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NACIONALES

La ley de amparo

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– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Amparo ha sido presentada, la cual pretende otorgarle un corte menos protector al ciudadano en cuanto al impacto del juicio de garantías sobre los actos de autoridad. Es importante recordar que el juicio de amparo constitucional es el instrumento jurídico con el que contamos los ciudadanos para resolver controversias surgidas de actos u omisiones de autoridad (o de particulares con funciones de autoridad).

La función esencial del amparo es la de proteger los derechos humanos, restituir al ciudadano en el pleno goce del derecho violado y ejercer el control de la legalidad. Por lo que resulta sumamente importante analizar cada iniciativa que modifique la Ley de Amparo, especialmente aquellas que buscan suavizar o minimizar el efecto garantista de derechos con el que el ciudadano mexicano hace valer sus prerrogativas frente a quienes detentan el poder gubernamental.

En este sentido, cabe recordar que una de las mayores reformas estructurales a la Ley de Amparo se promulgó en junio de 2024, cuyo mayor impacto se centró en la suspensión del acto reclamado. Actualmente, el Gobierno en turno del Ejecutivo Federal ha lanzado una nueva iniciativa de reforma. Dicha propuesta se presenta bajo el argumento de que es necesario erradicar el abuso del amparo en materias fiscales y financieras, las cuales, según el Gobierno actual, se han convertido en un refugio de privilegios.

Una perspectiva crítica sugiere que, quizás, el propósito menos evidente de estas intervenciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Amparo es seguir suavizando y limitando el uso ciudadano del único recurso legal que permite defenderse del Estado y garantizar los derechos fundamentales frente a abusos u omisiones de autoridad.

Sería interesante comparar las reformas realizadas en esta materia durante los últimos gobiernos y evaluar si su conveniencia real es facilitar la gobernabilidad del Ejecutivo, asegurar una protección a futuro cuando el partido deje el poder, o si, efectivamente, buscaban el bienestar social.

En esencia, la nueva iniciativa de reforma a la Ley de Amparo genera preocupación en varios aspectos de gran relevancia, tanto en el ámbito jurídico como en el efecto garantista que debe tener el amparo frente a las autoridades. Lo más controvertido de esta propuesta reside, sin duda, en tres puntos principales: la Restricción de la Suspensión del Acto Reclamado, la Modificación al Interés Legítimo, y el artículo transitorio relativo a la retroactividad de las reformas para los procesos vigentes.

Si bien la iniciativa incluye modificaciones que representan un avance en cuanto a la celeridad de los tiempos procesales y la incorporación de tecnología (cuestiones necesarias para su actualización), algunos analistas consideran que estas mejoras podrían ser un intento de atenuar la naturaleza extrema de las restricciones. Por ello, es imperativo evaluar si estas reformas responden a una estrategia política para favorecer al gobierno en turno o si, verdaderamente, buscan el bienestar social y el fortalecimiento del acceso a la justicia.

En conclusión, el amparo es uno de los instrumentos jurídicos más valiosos que permiten al ciudadano defenderse de las autoridades y suspender sus efectos para determinar si son legales o violatorios de los derechos, garantizando así los derechos humanos y fundamentales de las personas.

Este instrumento está siendo ajustado por quienes hoy ostentan el poder. Solo el tiempo dirá si dichas reformas son en beneficio ciudadano o partidista; de ser lo último, es probable que se revele cuando el partido en el gobierno deba dejar el poder. Es fundamental que la triple función esencial del Amparo se conserve intacta: defender los derechos, detener el daño (mediante la suspensión) y restituir (arreglar el daño).

En pocas palabras: el Amparo es la herramienta legal para que el Poder Judicial Federal ponga límites al poder de cualquier autoridad y garantice el respeto a los derechos constitucionales. Si se debilita la garantía del amparo o se le limita al grado de volverlo inservible, será porque el gobierno se está haciendo un saco a la medida para evitar los efectos de una herramienta social muy poderosa contra sus actos.

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CARTÓN POLÍTICO

La sombra del maestro

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JALISCO

La salud en disputa: Entre el credo y la soberbia

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.

De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.

El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.

En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.

Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.

No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.

Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.

Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.

El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.

Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”

Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.

Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.

En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.

Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.

En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.

Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.

El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?

Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.

En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.

Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.

La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.

Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.

El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.

La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.

Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.

Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.

En X @DEPACHECOS

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CARTÓN POLÍTICO

Reforma a la Ley de Amparo

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JALISCO

Sheinbaum justifica reforma a la Ley de Amparo: Van contra lavado de dinero y grandes evasores de impuestos

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FUEGO CRUZADO

“La reforma a la Ley de Amparo busca garantizar pronta actuación frente al lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados que no quieren pagar los impuestos”.

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

“Otro día negro para la República. El partido único de estado cada día más cerca”.

RICARDO SALINAS PLIEGO / PROPIETARIO DE TV AZTECA

Su reacción ante la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Amparo


CIERTO O FALSO

«Claro que no. Imagínense entregar la Red de Salud Estatal o los Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar. Sería un error histórico para las y los jaliscienses. Nosotros vamos a trabajar en fortalecer nuestro propio sistema de salud y, muy importante: construir la primera Red Nacional e Internacional de Hospitales-Escuela junto con la Universidad de Guadalajara».

PABLO LEMUS / GOBERNADOR DE JALISCO

“Cuentan que en estos días hubo un rompimiento entre emecistas. Para más señas, el ahora diputado federal Hugo Luna, tan cercano a Enrique Alfaro, tuvo fuerte discusión con Bernardo Fernández, jefe de gabinete de Verónica Delgadillo. Motivo: poner fin a la concesión a la empresa Sulo, por el manejo de los llamados puntos limpios”. ¿Será?”

CÚPULA DE MURAL

VOZ ALTA

Premio a la generosidad

El próximo miércoles el Banco de Alimentos de Guadalajara que preside José Luis González Íñigo entregará en el Teatro Degollado el Premio a la Generosidad en Jalisco edición 2025 y algo muy significativo es que el Congreso del Estado instituirá el 8 de octubre de cada año como “El Dia de la Generosidad en Jalisco”, lo que alentará la generosidad como una característica notable del jalisciense. El galardón busca honrar la labor incansable de organizaciones de la sociedad civil y benefactores individuales que combaten la inseguridad alimentaria y promueven el bienestar social en la región.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÍÑIGO. El 8 de octubre quedará instituido como El Día de la Generosidad en Jalisco.

De frente al poder

Óscar Ábrego anunció el regreso de su prestigiado programa «De frente al poder», al que acudirán artistas, deportistas y mujeres y hombres de los mundos de la sociedad civil, política e industria. Por cierto, las grabaciones ya iniciaron, teniendo como locación base el famoso Salón del Bosque. Sin duda, es una buena noticia. Como profesional de la comunicación, Ábrego logró convertirse en uno de los líderes de opinión más trascendentes en espacio de los medios electrónicos. Deseamos todo el éxito a nuestro amigo y colaborador.

ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN. Su regreso a los medios electrónicos de comunicación.

Apunten a Mauro Lomelí

Al interior de Morena, en Zapopan, se empiezan a mover las piezas con miras al proceso electoral para la renovación de las autoridades en la alcaldía del municipio más rico de Jalisco, gobernado por MC en las últimas cuatro administraciones. Y una figura relevante que conoce muy bien el municipio es Mauro Lomelí, quien el pasado sábado rindió su primer informe como regidor del Cabildo. “Más territorio, menos escritorio”, es su eje basado en la cercanía con la gente, recorriendo colonias, comunidades y espacios públicos para escuchar directamente las necesidades de las y los zapopanos.

MAURO LOMELÍ. Uno de los fuertes perfiles de Morena para la alcaldía de Zapopan en 2027.

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