El deslinde de la presidenta

– Opinión, por Gerardo Rico

En tiempos de polémica y ataques mediáticos y ante propios y extraños, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asestó un duro golpe a la corrupción con la detención de 14 funcionarios, entre ellos 6 marinos relacionados con el tráfico de combustible en las aduanas marítimas; entre ellos están tres empresarios, seis marinos –uno de ellos en retiro– y cinco funcionarios aduanales.

Aún cuando la oposición trata de minimizar el hecho con el argumento que fue presionada y hubo acuerdo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien se reunió días antes de darse a conocer la detención de los responsables de tráfico de huachicol, lo cierto es que a un año de su administración busca marcar su propia línea en la estrategia de combate al crimen.

Es de mayor trascendencia la detención, cuando se le acusa de subordinarse a las determinaciones del líder moral de Morena y expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hay que recordar que su encargado de seguridad en el país, Omar García Harfuch, nunca gozó de las simpatías del exmandatario morenista; al menos eso se percibió cuando en noviembre del 2023 perdió la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en su lugar fue postulada Clara Brugada, quien venía de ser la alcaldesa de Iztapalapa y fue considerada candidata del oficialismo y del ala dura del partido guinda.

El golpe caló hondo en las estructuras del poder en México y en la Secretaría de Marina; ante todo se buscó proteger la honra del ex titular de la dependencia en tiempos obradoristas, José Rafael Ojeda Durán, luego de comprobarse que los principales implicados en el escándalo son sus sobrinos políticos.

Además de la muerte de cuatro marinos, tres exfuncionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y una persona más de la Agencia Nacional de Aduanas.

En cualquier país no es fácil emprender alguna acción de este tipo contra oficiales de alto rango y más aún cuando los militares constituyen un poder por sí mismos. Estoy seguro de que estas acciones no estuvieron ajenas a la generación de tensiones internas entre el poder presidencial y los marinos. Más aún cuando el Ejército y la Marina asumieron cargos de dirección en diferentes dependencias del gobierno federal en el sexenio anterior.

No hay que olvidar otras muertes relacionadas con el tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a México; en la lista también se encuentra el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, registrada en agosto pasado y que fue ligada al aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburo a una célula del Cártel del Golfo, en un predio de la ciudad de Reynosa.

En noviembre del año pasado, sujetos armados asesinaron al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima, quien denunció una red de corrupción en las aduanas encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

En octubre de 2024, un comando ejecutó a Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la delegación de la FGR en Colima, hecho que también se relacionó con las investigaciones que realizaba sobre las actividades de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna en las aduanas y en la Secretaría de Marina.

En mayo de 2024, Carlos Narváez Romero, exfuncionario en la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue asesinado en la Ciudad de México.

A todo esto se debe recordar el origen de las investigaciones que concluyeron con dichas detenciones: Todo comenzó con el histórico decomiso realizado el 31 de marzo en Tampico, Tamaulipas, cuando las autoridades federales interceptaron el buque petrolero Challenge Procyon, de bandera singapurense, que intentaba ingresar millones de litros de combustible ilegal al país. Las labores de inteligencia, iniciadas el 19 de marzo, permitieron identificar la embarcación, presuntamente cargada con aditivos para aceites lubricantes.

LA BARREDORA

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, en las primeras horas del pasado 13 de septiembre se conoció la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a actividades de extorsión, tráfico de personas y drogas.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el traslado inmediato a México de dicho personaje.

Aquí quien aparece en escena es el alicaído coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, con quien Bermúdez Requena fue jefe de seguridad cuando el legislador era gobernador de Tabasco.

La advertencia está hecha: tolerancia cero para políticos de cualquier partido, líderes sindicales, empresarios y gobernadores. Y muchos de ellos y ellas pensaron que afiliarse a Morena significaba tener impunidad. Yo le doy el beneficio de la duda a la presidenta Sheinbaum Pardo.