– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

Manual para entender la “clase” política: Todo lo que pregonan como verdad, indefectiblemente, es mentira. Todas sus mentiras, por decreto oficial, son la pura verdad. Sus mentiras deben ser admitidas como verdades… Para eso son los que mandan.

Cuando un político dice una verdad, es porque “se le salió”. En psicología se llama “lapsus linguae”, en el barrio “lapsus mensus”. La realidad “real” no existe. Solo la realidad de los gobernantes es la que debe admitirse como tal o hay peligro de cárcel, en el mejor de los casos.

Las mentiras repetidas todas las mañanas, en todas las giras, en TikTok, en todos los medios, deben ser adoptadas como verdades. Es necesario reafirmar miles de veces, con “personal” automatizado, que la óptica gubernamental es la única verdad verdadera.

La verdad del pueblo es la que “la mayoría” quiere; es la que no admite otras verdades de segmentos o partes de la sociedad. Esa verdad puede ser inducida, manipulada o dictada.

La verdad del pueblo es la que quienes manipulan a las mayorías decretan, para que las mayorías la asuman como si proviniera de ellas. Las mentiras de quienes ejercen el poder son, a lo sumo, “piadosas”; las verdades de los opositores “no son ciertas; son venenosas, vengativas, nomás para ver lo negativo”.

Las evidencias que revelan verdades non gratas a los intereses de quienes ostentan el poder son “falsas”. Los poderosos no admiten que se les exhiba. Para remediar esas “mentiras”, llevan al cabo juicios legales que les eximan incluso de delitos. Para eso tienen al aparato judicial a su merced u otras maneras no tan “delicadas” para que los “mentirosos” rectifiquen sus infundios.

Los gobernantes ofendidos con verdades inocultables se escudan en la máxima aquella de “el tiempo cura todo y la memoria colectiva es flaca”. Por ello, la protección de su camarilla cuando son descubiertos sus delitos es fundamental.

Además, claro, como decía el eminentísimo secretario de Estado, José Fouché, “hay que saber dos o tres secretillos de los poderosos, porque une más la complicidad que la sangre”. O lo que es lo mismo: me cubres, me proteges o te llevo al baile conmigo.

Los delincuentes de “elección popular” y los de “cuello blanco” tienen ya su cártel establecido. Se agrupan en varias familias para repartirse los territorios, cámaras y secretarías desde donde ejercen su poder para delinquir con la máscara de ser “representantes populares”.

Intercambian poderes con los mafiosos multimillonarios —gracias a los negocios turbios que efectúan—; ambos tienen injerencia en la política y en los negocios ilícitos. Es decir, no se sabe dónde comienzan unos y dónde terminan los otros.

Las verdades a medias no son verdades, suelen ser mentiras. El lenguaje cantinflesco de los políticos apunta siempre a confundir con sus verdades a medias que encubren mentiras completas. Sus galimatías no son entendidos ni por ellos mismos y, en caso de ser así, es siempre en favor de sus “verdades”.

Las mentiras de los gobernantes solo son creídas por quienes sienten que tienen la obligación de creerlas; los hay convenencieros, cómplices, ingenuos y fanáticos; estos creen que su deber es hacer creer a los incrédulos las mentiras, que muchos de ellos saben que lo son, pero que ansían que deben ser la verdad, por así convenir a sus intereses o por simple orgullo de “ser parte de un proyecto” …Mentira, que deben defender a capa y espada. Su mentalidad semeja la de rebaño de una iglesia cuyos pastores pueden pedirles, incluso, que se quiten la vida “porque así lo quiere el todopoderoso”.

La verdad de los políticos es relativa: para el pópulo es una, para los “patrones” es otra y para los superpatrones, una muy diferente. El “trabajo” de los gobernantes, de casi todos los políticos, es hacer que confluyan todas las verdades para “unificar criterios”. Que las verdades oficiales sean difundidas por todos los correligionarios.

Las mentiras “de los opositores” son siempre “falsas verdades” y, si tienen pruebas veraces, habrá que demeritarlas inmediatamente, descalificando, recurriendo a la amenaza, con demandas cínicas y jueves venales que les dan la razón o violentando verbal o físicamente a quienes se atreven a considerar “mentirosos” a los “semidioses” que habitan temporalmente en el Olimpo del poder circunstancial.

Para entender a los políticos mentirosos, solo basta traer al presente sus diatribas pasadas; sus alegatos añejos, cuando no tenían más poder que el de su lengua viperina; el de sus verdades que buscaban desenmascarar a los mentirosos que ocupaban los lugares donde hoy están instalados quienes eran los adalides de las verdades incómodas y que hoy se irritan cuando les demuestran que están igual o peor que los mentirosos del pasado.

Las verdades oficiales, se puede corroborar desde siempre, son mentiras públicas que suelen ser toleradas por pueblos complacientes, cómplices, incluso, porque quienes las dictan pueden incluso terminar con la vida de quienes no se tragan los mitos oficialistas.

Esta es la impronta del sistema mexicano político que se heredó después de que la Revolución se bajó del caballo, de los trenes, y se puso saco y corbata.

Cada uno que crea lo que quiera, pero la verdad es única e inobjetable. Lo demás es una vil mentira. Y la mentira solo conduce a falsedades, hipocresías, disimulos y simulaciones que degradan más a la sociedad que a los políticos mismos, puesto que la política por estos lares es sinónimo de mentira, falsedad, hipocresía y fingimiento. Si la sociedad no combate esas mentiras “verdaderas”, entonces tiene lo que merece.

– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

En la historia de la política internacional, las decisiones económicas suelen asemejarse a partidas de ajedrez: cada movimiento no solo busca ganar terreno en el presente, sino también anticipar jugadas futuras que podrían definir la victoria o la derrota.

México, con el anuncio de aranceles de hasta un 50% a productos provenientes de países sin acuerdos comerciales —particularmente China—, ha hecho una jugada que puede parecer arriesgada, pero que revela un cálculo estratégico más amplio: equilibrar una balanza comercial desigual y, al mismo tiempo, alinearse con el tablero donde Estados Unidos y China libran una guerra cada vez más abierta.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha justificado la medida bajo dos argumentos centrales: primero, la necesidad de equilibrar la balanza comercial con China, que hoy refleja una brecha difícil de ignorar; y segundo, el impulso del llamado Plan México, su proyecto estrella para transformar la economía y fomentar la producción nacional.

Visto desde esa óptica, el arancel no es un simple impuesto, sino un muro de contención frente a la dependencia excesiva de productos chinos y, al mismo tiempo, una palanca para reconfigurar las cadenas de valor en territorio mexicano.

El gesto tiene también una lectura geopolítica. Estados Unidos ha reactivado una estrategia de confrontación comercial contra China y la Unión Europea ha hecho lo propio. México, tercer socio comercial de Estados Unidos y pieza clave en la industria automotriz de Norteamérica, no podía permanecer neutral. Imponer aranceles de este calibre es enviar una señal de lealtad estratégica a Washington, asegurando que México no será el eslabón débil en la cadena norteamericana.

La analogía podría entenderse si imaginamos un puente colgante sobre un río. Durante décadas, México ha cruzado ese puente que fue construido con materiales chinos y que servían de soporte a la industria nacional. Ahora, la decisión de elevar aranceles implica retirar varios de esos tablones y reemplazarlos con productos propios o con piezas de otros socios.

No es una tarea sencilla. Estos cambios en un inicio podrían debilitar el puente, pero esto se hace con la finalidad de consolidar la estructura y hacerla menos dependiente de un solo proveedor.

Los críticos señalan que el golpe puede resultar contraproducente. La industria automotriz mexicana, uno de los grandes motores de la economía, ha construido buena parte de su competitividad sobre la base de insumos chinos.

No obstante, esta medida podemos verla desde otra perspectiva y no solo como una medida para eliminar de golpe la presencia china, sino que esta busca generar incentivos para que la inversión y la producción se instalen en territorio mexicano o en países con reglas más claras.

Esta jugada puede entenderse también como una apuesta al futuro del nearshoring, el fenómeno que ha llevado a empresas globales a trasladar operaciones de Asia a países más cercanos al mercado estadounidense. México, por su ubicación geográfica y su red de tratados, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos.

Para capitalizar esa ventaja era necesario enviar una señal firme: que el país está dispuesto a reordenar su comercio exterior y a reducir su dependencia de un socio con el que no comparte compromisos de largo plazo.

No obstante lo anterior, en lo político, México también gana margen de maniobra. Al mostrar una postura clara frente a China, fortalece su posición en la relación con Estados Unidos, con quien compartimos más que fronteras. Recordemos que, en el contexto sociopolítico actual, el T-MEC exige disciplina y coordinación en temas comerciales, especialmente en la industria automotriz, que es clave tanto en México como en Estados Unidos.

El reto, sin embargo, será enorme. La transición hacia cadenas de suministro menos dependientes de China implicará costos de corto plazo, ajustes en la industria y tensiones con empresarios acostumbrados a la eficiencia y el bajo precio de los insumos chinos.

Pero en la economía, como en la vida, no siempre se trata de elegir el camino más fácil, sino el que garantiza mayor estabilidad y desarrollo a largo plazo. Si el Plan México logra que las fábricas, en lugar de importar piezas, empiecen a producirlas en territorio nacional, la apuesta habrá valido la pena.

Imaginemos por un momento la industria del automóvil como un gran árbol. Sus raíces se extienden en múltiples direcciones: hacia Estados Unidos, hacia Europa y, en las últimas dos décadas, con fuerza, hacia China. Lo que hoy propone el gobierno mexicano es podar algunas de esas raíces para que el árbol no dependa en exceso de un solo suelo.

Es verdad que hay incertidumbre. Nadie puede asegurar que los aranceles funcionarán como palanca de desarrollo interno y no como un freno a la producción. Nadie puede anticipar hasta qué punto las tensiones con China podrían derivar en represalias.

Pero lo que sí es claro es que seguir con una dependencia de 130 mil millones de dólares en importaciones de China, frente a apenas 15 mil millones en exportaciones de México, es caminar sobre una cuerda floja demasiado delgada.

México está intentando, con esta decisión, dejar de ser un simple espectador en la guerra comercial de Estados Unidos contra China, para convertirse en un jugador que elige con quién y cómo quiere relacionarse. El Plan México puede ser la brújula que oriente esta transición, y los aranceles, la herramienta que marque el rumbo.

No se trata de cerrarse al mundo, sino de abrirse de manera más inteligente, cuidando que el intercambio económico no se convierta en una relación de dependencia.

Al final, lo que está en juego no es solo la balanza comercial con China ni la competitividad de la industria automotriz, sino la posibilidad de que México aproveche este momento de reconfiguración global para fortalecerse como un país capaz de producir, innovar y sostener su crecimiento sin depender de los caprichos de una sola potencia. El puente que hoy tambalea puede convertirse, si se refuerza con visión, en la vía sólida hacia un futuro de mayor autonomía económica.

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Tan antigua como la existencia de las sociedades organizadas, la corrupción es tentación, aquí y en China, dicho esto solo por mencionar un lugar distante. En algunos países es sancionada incluso con pena de muerte; en otros, la tolerancia es cero y se persigue hasta en los más altos niveles.

En México, a pesar de discursos y leyes, la corrupción se tolera, se encubre, y las instituciones y normas hechas para combatirla son extraídas del cajón para darles generalmente un uso político.

Lo que ha sucedido en estos días con el asunto del contrabando de hidrocarburos en buques que pasaban por las aduanas controladas por miembros de las fuerzas armadas, no es de ninguna manera el inicio de una batida formal contra la corrupción, ni deriva de una política pública ahora sí decidida a combatirla.

Es presumible que podría haber continuado la operación del ilícito, si no fuera porque en EUA detuvieron, en mayo de 2025, a integrantes de la familia Jensen, residentes en Utah y Texas, acusados de procesar petróleo crudo robado por un cartel mexicano y transportarlo a México en barcos, derivando esta acción de la persecución que en ese país se ha dado contra las actividades de los carteles mexicanos.

En el marco de los acuerdos y compromisos que nuestro gobierno ha tenido que formalizar para evitar la fijación de aranceles, era imposible no dar seguimiento a la cadena de pruebas que la investigación estadounidense arrojó. No hacerlo era dar la razón a lo que las autoridades estadounidenses de todos los niveles han dicho respecto al contubernio de instancias oficiales con las organizaciones del narcotráfico.

Son evidentes los esfuerzos de comunicación que han hecho, desde la presidente Sheinbaum, hasta el Fiscal Gertz Manero y el Secretario de Seguridad García Harfuch, para evitar que el escándalo manche al ex titular de la Secretaría de Marina y que trascienda hasta el mismo expresidente López Obrador, sin embargo, fue él mismo quien causó que la corrupción hoy manche a una de las instituciones más respetadas y reconocidas.

En octubre de 2022, publiqué en Conciencia Pública una colaboración con el título «Manzana envenenada», derivada de la decisión presidencial que asignaba a las fuerzas armadas funciones de control y operación en aduanas, puertos, aeropuertos y otras distintas a su función militar.

Expresaba en ese entonces: “El presidente (AMLO) ha puesto la manzana prohibida de la tentación en el árbol institucional de las fuerzas armadas».

Para la milicia es una prueba por la que, a mediano plazo, habrán de sufrir un desgaste explicable. Puede ser que, por la institucionalidad y disciplina castrense, se supere la prueba de la honestidad en el manejo de los recursos, pero también puede suceder que no y que la actuación de algún mando u oficial de las fuerzas armadas se parezca o imite a servidores civiles, como algunos exgobernadores o directores de empresas paraestatales o administradores de fondos que frecuentemente son exhibidos por no resistir la tentación de disponer del dinero público.

Ejemplos de corrupción en la milicia ha habido cuando no disponían de tantos recursos y facilidades; «lo que pase hoy estará por verse”.

Lo que era previsible ya sucedió y lo que estamos viendo con altos mandos de la marina, no sería extraño que se repitiera en otras áreas en las que se han involucrado las fuerzas armadas. Los medios de información han denunciado irregularidades que merecen investigación, en todas las obras prioritarias de la anterior administración. Lo mismo en el Tren Maya que en el Aeropuerto Felipe Ángeles o el tren interoceánico del istmo.

Denuncias que han sido descalificadas, pero nunca investigadas, presumiblemente por no empañar la herencia de “honestidad” que falazmente sembró el presidente que más ha mentido en la historia de nuestro país. Es su imagen la que preservan, porque es también la imagen del movimiento al que quieren poner un segundo piso.

La solidez moral de este movimiento y su gobierno ha sido cuestionada por autoridades de los EUA, empezando por su presidente, y el asunto del huachicol petrolero les está dando la razón. Sano sería para el país y para la gestión de Claudia Sheinbaum que pasara de la reacción a las acusaciones a la eliminación de los motivos.

El problema es que para hacerlo tendría que desprenderse de los sentimientos de lealtad y agradecimiento para con su antecesor y protegidos, y eso parece no estar en su pensamiento. Si bien la reciente detención de Hernández Requena ayuda al discurso, en los hechos bien puede servir para sacrificar un peón o hasta un alfil, para distraer y salvar a piezas mayores, porque el asunto del huachicol puede llegar más alto.

Lo que suceda con estos dos casos mostrará la real voluntad del régimen para combatir la corrupción o si simplemente seguirá la simulación y el disimulo.