NACIONALES
La vocera del bienestar
– Opinión, por Iván Arrazola
Uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la presidenta es dar respuesta pública a los escándalos que han marcado la agenda en los últimos meses.
Desde el episodio de las llamadas “vacaciones del bienestar” (líderes del movimiento fueron captados en lujosos destinos turísticos, en abierta contradicción con el discurso oficial de austeridad), hasta los graves casos de corrupción en la Marina y los vínculos de Adán Augusto López con su exsecretario de Seguridad, hoy preso en el penal de El Altiplano, la mandataria se encuentra bajo una presión constante.
En este contexto, la presidenta se ve obligada a asumir un papel incómodo de ser la vocera del movimiento: justificar y explicar públicamente decisiones o conductas que en realidad corresponden a otros actores. Tradicionalmente, el presidente ha sido visto como árbitro supremo y símbolo de poder, no como vocero de defensa de sus subordinados.
Sin embargo, el modelo de comunicación adoptado —las conferencias matutinas diarias— la expone inevitablemente a cuestionamientos sobre temas delicados, forzándola a pronunciarse sobre casos que terminan por desgastarla políticamente.
Este estilo comunicativo, que en un principio parecía permitirle controlar la narrativa política, se ha transformado en un verdadero lastre, pues no cumple con su objetivo esencial: acallar las críticas. Aunque la presidenta mantiene altos niveles de aprobación y ha demostrado capacidad de negociación en escenarios complejos —incluso frente a líderes como Donald Trump—, se ve obligada a responder por escándalos que no le corresponden directamente.
Entre ellos destacan los excesos de figuras cercanas al movimiento, como «Andy» López Beltrán, Mario Delgado o incluso personajes cuestionados como Cuauhtémoc Blanco, señalado por acusaciones de violación.
En estas circunstancias, la mandataria se ve forzada a ofrecer todo tipo de explicaciones y, cuando no existe una defensa posible, recurre a frases retóricas como “el poder es humildad”. Sin embargo, estas expresiones contrastan con las prácticas reales, que terminan reforzando la percepción de abuso de poder.
La detención de Hernán Bermúdez Requena reveló además la vulnerabilidad de la mandataria. Al intentar deslindar a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él había ordenado la remoción de Bermúdez en 2023.
No obstante, esa declaración no solo resultó precipitada, sino que evidenció la intención de proteger la imagen del expresidente, aun cuando informes de inteligencia militar ya alertaban desde 2019 sobre los nexos del funcionario con el crimen organizado.
De esta forma, cada vez que la presidenta insiste en defender a su antecesor, se expone más ante la opinión pública. La tendencia frecuente de acusar a los medios de hacer “campañas de linchamiento” ya no es suficiente, porque el contexto político ha cambiado. A pesar de sus victorias en las elecciones, el movimiento es ahora más débil, y la presidenta no podrá manejar sola el aumento de las críticas.
Si realmente, como ella afirma, la lucha contra la impunidad es frontal, debería tomar distancia de los involucrados y permitir que las investigaciones avancen sin convertirse en escudo protector. De lo contrario, corre el riesgo de ser vista como cómplice de los mismos excesos que denuncia.
El discurso reciente del secretario de Marina, al afirmar que “el mal tuvo un fin determinante” y que se dio un “golpe de timón”, genera más dudas que certezas. Los hechos —incluidas muertes en circunstancias aún no aclaradas dentro de la institución— sugieren que la red de corrupción podría ser mucho más amplia de lo admitido oficialmente, por lo que cantar victoria de manera anticipada no parece la mejor estrategia.
A ello se suma la reacción de la presidenta, quien al mostrarse visiblemente molesta ante los cuestionamientos de la prensa y responder a un reportero con un tajante “ya no te voy a contestar”, dejó entrever la desesperación de no poder contener la creciente ola de especulaciones en torno al caso.
La realidad, aunque no lo admita, es que la corrupción durante el sexenio de López Obrador dejó heridas profundas y aún se desconoce hasta dónde llegaron. En ese escenario, la presidenta enfrenta un dilema: si continúa protegiendo a su antecesor y a su círculo cercano, terminará cargando con un costo político que podría marcar su propio sexenio.
Tarde o temprano, la línea entre lo heredado y lo actual se desdibujará, y ella misma podría convertirse en el blanco principal de la indignación ciudadana.
Si Sheinbaum se presenta como una científica, una mujer de cabeza fría y defensora de que las investigaciones deben seguir su curso para combatir la impunidad, resulta indispensable que sea coherente con ese discurso. Ello implica permitir que las instituciones realicen su labor sin interferencias y evitar asumir el papel de vocera del bienestar de personajes ampliamente cuestionados.
Más que convertirse en el escudo de lo indefendible, su verdadera legitimidad radica en consolidarse como jefa de Estado, orientando su liderazgo hacia la justicia y la confianza ciudadana.
– Por Mario Ávila
Los músicos colombianos desaparecidos, Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, por los que el presidente Gustavo Petro, pidió su intervención a la presidenta, Claudia Sheinbaum, fueron encontrados sin vida en el Estado de México.
La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de ambos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre. La última vez que se supo de ellos estaban en CDMX y días antes habían dado un concierto que tuvo lugar en Sonora.
Luego de la que fiscalía capitalina realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la fiscalía de dicho estado.
Mediante un comunicado, la autoridad expuso: “Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán”.
NACIONALES
Tras la desaparición del DJ colombiano B-King, Gustavo Petro pide ayuda a la presidenta Sheinbaum
– Por Mario Ávila
A casi una semana de la desaparición de Bayron Sánchez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este domingo la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum y clamó por su ayuda para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King.
B King, de 31 años está desaparecido desde el pasado martes 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México y la última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.
La Fiscalía de la CDMX difundió una ficha de búsqueda para localizar a Bayron Sánchez Salazar, un DJ conocido como B-King, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 16 de septiembre, cuando se dirigía a un gimnasio, todo en calles de la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, el DJ tenía una serie de conciertos en la CDMX, por lo que varios de estos fueron cancelados.
Stefania Agudelo, hermana de B-King, quien se describe como una mujer fuerte, expuso en sus redes sociales: «Pero hoy amanecí derrumbada, cada día duele más, los días pasan y no hay respuesta, y la angustia crece. Les pido que sigan compartiendo, que nos ayuden a encontrarlo. No pierdo la fe, pero necesito que este mensaje llegue más lejos”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 808: Tonalá no puede seguir al margen del desarrollo metropolitano, Sergio Chávez
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Sergio Chávez: Tonalá no puede seguir al margen del desarrollo metropolitano
Las Villas Panamericanas: Un fraude transexenal que marcó a Jalisco
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El escándalo del “huachicol fiscal” ha cimbrado al gobierno de Claudia Sheinbaum, exponiendo una red de corrupción que involucra a la Secretaría de Marina (Semar) y Aduanas, instituciones que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó como baluartes contra la corrupción.
En las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol era un estribillo recurrente: un mal heredado de los gobiernos neoliberales, combatido con mano firme por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. «Ya no hay huachicol», repetía el expresidente, mientras la Secretaría de Marina (Semar) asumía el control de aduanas y puertos en 2021, con la promesa de blindar estas instituciones contra la corrupción.
Cuatro años después, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa narrativa se desmorona con un estruendo ensordecedor. El escándalo del «huachicol fiscal» —un fraude aduanero que evade impuestos importando combustible ilegal como mercancía exenta— revela no solo una red de complicidades tejida en los altos mandos de la Marina y Aduanas, sino una corrupción institucionalizada que cuesta al erario 170,000 millones de pesos anuales, según estimaciones de la oposición.
Este caso no es un tropiezo aislado; es el espejo de un sistema que, al militarizar funciones civiles, sembró las semillas de su propia podredumbre.
El detonante fue el decomiso de un megabuque en el puerto de Tampico, en marzo de 2025, con 10 millones de litros de diésel. De allí surgió una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que, curiosamente, inició hace dos años a petición del propio exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué no se actuó?
Sin embargo, el telón se abrió el 7 de septiembre de 2025, con la detención de 14 personas: un vicealmirante en activo, Manuel Roberto Farías Laguna —sobrino político del almirante Ojeda—, cinco marinos más, cinco exfuncionarios de Aduanas (incluido el exdirector de Tampico, Francisco Antonio Martínez) y tres empresarios.
La red operaba con audacia: 31 buques descargaron combustible ilegal entre abril de 2024 y marzo de 2025 en Altamira y Tampico, declarando diésel como sustancias temporales o exentas de impuestos, para revenderlo a gasolineras y flotillas a precios de dumping.
La FGR vinculó a proceso a nueve de ellos, incluyendo a Farías Laguna, y decomisó cuentas bancarias con cientos de millones de pesos, propiedades y vehículos de lujo que delatan un modus operandi de élite.
EsEste El escándalo del huachicol fiscal expone la fragilidad del modelo de la Cuarta Transformación (4T). López Obrador entregó las aduanas a la Marina convencido de su «incorruptibilidad» —una institución con 89.7% de aprobación en junio de 2025, según el INEGI—.
Pero al militarizar funciones civiles, se creó un vacío de rendición de cuentas: menos burocracia civil, sí, pero también menos escrutinio. Los sobrinos de Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, operaban desde la cúpula naval, con comunicaciones a más de 300 números en aduanas clave como Guaymas, Ensenada, Manzanillo y Veracruz entre 2023 y 2025.
El capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias «El Capitán Sol», emergió como operador clave, tranquilizando a testigos con frases como «no va a pasar nada» por supuestos «acuerdos políticos» entre Omar García Harfuch y el hijo del expresidente.
Y mientras, dos marinos mueren en circunstancias sospechosas —un «suicidio» y un «accidente de tiro»— durante la investigación, lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum evadió con frialdad en su mañanera; antes había sido asesinado el contraalmitante de la Aduana de Manzanillo que había denunciado la corrupción que allí había descubierto.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con un discurso de «cero impunidad», respaldando las denuncias de Ojeda y el actual secretario Raymundo Pedro Morales, a quien describe como «íntegro y valiente».
En el desfile del 16 de septiembre, Morales declaró: «Hubiera sido imperdonable callarlo. Duela lo que duela, responderemos».
La FGR, bajo Alejandro Gertz Manero, promete profundizar, y Sheinbaum exige llegar «al fondo», incluso si involucra a las Fuerzas Armadas.
Las pérdidas por huachicol superan los 13,000 millones de pesos solo en el primer semestre de 2025, y este golpe desmantela una red que operaba con descaro. Pero esto huele a control de daños. La investigación, iniciada en el sexenio anterior, se acelera ahora, tras presiones de EE.UU. durante la visita de Marco Rubio.
Sheinbaum defiende a AMLO —»no hay responsabilidad en él»—, pero el silencio del tabasqueño es ensordecedor.
¿Es esto un deslinde genuino o un blindaje para la 4T? La oposición —PAN, PRI y MC— lo califica como «el mayor escándalo de corrupción en la historia», exigiendo investigar a exfuncionarios como Alfonso Durazo y Adán Augusto López, cercanos a AMLO.
La red de complicidades es un laberinto: prestanombres como una «ayudante de carpintería» y un «alcohólico» para empresas fantasma; vínculos con el «Señor de los Buques»; y una UIF que detectó lujos inexplicables en Farías.
El escándalo cuestiona El escándalo le pega en el corazón al discurso de López Obrador contra la corrupción y de “no somos iguales” de la 4T y a las Fuerzas Armadas como baluarte moral. Es evidente que el modelo de militarización de aduanas y puertos que generó opacidad es un fracaso.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema: su gobierno, que prometió continuidad con transformación, tropieza con el legado de AMLO. Si la FGR llega «tope donde tope», podría fortalecer instituciones, con un «cambio de rumbo» en el poder militar.
Pero si se diluye en retórica —como las «muchísimas detenciones» del sexenio pasado que no frenaron el fraude—, erosionará su credibilidad. Pemex, aún en pérdidas, no será «autosuficiente» en 2027 si el huachicol fiscal sigue financiando cárteles.
Para avanzar, Sheinbaum debe auditar a fondo la Semar, devolver las aduanas a la gestión civil y priorizar inteligencia sobre lealtad. Un primer paso sería transparentar los contratos de las empresas fantasma y esclarecer las muertes sospechosas.
También urge una reforma fiscal que cierre las lagunas del “huachicol fiscal” y fortalezca la vigilancia en puertos. La 4T no puede seguir viviendo de narrativas; los hechos son implacables. Este escándalo no es solo un golpe a la corrupción, sino un desafío existencial para el proyecto de transformación. La historia, como siempre, juzgará por resultados, no por mañaneras.
Sheinbaum debe auditar a fondo la Semar, recuperar aduanas civiles y priorizar inteligencia sobre lealtad. De lo contrario, este escándalo no será un «golpe a la corrupción», sino un autogol a la 4T. La historia, como siempre, juzgará por hechos, no por mañaneras.
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