4-T condena a la marcha Generación Z y «deja pasar» la violencia criminal

De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín

Podría ser otro México si la Presidencia de la República, los gobiernos estatales y Morena hubieran reaccionado con la misma contundencia para condenar los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, como ahora lo hacen contra los organizadores de la marcha Generación Z por su manifestación del sábado 15 de noviembre.

Vale la pena apuntar lo evidente. Primero, lo básico: para nadie es secreto que los propios gobiernos infiltran a grupos violentos en este tipo de movilizaciones ciudadanas, en las que suele predominar la autenticidad.

Tanto en su momento López Obrador como ahora la presidenta Sheinbaum han dedicado buena parte de su discurso a descalificar a estos grupos de ciudadanos que se han atrevido a tomar las calles en todo el país para exigir justicia y cumplimiento de la ley.

Al mismo tiempo, politizan las marchas. AMLO incluso afirmó desde Palacio Nacional que los colectivos feministas formaban parte de un complot contra su gobierno. Nunca recibió a estas mujeres, como tampoco quiso atender a las madres buscadoras de desaparecidos.

“Generación Z” es un movimiento internacional que, en algunos países, ha logrado derrocar gobiernos. Se trata principalmente de jóvenes que protestan cansados de la corrupción y la violencia generada desde el poder.

Horas antes de la concentración convocada por este grupo en el Zócalo de la Ciudad de México, no el sábado 15 de noviembre sino el viernes 14, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró sus cartas: ordenó colocar vallas alrededor de Palacio Nacional y acusó al movimiento juvenil de ser parte de la derecha, movido por intereses políticos.

Esas vallas dieron el pretexto perfecto para desvirtuar la marcha al permitir la entrada de grupos de choque que confrontaron a la autoridad. Las y los jóvenes de generación Z no participaron en esas agresiones, y existen evidencias de que, al llegar al Zócalo, pidieron aislar a los violentos.

Sheinbaum encendió la mecha para que toda la estructura del Estado —que domina como maquinaria bien engrasada— se volcara en una condena generalizada a lo largo y ancho del país. Ese mismo sábado por la tarde, desde su gira en Tabasco, aseguró que la manifestación había sido manipulada por la oposición y afirmó que “nada se solucionaría con la violencia”, la cual reprobó “de manera contundente”.

Los gobernadores de Morena difundieron un comunicado en los mismos términos, expresando su apoyo incondicional a la presidenta.

Incluso el ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —¡insólito!— publicó un desplegado en el que reprobó “los actos violentos” y afirmó estar abierto al diálogo “para fortalecer la democracia”.

Las dirigencias estatales de Morena replicaron el mismo mensaje en redes sociales: condena a la violencia, acusaciones de manipulación opositora y la insinuación de que no todos los asistentes eran jóvenes, pues “había muchos adultos”. Aun así, la generación Z ya convocó a una nueva manifestación para el próximo 24 de noviembre.

¿Por qué el temor tan marcado de la presidenta Sheinbaum hacia esta organización juvenil?

Quizá porque se trata de un movimiento internacional, imposible de controlar por el gobierno, cuya presencia masiva y discurso centrado en combatir la corrupción y la violencia —problemas inocultables— podría desencadenar una movilización social de alto impacto contra la 4-T.

Ahora bien, imaginemos por un momento que todo este aparato de Estado hubiera reaccionado con igual fuerza para condenar los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo en Michoacán.

Pero no sucedió. Por el contrario, el gobierno federal carga con el señalamiento de que fue el propio Estado quien asesinó al alcalde de Uruapan, sobre todo después del hallazgo de los cuerpos de dos presuntos cómplices del homicida del edil.