NACIONALES
Huachicol fiscal, el robo del siglo: Cuando la política juega con fuego
– Opinión, por Amaury Sánchez G.
El país despierta con una verdad incómoda: el huachicol fiscal no es un rumor, ni una cifra lanzada al aire para adornar discursos. Es el robo del siglo. Seis veces mayor que la “Estafa Maestra”, diez veces más corrosivas que las cajas chicas de los gobernadores de antaño. Seiscientos mil millones de pesos evaporados como humo de gasolina pirata, mientras un pueblo que apenas sobrevive paga religiosamente sus impuestos.
Y no es casualidad que esta revelación haya estallado ahora. En política, nada ocurre por azar. Si el expediente salió de la oficina de Omar García Harfuch, la conclusión es obvia: la presidenta Claudia Sheinbaum decidió mostrar los colmillos. No los del discurso de campaña, no los de la promesa abstracta contra la corrupción, sino los colmillos del poder real, ese que no perdona ni a los aliados cuando se convierten en estorbo.
La aritmética es simple y brutal: 600 mil millones de pesos significan 50 veces el presupuesto anual de un estado mediano, significan hospitales no construidos, carreteras que se quedaron en proyectos, escuelas a medio levantar.
Ese dinero se lo llevó una red que usó facturas falsas, aduanas complacientes, energía barata revendida, complicidades invisibles y silencios comprados. No hablamos de un desvío, hablamos de un sistema paralelo que parasitaba al Estado.
EL AJEDREZ DEL PODER
Adán Augusto López, político colmilludo, ha olfateado la jugada y no oculta su irritación. Cuando habla de “fuego amigo”, no confiesa una molestia menor: reconoce que las piezas del tablero se mueven en su contra. Se sabe que en Palacio Nacional y en la nueva residencia presidencial ya no hay paciencia para la complicidad. Sheinbaum no juega al equilibrio; juega a la eliminación.
Y mientras él acusa fuego cruzado, los reflectores se mueven hacia Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, y Horacio Duarte, el hombre fuerte en el Edomex. No son cualquier nombre: son símbolos de que la política de los amigos intocables terminó. O al menos, esa es la narrativa que la presidenta quiere construir.
Si ellos caen, no será solo un caso judicial: será un ajuste de cuentas dentro del movimiento que gobierna. La Cuarta Transformación, tan dada a la retórica épica, podría estar a las puertas de su tragedia más grande: la autodestrucción por fuego interno.
LA FRIALDAD DE LOS NÚMEROS
Hablemos sin adornos. Seiscientos mil millones equivalen a:
10 refinerías Dos Bocas.
30 aeropuertos Felipe Ángeles.
200 líneas de Metro como la Línea 12.
La pensión universal para adultos mayores durante un sexenio completo.
Ese es el tamaño del desfalco. No es un accidente contable ni un exceso administrativo. Es un saqueo que exige complicidad desde el más alto nivel: aduanas que permiten la entrada de mercancía subvaluada, funcionarios que liberan permisos de importación, banqueros que lavan dinero con la discreción de los viejos mayordomos ingleses.
La presidenta lo sabe y por eso juega con riesgo calculado. Si logra encabezar esta cruzada y exhibir responsables de alto calibre, consolidará la narrativa de que su gobierno es distinto al de los cómplices de siempre. Pero si las pesquisas se quedan en segundos o terceros niveles, todo se reducirá a un circo mediático que no convencerá a nadie.
EL CIUDADANO DE A PIE
El ciudadano común, ese que hace fila en el OXXO para tener que pagar la luz, escucha la cifra de 600 mil millones y la convierte en rabia silenciosa. Porque mientras él pagaba IVA hasta por el refresco, unos cuantos vivieron del saqueo institucionalizado. Ese contraste es dinamita social.
La pregunta es simple: ¿quién permitió este monstruo? Porque no se construye un fraude de esta magnitud sin la anuencia de decenas de funcionarios, sin la vista gorda de legisladores, sin la complicidad de gobernadores, sin el silencio de los órganos de fiscalización. El robo del siglo no lo hicieron tres pillos: lo tejió un sistema de corrupción que sobrevivió sexenio tras sexenio.
LA PRESIDENTA Y SU APUESTA
Sheinbaum no es ingenua. Sabe que poner estos nombres sobre la mesa significa declarar la guerra a parte de su propio movimiento. Pero también sabe que el país exige símbolos: rostros que paguen por los saqueos. La estrategia es clara: usar la indignación ciudadana como palanca política.
En esta historia, Rosa Icela Rodríguez aparece como la encargada de la ejecución. Ella misma lo confirmó: habrá procesados, habrá detenidos, habrá espectáculo. Pero el país ya no quiere solo cabezas menores. Quiere ver caer a los de arriba, a los que alguna vez se creyeron intocables.
EPÍLOGO PROVISIONAL
En este escenario no hay héroes. Ni los denunciantes son ángeles, ni los acusados demonios puros. Todos juegan, todos calculan, todos apuestan a sobrevivir. El huachicol fiscal no es solo un fraude monumental: es el espejo de un país donde la corrupción se convirtió en arquitectura de Estado.
La presidenta tiene en sus manos la posibilidad de romper con esa arquitectura, pero el riesgo es evidente: si no golpea lo suficientemente alto, si no exhibe a los verdaderos arquitectos del saqueo, el caso del huachicol fiscal se convertirá en una anécdota más, tan olvidada como la “Estafa Maestra”.
Y entonces, los seiscientos mil millones no serán solo el robo del siglo: serán la prueba de que en México, incluso el escándalo más grande, termina convertido en humo.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.
De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.
El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.
En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.
Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.
No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.
Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.
Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.
El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.
Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”
Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.
Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.
En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.
Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.
En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.
Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.
El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?
Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.
En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.
Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.
La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.
Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.
El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.
La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.
Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.
Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.
En X @DEPACHECOS
A los que vimos: Informe del regidor morenista zapopano Mauro Lomelí
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