– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Tan antigua como la existencia de las sociedades organizadas, la corrupción es tentación, aquí y en China, dicho esto solo por mencionar un lugar distante. En algunos países es sancionada incluso con pena de muerte; en otros, la tolerancia es cero y se persigue hasta en los más altos niveles.

En México, a pesar de discursos y leyes, la corrupción se tolera, se encubre, y las instituciones y normas hechas para combatirla son extraídas del cajón para darles generalmente un uso político.

Lo que ha sucedido en estos días con el asunto del contrabando de hidrocarburos en buques que pasaban por las aduanas controladas por miembros de las fuerzas armadas, no es de ninguna manera el inicio de una batida formal contra la corrupción, ni deriva de una política pública ahora sí decidida a combatirla.

Es presumible que podría haber continuado la operación del ilícito, si no fuera porque en EUA detuvieron, en mayo de 2025, a integrantes de la familia Jensen, residentes en Utah y Texas, acusados de procesar petróleo crudo robado por un cartel mexicano y transportarlo a México en barcos, derivando esta acción de la persecución que en ese país se ha dado contra las actividades de los carteles mexicanos.

En el marco de los acuerdos y compromisos que nuestro gobierno ha tenido que formalizar para evitar la fijación de aranceles, era imposible no dar seguimiento a la cadena de pruebas que la investigación estadounidense arrojó. No hacerlo era dar la razón a lo que las autoridades estadounidenses de todos los niveles han dicho respecto al contubernio de instancias oficiales con las organizaciones del narcotráfico.

Son evidentes los esfuerzos de comunicación que han hecho, desde la presidente Sheinbaum, hasta el Fiscal Gertz Manero y el Secretario de Seguridad García Harfuch, para evitar que el escándalo manche al ex titular de la Secretaría de Marina y que trascienda hasta el mismo expresidente López Obrador, sin embargo, fue él mismo quien causó que la corrupción hoy manche a una de las instituciones más respetadas y reconocidas.

En octubre de 2022, publiqué en Conciencia Pública una colaboración con el título «Manzana envenenada», derivada de la decisión presidencial que asignaba a las fuerzas armadas funciones de control y operación en aduanas, puertos, aeropuertos y otras distintas a su función militar.

Expresaba en ese entonces: “El presidente (AMLO) ha puesto la manzana prohibida de la tentación en el árbol institucional de las fuerzas armadas».

Para la milicia es una prueba por la que, a mediano plazo, habrán de sufrir un desgaste explicable. Puede ser que, por la institucionalidad y disciplina castrense, se supere la prueba de la honestidad en el manejo de los recursos, pero también puede suceder que no y que la actuación de algún mando u oficial de las fuerzas armadas se parezca o imite a servidores civiles, como algunos exgobernadores o directores de empresas paraestatales o administradores de fondos que frecuentemente son exhibidos por no resistir la tentación de disponer del dinero público.

Ejemplos de corrupción en la milicia ha habido cuando no disponían de tantos recursos y facilidades; «lo que pase hoy estará por verse”.

Lo que era previsible ya sucedió y lo que estamos viendo con altos mandos de la marina, no sería extraño que se repitiera en otras áreas en las que se han involucrado las fuerzas armadas. Los medios de información han denunciado irregularidades que merecen investigación, en todas las obras prioritarias de la anterior administración. Lo mismo en el Tren Maya que en el Aeropuerto Felipe Ángeles o el tren interoceánico del istmo.

Denuncias que han sido descalificadas, pero nunca investigadas, presumiblemente por no empañar la herencia de “honestidad” que falazmente sembró el presidente que más ha mentido en la historia de nuestro país. Es su imagen la que preservan, porque es también la imagen del movimiento al que quieren poner un segundo piso.

La solidez moral de este movimiento y su gobierno ha sido cuestionada por autoridades de los EUA, empezando por su presidente, y el asunto del huachicol petrolero les está dando la razón. Sano sería para el país y para la gestión de Claudia Sheinbaum que pasara de la reacción a las acusaciones a la eliminación de los motivos.

El problema es que para hacerlo tendría que desprenderse de los sentimientos de lealtad y agradecimiento para con su antecesor y protegidos, y eso parece no estar en su pensamiento. Si bien la reciente detención de Hernández Requena ayuda al discurso, en los hechos bien puede servir para sacrificar un peón o hasta un alfil, para distraer y salvar a piezas mayores, porque el asunto del huachicol puede llegar más alto.

Lo que suceda con estos dos casos mostrará la real voluntad del régimen para combatir la corrupción o si simplemente seguirá la simulación y el disimulo.

– Opinión, por Iván Arrazola

Uno de los dilemas que enfrentó Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder fue cómo conformar un equipo capaz de implementar sus proyectos de gobierno y, al mismo tiempo, mantenerlo bajo estricta vigilancia para evitar actos de corrupción. La respuesta la encontró en dos instituciones con fuerte disciplina interna: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

A ellas les atribuyó un rasgo casi incuestionable: la incorruptibilidad. Sin embargo, los recientes escándalos revelan que esta premisa, presentada como garantía de eficacia y honestidad, no era más que un mito que hoy comienza a desmontarse.

A la primera le encomendó la ejecución de sus obras emblemáticas, como la construcción del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. A la segunda, le otorgó la administración y el control de las aduanas. Esta última decisión generó fricciones con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien no estuvo de acuerdo con que los militares asumieran esas tareas.

La lógica detrás de esta decisión obedecía a que López Obrador no confiaba en otros perfiles para desempeñar estas funciones. Argumentaba que la verticalidad de las Fuerzas Armadas garantizaba rendición de cuentas directa y control absoluto ante cualquier anomalía.

Sin embargo, ese mito comenzó a resquebrajarse con el anuncio del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de huachicol fiscal operada por elementos de la Marina. Los principales responsables eran los hermanos Lagunas Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Desde sus primeros años en el poder, López Obrador dejó claro que privilegiaba la confianza personal por encima de la capacidad técnica en la selección de su equipo. En este caso, la narrativa de incorruptibilidad se derrumbó.

Aunque poco se sabe más allá de lo que han declarado las autoridades, hay antecedentes que permiten entender la magnitud del problema. El periodista Carlos Loret de Mola había publicado en 2022 una columna en la que señalaba a los sobrinos de Ojeda como operadores de una red de huachicol. No obstante, la publicación fue desestimada por ser un periodista incomodo.

El reto mayor ahora es deslindar al expresidente López Obrador de este escándalo. Según las declaraciones de García Harfuch y Gertz Manero, el propio Rafael Ojeda había denunciado a sus sobrinos dos años antes y solicitado que se les investigara. Por otro lado, las autoridades han insistido en que se trataba de “unas cuantas manzanas podridas”, y no de una institución infiltrada por redes de corrupción.

Para dar coherencia a su versión, explicaron que las órdenes de aprehensión se giraron hasta este año porque se necesitaban más pruebas, las mismas que llegaron con la incautación del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, cargado con 10 millones de litros de combustible ilegal, y con la detección de otros 8 millones de litros en un predio en Ensenada.

No obstante, las dudas persisten: ¿se informó al presidente de la denuncia original?, ¿qué medidas se tomaron para limitar el poder de los sospechosos?, ¿cómo fue posible que uno de los sobrinos ascendiera en su carrera naval mientras era investigado?

La administración de Claudia Sheinbaum busca deslindar a López Obrador y a su secretario de Marina del caso, aunque reportajes periodísticos y la presión de Estados Unidos sugieren que México fue alertado con anticipación y actuó solo tras insistencia de Washington.

El mayor desafío para el actual gobierno es desmontar definitivamente el mito de la incorruptibilidad militar. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, particularmente en la administración de aduanas, parece haberse salido de control. A ello se suman las muertes sospechosas de elementos vinculados de alguna manera con el caso.

La insistencia en eximir de responsabilidad a López Obrador y a Ojeda puede interpretarse como un intento de encubrir a la administración pasada. Por ello, sería prudente que el gobierno de Sheinbaum, como ella misma ha declarado, esperara a que concluyan las investigaciones antes de exonerar públicamente a alguien.

El otro gran reto es decidir qué papel tendrán las Fuerzas Armadas en adelante: ¿seguirán ocupando funciones civiles estratégicas o se dará un proceso de devolución de atribuciones a manos civiles? Después de la magnitud de este escándalo, resulta difícil justificar que la Marina mantenga el control de las aduanas.

En última instancia, aunque Sheinbaum insista en que el combate a la corrupción será frontal, mientras México no cuente con un sistema robusto de instituciones independientes que investiguen y sancionen estos casos, sus esfuerzos serán percibidos más como actos de voluntad política que como transformaciones de fondo.

Y un país sin contrapesos, más allá de discursos o promesas, sigue siendo vulnerable frente a la corrupción estructural que, en su momento, el líder moral de la 4T proclamó haber erradicado.

– Opinión, por Gerardo Rico

En tiempos de polémica y ataques mediáticos y ante propios y extraños, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asestó un duro golpe a la corrupción con la detención de 14 funcionarios, entre ellos 6 marinos relacionados con el tráfico de combustible en las aduanas marítimas; entre ellos están tres empresarios, seis marinos –uno de ellos en retiro– y cinco funcionarios aduanales.

Aún cuando la oposición trata de minimizar el hecho con el argumento que fue presionada y hubo acuerdo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien se reunió días antes de darse a conocer la detención de los responsables de tráfico de huachicol, lo cierto es que a un año de su administración busca marcar su propia línea en la estrategia de combate al crimen.

Es de mayor trascendencia la detención, cuando se le acusa de subordinarse a las determinaciones del líder moral de Morena y expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hay que recordar que su encargado de seguridad en el país, Omar García Harfuch, nunca gozó de las simpatías del exmandatario morenista; al menos eso se percibió cuando en noviembre del 2023 perdió la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en su lugar fue postulada Clara Brugada, quien venía de ser la alcaldesa de Iztapalapa y fue considerada candidata del oficialismo y del ala dura del partido guinda.

El golpe caló hondo en las estructuras del poder en México y en la Secretaría de Marina; ante todo se buscó proteger la honra del ex titular de la dependencia en tiempos obradoristas, José Rafael Ojeda Durán, luego de comprobarse que los principales implicados en el escándalo son sus sobrinos políticos.

Además de la muerte de cuatro marinos, tres exfuncionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y una persona más de la Agencia Nacional de Aduanas.

En cualquier país no es fácil emprender alguna acción de este tipo contra oficiales de alto rango y más aún cuando los militares constituyen un poder por sí mismos. Estoy seguro de que estas acciones no estuvieron ajenas a la generación de tensiones internas entre el poder presidencial y los marinos. Más aún cuando el Ejército y la Marina asumieron cargos de dirección en diferentes dependencias del gobierno federal en el sexenio anterior.

No hay que olvidar otras muertes relacionadas con el tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a México; en la lista también se encuentra el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, registrada en agosto pasado y que fue ligada al aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburo a una célula del Cártel del Golfo, en un predio de la ciudad de Reynosa.

En noviembre del año pasado, sujetos armados asesinaron al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima, quien denunció una red de corrupción en las aduanas encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

En octubre de 2024, un comando ejecutó a Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la delegación de la FGR en Colima, hecho que también se relacionó con las investigaciones que realizaba sobre las actividades de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna en las aduanas y en la Secretaría de Marina.

En mayo de 2024, Carlos Narváez Romero, exfuncionario en la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue asesinado en la Ciudad de México.

A todo esto se debe recordar el origen de las investigaciones que concluyeron con dichas detenciones: Todo comenzó con el histórico decomiso realizado el 31 de marzo en Tampico, Tamaulipas, cuando las autoridades federales interceptaron el buque petrolero Challenge Procyon, de bandera singapurense, que intentaba ingresar millones de litros de combustible ilegal al país. Las labores de inteligencia, iniciadas el 19 de marzo, permitieron identificar la embarcación, presuntamente cargada con aditivos para aceites lubricantes.

LA BARREDORA

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, en las primeras horas del pasado 13 de septiembre se conoció la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a actividades de extorsión, tráfico de personas y drogas.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el traslado inmediato a México de dicho personaje.

Aquí quien aparece en escena es el alicaído coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, con quien Bermúdez Requena fue jefe de seguridad cuando el legislador era gobernador de Tabasco.

La advertencia está hecha: tolerancia cero para políticos de cualquier partido, líderes sindicales, empresarios y gobernadores. Y muchos de ellos y ellas pensaron que afiliarse a Morena significaba tener impunidad. Yo le doy el beneficio de la duda a la presidenta Sheinbaum Pardo.