JALISCO
Primer Informe de la alcaldesa Laura Imelda Pérez: «Un Tlaquepaque de esperanza, de lucha contra la corrupción»
– Por Francisco Junco
Laura Imelda Pérez Segura dejó claro que su gobierno busca marcar un antes y un después en Tlaquepaque. Con voz firme, aseguró que su administración está cimentada en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, pero sobre todo en la cercanía con quienes menos tienen.
“Es tiempo de mujeres, es tiempo de progresar, es tiempo de nuestras raíces, es tiempo de la esperanza. Este es el tiempo de quienes más lo necesitan”, subrayó, resumiendo en esa frase el espíritu de su gestión, un gobierno que coloca al pueblo en el centro de cada decisión.
El reloj del Centro Cultural El Refugio marcaba las dos de la tarde cuando las puertas principales daban paso a Laura Imelda Pérez Segura. La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque apareció entre vítores y aplausos, recibida como una figura que simboliza el cambio en el municipio.
La entrada fue solemne, pero al mismo tiempo cargada de cercanía, con un público que se desbordaba en muestras de apoyo. Ese recibimiento marcó desde el inicio el tono de lo que fue su Primer Informe de Gobierno, un encuentro con la gente, con la política, pero también con la emoción y la esperanza.
Para esta ocasión Laura Imelda eligió un traje sastre color guinda, sobrio y elegante, acompañado de una blusa de un blanco pulcro que aportaba un contraste delicado a su vestimenta.
Dentro del recinto, los invitados especiales ocupaban las sillas centrales, en un acomodo ordenado que reflejaba la importancia del evento. Afuera, en la calle Donato Guerra, la historia se vivía de otra manera, una banda amenizaba el momento, una pantalla gigante y bocinas transmitían el mensaje para el pueblo que no alcanzó espacio en el interior.
Hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores permanecían atentos, acompañados por un ambiente festivo que convertía la jornada en una verdadera celebración comunitaria.
Apenas habían pasado unos minutos de iniciado el informe, estaba en los agradecimientos de las personalidades que la acompañaban, cuando la alcaldesa interrumpió su propio discurso para reconocer lo evidente, el calor se había vuelto sofocante dentro de El Refugio.
Con una sonrisa ligera y un tono cercano, comentó que se alargaría un poco y sabe que “este recinto tan hermoso, nos cobra un poco con el calor, porque lo que les pido que repartamos a todas y todos, también a los compañeros. No pasa nada si nos abanicamos un poco”, arrancando algunas sonrisas y alivió la tensión del protocolo.
Con este detalle, más allá de los anuncios y de las cifras, conectó Laura Imelda con el público. Ver a hombres y mujeres moviendo abanicos al unísono, dentro de un informe de gobierno, fue un símbolo inesperado de comunidad y complicidad.
El escenario principal estaba dominado por una pantalla blanca con letras enormes en color vino y gris que anunciaban el nombre de la alcaldesa y la frase “El tiempo de la esperanza”.
En su mensaje, la presidenta municipal fue categórica: “Es tiempo de mujeres, es tiempo de progresar, es tiempo de nuestras raíces, es tiempo de la esperanza. Es tiempo de quienes menos tienen, este es el tiempo de la esperanza”, palabras que resonaron con fuerza en las paredes del recinto y se expandieron hacia la calle, donde la cercanía del discurso rompió la barrera física entre los de adentro y los de afuera.
Entre los ejes centrales de su gobierno, Laura Imelda subrayó la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Aseguró que eran los pilares del cambio que vive Tlaquepaque y el cimiento de un nuevo modo de gobernar.
El momento más álgido llegó cuando reveló la presentación de seis denuncias contra la administración anterior por presunto peculado y abuso en el manejo de recursos públicos.
La cifra de 139 millones de pesos presuntamente desviados arrancó exclamaciones de sorpresa y, de inmediato, una oleada de aplausos y con voz firme señaló que “estamos obligados a marcar una diferencia frente a la corrupción”.
Las denuncias dieron paso a los logros. Laura Imelda destacó un ahorro presupuestal del 20 por ciento que permitió consolidar lo que llamó “el primer presupuesto humanista” del municipio. Ese presupuesto, explicó, se tradujo en un crecimiento del 47 por ciento en la inversión en obra pública y en la destinación de 200 millones de pesos a programas sociales que llegaron directamente a los sectores más vulnerables.
La alcaldesa habló con cifras, pero también con ejemplos. La gente escuchaba de obras contra inundaciones, del mantenimiento a más de 171 espacios deportivos, de la rehabilitación de 78 mil metros cuadrados de vialidades. Eran números que, para muchos, representaban realidades palpables, la calle pavimentada, la cancha iluminada, el arroyo desazolvado.
La seguridad ocupó un espacio destacado. Con tono firme, anunció una inversión de 187 millones de pesos en equipamiento y vehículos para la policía, más 48 millones adicionales en equipo móvil.
Recordó, además, el operativo permanente en la Central Camionera que ya permitió rescatar a 52 personas engañadas con falsas promesas laborales. Agradeció al Gobernador, Pablo Lemus, que su primera actividad como mandatario la realizó precisamente en este lugar de Tlaquepaque, un reconocimiento a la gravedad del problema.
Otro anuncio que generó expectativa fue el del Cablebús, descrito como “una obra de justicia social” que transformará la movilidad en el municipio. “Tlaquepaque será parada obligatoria, en el Mundial 2026, con una derrama económica que quedará en manos de su gente; ya es tiempo de que los grandes eventos sean del pueblo”, aseguró, vinculando el proyecto local con el escenario internacional.
La presencia de Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal y representante de Claudia Sheinbaum, reforzó el carácter nacional del evento. Con voz firme, Hernández Mora coincidió con la presidenta municipal y también reafirmó la idea de que “es tiempo de mujeres, es tiempo de cambio”.
En su intervención, Hernández Mora elogió el trabajo de la alcaldesa. “Cada acto que has tenido con responsabilidad en este proceso de transformación ha promovido la honestidad y la capacidad transformadora que te caracteriza”, señaló, ratificando el mensaje de esperanza que había dominado el informe.
La metáfora del colibrí fue el cierre simbólico del mensaje. Laura Imelda describió a esa pequeña ave que, ante un incendio, lleva en su pico gotas de agua para intentar apagarlo. “Ninguna aportación es pequeña”, dijo con voz firme, “en Tlaquepaque no huimos, afrontamos cada día el reto de superar la injusticia social y la discriminación histórica”.
La imagen del colibrí quedó flotando en la pantalla gigante que enmarcaba el Primer Informe de Laura Imelda.
“Somos el corazón geográfico y el único pueblo mágico del área metropolitana. Somos barro, somos cultura, somos tradición, somos orgullo y este es nuestro tiempo”. La frase cerró el círculo con un mensaje político convertido en un relato de pertenencia.
Dentro del recinto, los aplausos fueron estruendosos. Afuera, las pantallas mostraban el cierre del discurso y la gente aplaudía al unísono, con la banda que con su música festejaba el acto de rendición de cuentas, como si no hubiera distancias entre la formalidad de adentro y la sencillez del pueblo reunido en la calle.
Así terminó el Primer Informe de Gobierno de Laura Imelda Pérez Segura, con datos duros, con denuncias de corrupción, con proyectos ambiciosos, pero sobre todo con gestos humanos y comunitarios que le dieron un tono único.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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