de la dependencia federal para cumplir con lo dictaminado por los tribunales agrarios, que ya resolvieron en favor de los comuneros.

“Ya se ganaron dos juicios, dos amparos y realmente la Secretaría no ha tenido la voluntad de pagar. Nosotros cada mes hemos tenido una mesa de reunión en la Secretaría para poder llegar a un acuerdo y ver avances en esto. Hoy en día, de nada sirvió”, recalcó.

Los comuneros adelantaron que, ante la falta de solución, preparan acciones de protesta que incluyen la toma de carreteras y manifestaciones en oficinas del gobierno federal, con el objetivo de ser escuchados. Explicaron que la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ya les notificó que este año no habrá recursos disponibles porque los presupuestos fueron aprobados sin contemplar el pago, lo que incrementa la inconformidad y los orilla a radicalizar su movimiento.

El líder comunero recordó que en 2004 se firmó un convenio de ocupación previa con el gobierno federal, en el que apenas se cubrió un 10 por ciento del avalúo de las tierras, quedando pendiente el pago del resto.

“Han pasado cuatro sexenios y lo que va de este, ya son más de 21 años, y seguimos sin respuesta”, lamentó. En total, son 333 las familias afectadas directamente por la falta de cumplimiento.

De acuerdo con un cálculo estimativo, el monto pendiente podría rondar los 270 millones de pesos, considerando las 27 hectáreas valuadas a mil pesos por metro cuadrado en catastro, lo que representaría cerca de 810 mil pesos por cada uno de los 333 comuneros.

Sin embargo, cabe señalar que, conforme a las sentencias emitidas por tribunales agrarios, debe realizarse un avalúo a precio comercial para determinar la cantidad exacta que el gobierno federal está obligado a pagar, por lo que estas cifras son únicamente referenciales, pero las autoridades federales tampoco han realizado este avalúo, aseguraron los comuneros.

En rueda de prensa, estos señalaron que lo que piden es justicia y certeza, o el pago completo de las hectáreas a valor actual, o la devolución de sus tierras.

“Son nuestras tierras, nuestras tierras; a nosotros nos costaron, el gobierno no nos las regaló. Esta comunidad data de 1690 y no es justo que después de tantos años sigamos sin una solución”, expresó Rodríguez Barajas.

Además, cuestionaron la incongruencia del discurso de la llamada Cuarta Transformación, que desde el inicio de este sexenio ha prometido justicia social y agraria.

“Realmente no vemos reflejado ese discurso. Tenemos también un problema de titulación rezagado en nuestra comunidad que el gobierno federal no ha querido resolver. Se habla mucho de justicia social, pero en los hechos seguimos igual”, apuntó el presidente de la comunidad.

Los comuneros advirtieron que continuarán con acciones legales y manifestaciones para exigir el cumplimiento.

“Lo justo es que nos resuelvan. Ya no solo es un tema de comuneros, también afecta a todas las colonias alrededor de la carretera”, dijo Rodríguez Barajas, al recalcar que, si no hay avances, pedirán la devolución de las tierras.