Detención pactada

Tercera Instancia, por Modesto Barros González //

Sorpresivo encarcelamiento del expresidente del PAN Jalisco y exsecretario de Educación Pública de la entidad, Antonio Gloria Morales, a quien acusan de haber comprado a sobreprecio la Casa Jalisco en Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Hasta donde se tiene conocimiento el reconocido panista no tuvo que ver con la operación en concreto por no estar dentro de sus funciones, pero muy sospechosamente lo quieren culpar y la traición que le están haciendo entre ellos su exjefe Emilio González Márquez es para quererlo dejar en prisión por mucho tiempo, pero tiene buenos argumentos y pruebas de defensa.

Pero mientras se teje el entramado contra Antonio Gloria Morales, sale a la luz pública el aseguramiento de cuentas de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Armando García Estrada y Celso Rodríguez González y Alberto Barba Gómez, de la Sexta Sala Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

En forma por demás extraña se ha notado un “odio jarocho” por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sin dar a conocer cuál es su coraje contra los impartidores de justicia aunque está la duda de que se deba a fallos emitidos contra acciones de protección solicitados por ciudadanos y contra la pretensión que hay o había de sus funciones de gobernar.

El magistrado Armando García Estrada, dijo el pasado viernes en la DK que está por demostrar con pruebas fehacientes el motivo de enojo del gobernador contra su persona y de ser cierto quiere decir que la ciudadanía quedaría indefensa al tener controlada a jueces y magistrados, aunque hay que señalar que la congelación de cuentas de los funcionarios llegó por la superpoderosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como es sabido desde hace tiempo la UIF primero pega y luego averigua o sea primero evita el manejo de cuentas bancarias o de inversión a quienes quiere y tiempo después demuestra, si puede, que tiene la razón y está apegado a derecho.

El titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, dijo que el personal bajo su responsabilidad lo tiene blindado de hacer pública su información hasta el 2024 por razones de seguridad nacional. La petición de protección al personal de la UIF fue planteado desde 2013 y se puede decir que es lo correcto, mientras que el resto de la población está desprotegida ante cualquier arbitrariedad o señalamiento de la poderosísima unidad.

Lo que llama la atención es que ante el presente gobierno que combate el enriquecimiento ilegal de personas en general, todavía no es fecha que los superinteligentes investigadores de la UIF, declaren y congelen cuentas de personas dedicadas a la delincuencia organizada o no, como traficantes y huachicoleros, que se dice están muy ricos.

Mientras tanto es más fácil y menos riesgoso el perseguir funcionarios en activo y más cuando está de por medio la mano amiga de un funcionario mayor, por lo menos así se ha comentado en el ambiente gubernamental.

En pocos días se sabrá si el Poder Judicial de la Federación concede los amparos que promoverán los magistrados y al desahogarlos se entenderá hasta dónde y con quiénes tuviera razón la Unidad de Inteligencia Financiera, o todo quedará en “usted disculpe”, aunque ni eso hacen cuando se equivocan.

MAL Y DE MALAS LA GUARDIA NACIONAL

Con toda la intención que tiene el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y los jefes de las fuerzas armadas del país, para que funcione y cumpla su cometido la recién formada Guardia Nacional (GN), parece que arrancó con el pie izquierdo y no se logra tranquilizar a la población.

Arrancó con el enorme bache de enfrentarse con los elementos de la Policía Federal y que a toda costa quieren que se enrolen para así demostrar que la GN tiene personal civil aunque los jefes y la mayoría de elementos sean militares.

El problema es que sean civiles o militares la delincuencia sigue haciendo de las suyas y con toda impunidad se enfrentan grupos armados de presuntas bandas delincuenciales y pierden la vida muchas personas.

Pareciera que con decir que las personas fallecidas en enfrentamientos de esos grupos viven fuera de la ley, el asesinato que sufren tiene menos valor que el de otras personas.

La verdad es que vidas son vidas, ya sean de personas buenas o malas, y la obligación de los gobiernos es evitar y castigar a quienes los cometen se hacen justicia por su propia mano. Lo ocurrido la semana pasada en Uruapan, Michoacán, donde perdieron la vida por lo menos 19 personas debe de alertar una vez más a las autoridades locales y federales y en lugar de echarle tierra y querer minimizar el hecho tienen la obligación de investigar y llegar al fondo del problema, pero sobre todo castigar a los responsables.

Hay que seguir esperando a que funcione bien la GN y los cuerpos policiales de los municipios y estados de toda la República Mexicana, pero creo que va para largo y si no, ya veremos.