NACIONALES
El amparo en riesgo: Cuando la agilidad amenaza la justicia y la economía
– Opinión, por Luis Rubén Tinajero Gálvez
Como abogado, dedicado a la defensa fiscal y a litigar frente a actos de autoridad, veo con profunda preocupación la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo 2025.
Aunque reconozco su intención de modernizar y agilizar los juicios —algo que todos hemos pedido desde hace años—, me parece que el proyecto incurre en riesgos que podrían vaciar de contenido la protección constitucional que distingue a este mecanismo.
Es cierto que el sistema necesita orden. Los nuevos plazos perentorios (60 días para sentencia en amparos indirectos y 5 días para notificaciones clave) y la digitalización integral del expediente son avances innegables. También celebro que se busque frenar el abuso de figuras como la recusación o la ampliación de demanda, utilizadas con frecuencia para dilatar procesos.
Pero no podemos ignorar los efectos colaterales. Me inquieta especialmente la restricción al régimen de suspensión. Si se bloquea una cuenta bancaria por presunto lavado de dinero, ya no habrá suspensión provisional que valga y la definitiva exige probar la licitud de los recursos antes de que el afectado tenga acceso pleno a su defensa.
Lo mismo ocurre con actos ligados a deuda pública, permisos y la prisión preventiva oficiosa. Son áreas donde el amparo ha servido para contener excesos y proteger derechos fundamentales.
Más grave aún es permitir que la autoridad alegue “imposibilidad material o jurídica” para no cumplir una sentencia. ¿No estamos abriendo una puerta peligrosa para que, con justificaciones amplias y poco controlables, se deje sin efecto la tutela judicial que tanto trabajo ha costado consolidar?
Y aquí está el verdadero punto de alarma: debilitar el amparo es debilitar la democracia. Si la ciudadanía se queda sin una Ley que la proteja frente a actos arbitrarios de las autoridades, el Estado adquiere un poder prácticamente ilimitado para despojar derechos bajo cualquier pretexto. Un país sin un amparo eficaz es un país donde el abuso puede disfrazarse de legalidad y donde el ciudadano queda indefenso.
Además, se pierde el contexto y espíritu original de la Ley de Amparo concebida por Mariano Otero, un instrumento pensado para proteger al individuo frente al poder del Estado y limitar el abuso de la autoridad. Quitarle fuerza a esta herramienta es desconocer el diseño histórico que dio a México un modelo único de defensa de los derechos fundamentales.
La consecuencia no es solo jurídica. Impactará directamente en la economía. Sin certeza de que las inversiones —nacionales o extranjeras, grandes o pequeñas— estarán protegidas ante actos arbitrarios, se debilita la confianza en el país como destino seguro para el capital.
Cuando el marco legal deja de ser confiable, la inversión se retrae, se frena la generación de empleo y se afecta la estabilidad económica. Peor aún, esta reforma, vinculada con la reciente reforma al Poder Judicial, se convierte en un golpe letal contra México, su economía, su gente, sus derechos y sus libertades. La combinación de un amparo debilitado y un Poder Judicial limitado en su independencia y alcance coloca al ciudadano en una posición de vulnerabilidad inédita.
Entiendo la urgencia de dar certidumbre y eficiencia, pero el costo no puede ser un amparo infértil, incapaz de brindar remedios efectivos. Si el Poder Judicial no ejerce un control estricto de proporcionalidad y rigor técnico, podríamos enfrentar una etapa donde el amparo existe en el papel, pero se debilita en la práctica.
La reforma puede ser un avance, sí, pero solo si se acompaña de criterios judiciales firmes que impidan que el afán de agilizar procesos se convierta en una restricción velada de derechos. El equilibrio entre eficacia procesal y protección real debe ser el verdadero eje de la discusión. Sin un amparo fuerte, la democracia misma queda vulnerable, y con ella la estabilidad económica y social del país.
CONCLUSIÓN
La reforma a la Ley de Amparo no puede analizarse únicamente desde la óptica de la eficiencia procesal. Detrás de cada ajuste técnico hay implicaciones profundas para la protección de los derechos humanos, la independencia judicial y la estabilidad económica del país. Debilitar el amparo —sobre todo cuando se combina con cambios recientes al Poder Judicial— supone desmantelar una de las columnas que sostienen la democracia mexicana.
Modernizar y agilizar la justicia es deseable, pero no a costa de dejar al ciudadano sin herramientas efectivas contra el abuso de poder. Si México renuncia a la esencia protectora que concibió Mariano Otero, pierde la certeza jurídica que atrae inversión, genera empleo y permite que las personas vivan con seguridad en sus derechos. Sin amparo sólido no hay democracia sólida; sin democracia sólida, no hay país confiable para sus propios ciudadanos ni para el mundo.
* Luis Rubén Tinajero Gálvez es abogado fiscalista con más de 30 años de experiencia en defensa y litigio frente y a favor de autoridades tributarias. Fue procurador fiscal del Estado de Jalisco, abogado defensor y coordinador de asuntos penales en la región de Occidente del SAT.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.
De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.
El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.
En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.
Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.
No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.
Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.
Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.
El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.
Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”
Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.
Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.
En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.
Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.
En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.
Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.
El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?
Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.
En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.
Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.
La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.
Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.
El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.
La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.
Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.
Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.
En X @DEPACHECOS
A los que vimos: Informe del regidor morenista zapopano Mauro Lomelí
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
El objetivo de rendir cuentas: Diputada Claudia Salas impulsa armonización legislativa en materia de fiscalización
Viaducto subterráneo y drenaje profundo: Propuestas de César Madrigal para una cirugía mayor contra el colapso metropolitano
