IA como actor político, el desafío que rebasó al gobierno

A título personal, por Armando Morquecho Camacho

La política siempre ha tenido un defecto de origen: llega tarde. Llega tarde a regular, a comprender, a reaccionar. Llega tarde incluso a reconocer aquello que ya cambió cuando nadie estaba mirando. Con la inteligencia artificial (IA), ese desfase dejó de ser una desventaja operativa para convertirse en un riesgo estructural.

No estamos ante una tecnología más; estamos frente a un nuevo actor político, social y jurídico que evoluciona a una velocidad que ningún Congreso, ningún Ejecutivo y ningún tribunal, en México o en el mundo, ha podido igualar. El problema no es la IA en sí, sino el vacío del Estado frente a ella.

La falta de legislación adecuada no responde a desconocimiento técnico —aunque ciertamente existe—, sino a un fenómeno más profundo: nuestros sistemas políticos fueron diseñados para ritmos lentos. La IA no. Los algoritmos se entrenan en horas; las normas requieren años. En ese desajuste, la tecnología avanza sin marco y sin contención, mientras los gobiernos operan con el espejismo de que aún controlan la agenda.

La realidad es otra. Hoy, la IA ya es un actor transversal que altera todas las estructuras de empleo, procesos económicos, dinámicas de comunicación, mecanismos jurídicos y, sobre todo, las bases democráticas.

Uno de los efectos más visibles —y menos discutidos con seriedad— es la desigualdad. La automatización no solo desplaza trabajos; redistribuye poder económico hacia quienes poseen infraestructura tecnológica, datos, y capacidad de cómputo. El discurso público suele presentarlo como una “transformación laboral inevitable”, pero esa narrativa se queda corta. Lo cierto es que estamos frente a una reconfiguración del Estado social.

Sectores enteros del empleo público y privado se modificarán o desaparecerán, desde tareas administrativas hasta funciones que históricamente eran consideradas insustituibles. El verdadero debate no es si la IA hará el trabajo mejor o peor, sino qué hará el Estado mexicano —y los Estados, en general— para evitar que la automatización profundice brechas ya de por sí intolerables.

Sin legislación sólida, la IA opera en un terreno donde su impacto es inmediato, pero las consecuencias sociales son acumulativas. En México, por ejemplo, se repite la consigna de “aprovechar la tecnología” sin preguntarse primero quién puede realmente aprovecharla.

Mientras algunos sectores del país ya integran modelos de lenguaje en servicios legales, médicos, financieros y administrativos, otros apenas acceden a internet. El rezago digital se convierte así en una forma nueva y sofisticada de exclusión: la brecha tecnológica como política pública no resuelta.

A nivel jurídico, el desafío es aún más evidente. Las leyes actuales no están hechas para fenómenos que se comportan como sistemas autónomos de decisión. Las figuras tradicionales —responsabilidad, autoría, dolo, culpa— se diseñaron para personas, no para modelos de aprendizaje automático. ¿Quién responde cuando un sistema automatizado discrimina? ¿Quién es responsable si una decisión tomada con asistencia algorítmica produce un daño?

La respuesta legislativa, tanto en México como en otros países, ha sido fragmentada, limitada y, en ocasiones, casi ornamental. La realidad es que los vacíos normativos ya existen, y los litigios derivados de IA apenas empiezan a llegar a los tribunales. Los jueces tendrán que interpretar sin herramientas, y los poderes legislativos llegarán cuando el problema ya tenga consecuencias irreparables.

Pero tal vez el efecto más peligroso —y el que menos nos gusta ver— es el democrático. La IA no solo procesa información: la puede manipular con una precisión inquietante. Los deepfakes ya no son un riesgo teórico; son una amenaza operativa que puede alterar procesos electorales, influir en la opinión pública, fabricar escándalos o destruir reputaciones en segundos.

La combinación entre saturación informativa y pérdida de confianza es un caldo de cultivo perfecto para el caos político. La democracia, que depende tanto de la verdad como de la percepción de la verdad, queda expuesta a una herramienta capaz de distorsionar ambas.

Mientras tanto, los gobiernos siguen discutiendo reformas electorales bajo parámetros del siglo pasado. Hablan de tiempos de radio y televisión cuando la verdadera disputa se juega en redes, plataformas digitales y sistemas de recomendación que moldean la conversación pública sin rendir cuentas a nadie. La IA amplifica ese escenario: facilita la creación de contenido político automatizado, multiplica propaganda y genera mensajes personalizados para influir en segmentos sociales específicos. Ninguna autoridad electoral del mundo —tampoco la mexicana— está preparada para fiscalizar campañas invisibles.

La ética, ese concepto que la política suele invocar como bandera, pero rara vez como límite, adquiere aquí un peso distinto. No basta con preguntarse qué se puede hacer con la IA; toca preguntarse qué se debe hacer. Y esa discusión, que debería ser urgente, se diluye en agendas gubernamentales saturadas, congresos polarizados y burocracias que aún discuten cómo regular servicios de transporte por aplicación. La paradoja es brutal: intentamos regular el pasado mientras el futuro se ejecuta solo.

La IA tampoco es neutral. Responde a datos, y los datos responden a sociedades con sesgos, desigualdades y violencias. Sin supervisión y sin exigencias de transparencia, la IA puede perpetuar e incluso amplificar sistemas de discriminación. Pero también es cierto que la regulación mal diseñada puede asfixiar innovación, monopolizar tecnologías o reforzar desigualdades. Ese es el punto: necesitamos una discusión sofisticada, informada y urgente, no una retórica de modernización hueca.

El desafío final —y quizá el más profundo— es comprender que la IA no sustituye al Estado, pero sí lo desnuda. Expone sus tiempos lentos, sus omisiones, su falta de visión y su tendencia a pensar más en ciclos electorales que en transformaciones estructurales.

La pregunta no es si la IA cambiará al mundo; ya lo hizo. La pregunta es si los gobiernos podrán actualizarse lo suficiente para evitar que ese cambio erosione derechos, debilite instituciones y fracture el espacio público.