– Por Mario Ávila

Para el doctor Javier Hurtado González, expresidente del Colegio de Jalisco, no hay ninguna duda de que en la reciente visita que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, hizo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debió decidirse la necesidad de una reforma a la Ley de Amparo, que se presentó en los días patrios, en menos de dos semanas quedó aprobada en el Senado y ahora se discutirá en la Cámara de Diputados.

El abogado constitucionalista y doctor en Ciencias Sociales, Hurtado González, hizo para los lectores del semanario Conciencia Pública, un análisis de la reforma a la Ley de Amparo, que en su opinión tiene algunos claroscuros y que se trata sin duda de un procedimiento adaptado a la situación actual del país, que hoy cuenta con un nuevo Poder Judicial.

Sin embargo, en su análisis, particularmente de la “exposición de motivos”, destacan versiones de un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lo forman 40 países del cual México es miembro desde el año 2000.

El propósito del GAFI es el de combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera que sirva como un Centro Nacional para la recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas y otra información relevante a lavado de activos.

Javier Hurtado plantea: “A mí me parece, que esta situación casualmente está después de la llegada del secretario de Estado, Marco Rubio y surge esta iniciativa que en la exposición de motivos, lo ponen literalmente un concepto de combate al terrorismo internacional, que yo nunca había visto en una exposición de motivos, ya que se trata evidentemente de un concepto 100% de la autoría del presidente Donald Trump y parece ser que ya lo está asumiendo también el gobierno mexicano”.

Una segunda consideración es que esta iniciativa, según lo dijo Hurtado González, “me da la impresión de que responden en cierta forma, a una recomendación, para no decir presión, de parte de los Estados Unidos, porque en la exposición de motivos yo nunca había visto eso se habla del concepto de cooperación internacional y del concepto del terrorismo internacional, al que se pretende combatir con estas medidas ligando lo de terrorismo, con las operaciones de lavado de dinero de los grupos delincuenciales”.

Una consideración relevante más, por parte del académico, Javier Hurtado, es que la iniciativa se presenta cuando había un puente en un día festivo del 15 de septiembre, “para agarrar a todo mundo desprevenido y finalmente podría decir que es una consideración también muy importante que se presenta en condiciones en las cuales es imposible que pueda existir o que se pueda presentar o presentar una acción de inconstitucionalidad, ya que hoy nada se podría hacer contra las reformas a la Ley de Amparo, porque no se reúne en la oposición la tercera parte de los diputados o los senadores, que puedan impugnarla como lo establece la Constitución en el 105”.

Y recuerda que eso no es posible, “no nada más con esta iniciativa, sino con todas las que se aprueben en lo que queda de esta legislatura, dado que no existen de facto las acciones de inconstitucionalidad, que solamente están en el papel en la Constitución, pero real y políticamente no existen, no se pueden dar”.

Planteó que de aquí hasta agosto del 2027 no habrá acciones de inconstitucionalidad, simplemente porque en la Cámara de Diputados el grupo mayoritario tiene el 74% de los diputados y solamente el 26% la oposición y en el Senado tienen más del 66% y no se reúne el 33% de los senadores de oposición que pudieran interponer un recurso.

Una precisión que también hizo el politólogo Javier Hurtado tiene que ver con que, a diferencia de lo que está ocurriendo con la reforma a la Ley Electoral, en la que se formó una comisión presidencial para analizar la propuesta y que va a durar muchos meses, “la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo es una aportación unipersonal; y aunque de ninguna manera se cuestiona la facultad que tiene la titular del poder ejecutivo Federal, de presentar esa iniciativa, simplemente señalo que a diferencia de lo que se está haciendo en materia electoral en donde se formó una comisión hay consultas audiencias foros y hasta febrero se votará, aquí vemos una iniciativa unipersonal con cierta urgencia que después de presentada a los 17 días se aprobó en el Senado”.

LOS DETALLES DE LA INICIATIVA…

Sobre la iniciativa, Javier Hurtado considera que de entrada hay que decir que la Ley de Amparo, es algo así como a la Ley de Coordinación Fiscal, “que trae puras fórmulas matemáticas, es una ley para especialistas y la Ley de Amparo igual, aunque no trae fórmulas matemáticas, tiene un lenguaje sumamente técnico y muy complicado, es una ley para especialistas”.

Recordó que la iniciativa de la presidenta, busca modificaciones a 34 artículos, pero sin el afán de entrar al detalle uno a uno, solo se limitó a analizar algunos de los más relevantes “por ejemplo el tema del interés legítimo, que se incluyó en la Constitución en la reforma del 2011 y se trasladó a la Ley de Amparo que se publicó en el 2013”.

El interés legítimo -dijo-, fue una creación en el contexto de esas reformas con la finalidad de permitir que colectivos pudieran presentar el recurso de amparo, ante la violación que ellos pudieran prever o esperar de la violación de derechos sociales o individuales consagrados en la Constitución y que por la probable o posible acción o entrada en vigor de una disposición legal, de un proyecto o de una decisión de las autoridades, se les pudieran violar sus intereses colectivos como grupo y por supuesto a las personas que forman parte de sus grupos en lo individual”.

La reforma del 2013 y la 2011 -abundó-, no precisaron el concepto de interés legítimo, qué se debía entender por interés legítimo y eso lo dejaron a criterio de los administradores de justicia; esto tenía cierta ventaja porque de hecho el amparo y la aplicación de muchas sentencias en el campo del derecho, son casuísticas, tú tienes que aplicar la ley a casos particulares, a casos de personas concretas, porque si no, no sería justicia, sería la única aplicación de la ley y no necesitaríamos jueces, por lo tanto es el juez el que pondera, valora y analizar el caso, para luego aplicar las disposiciones legales en casos especiales o en casos particulares, por eso que es casuística.

“Pero en función de lo que ocurrió con el Tren Maya, yo imagino que el gobierno, con lo que viene en las obras de los trenes para todo el país, quiso modificar esta situación y la presidenta manda una iniciativa en donde se define el interés legítimo de la siguiente manera: Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado, deberá ocasionar en la persona quejosa…”, consideró en su análisis el maestro Javier Hurtado.

Pero hay una buena noticia -expuso-, y eso habría que agradecérselo al senador, Javier Corral, porque matizaron la definición del interés legítimo, que mandó a la presidenta y le pusieron textualmente el acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva.

Por cierto -agregó-, también le quitaron lo de “actual”, porque en la iniciativa de la presidenta no decía individual o colectiva, lo dejaban solamente en la persona quejosa, asumiéndose que era una persona individual y aparte decían que esa lesión debería de ser real, actual y diferenciada y gracias a Javier Corral le quitaron lo de “actual” y solo quedó real y diferenciada.

Sobre la posibilidad como hoy, de interponer un amparo sobre el veredicto de otro amparo, Javier Hurtado, creador de la Facultad de Políticas Públicas en la Universidad de Guadalajara, recordó que una reforma atinada “es que ahora una cosa juzgada, no podrá tener un nuevo procedimiento, sobre todo, tratándose de los créditos fiscales; que solamente se podrá resolver en suspensión definitiva y cuando ya esté establecido el crédito fiscal y que incluso cuando ya se emitan los billetes de crédito respectivos, de la Comisión Bancaria y de Valores.

“Eso debemos agradecerle a Ricardo Salinas Pliego, porque fue contra las acciones que durante 15 años estuvo interponiendo y eso ya no se va a poder”, apuntó.

Sobre lo que se puede esperar en la Cámara de Diputados, de entrada, Javier Hurtado reconoció que el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, “sí sabe de derecho y ya adelantó que lo inconstitucional no pasará”.

OPINIÓN DE DIEGO VALADÉS SOBRE LA REFORMA A LA LEY DE AMPARO

Diego Valadés Ríos, destacado constitucionalista, jurista, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exprocurador General de la República, ha expresado una visión crítica y cautelosa respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre de 2025.

Valadés ha advertido sobre los riesgos de inestabilidad y posibles abusos que podrían derivarse de cambios como este, que buscan agilizar procesos, limitar suspensiones y definir con mayor precisión el «interés legítimo» para evitar dilaciones en juicios, especialmente en materia fiscal y administrativa.

En una entrevista con El Universal (septiembre de 2024, extendida al contexto de 2025), Valadés alertó que estas reformas «llenan de problemas el horizonte» de la administración de Sheinbaum, ya que sus consecuencias negativas —como mayor vulnerabilidad a la corrupción en el Poder Judicial y erosión de la independencia judicial— no se manifestarán de inmediato, sino a mediano plazo.

«Lo que se está haciendo es llenar de problemas el horizonte de la presidenta, porque todas las consecuencias de esta reforma no se van a producir este septiembre, comenzarán a darse después», afirmó, refiriéndose al paquete de cambios judiciales que incluye la Ley de Amparo.

Más recientemente, durante la conferencia matutina de Sheinbaum del 7 de octubre de 2024 (en el marco de discusiones sobre amparos contra reformas constitucionales), la presidenta leyó un texto atribuido a Valadés para respaldar su posición de que los amparos no proceden contra modificaciones constitucionales ya aprobadas.

En él, Valadés señala: «Se sabía lo que iba a pasar con la mayoría calificada en el Congreso y pasó». Esto implica una aceptación pragmática de la supremacía legislativa, pero también una implícita crítica a la dinámica mayoritaria que acelera reformas sin amplio consenso, como la aprobación exprés de la Ley de Amparo en el Senado (solo 17 días después de su presentación, el 2 de octubre de 2025).

Valadés enfatiza que el juicio de amparo, como pilar de protección a derechos humanos (artículos 103 y 107 constitucionales), no debe usarse para «evitar la justicia» —eco de la justificación de Sheinbaum contra abusos por deudores fiscales—, pero advierte que endurecerlo podría desequilibrar la balanza entre eficiencia y garantías individuales.

En análisis previos (como en EL PAÍS México, septiembre 2025), expertos, citando a Valadés, destacan el riesgo de que la reforma refuerce el poder de la autoridad sobre el ciudadano, potencialmente afectando la democracia al limitar recursos contra actos de impunidad gubernamental.

En resumen, Valadés ve la iniciativa como un paso hacia la modernización (digitalización de procesos, plazos de 90 días para sentencias), pero con «problemas en el horizonte»: mayor exposición a corrupción, pérdida de confianza en la justicia y desafíos de gobernabilidad para Sheinbaum.

Recomienda un análisis profundo en el Congreso para equilibrar agilidad con la esencia protectora del amparo, evitando que se convierta en un instrumento de control político. Sus posturas, basadas en décadas de experiencia, subrayan la necesidad de reformas que fortalezcan, no debiliten, el Estado de derecho.

– Por Raúl Cantú

El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.

En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.

“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.

En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.

Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.

Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.

En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.

Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.

El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.

Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.

“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.

En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.

Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.

De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.

El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.

En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.

Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.

No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.

Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.

Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.

El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.

Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”

Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.

Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.

En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.

Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.

En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.

Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.

El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?

Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.

En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.

Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.

La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.

Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.

El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.

La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.

Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.

Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.

En X @DEPACHECOS