Reordenar la vida municipal: El federalismo mexicano, historia, retos y necesidad de renovación

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

Desde el 31 de enero de 1824, cuando se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación, nuestra patria adoptó para su gobierno la forma de república representativa federal. Este sistema político fue ratificado por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de aquel año. El Segundo Congreso Constituyente —recordando que el primero, de 1823-1824, quedó truncado por Agustín de Iturbide— fue presidido por el diputado jalisciense originario de Acatlán (hoy de Juárez), el doctor José de Jesús Huerta Leal.

El federalismo había sido proclamado por el naciente Estado de Jalisco (entonces escrito Xalisco) el 16 de junio de 1823. Desde ese día, nuestra joven entidad, encabezada por Prisciliano Sánchez, sostuvo una lucha tenaz para que México adoptara la forma de República federalista, objetivo que finalmente se alcanzó.

Este sistema fue suplantado en 1835 por el centralismo, durante el dominio político del nefasto Antonio López de Santa Anna. El país padeció la espuria Constitución Centralista —conocida también como las Siete Leyes— promulgada el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interino José Justo Corro, exgobernador de Jalisco.

Inconformes, los mexicanos impulsaron el regreso al federalismo. En 1846, con el triunfo de esta postura, se aprobó el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, documento que oficialmente restauró el sistema federalista y revalidó la Constitución de 1824, eliminando por completo las conservadoras Siete Leyes. En esta etapa destacó el notable tapatío Mariano Otero.

Sin embargo, una vez más Santa Anna alteró el sistema político y provocó la Revolución de Ayutla en 1853, cuando se hacía llamar “Alteza Serenísima”. Triunfantes los liberales, forjaron la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857. En ese Congreso Constituyente brillaron diputados jaliscienses como Ignacio L. Vallarta, Pedro Ogazón y Valentín Gómez Farías —padre de la Reforma—, quien, ya anciano, afirmó al protestar la Carta Magna que aquella Constitución era su testamento político.

Tras el triunfo de la Revolución Mexicana —movimiento reivindicador nacional encabezado tempranamente por Manuel M. Diéguez durante la huelga de Cananea—, la Constitución de 1857 fue profundamente reformada por el Congreso Constituyente de 1916-1917 reunido en Querétaro, presidido por el diputado tapatío Luis Manuel Rojas. Los cambios fueron tan profundos que se consideró una nueva Constitución, la cual rige al país desde entonces.

Con el paso del tiempo, la Carta Magna de 1917 ha sido modificada en innumerables ocasiones: 271 reformas, que implican 770 modificaciones a distintos artículos —de los 136 que contiene— desde su promulgación hasta 2025. Solo 19 artículos permanecen en su versión original.

A lo largo de este periodo, nuestra República ha mantenido un sistema federalista con altibajos. Su debilitamiento se profundizó tras el asesinato del presidente Venustiano Carranza en 1920, auspiciado por Álvaro Obregón, quien murió el 17 de julio de 1928 en la Ciudad de México, tras reelegirse en abierta traición al principio revolucionario de la no reelección.

Con él y con el presidencialismo consolidado por Plutarco Elías Calles, y continuado por sus sucesores —desde Lázaro Cárdenas hasta José López Portillo, pasando por neopriistas, prianistas y los actuales gobiernos de la llamada Cuarta Transformación— el federalismo se fue erosionando, resurgiendo de facto el centralismo.

Frente a este panorama, fortalecer a las entidades federativas —y con ello al federalismo— requiere una renovación profunda. Varios aspectos son clave: cumplir efectivamente la Constitución, distribuir de manera justa los recursos, concientizar a la población desde los hogares hasta las escuelas y centros de trabajo, readaptar las leyes estatales y rediseñar la vida municipal.

Respecto a la Constitución, el debate gira entre redactar una nueva o adaptar la actual. Las posturas de los gobiernos parecen inclinarse por actualizar la vigente. Para ello se necesitan propuestas sólidas, alejadas del centralismo, que permitan al Poder Legislativo ejercer su papel como representante genuino del pueblo: el Presidente propone, pero el Congreso dispone.

En el ámbito fiscal, el centralismo provoca que la potestad tributaria de los estados sea prácticamente nula, y cuando crean impuestos propios, frecuentemente terminan perjudicando a la ciudadanía. Es indispensable construir fórmulas equitativas para distribuir los recursos entre Federación, entidades federativas y municipios, sin lastimar a la sociedad.

Respecto a la concientización sobre federalismo y municipio libre, es vital que estas ideas se conozcan y comprendan. Esta tarea requiere programas educativos, sociales y culturales que involucren hogares, escuelas, espacios de trabajo y organizaciones civiles. Cuando en Jalisco —cuna del federalismo— se creó el Instituto de Estudios “Prisciliano Sánchez”, se avanzó mucho en ese sentido. Sin embargo, la miopía del entonces gobernador Aristóteles Sandoval, al suprimir dicho instituto, echó por tierra este esfuerzo.

En cuanto a la vida municipal, el objetivo es consolidarlo como un auténtico orden de gobierno —con facultades legislativas, ejecutivas y judiciales— y que, como instancia más cercana a la población, funcione como forja de ciudadanía participativa y responsable.

Desde hace lustros se han realizado encuentros y foros para revisar integralmente la Constitución, mejorar el federalismo y reorganizar la vida municipal. Recordamos los efectuados hace unos veinte años en Monterrey, Mazatlán, Puerto Vallarta y otras ciudades. Afloraron numerosas inquietudes, especialmente la redistribución de competencias entre Federación, estados y municipios, y la necesidad de recursos para atender sus problemáticas. Sin embargo, los resultados han sido escasos.

Para implementar los cambios necesarios, se requiere la participación de instituciones públicas, organismos privados y especialistas. Pero nunca debe omitirse la presencia ciudadana; sin ella, toda reforma quedará incompleta.

Temas cruciales —como el agua, el combate a la pobreza, la seguridad pública y el financiamiento del desarrollo, incluyendo la educación— exigen decisiones urgentes. El federalismo es un legado que puede conducir al país hacia un mejor futuro, pero para lograrlo es indispensable practicarlo de manera efectiva y perfeccionarlo.

Fortalecer el sistema federalista y reordenar la vida municipal es esencial para enfrentar un porvenir complejo que reúne globalización, regionalismo, derechos humanos, gobernanza, desigualdad social y aspiraciones de justicia. Consolidar la República federalista, revitalizar la vida municipal y fortalecer la conciencia ciudadana son pasos inaplazables para un renacer vigoroso del federalismo mexicano.