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El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, había pedido ayuda para no ser parte “de la lista de ejecutados”
– Por Francisco Junco
El crimen contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado la noche del sábado durante el Festival de las Velas, ocurrió mes y medio después de que el propio presidente municipal solicitara ayuda al gobierno federal para no sumarse, en sus palabras, “a la lista de ejecutados”.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue perpetrado por una persona vestida de civil, y como parte de la reacción inmediata de las autoridades se logró la detención de dos presuntos responsables, mientras que otro implicado habría muerto durante la balacera.
Carlos Manzo había pedido apoyo directo al secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, a mediados de septiembre, ante el incremento de la violencia en Uruapan.
En esa ocasión advirtió que el municipio enfrentaba una situación crítica por la presencia de grupos del crimen organizado. “No estamos hablando de pandillas, estamos hablando de grupos criminales, cárteles muy poderosos que son los principales generadores de violencia”, declaró el alcalde en entrevista radiofónica.
Durante esa misma conversación, Carlos Manzo reconoció el temor con el que vivía, pero insistió en que no abandonaría su responsabilidad. “Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía; no nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro Gobierno y de los ciudadanos, inclusive la del propio presidente municipal”, expresó.
El alcalde también había advertido sobre la gravedad de su entorno y la falta de protección suficiente. “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados a los que les han arrebatado la vida; no quiero que la Policía municipal siga siendo parte de la estadística, ni los ciudadanos de trabajo honestos y honrados que son víctimas de este cáncer social”, señaló entonces.
Apenas días antes de su asesinato, Manzo había clausurado las obras del teleférico de Uruapan como una medida de presión y “reto” hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo justicia y seguridad para su municipio.
Su muerte confirma los temores que él mismo expresó y vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad con la que operan los alcaldes en regiones dominadas por el crimen organizado.
