PRI y MC en Jalisco critican propuestas: Exigen parlamento abierto para debatir la nueva Ley General de Aguas

– Por Mario Ávila

La omisión por 13 años que obligaba a los legisladores a modificar la Ley General de Aguas, reconociendo el derecho humano al acceso y el saneamiento del vital líquido, ha sido la principal censura generalizada de la sociedad civil y de actores políticos en Jalisco, por los que se reprocha al Poder Legislativo Federal la tardanza en el cumplimiento de su responsabilidad.

Fue en el año 2010 cuando la ONU reconoció estos derechos mediante una resolución; posteriormente, en el año 2012, en México se logró una modificación constitucional al Artículo 4° y se dio un plazo de 360 días para emitir una nueva Ley General de Aguas. Sin embargo, hasta la fecha, apenas se logró la presentación de la iniciativa de una propuesta que nace rechazada de antemano.

El pasado 8 de octubre, cuando el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, mediante la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales vigente.

Sin embargo, apenas fue recibida y aún no se somete a discusión y ya fue rechazada en Jalisco no solo por la clase política, sino por la sociedad civil, en donde más de una veintena de organizaciones se han pronunciado en contra de la propuesta, porque aseguran que las reformas no garantizan el cambio en los conceptos básicos de mercantilización, privatización, acaparamiento y contaminación del agua.

El activista Raúl Muñoz Delgadillo, hizo saber que desde el año 2020, ya con Morena al frente del gobierno de la República, después de movilizaciones, manifestaciones y conflictos por el agua, se construyó y se presentó al Congreso de la Unión, una propuesta ciudadana como iniciativa de Ley de Aguas que nunca fue tomada en cuenta.

Con ello, el gobierno de López Obrador dejó vigente durante todo su sexenio la Ley de Aguas Nacionales que, a decir de los ambientalistas jaliscienses, permitió el acaparamiento del agua por actores económicos a través del sistema de concesiones y transferencia de derechos sobre el agua a privados.

Denunciaron también que desde su origen en 1992 la Ley de Aguas Nacionales despojó a los pueblos originarios y a los sistemas comunitarios de su agua y entregó el agua del país a los multimillonarios del agua, al grado de que solo el 1% de los grandes usuarios controlan el 20% del agua disponible, que la acaparan para sus procesos productivos y la contaminan, ocasionando inequidad en su proceso, conflictos socioambientales por el agua, despojo, destrucción de ecosistemas, graves problemas de salud pública, así como zonas de sacrificio y de emergencia sanitaria y ambiental.

EXIGEN PARLAMENTO ABIERTO PARA DEBATIR LA NUEVA LEY DE AGUAS

Una de las principales organizaciones civiles inconformes es el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), desde donde han salido las principales iniciativas de defensa al medioambiente en Jalisco y una organización que hoy se pronuncia por la necesidad de convocar desde la Cámara de Diputados a un parlamento abierto, en donde se escuche la voz ciudadana de sus militantes, así como de más de 20 organismos ciudadanizados que suscribieron un comunicado denunciando los graves errores de la propuesta de ley que ha propuesto el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

En esta propuesta, exhiben que hay simulación y protección de los mecanismos de participación; se mantiene la privatización de organismos operadores; persiste la privatización de megaobras hidráulicas; plantea el programa hídrico admitir el derecho humano al agua, pero en un lapso de 60 años, mediante seis etapas de 10 años cada una; se reconoce solo de manera enunciativa a los sistemas comunitarios de agua y de los pueblos originarios; se mantiene el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la mercantilización y el despojo y persiste la permisividad para contaminar.

De ahí que las propuestas de la comunidad ambiental de la sociedad civil consistan en:

1.- Abrogar la Ley privatizadora de Aguas Nacionales.

2.- Regular el marco normativo del agua en México, a través de una nueva Ley General de Aguas, que sea ciudadana y ponga fin a la privatización, el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, el despojo y la contaminación, asegurando una gestión del agua ampliamente participativa en cada región y localidad.

3.- Exigir un parlamento abierto y dictaminación conjunta de las iniciativas de Ley General de Aguas, incluyendo la aportación ciudadana.

4.- Exigir la desprivatización, acceso equitativo, democracia, consejos regionales ciudadanos, descargas cero, revisión pública y transparencia.

5.- Reconocimiento jurídico y pleno, con derechos a las asignaciones y concesiones de los sistemas comunitarios de agua y de los pueblos originarios.

SIMULACIÓN Y PROTECCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

La propuesta contenida en la nueva Ley General de Aguas conserva los Consejos de Cuenca, como su mecanismo de participación, espacios que no funcionan y están dominados por los grandes concesionarios que no representan los intereses de las mayorías, manteniendo la “participación” solo para los grandes usuarios del agua. Esta propuesta está comprendida en el Artículo 13 bis, según lo denuncian los ambientalistas.

También exponen que el paquete de reforma, en su Artículo 14 bis, conserva el Consejo Consultivo del Agua (CCA) que representa los grandes intereses económicos del sector del agua y es integrado en su mayoría por empresas del sector energético, minería, embotelladoras, constructoras y empresas que promueven la privatización de los sistemas de agua en el país.

Lo lamentable es que se define al CCA como la única organización de la sociedad civil del país, con carácter vinculante dentro de la ley, a la cual le corresponde ser consultada por la Conagua y, en el caso particular de Jalisco, es la única entidad del país en donde el Consejo Consultivo del Agua tiene un capítulo y está integrado por varias de las empresas que acaparan la mayor parte del agua en la entidad. 

DESPOJO, ACAPARAMIENTO Y MERCANTILIZACIÓN

El análisis ciudadano de la propuesta oficial de Ley General de Aguas advierte que en su artículo 28 bis deja en evidencia que se mantendrá el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y el mercadeo del agua, a través de una nueva figura llamada “la reasignación”, un derecho del concesionario, la compra y venta de concesiones en cuencas y acuíferos deficitarios, que ahora requerirá de la autorización de la Conagua, sin priorizar el derecho humano al agua y si transparencia.

En el mismo artículo se habla también del “Fondo de reservas de agua”, que reemplazará a los antiguos “bancos de agua” y servirá como el espacio para conectar a los intereses que buscan comprar derechos con los potenciales vendedores, principalmente ejidos y comunidades.

Mientras que en el Artículo 29 se contempla el tema de la “Cuota de garantía”, que es un gran negocio para los bufetes gestores del agua, con grandes oportunidades de corrupción; permite que el concesionario conserve sus volúmenes concesionando sin usarlas durante dos años, en tanto que la reforma propone extender este período a seis años.

LA PERMISIVIDAD PARA CONTAMINAR

En su Artículo 23, denuncia el análisis hecho por los líderes de las asociaciones ambientalistas, entre los que destaca Raúl Muñoz Delgadillo; se encuentra una de las partes más graves de la iniciativa, ya que “la iniciativa propone mantener el sistema autorregulado de pago de ‘derechos por contaminar’, que ha envenenado las aguas del país, lo que ha permitido particularmente en la Cuenca Lerma-Chapala-Pacífico, sus ríos, sus lagos y acuíferos en Jalisco, que son actualmente zonas de sacrificio y de emergencia sanitaria ambiental.

“Por lo que es urgente que el Gobierno de México y el Congreso de la Unión tomen con seriedad los derechos al agua y saneamiento y no simulen un marco normativo que continuará fortaleciendo los intereses del mercado”.

De ahí que lancen un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al director de Conagua, Efraín Morales López, así como a los diputados (as) y senadores (as) para aprovechar realmente la oportunidad de transformar el paradigma de gestión del agua en México.

NUEVA LEY, OPORTUNIDAD PARA PONER FIN AL ‘MERCADO NEGRO’ DEL AGUA: MC

Para el senador, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, es censurable el incumplimiento en el que ha caído prácticamente el Estado mexicano, que desde hace más de 10 años debió haber actualizado esta reforma en materia de aguas.

Explicó que su partido ha impulsado esta causa con mucha decisión y con mucha firmeza, “porque consideramos fundamentalmente que hoy el agua debe ser acceso para todos; que enfrentamos una crisis tremenda en el país y en el mundo, y que tenemos la obligación ética, moral y política, por supuesto, de actualizar nuestros instrumentos legislativos para que el agua pueda efectivamente ser un derecho humano, que haya agua para todas las personas y que el Estado mexicano haga un esfuerzo por regular esta materia, generando condiciones de accesibilidad para todos”.

Para el senador naranja, esta será una oportunidad para erradicar las malas prácticas, “el mercado negro, el uso abusivo de este líquido vital y, por supuesto, generar un marco normativo, diría yo de avanzada, de vanguardia”.

«Reconocemos -expuso-, que hoy el gobierno federal ha hecho un esfuerzo, concretamente la Presidenta de la República, para presentar una iniciativa que estará discutiéndose muy pronto, pero Movimiento Ciudadano pondrá en toda esta discusión argumentos, inteligencia y creatividad, para tener una mejor pieza legislativa; ese es nuestro propósito», dijo Clemente Castañeda.

«Como lo hemos definido en muchas ocasiones —abundó—, lo ha dicho de manera muy elocuente hoy nuestro coordinador nacional, pero lo hizo muy bien también en la campaña presidencial, Movimiento Ciudadano siempre pondrá la justicia intergeneracional en perspectiva, es decir, tratando de que las decisiones que tomamos hoy puedan ser justas para las próximas generaciones y, desde luego, en toda la materia medioambiental y particularmente en el tema del agua, que es un elemento que siempre vamos a cuidarlo».

Y remató diciendo: “En el Senado estaremos esperando los trabajos que impulse nuestra bancada en la Cámara de Diputados y esperamos seguir colaborando con esta importante iniciativa”.

LAURA HARO: “NI UN PASO ATRÁS EN LA DEFENSA DE CHAPALA

La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Lorena Haro Ramírez, acusó al gobierno de Morena, de pretender robarle el agua a Jalisco y aseguró que el PRI no lo va a permitir.

Para ello, la dirigente estatal presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, en conjunto con distintos alcaldes de municipios de la ribera de Chapala, encabezados por Heriberto García, presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, para defender Chapala, el lago más importante de México.

Y advierte: “En la defensa de Chapala, ni un paso atrás, en próximos días estaremos en CDMX para llevar a cabo acciones concretas”.