Parlamento abierto en el Congreso del Estado: Reproche unánime desde Jalisco a una nueva ley de aguas privatizadora

– Por Mario Ávila 

En un ejercicio de parlamento abierto celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, diputados locales y federales, académicos, expertos en políticas hídricas, líderes ambientalistas y autoridades coincidieron de manera unánime: rechazarán cualquier propuesta de Ley General de Aguas que mantenga un espíritu privatizador similar al de la vigente Ley de Aguas Nacionales, y exigirán medidas radicales contra la contaminación, el acaparamiento y la inequidad en la distribución del vital líquido.

El foro, titulado “Por la legislación hídrica que México necesita”, fue convocado por los diputados locales Mariana Casillas Guerrero y Leonardo Almaguer Castañeda, con la participación activa de los diputados federales José Luis Sánchez González y Claudia García Hernández.

Entre los especialistas destacaron Rodrigo Gutiérrez Rivas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Miguel Ángel Montoya, consultor en políticas públicas y legislación del agua; y Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.

Los expertos coincidieron en que la iniciativa enviada por la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados requiere ajustes profundos, ya que no garantiza la equidad en la distribución, perpetúa los privilegios de los grandes acaparadores y carece de mecanismos efectivos para combatir la contaminación y el sobreconcesionamiento.

También participaron representantes de organizaciones clave como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Coordinadora Agua para Todxs, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, la Coalición Mexicana por el Derecho Humano al Agua (COMDA), la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), el Frente de Pueblos por la Ribera del Lago de Chapala, así como la regidora de Zapopan Ana Martínez.

Las conclusiones de este parlamento ciudadano serán presentadas a la Cámara de Diputados Federal, específicamente a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXVI Legislatura, que del 11 al 14 de noviembre celebrará audiencias públicas para recibir propuestas e integrarlas al dictamen final de la nueva Ley General de Aguas.

RAÚL MUÑOZ DELGADILLO: “NO ACEPTAREMOS UNA LEY QUE PERMITA SEGUIR CONTAMINANDO”

Raúl Muñoz Delgadillo, coordinador del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto y miembro del Frente Unido de Colectivos de Jalisco, fue contundente:

“Rechazaremos la nueva ley si permite descargas sin tratamiento, como la vigente.”

Entre sus principales exigencias:

• Monitoreo en circuito cerrado de aguas residuales industriales y domésticas.
• Derogación de la Ley de Aguas Nacionales por no contemplar sanciones enérgicas.
• Revisión exhaustiva de las concesiones, especialmente de la herencia de derechos de agua: “No es posible que se hereden. Cuando se vende una tierra o empresa, el nuevo propietario debe tramitar su propia concesión. Así operan los acaparadores.”

AMENAZAS AL LAGO DE CHAPALA: LOS ACUEDUCTOS CHAPALA–GDL Y SOLÍS–LEÓN

Muñoz expresó profunda preocupación por el Lago de Chapala, afectado por dos proyectos ya aprobados:

1. Acueducto Chapala–Guadalajara:
   Riesgo de extracción superior a los 240 millones de m³ anuales autorizados para la Zona Metropolitana.
2. Acueducto Presa Solís–León (Guanajuato):
   Desvío de agua que reduce los aportes naturales a Chapala, comprometiendo su capacidad de abastecimiento.

Advirtió que, desde 1967, el lago ha perdido profundidad por el azolve masivo causado por escurrimientos de cerros deforestados.

“A simple vista parece lleno, pero es un espejismo. El agua invade poblaciones no porque sobre, sino porque el fondo está colmado de sedimentos. Chapala no tiene capacidad para más extracciones.”

EL DRAMA HUMANO DE EL SALTO: 136 MUERTOS EN 2025 POR EL RÍO SANTIAGO

El impacto más devastador de la contaminación se vive en El Salto, donde el Río Santiago se ha convertido en una sentencia de muerte lenta.
En lo que va de 2025, Muñoz reporta:

• 2,398 personas con insuficiencia renal crónica terminal.
• 376 casos activos de cáncer de diversos tipos.
• 136 fallecidos por enfermedades vinculadas a la contaminación del río.

Relató el caso de Francisco Javier Elizondo García, de 42 años, con cáncer de páncreas y postrado en silla de ruedas:

“Miro a los ojos de don Francisco y veo el sufrimiento diario. Las familias ven cómo la vida de sus seres queridos se les escapa como agua entre los dedos. No hay consuelo.”

Criticó duramente los proyectos de Conagua:

“Solo recuperan humedales y riveras. No detienen las descargas. Esa es la solución de fondo: el cese inmediato de vertimientos sin tratamiento.”

Además, denunció las inundaciones recurrentes en colonias como La Azucena y Las Lilas, ubicadas en zonas de escurrimiento natural del río, donde no deberían existir asentamientos. El aumento de caudales provenientes de Guadalajara agrava el problema.

HACIA UNA LEY DEL AGUA PARA LA VIDA, NO PARA EL NEGOCIO

Jalisco envía un mensaje claro al Congreso federal: no aceptará una ley que privatice, acapare o tolere la contaminación.
Las demandas centrales son:

• Reconocer el agua como derecho humano, no como mercancía.
• Justicia hídrica para comunidades, pueblos originarios y la naturaleza.
• Gestión comunitaria reconocida y protegida.
• Cero contaminación, con tecnología, sanciones y monitoreo.
• Fin al acaparamiento y a la herencia de concesiones.

AGENDA DEL PARLAMENTO ABIERTO: DEMANDAS CONCRETAS

A través de mesas de consulta y dictaminación ciudadana e interparlamentaria, coordinadas por Aimeé Figueroa Neri (Universidad de Guadalajara), Claudia Figueroa (IMDEC), Juan Lira Calderón (colectivo Resistencia Civil por el Valle y Patronato de Agua de El Refugio, Tala), y Mario López Ramírez (ITESO), se plantearon las siguientes exigencias:

1. Frenar el acaparamiento del agua
   • Modificar el sistema de concesiones.
   • Eliminar la herencia automática de títulos.
   • Reducir el sobreconcesionamiento.
   • Prohibir la transmisión de concesiones y el cambio de uso sin supervisión estricta.
2. Detener la privatización
   • Rechazar la participación del sector privado en megaproyectos hidráulicos, sistemas de agua y saneamiento, y organismos operadores.
   • Evitar que el agua se convierta en un activo financiero.
3. Fortalecer la gestión comunitaria
   • Garantizar el acceso al agua para sistemas comunitarios, núcleos agrarios y pueblos originarios.
   • Reconocer legalmente sus formas tradicionales de administración.
4. Combatir la contaminación
   • Implementar monitoreo tecnológico en tiempo real mediante sistemas de circuito cerrado.
   • Establecer sanciones severas a industrias y municipios contaminantes.
   • Derogar la flexibilidad permisiva de la ley actual.